Federico Pinedo (hijo)

Primeros años e inicio en la política

Federico Pinedo nació en Buenos Aires el 22 de abril de 1895, en el seno del matrimonio formado por el doctor Federico Pinedo y Magdalena Saavedra. Su padrino de bautismo fue el veterano político Bernardo de Irigoyen, amigo de su padre. Pertenecía a una familia de larga tradición política, particularmente por la trayectoria de su padre, quien había sido intendente de la Capital Federal entre 1893 y 1894, diputado nacional durante varios períodos y ministro de Justicia e Instrucción Pública entre 1906 y 1907, bajo la presidencia de José Figueroa Alcorta. Por línea paterna, era bisnieto del general Agustín Mariano Pinedo, ministro de Guerra y Marina durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas entre 1835 y 1852, y tataranieto del coronel Agustín José de Pinedo, quien había combatido contra las invasiones inglesas al Río de la Plata. Por parte de su madre, descendía de Cornelio Saavedra, presidente de la Primera Junta de Gobierno de 1810, de quien era tataranieto. Se casó el 29 de octubre de 1923 con María Teresa Obarrio, con quien tuvo dos hijos: Federico y Enrique.^[1]

Pinedo cursó estudios en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, donde comenzó a interesarse por las doctrinas socialistas, especialmente a partir de la lectura de El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Friedrich Engels. Hacia 1912 conoció en las aulas de la Facultad de Derecho a Antonio De Tomaso, un joven perteneciente a una familia de inmigrantes italianos de bajos recursos con quien entabló una estrecha amistad y a través del cual entró en contacto con Alfredo Palacios, entonces profesor universitario y una de las principales figuras del Partido Socialista. Este acercamiento lo llevó a afiliarse al partido el 18 de diciembre de 1913, con su carnet firmado por Mario Bravo y Ángel M. Giménez. Por aquellos años también trabó amistad con Héctor González Iramain, un joven socialista nacido en La Rioja, perteneciente a una familia de ascendencia patricia y sobrino de Joaquín V. González, quien se convertiría en otro de sus amigos más cercanos. Su incorporación al Partido Socialista marcó el comienzo de una activa participación en la vida partidaria. Pinedo atribuyó posteriormente su adhesión al socialismo de Juan B. Justo a sus profundas convicciones democráticas, al considerar que la democracia constituía el medio por el cual las clases trabajadoras podían impulsar una transformación de la sociedad. Al recordar las razones de su militancia durante sus últimos años, expresó: "Vi en la democracia el instrumento de las clases desheredadas para llevar a la sociedad a un grupo más elevado de evolución, el socialismo… No fui al Partido Socialista por sentimiento, fui por convicción…".

En 1915, a los veinte años de edad, obtuvo el doctorado en Jurisprudencia mediante la presentación de la tesis Estudio de las manifestaciones concretas de socialización del derecho y la propiedad privada, dedicada al estudio de las transformaciones del derecho de propiedad. Su título de abogado fue expedido por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales el 18 de marzo de 1916. Ese mismo año constituyó un estudio jurídico junto con Exequiel Bustillo. La firma, denominada Pinedo-Bustillo, se dedicó al ejercicio de la abogacía y a la representación de diversas empresas de capitales británicos establecidas en la Argentina. La sociedad constituyó el comienzo de una prolongada vinculación personal y profesional entre ambos, quienes posteriormente desempeñarían importantes funciones públicas. Ese mismo año, Pinedo desafió a un legislador conservador a debatir públicamente sobre la protección aduanera y el libre comercio, en un encuentro celebrado en el Salón Verdi del barrio de La Boca, del que salió airoso. A partir de aquel episodio comenzó a consolidar su prestigio como dirigente político especializado en cuestiones económicas. Para entonces, ya dominaba ampliamente el inglés, el alemán y el francés, lo que le permitía estudiar en su idioma original las obras de los principales pensadores de la época, especialmente las de los teóricos del socialismo alemán, entre ellas El Capital, de Karl Marx.

Durante la Primera Guerra Mundial, Pinedo se manifestó favorable a la ruptura de relaciones diplomáticas con el Imperio Alemán, particularmente después del hundimiento del buque mercante argentino Monte Protegido por un submarino alemán en 1917, hecho que constituyó una violación de la neutralidad argentina. En aquella controversia coincidió con la posición sostenida por Juan B. Justo y por su propio padre, quien entonces se desempeñaba como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Este último defendió la ruptura de relaciones con Alemania, pese a que algunas de las principales empresas de capital alemán establecidas en el país figuraban entre los clientes de su estudio jurídico. Su posición le ocasionó dificultades económicas que terminaron reduciendo considerablemente el patrimonio familiar, de modo que, cuando falleció algunos años después, dejó a su hijo una herencia relativamente modesta. Aunque el Congreso Nacional aprobó la ruptura de relaciones con Alemania, el presidente Hipólito Yrigoyen desatendió aquella resolución y mantuvo la neutralidad argentina durante el conflicto. Por aquellos años, Pinedo también intervino en los debates internos del Partido Socialista acerca de la Revolución bolchevique de 1917 y sus consecuencias para el movimiento socialista internacional. Con motivo del congreso partidario celebrado en Bahía Blanca, en el que debía definirse la posición del socialismo argentino frente a los acontecimientos de Rusia, preparó dos trabajos reunidos bajo el título "La democracia y el sarampión comunista", en los que abordó las diferencias entre las concepciones democráticas del socialismo y las tendencias revolucionarias del comunismo.

Finalizada la guerra, Pinedo viajó a Alemania con el propósito de conocer personalmente a los principales representantes del pensamiento socialista alemán, permaneciendo aproximadamente un año en aquel país. Durante su estadía entró en contacto con Eduard Bernstein, uno de los principales exponentes del socialismo revisionista y precursor de la socialdemocracia alemana, así como con Karl Kautsky, destacado teórico marxista, y con dirigentes del socialismo revolucionario, entre ellos Rosa Luxemburgo, quien moriría poco tiempo después. El contacto directo con las distintas corrientes del socialismo alemán ejerció una influencia considerable sobre su formación política e intelectual, particularmente las ideas reformistas de Bernstein, que defendían la transformación gradual de la sociedad mediante los mecanismos de la democracia parlamentaria. Aquellas concepciones dejarían una huella duradera en su pensamiento y volverían a manifestarse años más tarde, cuando Pinedo participó en la elaboración del programa del Partido Socialista Independiente, para el cual tomó como referencia diversas ideas y propuestas del dirigente alemán.

Antes de emprender su viaje a Europa, Pinedo había sido electo por primera vez diputado nacional por la Capital Federal derrotando a los candidatos radicales como a los socialistas disidentes de Alfredo Palacios, en una elección parcial que completó dos vacantes en la Cámara de Diputados. Pocas semanas antes de los comicios se habían producido los acontecimientos de la Semana Trágica de enero de 1919, durante los cuales tuvo lugar una de las mayores represiones obreras de la historia de Buenos Aires. En aquel contexto, el gobierno de Hipólito Yrigoyen denunció la existencia de una supuesta conspiración bolchevique y ordenó la detención de Pedro Wald, un trabajador y periodista de origen judío, acusado de encabezar un pretendido gobierno maximalista. Wald fue sometido a torturas durante su detención y contó con la defensa jurídica de Pinedo, quien asumió su representación gratuitamente y consiguió demostrar la falsedad de las acusaciones, logrando su absolución. Su intervención en el caso contribuyó a acrecentar su popularidad en las semanas previas a las elecciones. El resultado electoral de Pinedo llamó particularmente la atención por el respaldo que había obtenido tanto en los barrios obreros como en los sectores más acomodados de la ciudad. En una entrevista concedida a la revista Caras y Caretas pocos días después de los comicios, el propio Pinedo atribuyó parte de aquel apoyo a su apellido y a la trayectoria política de su padre, vinculada al conservadurismo: "Mi apellido ha servido de atracción a muchos conservadores; mi padre ha sido diputado y cierto número de conservadores y amigos personales habrán dicho: Vamos a votar por Pinedo, será por lo menos un socialista moderado". Sin embargo, su incorporación a la Cámara de Diputados se vio frustrada debido a que su diploma fue rechazado por no haber alcanzado la edad mínima de 25 años exigida por la Constitución Nacional para ejercer el cargo. Al año siguiente, una vez cumplido ese requisito, Pinedo fue nuevamente elegido diputado nacional por la Capital Federal, obteniendo la segunda mayor cantidad de votos entre los candidatos socialistas, únicamente por detrás de Juan B. Justo.

En la Década de 1920: Actividad partidaria y parlamentaria

En 1920, Pinedo fue elegido diputado nacional por el Partido Socialista, incorporándose a un bloque parlamentario integrado por algunas de las principales figuras del socialismo argentino, entre ellas Juan B. Justo, Mario Bravo, Nicolás Repetto, Antonio de Tomaso, Enrique Dickmann, Augusto Bunge, Agustín Muzio, Héctor González Iramain y Fernando de Andreis. La Cámara de Diputados contaba entonces con una mayoría oficialista perteneciente a la Unión Cívica Radical, encabezada por el presidente Hipólito Yrigoyen, mientras que la oposición estaba conformada, además de los socialistas, por representantes de las distintas agrupaciones provinciales conservadoras y del Partido Demócrata Progresista.

Pinedo se incorporó a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, desde donde comenzó a intervenir activamente en los debates económicos y financieros. También manifestó un particular interés por las cuestiones institucionales, defendiendo la facultad del Congreso de autoconvocarse para iniciar sus períodos ordinarios de sesiones, ante las reiteradas demoras provocadas por el bloque oficialista. Sus intervenciones, tanto en los debates generales como en el tratamiento particular de los proyectos legislativos, abarcaron cuestiones como las sucesivas prórrogas mensuales del presupuesto nacional, las restricciones a la exportación de oro, el funcionamiento de la Caja de Conversión, la política azucarera y las investigaciones sobre las medidas adoptadas por el Ministerio de Hacienda. A través de estas actuaciones, el joven diputado socialista comenzó a destacarse por su sólida formación económica y su capacidad de argumentación parlamentaria. Una de sus intervenciones más relevantes tuvo lugar durante una interpelación al ministro de Hacienda, Domingo Salaberry, a quien cuestionó por mantener cerrada la Caja de Conversión y prohibida la exportación de oro, sosteniendo que tales restricciones revelaban la falta de confianza del propio gobierno en la estabilidad de la moneda nacional. En materia social, Pinedo acompañó las iniciativas legislativas elaboradas por el bloque socialista y asumió personalmente la defensa de varios de sus proyectos en el recinto. Entre ellos se destacó la propuesta de establecer un salario mínimo para los obreros empleados por el Estado nacional, que no consiguió el respaldo de la mayoría oficialista. Paralelamente, se manifestó contrario a las leyes que concedían privilegios particulares, especialmente aquellas que otorgaban pensiones especiales a los familiares de antiguos legisladores. También propuso suprimir las pensiones hereditarias que continuaban percibiendo, incluso en la tercera o cuarta generación, los descendientes de quienes habían participado en las guerras de la Independencia, los conflictos contra el Brasil y el Paraguay, las guerras civiles argentinas y la Conquista del Desierto.

Al concluir su mandato parlamentario en abril de 1922, Pinedo continuó participando activamente en la vida del Partido Socialista, especialmente en la sección 20 de la Capital Federal. Para entonces, la organización había logrado superar las divisiones internas provocadas por la Revolución bolchevique de 1917, que habían culminado con el alejamiento de los sectores disidentes y la formación del Partido Comunista. Sin embargo, durante los años siguientes surgieron nuevas tensiones que terminarían comprometiendo la unidad partidaria. Entre ellas sobresalieron las diferencias políticas y personales entre Nicolás Repetto y Antonio de Tomaso, agravadas por cuestiones familiares, particularmente la separación de este último de su primera esposa, quien era hijastra de Repetto.

A estas rivalidades se sumaron los enfrentamientos entre los diputados de formación universitaria, como Pinedo, De Tomaso y Héctor González Iramain, y los representantes provenientes del movimiento obrero que se incorporaron a la Cámara de Diputados en 1924, entre ellos Francisco Pérez Leirós, Joaquín Coca y José Luis Pena. Estos últimos cuestionaban especialmente la actividad profesional de sus compañeros universitarios, algunos de los cuales ejercían la abogacía penal y participaban en la defensa de causas judiciales de considerable repercusión pública.^[2] También provocaba malestar entre los nuevos legisladores el trato cordial que Pinedo, De Tomaso, González Iramain y Mario Bravo mantenían con diputados de otras fuerzas políticas, incluso en sus relaciones personales fuera del recinto. Las discrepancias llegaron al punto de que la asistencia de González Iramain y De Tomaso a un banquete celebrado a bordo del crucero acorazado Acorazado San Martín fue censurada por sus adversarios internos, quienes interpretaron aquella participación como una "concesión al militarismo".^[3]

Otro de los episodios que profundizaron las tensiones internas del Partido Socialista fue el matrimonio religioso de Federico Pinedo con María Teresa Obarrio, celebrado el 29 de octubre de 1923, que desató una fuerte controversia entre sus correligionarios. Al mes siguiente, Pinedo fue expulsado de su centro partidario y obligado a renunciar a su puesto en la Junta Ejecutiva de la agrupación, aunque posteriormente la expulsión fue anulada. La polémica resultaba particularmente significativa porque, durante el congreso socialista celebrado en Pergamino en 1916, una propuesta destinada a excluir del partido a quienes participaran en ceremonias religiosas había sido rechazada por amplia mayoría. El conflicto volvió a manifestarse el 4 de enero de 1925, durante el V Congreso del Partido Socialista, reunido en Córdoba, cuando la Comisión de Poderes recomendó rechazar las credenciales de Pinedo por haber contraído matrimonio religioso. En medio de la discusión, sus intentos de defenderse fueron interrumpidos por los disturbios promovidos por los partidarios de Joaquín Coca, que le impidieron exponer su posición. Finalmente, por 2803 votos a favor y 1596 en contra, el Congreso resolvió admitir su participación. El episodio puso de manifiesto la creciente hostilidad hacia los dirigentes de formación universitaria, quienes continuaron enfrentando los cuestionamientos y ataques de sus nuevos compañeros de bancada.

Partido Socialista Independiente

La crisis interna del Partido Socialista terminó por estallar en 1927, cuando las diferencias acumuladas durante los años anteriores desembocaron en una ruptura definitiva. El detonante fue la decisión de Juan B. Justo de retirar un proyecto de intervención federal a la provincia de Buenos Aires, fundamentado en la protección que el gobierno del radical yrigoyenista Valentín Vergara brindaba a las actividades vinculadas con el juego. Justo resolvió retirar la iniciativa después de una gestión personal de Hipólito Yrigoyen, quien, durante un paseo en automóvil por la Costanera, se habría comprometido ante el fundador del socialismo argentino a intervenir para solucionar la situación. La decisión provocó el rechazo de un sector de los diputados socialistas encabezado por Antonio de Tomaso, que se negó a aceptar la resolución adoptada por la bancada y trasladó la controversia al Comité Ejecutivo del partido, donde las posiciones enfrentadas terminaron igualadas en una votación. Pese a los esfuerzos conciliadores de Mario Bravo, las diferencias resultaron irreconciliables y precipitaron la división partidaria. El 7 de julio de 1927, De Tomaso, Héctor González Iramain, Federico Pinedo, Fernando de Andreis, Augusto Bunge, Ricardo Belisle, Edmundo S. Tolosa, Juan F. Remedi, Pedro Revol y Agustín Muzio constituyeron un nuevo bloque parlamentario en la Cámara de Diputados.

El 7 de agosto siguiente se celebró el congreso constituyente de la nueva agrupación, que adoptó el nombre de Partido Socialista Independiente (PSI). Durante el encuentro se resolvió postergar la discusión y aprobación de su programa político hasta un nuevo congreso, previsto para diciembre de aquel año. También se estableció que en el Consejo Directivo solamente podrían participar un diputado nacional y un concejal, con el propósito de evitar la acumulación de cargos partidarios y legislativos. Asimismo, se acordó constituir una sociedad editora del periódico *Libertad*, cuyo 51 % del capital quedaría bajo el control del partido, asegurando así la conducción política de su órgano de prensa. El primer Consejo Directivo quedó integrado por Federico Pinedo, Rouco Oliva, César A. Cichero, Roberto F. Giusti, Antonio Zaccagnini, Miguel Pizza, Jacinto Boix, Luis Poggi y Juana Begino, cuya incorporación representó una novedad para la época por la participación de una mujer en la dirección partidaria. Como miembros suplentes fueron designados Gregorio M. Beschinsky, M. Carlos Kelly, José Paolucci y Emilio Ferreres.

En diciembre de 1927 se celebró un nuevo congreso del PSI, durante el cual fue aprobado el programa político redactado por Federico Pinedo. En materia económica, el documento proponía la libre circulación de metales y de papel moneda convertible, así como la sustitución gradual de los impuestos que gravaban el consumo y el trabajo por un sistema tributario basado en el impuesto a la renta, las transmisiones gratuitas de bienes y la propiedad territorial. También contemplaba la limitación de las herencias, el establecimiento de impuestos sobre las tierras rurales y la participación de productores y consumidores en la administración de las corporaciones de servicios públicos. En el terreno laboral y social, defendía la reducción de la jornada de trabajo a 44 horas semanales, la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por igual trabajo y la creación de un sistema nacional de seguros que brindara protección frente a la enfermedad, la maternidad, la invalidez, la desocupación y la muerte. Asimismo, proponía establecer la enseñanza técnica obligatoria para los jóvenes que no cursaran estudios secundarios, reconocer el derecho al voto femenino, sancionar una ley de divorcio y garantizar la igualdad jurídica entre los hijos considerados legítimos e ilegítimos. En el ámbito judicial, el programa contemplaba la implantación del juicio penal por jurados y el sometimiento de los delitos militares a la jurisdicción de los tribunales penales nacionales. En materia religiosa, proponía prohibir las órdenes monásticas y secularizar las existentes. Finalmente, sus reformas políticas e institucionales incluían la adopción del sistema de representación proporcional en todos los comicios, la concesión de la ciudadanía a los extranjeros con dos años de residencia en el país, la elección del presidente de la Nación por el Congreso, la supresión del veto presidencial y el reconocimiento de la facultad del Poder Legislativo para remover a los ministros. También propugnaba la provincialización de los territorios nacionales y la eliminación del Senado de la Nación, configurando un proyecto de profunda transformación del sistema político e institucional argentino.

La primera prueba electoral del Partido Socialista Independiente tuvo lugar el 27 de noviembre de 1927, con motivo de las elecciones municipales para la renovación del Concejo Deliberante de la Capital Federal. En aquellos comicios, la Unión Cívica Radical obtuvo el triunfo con 88.544 votos, seguida por el Partido Socialista, que reunió 44.679 sufragios, mientras que la nueva agrupación consiguió 35.237 votos, resultado que le permitió conquistar tres bancas. El desempeño electoral representó el primer paso en la consolidación política del socialismo independiente, que había logrado reunir un considerable respaldo apenas unos meses después de su separación del partido original.

En las elecciones legislativas del 1 de abril de 1928, la Unión Cívica Radical, encabezada por Hipólito Yrigoyen, obtuvo alrededor de 127.000 votos en la Capital Federal, mientras que el Partido Socialista Independiente reunió cerca de 50.000 sufragios, superando por aproximadamente 5.000 votos a sus antiguos correligionarios del Partido Socialista y conquistando así la representación de la minoría. Gracias a este resultado, Pinedo regresó a la Cámara de Diputados en compañía de González Iramain, Roberto F. Giusti, Agustín Muzio, Augusto Bunge y Zaccagnini. Durante la segunda presidencia de Yrigoyen, los diputados socialistas independientes desarrollaron una intensa actividad parlamentaria y asumieron un papel destacado en la articulación de la oposición al oficialismo, particularmente mediante sus intervenciones en los debates legislativos y su colaboración con representantes de otras fuerzas políticas. A comienzos de aquel año, el fallecimiento de Juan B. Justo había provocado una profunda conmoción en las filas del socialismo argentino. Pese a las diferencias que habían conducido a la ruptura partidaria, el periódico "Libertad", órgano de prensa del socialismo independiente, dedicó una edición a homenajear la memoria del fundador del Partido Socialista. Por su parte, al incorporarse nuevamente a la Cámara de Diputados en 1928, Pinedo inició su actuación parlamentaria con un homenaje a quien había sido su maestro político e intelectual.

Durante 1929, las relaciones entre el Partido Socialista Independiente y el gobierno de Hipólito Yrigoyen se deterioraron como consecuencia de una serie de conflictos políticos e institucionales. Pinedo participó de la actividad opositora desarrollada por la nueva agrupación, en estrecha colaboración con Antonio de Tomaso, su antiguo compañero de militancia socialista y uno de sus principales aliados políticos desde la ruptura partidaria de 1927. Uno de los primeros enfrentamientos se produjo cuando las autoridades negaron la autorización para celebrar un acto público en la Plaza Once, convocado por los socialistas independientes en protesta por la utilización de fuerzas militares para reprimir un conflicto obrero en la provincia de Santa Fe. Poco después surgió una nueva controversia a raíz de la designación de José Luis Cantilo como intendente de la Capital Federal, efectuada por Yrigoyen durante el receso parlamentario sin solicitar el acuerdo del Senado, tal como establecía la Ley Orgánica Municipal entonces vigente. Ante esta situación, los socialistas independientes promovieron una querella contra el nuevo intendente por presunta usurpación de funciones. En aquel contexto, Pinedo y De Tomaso compartieron la oposición a las prácticas administrativas del gobierno radical, particularmente a la política de cesantías de empleados públicos, que consideraban destinada a reemplazar a funcionarios y agentes de la administración por simpatizantes del oficialismo, antes que a reducir el gasto estatal. De Tomaso encabezó una intensa campaña parlamentaria contra estas medidas y presentó un proyecto de Estatuto del Servicio Civil, destinado a establecer reglas para el ingreso y la permanencia de los empleados públicos y limitar la discrecionalidad presidencial en materia de nombramientos y remociones. Al fundamentar su iniciativa, sostuvo que la atribución conferida al presidente por el inciso 10 del artículo 86 de la Constitución Nacional "no puede querer decir colocar a cualquiera en cualquier cargo administrativo porque sí". Asimismo, advirtió que "darle la atribución a un solo hombre de disponer de los millones de pesos que significaban los sueldos de la administración es otorgarle la suma del poder público, una de las formas visibles de la tiranía". Estas controversias reflejaron la orientación institucional de la oposición ejercida por el socialismo independiente, dentro de la cual Pinedo y De Tomaso mantuvieron una estrecha vinculación política y parlamentaria.

Durante los últimos años de la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen, Pinedo profundizó su actividad opositora desde la bancada del PSI, particularmente en las cuestiones relacionadas con el funcionamiento de las instituciones y la política económica del gobierno. Junto con De Tomaso y sus demás compañeros de bloque, cuestionó las prácticas administrativas del oficialismo, entre ellas la presunta venta de empleos públicos y la negativa de la mayoría radical a permitir las interpelaciones a los ministros del Poder Ejecutivo. Estas controversias se inscribían en la creciente confrontación entre el socialismo independiente y el gobierno nacional. Con motivo del primer aniversario de la segunda presidencia de Yrigoyen, el partido publicó un documento en el que denunció: "No hay gobierno representativo, republicano y federal. No hay siquiera gobierno de partido: hay el dominio tiránico de un hombre tolerado con resignación por un conglomerado heterogéneo sin vida propia y auténtica que se titula partido". Uno de los principales motivos de preocupación para Pinedo fue el progresivo debilitamiento de la actividad parlamentaria. Pese a contar con mayoría en la Cámara de Diputados, el oficialismo no consiguió asegurar el funcionamiento regular del Congreso Nacional, que durante 1929 celebró escasas sesiones y al año siguiente dedicó meses enteros a reuniones preparatorias, dominadas por las disputas sobre la aprobación o el rechazo de los diplomas de los legisladores electos. Esta situación limitaba considerablemente las posibilidades de actuación de la oposición y dificultaba el tratamiento de los proyectos legislativos. A ello se sumaba la ausencia de Yrigoyen en las ceremonias de apertura de las sesiones ordinarias, en las que el presidente continuaba enviando su mensaje anual sin concurrir personalmente al Congreso, como había hecho durante su primera presidencia. Las intervenciones federales dispuestas en distintas provincias también provocaron cuestionamientos entre los socialistas independientes, que denunciaban el menoscabo de las autonomías provinciales. En el terreno económico, las preocupaciones de Pinedo se concentraron en el creciente desorden de las finanzas públicas, agravado por las consecuencias de la crisis internacional desencadenada a fines de 1929. Su formación económica y su experiencia anterior en la Comisión de Hacienda lo habían llevado a prestar especial atención a los problemas presupuestarios, monetarios y administrativos, que adquirieron una mayor importancia ante el deterioro de la situación nacional. Paralelamente, las dificultades políticas del gobierno se acentuaron por la avanzada edad y los problemas de salud de Yrigoyen, así como por el alejamiento de algunos de los dirigentes más experimentados del radicalismo, desplazados por figuras identificadas con el personalismo presidencial. En este escenario, Pinedo continuó estrechamente vinculado con De Tomaso en la actividad opositora del socialismo independiente, mientras las controversias institucionales y las dificultades económicas profundizaban la crisis que atravesaba el segundo gobierno radical.

A fines de 1929, Pinedo viajó a la región de Cuyo como integrante de una delegación de legisladores opositores que se propuso examinar la situación política e institucional de las provincias sometidas a intervención federal. Durante su recorrido pudo recoger testimonios sobre las irregularidades denunciadas en el funcionamiento de la justicia y el tratamiento de los detenidos por motivos políticos. En declaraciones remitidas al diario La Nación, cuestionó la falta de respeto por las normas procesales en distintas actuaciones judiciales, la detención de decenas de ciudadanos sin que se dictaran los correspondientes autos de prisión preventiva y las restricciones impuestas a los abogados defensores, a quienes se impedía ingresar a las cárceles para entrevistarse con sus representados. Sus denuncias se sumaron a las críticas que venía formulando contra la política institucional del gobierno de Yrigoyen y reforzaron su participación en la actividad opositora del PSI. La creciente confrontación con el oficialismo no impidió, sin embargo, que continuaran las profundas rivalidades entre las dos fracciones del socialismo argentino. Desde las páginas de sus respectivos periódicos, La Vanguardia y Libertad, ambas agrupaciones mantuvieron una intensa polémica, acompañada de frecuentes acusaciones personales y políticas. Los socialistas independientes, entre cuyos principales dirigentes se encontraban Pinedo y Antonio de Tomaso, calificaban a sus antiguos correligionarios de "repettistas" y "socialistas dictatoriales", mientras que estos respondían cuestionando las relaciones que los independientes mantenían con dirigentes conservadores y radicales antipersonalistas. Aquellas disputas reflejaban la persistencia de las diferencias que habían provocado la ruptura partidaria de 1927.

En diciembre de 1929, Pinedo participó de la campaña electoral organizada por el Partido Socialista Independiente con vistas a las elecciones legislativas del 2 de marzo de 1930, para las cuales la agrupación presentó una lista de candidatos que se destacó por la presencia de numerosas figuras de reconocida trayectoria política e intelectual. El programa electoral, aprobado el 28 de diciembre, contemplaba la defensa del valor de la moneda, una reforma del sistema impositivo, el reconocimiento legal de los sindicatos, el establecimiento de un salario mínimo, las pensiones a la vejez y las vacaciones anuales para obreros y empleados. También proponía garantizar la estabilidad y el escalafón de los empleados públicos, sancionar una ley de divorcio, establecer la enseñanza laica en los niveles primario y secundario, construir una red nacional de caminos y un sistema de elevadores de granos, incorporar a la Argentina a la Sociedad de las Naciones, reducir la duración del servicio militar y promover una legislación específica sobre la explotación del petróleo. Durante la campaña, Pinedo compartió con De Tomaso y Augusto Bunge el protagonismo de los principales actos partidarios, en los que los tres dirigentes formularon severas críticas a la situación económica nacional y a la política desarrollada por el gobierno radical. Las intervenciones de Pinedo estuvieron vinculadas con las cuestiones financieras y monetarias que habían ocupado buena parte de su actividad parlamentaria, mientras que sus compañeros ampliaron los cuestionamientos a la orientación general de la administración yrigoyenista. En uno de sus discursos, Bunge sostuvo que "la presidencia de Yrigoyen se muestra capaz de copiar, agravándolo, todo lo malo de la vieja oligarquía, pero absoluta, orgánicamente incapaz de imitar nada de lo bueno".^[4]

En las elecciones legislativas del 2 de marzo de 1930, el Partido Socialista Independiente obtuvo un importante triunfo electoral en la Capital Federal, donde alcanzó aproximadamente 109.300 votos y se convirtió en la primera fuerza política del distrito, desplazando al radicalismo yrigoyenista al tercer lugar, detrás del Partido Socialista. La agrupación, encabezada por Antonio de Tomaso y Federico Pinedo, desarrolló una intensa campaña de oposición al gobierno de Hipólito Yrigoyen, que contó con el apoyo del diario "Crítica", dirigido por Natalio Botana, y atrajo votos de sectores socialistas, radicales antipersonalistas y conservadores. El 19 de febrero, el partido proclamó sus candidaturas en un multitudinario acto celebrado en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, mientras que el 26 de ese mes organizó una caravana automovilística por las principales calles de la ciudad como cierre de campaña. El resultado de las elecciones permitió al PSI obtener diez de las catorce bancas de diputados nacionales que se renovaban en la Capital Federal, elevando su representación parlamentaria a dieciséis legisladores. Pinedo, cuyo mandato como diputado se encontraba vigente desde 1928, continuó integrando la bancada socialista independiente. Al recordar posteriormente aquellas elecciones, Pinedo reconoció que el triunfo había contado también con el apoyo de numerosos votantes conservadores, que se habían movilizado para respaldar al socialismo independiente como alternativa al gobierno radical. El resultado consolidó la posición del PSI entre las principales fuerzas opositoras al yrigoyenismo en los meses anteriores al golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930.^[5]

Revolución de 1930

El 6 de septiembre de 1930, un golpe de Estado encabezado por el general José Félix Uriburu puso fin al segundo gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen y dispuso la disolución del Congreso Nacional y de los poderes ejecutivos y legislativos provinciales. La Corte Suprema de Justicia permaneció en funciones y, mediante una acordada, reconoció la validez jurídica de los actos del nuevo régimen, sentando las bases de la denominada "doctrina de los gobiernos de facto". El levantamiento militar constituyó un acontecimiento sin precedentes desde la organización nacional iniciada en 1862, al provocar el derrocamiento de un gobierno constitucional mediante la intervención de las Fuerzas Armadas. La ruptura institucional se produjo en medio de una profunda crisis política, agravada por las consecuencias de la crisis económica mundial desencadenada en 1929.

En los meses anteriores al golpe, Federico Pinedo y Antonio de Tomaso, principales dirigentes del Partido Socialista Independiente, habían desarrollado una intensa actividad opositora contra el gobierno de Yrigoyen y participaron activamente en el clima de confrontación política que precedió a su derrocamiento. Las elecciones legislativas de marzo de 1930 habían evidenciado una recuperación de las fuerzas opositoras, que consiguieron importantes triunfos en la provincia de Córdoba, donde se impuso el Partido Demócrata, y en la Capital Federal, donde venció el socialismo independiente. Paralelamente, comenzaron a circular versiones cada vez más insistentes sobre la preparación de un levantamiento militar contra el gobierno radical. En aquel contexto, Pinedo y De Tomaso mantuvieron sus cuestionamientos a la administración yrigoyenista, mientras distintos sectores de la oposición advertían públicamente sobre los peligros que, a su juicio, amenazaban el funcionamiento de las instituciones republicanas. Pinedo y De Tomaso participaron de las gestiones destinadas a establecer un acercamiento entre el Partido Socialista Independiente y los sectores conservadores, con el propósito de coordinar la acción de las fuerzas opositoras al gobierno de Hipólito Yrigoyen. Uno de los primeros encuentros tuvo lugar en el domicilio de Matías Sánchez Sorondo, donde se reunieron representantes del Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires, entre ellos el propio anfitrión, Rodolfo Moreno y Antonio Santamarina, junto con los dirigentes conservadores de la Capital Federal José María Guerrico y Adolfo Mugica. En representación del socialismo independiente asistieron De Tomaso y Pinedo, quienes comenzaron a mantener contactos directos con dirigentes de otras corrientes políticas, pese a las diferencias ideológicas que los separaban. Pocos días después se celebró una segunda reunión en la residencia de Antonio Santamarina, durante la cual continuaron las conversaciones sobre las posibilidades de organizar una acción opositora conjunta. En aquella oportunidad, Sánchez Sorondo propuso que los socialistas independientes asumieran la tarea de coordinar los esfuerzos de las distintas fuerzas contrarias al gobierno y procuraran incorporar a los partidos conservadores provinciales, que por entonces conservaban sus propias organizaciones territoriales y acostumbraban agruparse en confederaciones para intervenir en las elecciones presidenciales. De esta manera, Pinedo y De Tomaso comenzaron a desempeñar un papel de vinculación entre el socialismo independiente y los sectores conservadores, en un contexto de creciente confrontación política con el gobierno radical y de incertidumbre acerca de la continuidad del orden constitucional.

Como resultado de estas gestiones, Pinedo y De Tomaso participaron en la articulación de un frente parlamentario opositor que culminó con la redacción del denominado "Manifiesto de los 44", publicado el 9 de agosto y suscrito por cuarenta y cuatro legisladores nacionales pertenecientes a las fuerzas conservadoras y al PSI. El documento formulaba una severa crítica a la situación política e institucional del país y proponía coordinar los esfuerzos de las distintas agrupaciones opositoras para restablecer el funcionamiento regular de las instituciones constitucionales. Para ello, los firmantes establecieron tres objetivos fundamentales: organizar una acción conjunta en ambas cámaras del Congreso para exigir el cumplimiento de la Constitución y las leyes; extender esa coordinación fuera del ámbito parlamentario, mediante una campaña destinada a informar a la población sobre las irregularidades denunciadas y promover la resistencia frente a los abusos del gobierno; y elaborar un plan de acción común que permitiera incorporar a todos los ciudadanos dispuestos a defender un régimen constitucional y democrático. La iniciativa consolidó el acercamiento político entre los socialistas independientes y los conservadores, en el que Pinedo y De Tomaso habían desempeñado un papel destacado, y constituyó uno de los principales esfuerzos de coordinación opositora durante las semanas previas al derrocamiento de Yrigoyen. Simultáneamente, los 14 exdiputados de la Unión Cívica Radical Antipersonalista, dieron a conocer otro documento crítico, de tono similar. Las delegaciones conservadoras y del socialismo independiente recorrieron el país y hablaron en mítines conjuntos. Compartieron la tribuna Antonio de Tomaso, Federico Pinedo, Héctor Gonzales Iramain con Rodolfo Moreno y José Aguirre Cámara. Muchas veces se realizan en un clima de violencia, desafiando a los elementos de choque del radicalismo del Klan Radical.

Entre los meses transcurridos desde las primeras reuniones políticas y la publicación del "Manifiesto de los 44" la situación se había agravado. Decía Pinedo, en su publicación que: "Se organizaba una coalición política capaz de vencer al gobierno, si este llegaba a los nuevos comicios nacionales a celebrarse dos años después. Esta fuerza sería capaz, en caso necesario, de organizar su propia revolución o de condicionar la que otras hicieran salvando en todo caso la estructura democrática del país si el proceso de la descomposición del gobierno imprimía a los acontecimiento un ritmo más acelerado."

A mediados de agosto de 1930, en medio de la creciente crisis política que atravesaba el gobierno del presidente Yrigoyen, Pinedo y De Tomaso fueron comisionados por los legisladores de la coalición opositora para entrevistarse con el general Agustín P. Justo, con el propósito de obtener información directa sobre los preparativos revolucionarios que se desarrollaban dentro del Ejército. Los dirigentes políticos tenían conocimiento de la existencia de dos tendencias entre los militares conspiradores. Una de ellas propiciaba el derrocamiento del gobierno radical, la constitución de un gobierno provisional y el pronto restablecimiento de las instituciones constitucionales, mientras que la otra pretendía aprovechar el movimiento para introducir modificaciones fundamentales en el sistema político establecido por la Constitución Nacional de 1853. La entrevista entre Pinedo y Uriburu se celebró en la residencia de uno de los hijos del general y se prolongó durante aproximadamente tres horas. Durante la conversación, el diputado socialista independiente expuso la posición de los sectores políticos comprometidos con el derrocamiento de Yrigoyen, aunque, según su propio testimonio, apenas necesitó detenerse en esta cuestión, puesto que Uriburu ya había sido informado por Justo sobre la disposición de los partidos opositores a colaborar con el movimiento revolucionario. Existía también acuerdo respecto de la conveniencia de disolver el Congreso Nacional, cuya composición y actuación eran profundamente cuestionadas por los conspiradores. Pinedo recordaría que la institución "merecía el desprecio público" y que su comportamiento les inspiraba "verdadera e instintiva repugnancia".

Uriburu manifestó que la dirección del levantamiento debía quedar exclusivamente en manos de los militares. Para justificar esta posición, recordó su participación en la Revolución del Parque de 1890, cuyo fracaso atribuía, en buena medida, a la intervención de los dirigentes civiles en la conducción del movimiento. Por esa razón, consideraba inconveniente asumir compromisos formales con los partidos políticos, pues entendía que semejante proceder podía comprometer al Ejército en el «tumulto de la vida política». Según explicó, aquella era la principal causa de sus diferencias con Justo. No obstante, aseguró que su palabra debía resultar suficiente garantía de que no utilizaría el poder para satisfacer ambiciones personales y puso en conocimiento de Pinedo una lista de posibles colaboradores del futuro gobierno provisional. Las divergencias más importantes surgieron cuando Uriburu expuso sus proyectos de reorganización institucional. El general manifestó abiertamente su intención de sustituir el régimen electoral vigente por un sistema de representación corporativa, mediante el cual los ciudadanos serían agrupados según sus actividades económicas, profesiones, gremios y categorías sociales. Consideraba que aquella organización permitiría terminar con el predominio de los comités partidarios sobre la vida política y reemplazar la representación individual de los ciudadanos por otra basada en los distintos sectores que integraban la sociedad.

Pinedo se opuso a la propuesta y realizó una extensa defensa del régimen electoral establecido por la Ley Sáenz Peña de 1912. Sostuvo que el sistema de sufragio democrático, semejante al existente en la mayoría de los países occidentales, no solamente permitía expresar la opinión pública, sino que aseguraba su predominio sobre las organizaciones partidarias. A su juicio, aunque los comités políticos podían influir sobre la selección de los candidatos, estaban obligados a someterse a la voluntad de las grandes masas electorales. Argumentó, además, que cualquier intento de sustituir ese sistema mediante una representación diferenciada implicaría atribuir a determinados grupos una superioridad política sobre el resto de los ciudadanos, cercenando el principio de igualdad del sufragio. Uriburu respondió que su proyecto no contemplaba privar a nadie del derecho al voto y que, por el contrario, este podría extenderse incluso a las mujeres. La diferencia residiría en que cada ciudadano ejercería el sufragio dentro de su respectiva categoría, gremio o corporación. Pinedo objetó que, bajo aquellas condiciones, las elecciones perderían buena parte de su significado político, puesto que la composición del Congreso estaría determinada de antemano por la cantidad de representantes asignados a cada sector. Poco importaría, según razonó, a quién eligieran los obreros, los agricultores, los industriales, los comerciantes o los propietarios, si previamente se había establecido cuántas bancas corresponderían a cada uno de esos grupos. Durante la discusión hizo referencia a las publicaciones del economista liberal austríaco Ludwig von Mises, en las que se formulaban objeciones a los sistemas de organización corporativa, y recomendó a Uriburu que examinara sus argumentos.

Según el testimonio posterior de Pinedo, Uriburu escuchó sus observaciones con deferencia y manifestó que estaba dispuesto a considerar aquellas publicaciones y cualquier otra crítica que pudiera formularse contra sus propuestas. Aseguró que no se encontraba aferrado a sus propias opiniones y que no pretendía imponer al país un sistema político determinado, sino exponer las ideas que consideraba convenientes, respetando el derecho de los demás a discutirlas y rechazarlas. Esta declaración produjo una impresión favorable en Pinedo, quien consideró especialmente importante que el militar con mayores posibilidades de asumir la conducción del país no estuviera dispuesto, al menos según sus manifestaciones, a imponer por la fuerza sus concepciones institucionales. El diputado también encontró motivos para confiar en la composición del eventual gobierno provisional. Entre los colaboradores mencionados por Uriburu figuraban personalidades que habían acompañado al presidente Roque Sáenz Peña durante su administración y participado del proceso político que culminó con la reforma electoral de 1912. Pinedo consideraba improbable que aquellos hombres aceptaran la destrucción de un sistema que habían contribuido a establecer, para reemplazarlo por instituciones que calificó, en el mejor de los casos, como "exóticas y repugnantes a la manera de ser del país". Antes de retirarse, Pinedo manifestó a Uriburu su convencimiento de que los proyectos corporativistas no conseguirían imponerse, puesto que serían rechazados por la opinión pública y el propio general, de acuerdo con sus declaraciones, tendría que respetar la voluntad nacional. Agregó que la preservación de los principios fundamentales de la Ley Sáenz Peña constituía una condición esencial para mantener el sistema democrático de gobierno. Finalmente, anunció que informaría inmediatamente a Justo sobre el contenido de la entrevista y que procuraría convencerlo de reanudar las conversaciones con Uriburu, confiando en que un examen detenido de las diferencias permitiría alcanzar un entendimiento que facilitara la colaboración de los distintos sectores militares y civiles comprometidos con el movimiento.

Durante los días siguientes, Pinedo continuó realizando gestiones entre ambos generales, aunque las dificultades para alcanzar un acuerdo persistieron. Las discrepancias no se limitaban a la cuestión institucional, sino que también comprendían la composición del futuro gobierno provisional, puesto que algunos de los nombres incluidos por Uriburu en su lista de colaboradores resultaban particularmente irritantes para los partidos opositores. El general, por su parte, continuaba insistiendo en la conveniencia de sustituir la representación política basada en el sufragio secreto, igual y directo por un sistema corporativo en el que los ciudadanos intervinieran electoralmente en función de su pertenencia a determinadas categorías sociales o profesionales. Ante la persistencia de estas diferencias, los representantes de los partidos opositores resolvieron encomendar una nueva gestión a Pinedo y al dirigente conservador Antonio Santamarina, con el propósito de comunicar directamente a Uriburu los límites de su colaboración. Durante la entrevista, ambos dirigentes manifestaron que las agrupaciones políticas que representaban no aceptarían una reforma destinada a reemplazar las instituciones representativas vigentes y que, si el futuro gobierno provisional insistía en llevar adelante semejante transformación, pasarían a la oposición. La advertencia expresaba la posición de los sectores políticos que, aunque estaban dispuestos a participar del derrocamiento de Yrigoyen, rechazaban que el levantamiento sirviera para establecer un régimen corporativo que eliminara el sistema tradicional de partidos y representación parlamentaria. Las negociaciones continuaron durante los últimos días de agosto y los primeros de septiembre, en un contexto de creciente incertidumbre sobre la actitud que adoptarían los distintos sectores militares. Finalmente, a comienzos de septiembre, el senador radical antipersonalista Leopoldo Melo comunicó a los dirigentes opositores que Uriburu había manifestado su disposición a respetar la Constitución Nacional y a convocar elecciones conforme a la legislación electoral vigente. Aunque aquella declaración no significaba la desaparición de las diferencias políticas entre los conspiradores, fue interpretada por los partidos opositores como una garantía suficiente para mantener su colaboración con el movimiento.

Paralelamente, el general Justo resolvió que los oficiales vinculados con su sector se incorporaran a los preparativos revolucionarios, con el propósito de impedir que los militares nacionalistas monopolizaran la dirección del levantamiento y la organización del futuro gobierno. A través del teniente coronel José María Sarobe, uno de sus principales colaboradores, se introdujeron modificaciones en el proyecto de proclama revolucionaria redactado originalmente por el escritor Leopoldo Lugones, cuyo contenido respondía a las concepciones nacionalistas y autoritarias del sector encabezado por Uriburu. La versión modificada incorporó compromisos relativos al respeto de la Constitución Nacional, la conservación del sistema electoral establecido por la Ley Sáenz Peña y la convocatoria a elecciones destinadas a restablecer el funcionamiento de las instituciones representativas. Los partidos opositores no habían excluido antes una solución legalista. Los socialistas independientes habían ganado la Capital proponiendo en su plataforma el juicio político al presidente Yrigoyen. Hay indicios que en las hipótesis que manejo el grupo mas cercano al general Justo, estaba planeada la aplicación de la ley de acefalia, haciéndose cargo el presidente provisional del Senado, ante la destitución del Presidente y del vicepresidente.

Durante esas mismas jornadas, la situación del gobierno radical se deterioró considerablemente. El 3 de septiembre presentó su renuncia el ministro de Guerra, general Luis Dellepiane, quien había tenido conocimiento de los preparativos conspirativos y procurado adoptar medidas para impedir el levantamiento. Sin embargo, sus disposiciones fueron desautorizadas y no consiguió entrevistarse con Yrigoyen para exponerle la gravedad de la situación militar. Su alejamiento debilitó la capacidad de respuesta del gobierno, pese a que buena parte de las fuerzas armadas permanecía todavía leal a las autoridades constitucionales. El ministro interino, Elpidio González, tampoco atribuyó inicialmente suficiente gravedad a las noticias sobre los preparativos revolucionarios. El 5 de septiembre, alegando problemas de salud, Yrigoyen delegó el ejercicio del Poder Ejecutivo en el vicepresidente Enrique Martínez, quien declaró el estado de sitio. Para entonces, los principales dirigentes civiles de la oposición y los sectores militares comprometidos con la conspiración habían avanzado en su coordinación, aunque persistían diferencias sobre la orientación institucional que debía adoptar el movimiento. Pinedo había intervenido directamente en aquellas negociaciones, actuando como intermediario entre Justo y Uriburu y como representante de los partidos que procuraban asegurar que el eventual gobierno provisional mantuviera el régimen electoral y convocara a elecciones nacionales.

Durante la madrugada del 6 de septiembre de 1930, Federico Pinedo participó de una reunión de dirigentes políticos opositores celebrada en la residencia del diputado conservador Manuel Fresco, en el partido de Morón, donde se concentraron representantes de las agrupaciones que respaldaban el levantamiento militar encabezado por el general José Félix Uriburu. Entre los asistentes se encontraban el diputado socialista independiente Augusto Bunge, otros miembros de esa agrupación y representantes del diario Crítica, dirigido por Natalio Botana. Los dirigentes civiles tenían como misión contribuir al éxito del movimiento mediante gestiones destinadas a convencer a los jefes y oficiales del Ejército de que abandonaran su lealtad al gobierno constitucional y se incorporaran a las fuerzas sublevadas. En las primeras horas de la mañana, Uriburu había conseguido el apoyo del Colegio Militar de la Nación y de una parte de la aviación militar, pero la adhesión de las unidades de Campo de Mayo, cuya participación se consideraba importante para asegurar el éxito del levantamiento, permanecía incierta. En esas circunstancias, un grupo de dirigentes civiles se trasladó hasta la guarnición con el propósito de entrevistarse con el general Elías C. Álvarez, comandante de la 2.ª División del Ejército, quien mantenía una actitud contraria a la sublevación. Entre los políticos que se presentaron en Campo de Mayo figuraban Pinedo, el senador radical antipersonalista Leopoldo Melo y los dirigentes conservadores Antonio Santamarina y Miguel Ángel Cárcano. Al ingresar en las instalaciones militares, los visitantes fueron detenidos y desarmados por orden de las autoridades de la guarnición, entre ellas el general Álvarez y el mayor Ábalos. Los dirigentes solicitaron entrevistarse con el comandante para explicarle los objetivos del levantamiento y procurar que modificara su posición. Durante las conversaciones, Álvarez manifestó sus dudas acerca de la capacidad del gobierno radical para mantenerse en el poder, pero expresó también sus prevenciones sobre el régimen político que podría establecerse después de su derrocamiento. Según el relato posterior de Pinedo, el general no planteaba una cuestión de precedencia en el mando militar, sino que desconfiaba de las intenciones políticas de Uriburu y de sus proyectos de reorganización institucional.

Pinedo, que durante las semanas anteriores había intervenido como mediador entre Uriburu, Justo y los partidos opositores, procuró disipar aquellas prevenciones. De acuerdo con su testimonio, consiguió establecer una comunicación telefónica con Uriburu, a quien informó sobre la situación de Campo de Mayo y las inquietudes del comandante de la guarnición. Posteriormente facilitó una conversación directa entre ambos generales, durante la cual se habrían ofrecido garantías acerca de la preservación del sistema constitucional y del régimen representativo establecido por la Constitución de 1853. En su reconstrucción de los acontecimientos, Pinedo atribuyó a estas gestiones el cambio de actitud de Álvarez, quien habría manifestado su disposición a colaborar con el levantamiento. Sin embargo, el resultado efectivo de aquellas negociaciones ha sido objeto de interpretaciones diferentes. La documentación del Estado Mayor Revolucionario, examinada posteriormente por el historiador Diego Abel Sánchez, registra que Álvarez mantuvo durante aquella mañana importantes discrepancias con Uriburu y se resistió a movilizar las tropas de Campo de Mayo en apoyo de los sublevados. Los radiotelegramas intercambiados entre ambos generales revelan que, después de varias horas de comunicaciones, Uriburu llegó a intimar a Álvarez para que se incorporara al movimiento, advirtiéndole que continuaría las operaciones sin las fuerzas bajo su mando. Esta documentación impide establecer con certeza que la intervención de Pinedo hubiera provocado la adhesión de la guarnición, aunque confirma la existencia de profundas discrepancias entre sus autoridades y los responsables del levantamiento. Mientras se desarrollaban estos acontecimientos, las fuerzas encabezadas por Uriburu avanzaron desde el Colegio Militar hacia la Capital Federal, acompañadas por contingentes de civiles que manifestaban su apoyo al movimiento. La columna encontró una resistencia limitada durante su recorrido, incluida la de grupos que se habían concentrado en las inmediaciones del Congreso Nacional. En el centro de Buenos Aires, numerosos manifestantes ocuparon la Plaza de Mayo y penetraron en la Casa Rosada, donde se encontraba el vicepresidente Enrique Martínez, a cargo del Poder Ejecutivo desde el día anterior por la enfermedad de Yrigoyen. Durante la tarde, Uriburu llegó a la sede del gobierno y exigió la renuncia de Martínez, consumándose así el derrocamiento del gobierno constitucional.

Al día siguiente, el PSI dio a conocer un manifiesto en el que expresó su posición frente al triunfo del levantamiento y las responsabilidades que correspondían al gobierno provisional. La declaración sostuvo que las nuevas autoridades debían pacificar rápidamente el país, actuar con serenidad y prudencia, restablecer la confianza pública y colocar a la ciudadanía en condiciones de participar, en un plazo breve, de elecciones libres y con garantías para todos los partidos y opiniones. También reclamó que los vencedores renunciaran a las persecuciones y venganzas políticas, limitando las eventuales sanciones a los delitos que pudieran comprobarse mediante los procedimientos legales correspondientes. El documento reconocía expresamente que los integrantes del partido derrocado continuaban formando parte de la Nación y debían gozar de las mismas libertades y protección que los demás ciudadanos. En las semanas posteriores, Pinedo defendió públicamente la participación de las fuerzas opositoras en el golpe de Estado. El 10 de octubre de 1930 publicó en el diario Crítica el artículo "Historia civil de la revolución. Cómo defendieron los partidos opositores la democracia, la Constitución y la Ley Sáenz Peña", en el que desarrolló su interpretación de los acontecimientos y justificó la colaboración de los dirigentes civiles con los militares sublevados. Atribuyó la crisis política a la conducta del gobierno de Yrigoyen, al que acusó de obstaculizar el funcionamiento del Congreso Nacional y de preparar maniobras fraudulentas en las provincias de Mendoza y San Juan para asegurar su predominio político y obtener nuevas bancas en el Senado. Pinedo sostuvo que los partidos opositores se habían enfrentado a una doble amenaza. Por una parte, consideraban necesario terminar con lo que denunciaban como violaciones del orden constitucional por parte del gobierno radical; por otra, temían que el levantamiento militar diera lugar al establecimiento de una dictadura de carácter corporativo o fascista, que sustituyera las instituciones republicanas. Según su explicación, aquella circunstancia había llevado a los dirigentes opositores a promover una amplia movilización política que, además de enfrentar al yrigoyenismo, permitiera influir sobre el curso de los acontecimientos e impedir que los sectores nacionalistas impusieran su programa institucional después del derrocamiento.

En los días posteriores al golpe, Pinedo también participó de las gestiones para organizar la Federación Nacional Democrática, una coalición que procuraba reunir a los socialistas independientes, conservadores y otras fuerzas opositoras en torno a un programa de restablecimiento institucional y convocatoria electoral. Integró una comisión de antiguos legisladores encargada de organizar el entendimiento entre aquellas agrupaciones y fue designado para ofrecer la candidatura presidencial de la Federación al dirigente conservador cordobés Julio Argentino Roca (h). Su incorporación a estas negociaciones expresó la intención de los socialistas independientes de intervenir en la reorganización política posterior al derrocamiento de Yrigoyen, manteniendo el sistema de partidos y el régimen electoral frente a las propuestas de transformación corporativa impulsadas por sectores del gobierno provisional.

En los años siguientes, Pinedo volvió en distintas oportunidades sobre su participación en los acontecimientos de septiembre de 1930. En sus memorias, publicadas bajo el título En tiempos de la República, rechazó la interpretación según la cual el levantamiento había constituido exclusivamente una operación de la oligarquía conservadora destinada a destruir al radicalismo y restablecer el régimen político anterior a la Ley Sáenz Peña. Para fundamentar su posición, recordó que numerosos dirigentes radicales habían manifestado inicialmente su aprobación del derrocamiento de Yrigoyen, entre ellos Leopoldo Melo, Vicente C. Gallo, José Camilo Crotto, Enrique Mosca y Mario M. Guido. Pinedo mencionó especialmente el manifiesto del 25 de septiembre de 1930, firmado por diversas personalidades radicales que justificaron el levantamiento, así como las declaraciones formuladas desde París por el expresidente Marcelo T. de Alvear, publicadas por el diario Crítica el 9 de septiembre, en las que este había criticado severamente la administración yrigoyenista y expresado su aprobación inicial del movimiento. A partir de estos testimonios, Pinedo sostuvo que la oposición al gobierno derrocado había trascendido las divisiones partidarias tradicionales y comprendido a sectores del propio radicalismo. Esta interpretación, sin embargo, formaba parte de su defensa retrospectiva del golpe y no eliminaba las diferencias existentes entre los distintos grupos que habían participado en él ni las consecuencias institucionales de la interrupción del orden constitucional.

En sus reflexiones posteriores, Pinedo también reconoció que la caída del gobierno de Yrigoyen podría haberse producido sin necesidad de recurrir a una intervención militar. Recordó haber escuchado, y sostenido él mismo en alguna oportunidad, que el gobierno radical se encontraba tan debilitado que terminaría por derrumbarse como consecuencia de sus propias dificultades políticas. Manifestó su pesar por no haber permitido que aquella crisis siguiera su curso y admitió la posibilidad de que, sin el golpe de septiembre, la Argentina hubiera continuado desenvolviéndose dentro de los cauces constitucionales. Aunque no consideraba posible establecer con certeza qué habría sucedido en aquellas circunstancias, entendía que esa hipótesis no debía ser descartada y advertía sobre los peligros de confiar a dirigentes militares providenciales la tarea de regenerar las instituciones republicanas. En una entrevista realizada durante sus últimos años para el Archivo de Historia Oral del Instituto Torcuato Di Tella, Pinedo recordó asimismo las objeciones que algunos representantes de la generación política anterior habían formulado contra el levantamiento. Entre ellos mencionó a su tío materno Diego Saavedra, también vinculado con él por relaciones profesionales, quien se había opuesto a la intervención militar por temor a que el derrocamiento de un gobierno constitucional inaugurara una sucesión de cuartelazos y alteraciones del orden institucional. Saavedra aceptaría posteriormente el nombramiento de interventor federal de la provincia de Santa Fe, dispuesto por el gobierno provisional de Uriburu, y asumiría el cargo el 26 de septiembre de 1930. Aquellas advertencias fueron evocadas también por otros participantes civiles del movimiento. Miguel Ángel Cárcano recordaría años después que, de haber vivido Carlos Pellegrini, el expresidente habría intentado impedir que los dirigentes políticos marcharan hacia Campo de Mayo para colaborar con los militares sublevados. Estas reflexiones retrospectivas expresaban las dudas que algunos protagonistas terminaron formulando sobre el recurso a las Fuerzas Armadas para resolver la crisis de 1930, aun cuando hubieran intervenido personalmente en el derrocamiento del gobierno radical.

La Federación Nacional Democrática y la oposición al corporativismo

Después del derrocamiento de Yrigoyen, Federico Pinedo manifestó sus reservas acerca de la orientación política que comenzaba a adoptar el gobierno provisional del general Uriburu. Aunque había colaborado activamente en la conspiración y participado del levantamiento del 6 de septiembre de 1930, consideraba que la misión del nuevo gobierno debía limitarse a restablecer el orden institucional y convocar a elecciones generales en el menor tiempo posible. La composición del gabinete no contribuyó a disipar sus inquietudes. Uriburu había designado a varias personalidades que habían ocupado funciones públicas antes de 1916, algunas de ellas durante la presidencia de Roque Sáenz Peña, a quienes Pinedo juzgaba insuficientemente familiarizadas con los nuevos problemas políticos, sociales y económicos del país y del mundo. En particular, desconfiaba de Matías Sánchez Sorondo, designado ministro del Interior, por su acercamiento a los sectores nacionalistas, así como de Carlos Ibarguren, antiguo dirigente del Partido Demócrata Progresista y partidario de una reorganización corporativa del Estado, que había sido nombrado interventor federal de Córdoba. Según recordaría posteriormente en una entrevista para el Archivo de Historia Oral del Instituto Torcuato Di Tella, estas circunstancias llevaron a Pinedo y a otros dirigentes socialistas independientes a adoptar desde los primeros días una posición crítica frente al gobierno provisional. Sus diferencias no se referían al derrocamiento de Yrigoyen, que habían respaldado, sino a la posibilidad de que el nuevo régimen pretendiera sustituir definitivamente las instituciones representativas por otras de carácter corporativo.

El 11 de septiembre de 1930, antiguos legisladores pertenecientes al denominado Grupo de los 44, integrado por socialistas independientes y representantes de distintos partidos conservadores y liberales provinciales, se reunieron para constituir una coalición política que permitiera coordinar sus actividades durante la transición. La comisión organizadora quedó integrada, entre otros, por los socialistas independientes Antonio de Tomaso y Federico Pinedo; Juan Ramón Vidal, del autonomismo correntino; representantes de la Unión Provincial de Salta y del liberalismo de San Luis; los conservadores bonaerenses Rodolfo Moreno y Antonio Santamarina; los demócratas cordobeses Miguel Ángel Cárcano y José Aguirre Cámara, y el liberal tucumano José Lucas Penna. El 27 de septiembre quedó constituida la Federación Nacional Democrática, cuyas bases políticas fueron redactadas por Moreno y De Tomaso. La nueva agrupación procuraba reunir a las principales fuerzas opositoras al yrigoyenismo sin exigir la desaparición de sus respectivas organizaciones partidarias. Estaba dirigida por una junta nacional integrada por delegados de los distintos distritos y una convención encargada de aprobar el programa y seleccionar las candidaturas presidenciales. La representación en esta última combinaba delegados fijos con otros asignados de acuerdo con la importancia electoral de cada agrupación. Pinedo defendió esta estructura federativa porque consideraba que permitía coordinar partidos de distintas tradiciones políticas sin obligarlos a renunciar a sus principios particulares. El programa de la Federación establecía la defensa de la Constitución Nacional y del régimen representativo, al tiempo que proponía determinadas reformas institucionales. Entre ellas figuraban la elección directa de los senadores nacionales, mayores restricciones a las intervenciones federales, el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial y una delimitación más precisa de las atribuciones tributarias de la Nación y las provincias. Sus dirigentes reclamaban la inmediata convocatoria a elecciones nacionales y provinciales y sostenían que cualquier reforma constitucional debía ser considerada después de la reconstrucción de los poderes legales de la República. En el plano político, buscaron ampliar el entendimiento hacia los radicales antipersonalistas, los radicales de Entre Ríos, el Partido Demócrata Progresista e incluso el Partido Socialista.

Las diferencias con Uriburu se hicieron evidentes el 1 de octubre de 1930, cuando el presidente provisional publicó el manifiesto El pensamiento político de la Revolución, en el que propuso una reforma constitucional destinada a modificar la representación popular. El general sostenía que la democracia solamente adquiriría contenido efectivo cuando los legisladores dejaran de representar a los partidos políticos para convertirse en representantes de los obreros, ganaderos, agricultores, industriales, profesionales y otros sectores de la sociedad. La declaración también contemplaba la convocatoria a elecciones legislativas para constituir un Congreso que pudiera intervenir en la futura reforma constitucional, aun mientras continuara en funciones el Poder Ejecutivo provisional. El manifiesto fue interpretado por Pinedo y los demás dirigentes de la Federación como un retorno de Uriburu a los proyectos corporativistas que habían cuestionado durante las negociaciones anteriores al golpe. Las declaraciones posteriores de Ibarguren, favorables a la sustitución de la representación democrática por un régimen de corporaciones, contribuyeron a profundizar las diferencias. La Federación respondió reafirmando su adhesión a la Constitución y al sistema electoral vigente, y organizó actos públicos en los que sus dirigentes rechazaron la orientación institucional promovida por el gobierno.

Durante las semanas posteriores al levantamiento, Pinedo participó también de un homenaje del PSI a sus antiguos legisladores. En aquella oportunidad respondió a quienes cuestionaban la actuación de los partidos políticos y sostuvo que los socialistas independientes habían sacrificado voluntariamente una posición parlamentaria favorable al colaborar con el derrocamiento de Yrigoyen. Recordó que el partido había conseguido una importante representación en la Cámara de Diputados y que sus legisladores habían perdido sus bancas como consecuencia de la disolución del Congreso, sin tener certeza de recuperarlas en las futuras elecciones. Consideró que ese comportamiento demostraba que la actividad política no respondía necesariamente a intereses personales o a la búsqueda de cargos públicos, sino que podía estar inspirada por aspiraciones de orden colectivo. Defendió, asimismo, la dedicación de quienes intervenían en la vida pública pese a las dificultades, sacrificios y responsabilidades que aquella actividad implicaba. El 9 de noviembre de 1930, durante un congreso del Partido Socialista Independiente, Pinedo pronunció un discurso en defensa de la incorporación de la agrupación a la Federación Nacional Democrática. Sostuvo que ninguna de las fuerzas comprometidas con la restauración constitucional se encontraba en condiciones de asegurar por sí sola una mayoría nacional y que la cooperación electoral constituía una necesidad para enfrentar tanto al yrigoyenismo como a los proyectos de reorganización corporativa. Recurrió a ejemplos de la política europea, particularmente a las experiencias de colaboración parlamentaria de la socialdemocracia alemana, para justificar los acuerdos entre partidos de orientaciones diferentes. Al mismo tiempo, rechazó que aquella cooperación implicara la desaparición del socialismo independiente o su absorción por las fuerzas conservadoras.

El 14 de noviembre, Pinedo integró una delegación de la Federación que se entrevistó con el ministro del Interior, Matías Sánchez Sorondo, para discutir la orientación institucional del gobierno. Durante la reunión se examinaron posibles reformas relacionadas con el funcionamiento del Congreso Nacional, la independencia del Poder Judicial y las autonomías provinciales, sin plantearse la sustitución del régimen representativo por una organización corporativa. Los visitantes reiteraron su exigencia de convocar rápidamente a elecciones y se retiraron con la impresión de que existían posibilidades de alcanzar un entendimiento. Sin embargo, el gobierno aclaró posteriormente que la coincidencia en determinados puntos no significaba que hubiera renunciado a proponer otras modificaciones constitucionales. El plan político defendido por Uriburu contemplaba la convocatoria gradual a elecciones provinciales para constituir las legislaturas, elegir posteriormente a los senadores nacionales y organizar los gobiernos de las provincias intervenidas. Una vez elegidos los diputados nacionales y restablecido el funcionamiento del Congreso, el Poder Ejecutivo provisional sometería a consideración de los representantes las reformas constitucionales y legales que estimara necesarias. Los dirigentes de la Federación objetaban que ese procedimiento podía prolongar injustificadamente el gobierno militar y condicionar la reconstrucción de las autoridades constitucionales a la aprobación de su programa de reformas.

Las relaciones se agravaron después del discurso que Uriburu pronunció el 13 de diciembre de 1930 en la Escuela Superior de Guerra. Durante su intervención, el presidente provisional atacó a los partidos políticos, acusó a sus dirigentes de demagogia e irresponsabilidad y cuestionó la capacidad del electorado para decidir sobre los asuntos públicos. Entre otras afirmaciones, sostuvo que el 60% de los votantes eran analfabetos y que, por esa razón, constituían la mayoría que decidía las elecciones. Pinedo rechazó aquella afirmación y señaló que los analfabetos representaban el 21,9% del padrón electoral, cifra considerablemente inferior a la mencionada por Uriburu. El discurso provocó una nueva crisis en las relaciones entre el gobierno y la Federación Nacional Democrática. Sus dirigentes, que tenían prevista una audiencia con el presidente provisional dos días después, resolvieron no concurrir. Según Pinedo, la hostilidad del gobierno hacia la coalición era particularmente intensa contra los socialistas independientes, a quienes algunos sectores nacionalistas consideraban responsables de las principales resistencias políticas a la reforma corporativa.

La reorganización de los partidos y las elecciones bonaerenses de 1931

Paralelamente a sus diferencias con Uriburu, Pinedo continuó interviniendo en las negociaciones destinadas a consolidar la Federación Nacional Democrática como una fuerza de alcance nacional. Consideraba que la coalición podía reunir a sectores conservadores, radicales antipersonalistas y socialistas independientes sobre la base de un programa común de gobierno, sin necesidad de crear un partido único. Con ese propósito, realizó gestiones para ofrecer la presidencia de la Federación a Julio Argentino Roca (h), dirigente del Partido Demócrata de Córdoba y figura vinculada a la tradición política conservadora. Sin embargo, durante los primeros meses de 1931 comenzaron a profundizarse las diferencias entre los partidos integrantes de la Federación. Los dirigentes conservadores bonaerenses, interesados en fortalecer su organización y en coordinarse con agrupaciones similares del interior, impulsaron la constitución de un partido nacional unificado. Antonio Santamarina, en representación de los conservadores, dirigió una invitación al Partido Socialista Independiente para incorporarse al nuevo agrupamiento. Pinedo respondió rechazando la propuesta, argumentando que la estructura federativa resultaba más apropiada para reunir a partidos de distintas tradiciones políticas y conservar la amplitud de la coalición opositora al yrigoyenismo. Las gestiones conservadoras culminaron posteriormente con la creación del Partido Demócrata Nacional, integrado principalmente por agrupaciones provinciales vinculadas con la tradición del antiguo Partido Autonomista Nacional. El Partido Socialista Independiente conservó su organización y continuó defendiendo la posibilidad de acuerdos electorales sin una fusión partidaria.

Mientras se desarrollaban estas negociaciones, el gobierno provisional convocó a elecciones provinciales, entre ellas las de Buenos Aires, previstas para el 5 de abril de 1931. En aquellos comicios, la Unión Cívica Radical presentó la fórmula encabezada por Honorio Pueyrredón y Mario Guido, que obtuvo una victoria sobre los conservadores por una diferencia aproximada de treinta mil votos, aunque sin alcanzar una mayoría absoluta en el Colegio Electoral. El resultado provocó una crisis en el gobierno provisional y determinó las renuncias del ministro del Interior, Matías Sánchez Sorondo, y del interventor federal bonaerense, Carlos Meyer Pellegrini. La victoria radical llevó a Uriburu a suspender las restantes elecciones provinciales previstas y abrió una nueva etapa de incertidumbre sobre la normalización institucional. Pinedo cuestionó la actitud del gobierno y defendió la necesidad de respetar los resultados de los comicios, aun cuando estos hubieran favorecido a una agrupación cuyos dirigentes habían sido adversarios del movimiento de septiembre. Consideraba que la legitimidad del régimen representativo dependía de que las autoridades respetaran la expresión electoral de la ciudadanía y no modificaran arbitrariamente sus decisiones en función de los resultados obtenidos.

Durante los meses siguientes, el gobierno provisional abandonó gradualmente sus planes de establecer un régimen corporativo y avanzó hacia la convocatoria a elecciones nacionales. Entretanto, el expresidente Marcelo T. de Alvear regresó a la Argentina y asumió un papel central en la reorganización de la Unión Cívica Radical, mientras que los partidos conservadores, antipersonalistas y socialistas independientes comenzaron a considerar la candidatura presidencial del general ingeniero Agustín P. Justo. Pinedo participó activamente de estas negociaciones, procurando mantener la autonomía de su partido y asegurar que el futuro gobierno respetara las instituciones representativas.

Actividad periodística y económica durante 1931

Durante 1931, Pinedo desarrolló también una importante actividad periodística y económica. Después de la clausura del diario Crítica, dispuesta por el gobierno provisional en mayo, y de la detención de su director Natalio Botana y de su esposa Salvadora Medina Onrubia, intervino en las gestiones destinadas a preservar la empresa editora del periódico, la Sociedad Poligráfica Argentina. Ante el riesgo de confiscación de sus bienes, las acciones de la sociedad fueron transferidas formalmente a Pinedo, quien promovió actuaciones judiciales destinadas a proteger el patrimonio de la empresa. Paralelamente, se reorganizó su directorio, con la incorporación de Agustín P. Justo, Antonio de Tomaso y el propio Pinedo. El 8 de agosto de 1931, la sociedad comenzó a publicar el periódico Jornada, bajo la dirección de Alberto Cordone, antiguo colaborador de Botana. Sin embargo, pronto surgieron discrepancias entre Cordone y los dirigentes políticos que intervenían en la administración de la empresa. El 9 de septiembre, Cordone presentó su renuncia después de un enfrentamiento con Pinedo, a quien acusó de intervenir indebidamente en la orientación periodística y de procurar utilizar el diario para favorecer las candidaturas del Partido Socialista Independiente. Las acusaciones fueron expuestas en una carta posteriormente difundida por la prensa, en el contexto de las disputas sobre la autonomía editorial y la utilización política del periódico. La participación de Pinedo en estos acontecimientos constituyó una prolongación de su actividad opositora al gobierno provisional y de sus esfuerzos por asegurar medios de expresión para las fuerzas partidarias.

Al mismo tiempo, continuó ocupándose de los problemas financieros y monetarios provocados por la crisis económica internacional. Durante 1931 pronunció en el Colegio Libre de Estudios Superiores de Buenos Aires un ciclo de cuatro conferencias titulado Nuestro problema monetario, cuyos textos fueron publicados entre julio y octubre de ese año en la revista Cursos y Conferencias. La primera exposición, titulada La ley de conversión, examinó los fundamentos de la legislación monetaria argentina. La segunda, Virtudes y defectos de nuestro sistema monetario, estuvo dedicada a las características y limitaciones del régimen vigente. La tercera, El sistema monetario de otros países, comparado con el nuestro, analizó las experiencias monetarias extranjeras, mientras que la cuarta, El Banco Central y la organización del crédito, abordó los problemas de la organización bancaria y las propuestas de reforma del sistema crediticio nacional. En aquellas intervenciones, Pinedo defendió posiciones favorables al restablecimiento de la convertibilidad monetaria y manifestó reservas frente al proyecto de creación de un Banco Central considerado durante el gobierno de Uriburu. Sus exposiciones reflejaban el interés que había desarrollado por las cuestiones monetarias desde sus primeros años de actividad parlamentaria y anticipaban su posterior participación en las reformas económicas del gobierno de Justo. No obstante, sus posiciones sobre la organización bancaria experimentarían modificaciones durante los años siguientes, especialmente cuando asumió el Ministerio de Hacienda y participó en la creación del Banco Central de la República Argentina en 1935.

Las controversias constitucionales de octubre de 1931

La reorganización electoral culminó durante el segundo semestre de 1931 con el apoyo del Partido Socialista Independiente a la candidatura presidencial del general Agustín P. Justo. El 19 de septiembre, el II Congreso del partido formalizó su adhesión después de que el candidato aceptara un programa institucional que reclamaba la prescindencia política de las Fuerzas Armadas, el respeto de las atribuciones constitucionales del Congreso Nacional, la responsabilidad de los ministros ante las instituciones republicanas y la preservación de las autonomías provinciales. Pinedo desempeñó un papel destacado en la defensa de aquella política de colaboración electoral y sostuvo la conveniencia de constituir un gobierno apoyado por distintas fuerzas partidarias, capaz de restablecer el funcionamiento regular de las instituciones. Sin embargo, continuó cuestionando las decisiones del gobierno provisional que consideraba incompatibles con los principios constitucionales cuya vigencia reclamaba.

A fines de septiembre, la Unión Cívica Radical proclamó la fórmula presidencial integrada por Marcelo T. de Alvear y Adolfo Güemes. Pinedo examinó inmediatamente la candidatura desde el punto de vista constitucional y señaló que la postulación de Alvear presentaba un impedimento derivado de las restricciones establecidas por los artículos 77 y 78 de la Constitución Nacional de 1853, que prohibían la reelección presidencial sin el intervalo de un período completo. Como Alvear había concluido su presidencia en 1928, Pinedo consideraba que no podía volver a ocupar el cargo antes de 1934. Pese a aquellas objeciones, expresó su deseo de que el radicalismo participara de las elecciones y manifestó su oposición a las restricciones impuestas por el gobierno provisional a sus dirigentes. En un artículo publicado después de la proclamación de la fórmula, reconoció las cualidades personales y políticas de Alvear, pero exhortó a la Unión Cívica Radical a presentar una candidatura que no pudiera ser cuestionada jurídicamente. Sostuvo que los socialistas independientes deseaban competir con el radicalismo y discutir ante el electorado su derecho a gobernar, pero que aquella competencia debía desarrollarse con garantías para todos los participantes y sin las limitaciones arbitrarias establecidas por las autoridades militares.

El gobierno provisional resolvió finalmente vetar la candidatura de Alvear y Güemes, alegando la inelegibilidad constitucional del expresidente. Pinedo reaccionó mediante un nuevo artículo, publicado el 9 de octubre de 1931 en la prensa partidaria, en el que cuestionó tanto la decisión de la convención radical como la intervención del gobierno. Sostuvo que el radicalismo había cometido un error al proclamar y mantener una candidatura que consideraba incompatible con la Constitución, pese a las advertencias recibidas. Sin embargo, afirmó también que el Poder Ejecutivo provisional carecía de atribuciones para excluir administrativamente a los candidatos y que la decisión sobre su elegibilidad correspondía a los mecanismos establecidos por la propia Constitución. Según Pinedo, el gobierno había procedido de manera arbitraria al adoptar una resolución que excedía sus facultades, mientras que los dirigentes radicales habían contribuido a provocar el conflicto mediante una candidatura jurídicamente vulnerable. Consideró que ambas partes habían actuado incorrectamente y rechazó los argumentos empleados por el gobierno para justificar el veto, cuya fundamentación juzgaba artificiosa y carente de respaldo constitucional suficiente. Su posición combinaba, por tanto, la crítica a la candidatura de Alvear con la defensa del derecho de los partidos a participar en los comicios sin restricciones impuestas discrecionalmente por las autoridades de facto.

Al día siguiente, el 10 de octubre, Pinedo volvió a intervenir en la discusión política mediante un artículo titulado "Más leña a la hoguera", dedicado a la decisión gubernamental de anular las elecciones celebradas el 5 de abril en la provincia de Buenos Aires. Consideró que aquella medida agravaba la crisis institucional abierta por el veto de la fórmula radical y contradecía los compromisos de respetar los resultados electorales que el gobierno había asumido después del golpe. Pinedo señaló que la anulación no perjudicaba directamente al PSI, que no perdía bancas legislativas ni representantes en el Colegio Electoral y que incluso podía beneficiarse de una nueva convocatoria. Por esa razón, sostuvo que su condena a la medida no obedecía a intereses electorales inmediatos. Reconoció, asimismo, que los comicios de abril no habían constituido un ejemplo de absoluta corrección y recordó que su partido había denunciado durante la campaña la permanencia del estado de sitio, las restricciones impuestas a la prensa y las persecuciones contra militantes radicales. Sin embargo, consideraba que aquellas irregularidades no justificaban que el gobierno desconociera los resultados una vez celebradas las elecciones. Cuestionó especialmente el argumento oficial de que la ausencia de una mayoría absoluta para elegir gobernador permitía invalidar los comicios. Observó que esa consideración no podía extenderse a la elección de diputados y senadores provinciales, para la cual no se exigía el mismo requisito. También rechazó que el gobierno pudiera desconocer sus compromisos anteriores invocando circunstancias políticas posteriores. A su juicio, la anulación de resultados reconocidos como auténticos constituía un precedente peligroso para la vigencia del sufragio y podía desacreditar el proceso de normalización institucional.

Estas intervenciones expresaron una de las principales posiciones políticas que Pinedo sostuvo durante el gobierno provisional. Aunque continuaba justificando el derrocamiento de Yrigoyen y respaldaba la candidatura de Justo, consideraba que el restablecimiento de las instituciones exigía la participación electoral de todas las agrupaciones, incluida la Unión Cívica Radical, y el respeto de las decisiones del electorado. Su oposición a los vetos y anulaciones gubernamentales no implicaba una reconciliación política con el yrigoyenismo, sino la defensa de un procedimiento institucional que estimaba indispensable para asegurar la legitimidad del futuro gobierno.

Las elecciones nacionales de 1931 y su regreso al Congreso

La campaña electoral de 1931 terminó por consolidar la candidatura presidencial de Agustín P. Justo, respaldada por los sectores radicales antipersonalistas, los demócratas nacionales y los socialistas independientes, que comenzaron a actuar conjuntamente bajo la denominación de Concordancia. Aunque existieron discrepancias acerca de la candidatura vicepresidencial, los demócratas nacionales apoyaron a Julio Argentino Roca (h), mientras que una parte del radicalismo antipersonalista sostuvo la candidatura de José Nicolás Matienzo. El PSI tan sólo proclamó la candidatura presidencial de Justo, asegurando que votaría en el Colegio Electoral por el candidato vicepresidencial que reuniera el mayor apoyo en las elecciones. Frente a estas agrupaciones se presentó la Alianza Civil, también conocida como Alianza Demócrata-Socialista, integrada por el Partido Demócrata Progresista y el Partido Socialista, que proclamó las candidaturas de Lisandro de la Torre y Nicolás Repetto. Entretanto, la Unión Cívica Radical, después del veto gubernamental a la fórmula Alvear-Güemes, resolvió abstenerse de participar en los comicios, circunstancia que condicionó decisivamente el desarrollo de la competencia electoral.

En las elecciones nacionales del 8 de noviembre de 1931, Justo obtuvo la victoria presidencial, mientras que la Alianza Demócrata-Socialista consiguió sus principales triunfos en la Capital Federal y Santa Fe. La elección se desarrolló en un contexto caracterizado por la exclusión de la principal candidatura radical, la abstención de ese partido y distintas irregularidades denunciadas durante el proceso electoral. En la Capital Federal, la Alianza obtuvo aproximadamente 175.000 votos, frente a unos 90.600 sufragios recibidos por Federico Pinedo, candidato más votado del Partido Socialista Independiente. Pinedo resultó elegido diputado nacional por tercera vez en su trayectoria política, encabezando la representación socialista independiente por la Capital Federal, que obtuvo diez bancas correspondientes a la minoría. Su elección le permitió regresar al Congreso después de la interrupción de su anterior mandato, producida por la disolución de las cámaras legislativas durante el golpe del 6 de septiembre de 1930. Por su parte, Antonio de Tomaso, principal dirigente del socialismo independiente y estrecho colaborador de Pinedo, fue derrotado en las elecciones senatoriales de la Capital Federal. Posteriormente sería designado ministro de Agricultura en el gabinete del presidente Justo.

La organización parlamentaria de la Concordancia

Durante los primeros meses de 1932, Pinedo intervino activamente en las negociaciones destinadas a coordinar la actuación de los distintos grupos legislativos que apoyaban al presidente Justo. Aunque las fuerzas conservadoras, radicales antipersonalistas y socialistas independientes habían colaborado en la elección presidencial de noviembre de 1931, mantenían diferencias políticas y programáticas que dificultaban su actuación conjunta en el Congreso.

En julio de 1932 participó de las gestiones que llevaron a organizar la denominada Concordancia parlamentaria, concebida como un mecanismo de cooperación entre las agrupaciones oficialistas. La iniciativa contemplaba la creación de una comisión ejecutiva encargada de coordinar las actividades de los legisladores, facilitar acuerdos sobre los proyectos de ley y organizar reuniones entre los representantes de los distintos partidos. Pinedo defendió la necesidad de establecer una cooperación que permitiera sostener la acción gubernamental sin obligar a las fuerzas participantes a renunciar a sus respectivas identidades políticas. El entendimiento respondía a una concepción que Pinedo había sostenido desde la formación de la Federación Nacional Democrática en septiembre de 1930. Consideraba que la diversidad de tradiciones políticas existentes entre conservadores, radicales antipersonalistas y socialistas independientes no impedía alcanzar acuerdos sobre determinadas cuestiones institucionales y económicas. La Concordancia no constituyó, por tanto, un partido político único ni eliminó las diferencias entre sus integrantes, sino que estableció mecanismos de coordinación parlamentaria destinados a facilitar la sanción de las iniciativas gubernamentales.^[6]

Actividad legislativa y debates económicos de 1932

Durante 1932, Pinedo intervino en distintas discusiones relacionadas con la reorganización de las finanzas públicas, la legislación tributaria y las atribuciones constitucionales del Congreso frente al Poder Ejecutivo. El 24 de junio presentó una moción para que las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Negocios Constitucionales examinaran conjuntamente el veto presidencial al artículo 8.º de la Ley 11.584, correspondiente a las modificaciones del presupuesto nacional de aquel ejercicio. La propuesta fue aprobada por la Cámara y el asunto volvió a considerarse el 12 de agosto, cuando se trataron los dictámenes de ambas comisiones. Mediante aquella iniciativa, Pinedo procuró que el conflicto se examinara no solamente desde el punto de vista financiero, sino también en relación con las atribuciones constitucionales de los poderes Legislativo y Ejecutivo.

El 20 de septiembre participó de un debate sobre la Comisión Nacional del Azúcar, organismo establecido durante el gobierno provisional de Uriburu para intervenir en los problemas de la producción azucarera. La discusión se originó en las objeciones formuladas por diputados socialistas a la participación de los legisladores tucumanos José Ignacio Aráoz y Julio Simón Padrós en aquella comisión, debido a sus vinculaciones con los productores cañeros y los industriales del sector. Pinedo intervino en defensa de ambos diputados, junto con el conservador Rodolfo Corominas Segura. Sostuvo que la pertenencia de un legislador a una determinada actividad económica no constituía, por sí misma, una incompatibilidad con el ejercicio de la representación parlamentaria. Argumentó que los electores podían escoger deliberadamente a representantes vinculados con determinadas actividades productivas, precisamente por sus conocimientos y experiencia en las cuestiones que afectaban a esos sectores. Como ejemplo mencionó al diputado conservador Luis Duhau, cuya vinculación con la ganadería consideraba compatible con el desempeño de sus responsabilidades legislativas. Para Pinedo, la presencia de empresarios, productores rurales o dirigentes vinculados con distintas actividades económicas podía contribuir al conocimiento de los problemas nacionales, siempre que aquellos representantes fueran capaces de anteponer el interés general a sus intereses particulares. Su posición dio lugar a una controversia con los diputados socialistas, quienes cuestionaban especialmente la participación simultánea de legisladores en organismos estatales relacionados con las actividades económicas que representaban. El debate puso de manifiesto las diferencias existentes acerca de las incompatibilidades parlamentarias y de la participación de los sectores productivos en los organismos consultivos del Estado.^[7]

Una de sus actuaciones más importantes de aquel año tuvo lugar durante el tratamiento de la legislación del impuesto a los réditos. En las sesiones extraordinarias del 28 y 29 de diciembre de 1932, Pinedo intervino repetidamente en la discusión particular del proyecto que daría origen a la Ley 11.682. Como participante de los trabajos de comisión, defendió distintas disposiciones, propuso modificaciones y respondió a las objeciones formuladas por otros legisladores. Entre las cuestiones examinadas figuraron la determinación de las ganancias netas sujetas al impuesto, el tratamiento tributario de las instituciones bancarias y las sociedades anónimas, la imposición sobre las remuneraciones de sus directores y la necesidad de evitar que determinados ingresos fueran gravados más de una vez. Pinedo sostuvo que las entidades financieras debían tributar sobre sus beneficios efectivos, una vez consideradas las deducciones correspondientes, y procuró armonizar las disposiciones relativas a las distintas clases de réditos. También intervino en la discusión sobre la aplicación del impuesto a los empleados de los gobiernos provinciales. Ante las objeciones formuladas por otros diputados, defendió el carácter general de la obligación tributaria y sostuvo que el origen nacional o provincial de las remuneraciones no debía determinar, por sí mismo, la exclusión de los contribuyentes del gravamen. Distinguió, sin embargo, la obligación de pagar el impuesto de los mecanismos administrativos mediante los cuales podían efectuarse las retenciones correspondientes.

En las mismas sesiones participó de la revisión de disposiciones transitorias destinadas a regular la aplicación de la nueva legislación a los réditos correspondientes al ejercicio de 1932, procurando evitar contradicciones entre las normas anteriores y el régimen que se encontraba en discusión. Sus intervenciones contribuyeron a la elaboración parlamentaria de la Ley 11.682, sancionada definitivamente el 4 de enero de 1933, que estableció un nuevo régimen nacional del impuesto a los réditos. La participación de Pinedo en aquellos debates constituyó un antecedente importante de su posterior actividad ministerial. Durante su mandato legislativo había adquirido experiencia directa en el tratamiento de los problemas presupuestarios y tributarios que, pocos meses después, debería enfrentar desde la conducción del Ministerio de Hacienda.

La reforma del reglamento parlamentario y la moratoria hipotecaria

Durante 1933, Pinedo continuó interviniendo en las iniciativas legislativas de la Concordancia, especialmente en aquellas relacionadas con el funcionamiento de la Cámara de Diputados y las consecuencias económicas de la crisis. Entre las primeras figuró una reforma del reglamento parlamentario impulsada por los legisladores oficialistas, destinada a modificar los procedimientos de discusión de los proyectos y establecer limitaciones temporales a determinadas intervenciones. Pinedo se contó entre sus principales defensores, mientras que la oposición socialista cuestionó la medida por considerar que favorecía a la mayoría gubernamental y restringía las posibilidades de discusión de las bancadas minoritarias. La controversia reflejó las diferencias existentes entre los partidos oficialistas y opositores sobre la organización del trabajo parlamentario y el equilibrio entre la eficacia legislativa y las facultades de deliberación de los diputados. En junio de 1933 participó también del debate sobre un proyecto de moratoria hipotecaria, destinado a aliviar la situación de los deudores afectados por la crisis económica. La iniciativa contemplaba la prórroga de determinadas obligaciones garantizadas con hipotecas y abrió una discusión sobre la posibilidad de reducir o postergar el pago de los intereses convenidos.

Durante la sesión del 23 de junio, Pinedo se manifestó contrario a la disminución de los intereses pactados, posición que también sostuvo el diputado Carlos D. Courel. Sus argumentos fueron cuestionados por Julio Simón Padrós y Adolfo Dickmann, quienes sostuvieron que la medida debía interpretarse como una moratoria parcial de intereses y no como una quita definitiva de las obligaciones contractuales. Para estos últimos, la postergación de los pagos no vulneraba necesariamente los derechos constitucionales de los acreedores. La discusión enfrentó distintas interpretaciones acerca de los límites de la intervención legislativa sobre las relaciones contractuales privadas en circunstancias de emergencia económica. Pinedo manifestó reservas frente a las modificaciones de los intereses convenidos, mientras que los partidarios de la medida defendieron la necesidad de proporcionar alivio a los deudores hipotecarios. La controversia formó parte de los debates que antecedieron a la legislación de moratoria hipotecaria sancionada posteriormente por el Congreso Nacional. Estas intervenciones, junto con sus actuaciones en materia presupuestaria y tributaria, mostraron su participación en las principales discusiones económicas de la legislatura, en un período durante el cual la caída de los precios agropecuarios, las dificultades del crédito y la reducción de los ingresos fiscales obligaban al gobierno y al Congreso a considerar nuevas formas de intervención estatal.^[8][9]

La muerte de Antonio de Tomaso y su incorporación al Ministerio de Hacienda

Durante los primeros meses de 1933, el gobierno de Justo comenzó a experimentar dificultades en la conducción de su política económica, particularmente por las discrepancias existentes en torno a las medidas monetarias, financieras y comerciales que debían adoptarse para enfrentar la crisis. Estas diferencias contribuyeron al alejamiento del ministro de Hacienda, Alberto Hueyo, cuya salida abrió una vacante en una de las carteras centrales del gabinete nacional. El 3 de agosto de 1933 falleció Antonio de Tomaso, ministro de Agricultura y uno de los principales fundadores y dirigentes del Partido Socialista Independiente. Su muerte significó la pérdida de un estrecho colaborador político de Pinedo, con quien había participado de la fundación del partido en 1927, de la oposición al segundo gobierno de Yrigoyen y de las negociaciones que llevaron a la organización de la Concordancia. Pinedo participó de los homenajes parlamentarios dedicados a su antiguo compañero, en medio de las gestiones destinadas a reorganizar el gabinete presidencial. El 18 de setiembre de 1933 se realizó un “funeral cívico” en el que habló Federico Pinedo y actuó la Asociación Sinfónica de Buenos Aires, siendo el evento transmitido por LR6 Radio Mitre.^[10][11]

Finalmente, el presidente Justo resolvió ofrecer a Pinedo el Ministerio de Hacienda, mientras que el diputado demócrata nacional Luis Duhau fue convocado para ocupar la cartera de Agricultura. Ambos juraron sus cargos en agosto de 1933, en el contexto de una reorganización de la conducción económica del gobierno. La designación de Pinedo representó su primera incorporación al Poder Ejecutivo nacional, después de más de una década de actuación parlamentaria y de una prolongada actividad dedicada al estudio de los problemas monetarios y financieros. Con su salida de la Cámara de Diputados concluyó anticipadamente el mandato legislativo para el que había sido elegido en noviembre de 1931. Tenía entonces treinta y ocho años y había completado tres períodos de actuación parlamentaria, durante los cuales pasó del Partido Socialista a la fundación del PSI y, posteriormente, a la integración de la coalición que sostenía al presidente Justo.

Nombramiento y situación económica nacional

El 24 de agosto de 1933, Federico Pinedo fue designado ministro de Hacienda de la Nación por el presidente Agustín P. Justo, en reemplazo de Alberto Hueyo, quien había presentado su renuncia debido a las discrepancias surgidas dentro del gabinete acerca de la orientación de la política económica y financiera. Su nombramiento formó parte de una reorganización ministerial que incluyó la incorporación de Luis Duhau al Ministerio de Agricultura, vacante desde el fallecimiento de Antonio de Tomaso, ocurrido el 3 de agosto. Con treinta y ocho años de edad, Pinedo abandonó su banca en la Cámara de Diputados y asumió la dirección de la política financiera nacional en momentos en que la Argentina comenzaba a experimentar las primeras señales de recuperación después de la crisis económica internacional iniciada en 1929. La situación que recibió estaba caracterizada por la caída de los precios agropecuarios, la contracción del comercio exterior, la escasez de divisas, las dificultades del crédito y los desequilibrios de las finanzas públicas. La suspensión de la convertibilidad monetaria, dispuesta nuevamente en 1929, y el establecimiento del control de cambios en 1931 habían permitido afrontar parcialmente la salida de reservas, pero no habían resuelto los problemas derivados de la crisis. A ello se sumaban los fondos pertenecientes a empresas y acreedores extranjeros que permanecían inmovilizados en el país debido a la imposibilidad de transferirlos al exterior.

Frente a esa situación, Pinedo consideró necesario superar las medidas de emergencia adoptadas durante los años anteriores y formular un programa económico más amplio. Para ello contó con la colaboración de Raúl Prebisch, quien había trabajado en el Ministerio de Hacienda y en el Banco de la Nación Argentina y se convirtió en uno de sus principales asesores. Mientras Pinedo asumió la conducción política y la defensa parlamentaria de las iniciativas, Prebisch desempeñó un papel fundamental en su elaboración técnica. La cooperación entre ambos resultaría decisiva para las reformas cambiarias de 1933 y para la organización del Banco Central en 1935.

El Plan de Acción Económica Nacional de 1933

El 29 de noviembre de 1933, el gobierno dio a conocer el denominado Plan de Acción Económica Nacional, elaborado conjuntamente por los ministerios de Hacienda y Agricultura. Su objetivo era estimular la recuperación de la actividad productiva mediante una combinación de reformas monetarias, cambiarias, financieras y comerciales, complementadas con medidas de intervención sobre los mercados agropecuarios y un programa de obras públicas. El plan partía de la consideración de que la crisis no podía superarse exclusivamente mediante la reducción de los gastos públicos o la espera de una recuperación de los mercados internacionales. Pinedo sostenía que el descenso de los ingresos de los productores y trabajadores había reducido la demanda interna, provocando una disminución de las ventas, la producción y el empleo. Por ello, el gobierno debía procurar restablecer la capacidad de compra de distintos sectores económicos, sin abandonar los objetivos de ordenamiento financiero y estabilidad monetaria.

Una de las primeras medidas consistió en reorganizar el régimen de control de cambios. La reforma, aplicada desde el 28 de noviembre de 1933, estableció dos mercados cambiarios: uno oficial, sometido a tipos de compra y venta determinados administrativamente, y otro libre, destinado a las operaciones no comprendidas en el primero. Las divisas provenientes de las principales exportaciones quedaban sujetas al circuito oficial, mientras que las obtenidas mediante determinadas exportaciones no tradicionales, operaciones de capital y otras transacciones podían negociarse en el mercado libre. El nuevo sistema produjo una depreciación del peso respecto de las cotizaciones anteriores y permitió mejorar los ingresos en moneda nacional de los productores vinculados con la exportación. Al mismo tiempo, el Estado comenzó a utilizar la diferencia entre los tipos oficiales de compra y venta de divisas para constituir un Fondo de Cambios, destinado a financiar determinadas operaciones económicas y obligaciones financieras. Desde enero de 1934 se reforzó, además, el régimen de permisos previos de cambio para las importaciones, procurando evitar la acumulación de nuevas obligaciones comerciales sin disponer de las divisas necesarias para cancelarlas.

La reforma también permitió establecer prioridades en la asignación de moneda extranjera, especialmente para el servicio de la deuda pública y la importación de bienes considerados necesarios para la actividad económica. Sin embargo, el régimen introdujo diferencias entre los sectores sometidos al mercado oficial y aquellos que podían operar en el mercado libre. Por consiguiente, sus beneficios y costos no se distribuyeron de manera uniforme entre exportadores, importadores, consumidores y el Estado. Durante los dos primeros años de funcionamiento, el Fondo de Cambios se convirtió en un importante instrumento de financiación. Según las memorias oficiales de Hacienda, los ingresos provenientes del margen cambiario alcanzaron aproximadamente 119,2 millones de pesos moneda nacional en 1934 y 118,1 millones en 1935. Esos recursos se aplicaron a cubrir diferencias de cambio en pagos oficiales, financiar operaciones de las juntas reguladoras y constituir disponibilidades destinadas a otras obligaciones económicas. La utilización de este fondo permitió sostener diversas intervenciones sin financiarlas exclusivamente mediante impuestos generales, aunque supuso transferencias de recursos entre los participantes del sistema cambiario.

La conversión de la deuda pública y la normalización financiera

Paralelamente a la reorganización cambiaria, Pinedo impulsó una política destinada a reducir el costo del endeudamiento público. Consideraba que los intereses correspondientes a obligaciones contraídas antes de la crisis constituían una carga importante para las finanzas nacionales y limitaban la capacidad del Estado para afrontar nuevas necesidades económicas. La operación consiguió convertir aproximadamente el 95 % de los títulos comprendidos en el programa. Según las cifras presentadas por el Ministerio de Hacienda, el servicio anual de esas obligaciones disminuyó de 127,4 a 96,6 millones de pesos moneda nacional, lo que representó una economía de 30,8 millones anuales. Aunque la medida no implicó una reducción equivalente del capital adeudado, permitió aliviar las obligaciones del Tesoro y liberar recursos anteriormente destinados al pago de intereses. Durante 1934 se efectuaron otras ocho operaciones de conversión de deuda externa, sobre empréstitos que superaban conjuntamente los quince millones de libras esterlinas. El ministerio estimó que esas operaciones proporcionarían una economía anual aproximada de 1,4 millones de libras. Pinedo consideraba que la disminución del costo de la deuda constituía una condición necesaria para normalizar las finanzas públicas y ampliar la capacidad de actuación del Estado. También promovió medidas destinadas a resolver la situación de los deudores hipotecarios, afectados por la caída de sus ingresos y las dificultades para cumplir con sus obligaciones. En septiembre de 1933 se sancionaron disposiciones que facilitaron la postergación de amortizaciones y establecieron alivios para los prestatarios del Banco Hipotecario Nacional. Posteriormente, el gobierno impulsó operaciones de conversión de cédulas hipotecarias para reducir el costo del crédito y extender los plazos de las obligaciones.

Pinedo defendió especialmente la conveniencia de obtener la adhesión voluntaria de los tenedores de cédulas, apelando a su colaboración para distribuir las consecuencias de la crisis. No obstante, esa política coexistió con la Ley 11.741, sancionada el 28 de septiembre de 1933, que estableció una moratoria legal para determinadas obligaciones hipotecarias y limitó temporalmente los intereses exigibles. La constitucionalidad de esa intervención sería confirmada por la Corte Suprema en diciembre de 1934, en el caso Avico contra De la Pesa. El conjunto de medidas buscaba aliviar a los deudores sin provocar una desorganización del mercado hipotecario ni comprometer la estabilidad de las instituciones crediticias. Otra cuestión financiera importante fue el desbloqueo de fondos extranjeros acumulados durante los años anteriores. Mediante la emisión de empréstitos especiales, el gobierno procuró transformar esas obligaciones pendientes de transferencia en compromisos de deuda de mayor plazo. Entre las operaciones realizadas figuró un empréstito relacionado con los fondos británicos inmovilizados, cuya suscripción superó los trece millones de libras esterlinas en octubre de 1933. Estas medidas contribuyeron a regularizar pagos internacionales, aunque también significaron sustituir determinadas obligaciones comerciales por nuevas obligaciones financieras.

La creación y actuación de las juntas reguladoras

Uno de los principales instrumentos del Plan de Acción Económica fue la intervención estatal en la comercialización de productos agropecuarios. El gobierno procuró amortiguar las consecuencias de la caída de los precios internacionales y de los desequilibrios entre producción y demanda mediante organismos especializados, encargados de regular distintos mercados. La medida más directamente relacionada con la política financiera de Pinedo fue la creación de la Junta Reguladora de Granos, establecida por el Decreto 31.864 del 28 de noviembre de 1933, bajo la dependencia del Ministerio de Agricultura. El organismo debía adquirir trigo, maíz y lino a precios básicos determinados oficialmente y revenderlos a los exportadores de acuerdo con las cotizaciones internacionales. Las diferencias entre los valores de compra y venta, así como los gastos de funcionamiento, serían cubiertos con recursos del Fondo de Cambios.

La ejecución de las operaciones quedó estrechamente vinculada con el Banco de la Nación Argentina, que utilizó su red de sucursales y comisiones locales para organizar las compras, inspeccionar los productos y proporcionar financiación. De acuerdo con el decreto, el Banco debía adelantar a los vendedores el 80% del valor estipulado para los granos adquiridos. De esta manera, la intervención sobre los precios agrícolas se complementó con un mecanismo de crédito destinado a facilitar la comercialización de las cosechas. Al comenzar las operaciones, los precios básicos oficiales superaban las cotizaciones de mercado existentes antes de la reforma: para el trigo se establecieron 5,75 pesos por cada cien kilogramos, frente a 4,65 pesos de cotización previa; para el lino, 11,75 frente a 10,25; y para el maíz, 4,40 frente a 3,70 pesos. La medida procuraba impedir que los productores se vieran obligados a liquidar sus cosechas a precios considerados insuficientes y evitar ventas precipitadas que agravaran la depresión de los mercados.

La Junta efectuó operaciones de compraventa de considerable magnitud, financiadas mediante adelantos y préstamos del Banco Nación. Durante 1934, esta entidad concedió aproximadamente 125,4 millones de pesos en créditos a vendedores de granos, distribuidos en 11.393 operaciones. La financiación pendiente fue disminuyendo conforme se comercializaban las existencias adquiridas. Los resultados contables muestran que la intervención no requirió una subvención permanente de igual magnitud. En 1934, las diferencias de precios y los gastos de la Junta ascendieron aproximadamente a 8,76 millones de pesos, mientras que en 1935 se redujeron a unos 1,39 millones. Esta disminución estuvo relacionada con la evolución más favorable de las cotizaciones y las condiciones de comercialización. Sin embargo, las cifras representaban el resultado financiero de las operaciones y no el importe total de los granos comprados y vendidos.

Durante esos años también comenzaron a funcionar o se reorganizaron otras instituciones de regulación económica, entre ellas la Junta Nacional de Carnes, creada por la Ley 11.747 de 1933, y la Junta Reguladora de Vinos, establecida por la Ley 12.137 de diciembre de 1934. Asimismo, se adoptaron disposiciones para intervenir en la industria lechera y, en septiembre de 1935, se creó la Comisión Reguladora de la Producción y Comercio de la Yerba Mate. La Junta Nacional de Carnes buscó ordenar las condiciones de comercialización e industrialización de la producción ganadera y fortalecer la participación de los productores frente a las grandes empresas frigoríficas. Su legislación, preparada inicialmente durante el ministerio de Antonio de Tomaso, dio lugar a la organización de la Corporación Argentina de Productores de Carnes. Por su parte, la Junta Reguladora de Vinos procuró enfrentar los excedentes vitivinícolas mediante compras de producción, indemnizaciones y medidas destinadas a reducir la oferta. Aunque estos organismos formaron parte de la orientación intervencionista adoptada por el gobierno de Justo, no todos fueron iniciativas personales de Pinedo ni dependieron del Ministerio de Hacienda. Su participación fue especialmente importante en la organización financiera de las medidas y en su integración dentro del programa económico general, mientras que su administración correspondió principalmente al Ministerio de Agricultura, encabezado por Luis Duhau.

La política de obras públicas y la lucha contra la desocupación

El Plan de Acción Económica también contempló una ampliación de las obras públicas como instrumento para estimular la actividad productiva y combatir la desocupación. Pinedo sostenía que la reducción de los ingresos de los trabajadores repercutía sobre el consumo y contribuía a profundizar la contracción de la economía. Por ello, consideraba conveniente impulsar inversiones que permitieran proporcionar empleo y, simultáneamente, aumentar la demanda de materiales y productos nacionales. La orientación del programa consistía en favorecer aquellas obras que requirieran una proporción importante de mano de obra y pudieran ejecutarse mediante el empleo de materiales producidos en el país. Se procuró reanudar proyectos paralizados durante los años anteriores y acelerar los procedimientos administrativos que demoraban la inversión pública.

A comienzos de 1934, el Ministerio de Obras Públicas presentó un programa extraordinario inicialmente calculado en 350 millones de pesos moneda nacional. El Ministerio de Hacienda autorizó una suma de 140,5 millones, aproximadamente un 73 % superior a la asignación comparable del año anterior. Paralelamente, en enero se aprobó un plan especial de obras viales por un máximo de 51,9 millones de pesos, destinado a acelerar la construcción de caminos y favorecer el empleo de trabajadores y materiales nacionales. Estas iniciativas complementaron los programas de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo creado en 1932, antes de la llegada de Pinedo al ministerio. Por consiguiente, su actuación consistió en contribuir a la financiación y aceleración de obras desarrolladas por instituciones ya existentes. Los montos autorizados tampoco deben confundirse con las inversiones efectivamente pagadas ni con una cantidad determinada de empleos creados.

Durante su gestión también se estableció la Junta Nacional contra la Desocupación, conocida como JUNALD, creada por la Ley 11.896 del 21 de agosto de 1934 y organizada institucionalmente durante 1935. El organismo, dependiente del Ministerio del Interior, recibió atribuciones para estudiar las condiciones del desempleo, proporcionar asistencia a personas sin recursos, promover su capacitación laboral y facilitar el traslado de trabajadores hacia regiones que necesitaran mano de obra. Entre los servicios vinculados con esta política figuraban los albergues y comedores destinados a personas desocupadas, además de proyectos de escuelas-taller y programas de traslado para ocupaciones agrícolas estacionales. Parte de esas actividades había comenzado antes de la creación de la Junta y otras alcanzaron mayor desarrollo durante los años posteriores a 1935. La JUNALD no dependía administrativamente de Pinedo, pero su creación coincidió con los esfuerzos del gobierno para combinar la reactivación de la demanda interna con medidas específicas de asistencia a los sectores afectados por la desocupación. Su funcionamiento también reflejó las limitaciones de la protección social existente, pues la asistencia se proporcionaba mediante programas selectivos y sujetos a determinadas condiciones, sin constituir un sistema universal de seguro de desempleo.

La reorganización tributaria y las finanzas públicas

La gestión de Pinedo incluyó también medidas destinadas a reorganizar la recaudación y mejorar las relaciones fiscales entre la Nación y las provincias. Una de las reformas más importantes fue la Ley 12.139, sancionada el 21 de diciembre de 1934, que estableció un sistema de unificación y distribución de impuestos internos. Hasta entonces, la superposición de gravámenes nacionales y provinciales sobre determinadas actividades y productos había originado dificultades administrativas y diferencias entre jurisdicciones. El nuevo régimen buscó establecer condiciones más uniformes de tributación y distribuir parte de la recaudación nacional entre las provincias que adhirieran a sus disposiciones. La aplicación de la ley requirió acuerdos con los gobiernos provinciales y mecanismos de compensación por la supresión o modificación de impuestos locales. Durante 1935 comenzaron a efectuarse transferencias y ajustes correspondientes a las adhesiones provinciales, lo que constituyó un antecedente importante de los posteriores sistemas de coparticipación federal. La reorganización tributaria comprendió asimismo modificaciones en los impuestos sobre las transacciones y las ventas, junto con medidas destinadas a ordenar la administración de los recursos fiscales. Según la memoria de Hacienda correspondiente a 1935, la unificación de los impuestos internos habría reducido aproximadamente en nueve millones de pesos la carga sobre determinados artículos de consumo y significado para la Nación una disminución estimada de dieciocho millones en sus rentas generales. Estas cantidades representaban los cálculos efectuados por el propio ministerio.

La administración de Pinedo combinó esas reformas con las economías obtenidas mediante las conversiones de deuda y con una política de reorganización presupuestaria. El presupuesto autorizado para 1934 fue inferior al correspondiente al ejercicio anterior, aunque el de 1935 volvió a aumentar, en un contexto de recuperación económica y ampliación de determinadas actividades estatales. El gobierno procuró, por tanto, compatibilizar la normalización de las finanzas públicas con la financiación de intervenciones económicas y programas de inversión. La memoria del Ministerio de Hacienda declaró que el ejercicio de 1935 había finalizado con un superávit financiero de aproximadamente 27,1 millones de pesos moneda nacional. El propio documento reconoció que el resultado respondió tanto a las medidas administrativas y financieras adoptadas como a la mejoría de la situación económica internacional. Por ello, el equilibrio alcanzado no podía considerarse una consecuencia exclusiva de la actuación ministerial de Pinedo.

La creación del Banco Central de la República Argentina

Una de las reformas de mayor trascendencia institucional de su gestión fue la creación del Banco Central de la República Argentina, sancionada mediante la Ley 12.155 de marzo de 1935, acompañada por otras disposiciones destinadas a reorganizar el sistema bancario. La iniciativa representó una modificación importante de las posiciones monetarias que Pinedo había sostenido durante sus años como legislador. En 1931 había manifestado reservas frente a los proyectos de creación de un Banco Central, por considerar que una institución de esa naturaleza podía facilitar la emisión monetaria discrecional. Su orientación era entonces favorable al restablecimiento de la convertibilidad y al funcionamiento de la Caja de Conversión, a la que atribuía mayores garantías para limitar la expansión del circulante.

Sin embargo, la experiencia del Empréstito Patriótico de 1932, impulsado durante el ministerio de Alberto Hueyo, contribuyó a modificar su criterio. Las operaciones financieras realizadas por intermedio del Banco Nación y la Caja de Conversión demostraron que el sistema vigente tampoco impedía la utilización de mecanismos extraordinarios de emisión para financiar al Estado. Según la reconstrucción de aquel episodio, el empréstito había obtenido aproximadamente 150 millones de pesos, mientras que las operaciones monetarias relacionadas con su financiación permitieron una expansión del circulante cercana a 170 millones. Aquella experiencia llevó a Pinedo a reconsiderar la conveniencia de contar con una autoridad monetaria centralizada, dotada de normas y facultades capaces de ordenar la emisión, el crédito y la administración de las reservas. Desde esta nueva perspectiva, el Banco Central podía servir no solamente como instrumento de política monetaria, sino también como una institución destinada a impedir que las necesidades financieras circunstanciales del gobierno condujeran a nuevas expansiones monetarias sin una regulación adecuada.

Los antecedentes inmediatos de la reforma incluían el proyecto elaborado por el especialista británico Otto Niemeyer durante la gestión de Hueyo. Sin embargo, Pinedo encargó a Raúl Prebisch la revisión de aquella propuesta, que fue modificada para adaptarla a las características de la economía argentina y otorgar mayores facultades de intervención frente a las fluctuaciones del ciclo económico. El programa legislativo comprendió la creación del Banco Central, el establecimiento de una ley general de bancos, la organización del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias y la reforma de las cartas orgánicas del Banco de la Nación Argentina y del Banco Hipotecario Nacional. Pinedo asumió la conducción política del proyecto y presidió la comisión organizadora encargada de poner en funcionamiento las nuevas instituciones. El Banco Central comenzó sus actividades el 31 de mayo de 1935, bajo la presidencia de Ernesto Bosch y con Raúl Prebisch como primer gerente general. Fue constituido inicialmente como una entidad mixta, con participación estatal y de los bancos privados. Sus principales funciones comprendían la centralización de las reservas monetarias, la emisión de billetes, la regulación del circulante y del crédito, la supervisión bancaria y la actuación como agente financiero del Estado. Durante sus primeros meses se efectuó la transferencia de funciones anteriormente distribuidas entre la Caja de Conversión, el Banco Nación y otras dependencias.

También comenzaron las operaciones destinadas a reorganizar los balances de las instituciones financieras que habían acumulado créditos de difícil recuperación durante la depresión. Para ello se creó el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, cuya función consistía en adquirir activos inmovilizados de los bancos y facilitar su saneamiento. La reforma se financió parcialmente mediante la revaluación de las existencias de oro, que generó una diferencia contable de 701,06 millones de pesos moneda nacional. De esa suma se asignaron 390 millones al capital y las reservas del Instituto Movilizador, 289,47 millones a la cancelación de obligaciones relacionadas con el Banco Nación, diez millones al capital del Banco Central y el remanente a depósitos en la nueva institución. La creación del Banco Central permitió establecer una organización monetaria y bancaria más centralizada y dotada de instrumentos para intervenir sobre la circulación, el crédito y las reservas internacionales. No obstante, los resultados completos del saneamiento financiero se desarrollaron durante los años siguientes, después de la salida de Pinedo del ministerio. Su actuación hasta diciembre de 1935 comprendió principalmente la elaboración de la legislación, la puesta en marcha del organismo y la iniciación de las operaciones de reorganización bancaria.

La recuperación económica y las condiciones sociales

Las reformas impulsadas durante el ministerio de Pinedo coincidieron con una recuperación progresiva de la economía argentina después de los años más graves de la Gran Depresión. La mejoría comenzó a manifestarse desde 1933 y se hizo más visible durante 1934 y 1935, favorecida por la recuperación del comercio exterior, la reorganización cambiaria, el aumento de la actividad industrial y una mayor disponibilidad de crédito. Entre 1933 y 1934, el valor de las exportaciones argentinas aumentó aproximadamente un 28%, mientras que el volumen total embarcado creció alrededor de un 11%. La diferencia respondió, en parte, a la recuperación de los precios de diversos productos. La mejoría de los ingresos provenientes de las exportaciones contribuyó a estimular las actividades relacionadas con la producción agropecuaria, el transporte, el comercio y los servicios.

La normalización del crédito acompañó la mejoría. Las memorias del Banco Nación registraron un aumento de los depósitos de ahorro desde fines de 1933, especialmente en las sucursales del interior, y una disminución de determinadas necesidades extraordinarias de financiación durante 1934. Esta evolución comenzó antes de la inauguración del Banco Central, circunstancia que demuestra que la recuperación bancaria no dependió exclusivamente de la reforma institucional de 1935. Otro fenómeno importante fue el crecimiento de la industria manufacturera. La disminución de las importaciones durante los años de crisis, las restricciones cambiarias y el encarecimiento relativo de ciertos productos extranjeros favorecieron la producción nacional destinada al mercado interno. Las industrias alimenticias, textiles, químicas y metalúrgicas, entre otras, encontraron oportunidades para ampliar su participación en el abastecimiento del país. Este proceso se apoyó también en inversiones y establecimientos industriales desarrollados durante la década anterior, por lo que no constituyó una transformación iniciada exclusivamente por el gobierno de Justo. Sin embargo, las nuevas condiciones cambiarias y comerciales contribuyeron a facilitar la utilización de la capacidad productiva existente y la expansión de determinadas actividades. El Censo Industrial de 1935 registró una evolución favorable de la ocupación en los establecimientos investigados. En julio de 1934 se contabilizaban aproximadamente 430.000 obreros, cifra que ascendió a unos 469.000 en octubre de 1935.

Hacia 1935, distintas reconstrucciones históricas sitúan el producto argentino aproximadamente en los niveles anteriores a la depresión. La mejoría económica permitió ampliar la actividad comercial, recuperar parte del crédito y mejorar la situación de determinadas ramas productivas. No obstante, sus resultados deben considerarse dentro de un proceso más amplio, influido por la evolución de los mercados internacionales, las cosechas y las transformaciones estructurales que venía experimentando la economía argentina. Las medidas de Pinedo contribuyeron a reorganizar los instrumentos financieros y comerciales con los cuales el Estado acompañó aquella recuperación, pero no constituyeron su única causa.

Los efectos sociales de la recuperación fueron, no obstante, desiguales. Los trabajadores industriales con empleo relativamente estable comenzaron a experimentar una mejoría de sus ingresos reales hacia 1935, favorecida por la combinación de una cierta recuperación de las remuneraciones nominales y un costo de vida que todavía permanecía por debajo del registrado antes de la crisis. Pero la situación de quienes habían perdido su trabajo, sufrían reducciones de jornada o dependían de ocupaciones ocasionales continuaba siendo considerablemente más precaria. Las dificultades eran especialmente importantes entre los trabajadores rurales y temporarios, cuya ocupación dependía de las campañas agrícolas y de la demanda estacional de mano de obra. La movilidad entre provincias, los períodos prolongados de inactividad y la falta de mecanismos generales de protección frente a la desocupación limitaban los beneficios de la recuperación para estos sectores.

Entre las clases medias urbanas, la mejoría de la actividad comercial y de los servicios favoreció progresivamente a determinados empleados, profesionales y pequeños comerciantes. Sin embargo, las situaciones particulares variaban considerablemente: mientras los asalariados con ingresos regulares podían beneficiarse de la recuperación de la actividad, los pequeños propietarios endeudados y los comerciantes afectados por las restricciones crediticias continuaban enfrentando dificultades. Por consiguiente, la recuperación económica registrada durante la gestión de Pinedo no significó una superación uniforme de las consecuencias sociales de la depresión. El crecimiento del producto, el aumento de las exportaciones y la expansión de la ocupación industrial coexistieron con problemas persistentes de pobreza, desempleo estacional y desigualdades regionales. La JUNALD y los programas de obras públicas representaron respuestas estatales a esas dificultades, aunque su alcance asistencial y laboral fue limitado frente a la magnitud de los problemas existentes.

El proyecto del Frente Nacional de 1936

Durante los primeros meses de 1936 comenzó a discutirse la posibilidad de formar en la Argentina un Frente Popular, inspirado en las coaliciones que se desarrollaban en distintos países europeos y que reunían a partidos socialistas, comunistas y otras agrupaciones democráticas frente al avance del fascismo. En el país, dirigentes de la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista y el Partido Demócrata Progresista comenzaron a promover distintas iniciativas de acción conjunta contra el gobierno de Justo y las prácticas electorales de las fuerzas oficialistas. El 1 de mayo de 1936, con motivo del Día del Trabajador, se realizó en Buenos Aires una importante manifestación en la que participaron representantes de varias de estas organizaciones. Entre sus oradores se encontraron José Domenech, por la Confederación General del Trabajo; Lisandro de la Torre, por el Partido Demócrata Progresista; Mario Bravo, por el Partido Socialista; Arturo Frondizi, por la Unión Cívica Radical; y Paulino González Alberdi, por el Partido Comunista. Aunque estos acercamientos no llegaron a constituir una coalición electoral nacional permanente, despertaron preocupación entre los dirigentes de la Concordancia, que consideraban posible una unión de las fuerzas opositoras para disputar las elecciones presidenciales de 1937.

Como respuesta comenzaron a promoverse iniciativas destinadas a organizar un Frente Nacional, que debía reunir a los partidos del oficialismo y a otros sectores políticos y sociales dispuestos a defender un programa común. Pinedo se convirtió en uno de los principales impulsores de este proyecto. Su propuesta no se limitaba a formar una alianza electoral destinada a enfrentar al radicalismo y a las agrupaciones de izquierda, sino que aspiraba a transformar la Concordancia en una fuerza política orgánica y estable, capaz de gobernar mediante una orientación definida. Consideraba que la simple cooperación entre partidos independientes resultaba insuficiente para afrontar las responsabilidades del Estado moderno. A su juicio, era necesario constituir una organización permanente que reuniera a dirigentes de distintas procedencias, pero comprometidos con un programa de gobierno capaz de mantener la continuidad administrativa y de preservar las reformas económicas y financieras desarrolladas durante la presidencia de Justo.

El 1 de junio de 1936, el diario La Prensa publicó un manifiesto titulado «Por un Frente Nacional», cuya aparición fue vinculada posteriormente con las gestiones de Pinedo, aunque no se encuentra establecida de manera concluyente su autoría personal. El documento expresaba un rechazo terminante a la posibilidad de que una coalición formada por radicales personalistas, socialistas, demócratas progresistas y comunistas alcanzara el gobierno de la Nación. Sus promotores consideraban que semejante agrupamiento pondría en peligro el orden político y social, y convocaban a organizar una fuerza capaz de defender los intereses que juzgaban permanentes del país. El manifiesto sostenía que el Frente Nacional debía reunir no solamente a las principales figuras de los partidos de orden, sino también a sectores de la sociedad dispuestos a colaborar en la organización de un movimiento político de alcance nacional. Sus argumentos reflejaban el clima de polarización ideológica que atravesaba la década de 1930. Al mismo tiempo, el documento introducía cuestionamientos a las consecuencias del sufragio universal y a las posibilidades de que las mayorías electorales apoyaran fuerzas consideradas contrarias a los fundamentos de la organización nacional. La iniciativa combinaba, por consiguiente, dos aspiraciones que no siempre resultaban compatibles: la formación de una coalición gubernamental más organizada dentro de las instituciones existentes y la revisión de ciertos principios del régimen representativo defendida por algunos de sus adherentes.

El Frente Nacional

La convocatoria encontró adhesiones entre dirigentes del Partido Demócrata Nacional, miembros del Partido Socialista Independiente y determinadas agrupaciones nacionalistas. Durante junio de 1936 se constituyó una comisión provisional de propaganda, integrada por Pedro Groppo, José Aguirre Cámara y Gilberto Suárez Lago, vinculados al conservadurismo; Alfredo L. Spinetto, procedente del socialismo independiente; y Juan Emiliano Carulla y Horacio Rottjer, identificados con distintas corrientes del nacionalismo. La participación de representantes de tendencias diferentes reflejaba la amplitud que se pretendía otorgar al movimiento. Sus promotores aspiraban a superar las divisiones partidarias mediante una convocatoria que incorporara tanto a dirigentes de experiencia parlamentaria como a sectores que permanecían alejados de la política electoral tradicional. El proyecto recibió también simpatías de dirigentes vinculados con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Fresco, quien había asumido en febrero de 1936 y defendía una intervención estatal más amplia en las cuestiones económicas y sociales, junto con propuestas de reorganización institucional.

Entre las corrientes nacionalistas, sin embargo, la convocatoria provocó reacciones contrapuestas. Mientras algunos dirigentes próximos a Juan Emiliano Carulla aceptaron participar, otros rechazaron el ofrecimiento por considerar que la nueva agrupación constituía una prolongación de los partidos tradicionales y no introducía transformaciones suficientemente profundas. Roberto de Laferrère manifestó públicamente su oposición a la iniciativa pocos días después de la publicación del manifiesto, argumentando que las organizaciones nacionalistas debían conservar su independencia y evitar su subordinación a las fuerzas conservadoras. Estas diferencias pusieron de manifiesto una de las dificultades centrales del proyecto. Mientras Pinedo procuraba organizar una fuerza capaz de gobernar y asegurar la continuidad de las políticas públicas, algunos sectores nacionalistas pretendían introducir cambios institucionales más radicales, que incluían cuestionamientos al sufragio universal y al parlamentarismo. La amplitud de la convocatoria proporcionó inicialmente al Frente Nacional una importante presencia pública, pero dificultó al mismo tiempo la elaboración de un programa político común.

El 21 de agosto de 1936 se celebró en el Teatro Coliseo de Buenos Aires una importante asamblea del Frente Nacional, que reunió a representantes de las distintas corrientes adherentes al movimiento. Entre los dirigentes presentes se encontraban Urbano de Iriondo, Tiburcio Benegas, Pedro Groppo, José Aguirre Cámara, Juan Emiliano Carulla, Lizardo Molina Carranza y otros integrantes de la comisión organizadora. También asistieron figuras del Partido Demócrata Nacional, entre ellas Robustiano Patrón Costas, Alberto Barceló, Adolfo Vicchi, Antonio Santamarina y Rodolfo Corominas Segura, así como los socialistas independientes Alfredo Spinetto y Fernando de Andreis. El gobernador Fresco también estuvo presente y recibió manifestaciones de apoyo de algunos sectores del público. Los discursos fueron transmitidos por distintas emisoras de Buenos Aires y del interior, entre ellas las radios Callao, Belgrano y Mitre.

Pinedo pronunció una intervención titulada posteriormente "Procurando la formación de una fuerza capaz de gobernar", en la que expuso los fundamentos políticos e institucionales de su propuesta. Comenzó señalando que los problemas contemporáneos no podían examinarse con los mismos criterios que habían predominado durante los períodos de estabilidad económica anteriores a la Primera Guerra Mundial. Las dificultades que atravesaban las naciones exigían una intervención gubernamental considerablemente más compleja que la requerida durante las décadas precedentes. A su juicio, el gobierno había dejado de limitarse a funciones administrativas relativamente sencillas para asumir responsabilidades decisivas sobre la moneda, el crédito, la producción, el comercio exterior, las relaciones laborales y la organización económica general. Las consecuencias de una alternancia política eran, por lo tanto, más profundas que en el pasado. Un cambio de gobierno podía modificar las condiciones de funcionamiento de amplios sectores de la sociedad e interrumpir reformas cuya preparación y ejecución requerían varios años.

Pinedo sostenía que los gobiernos necesitaban estabilidad, conocimientos especializados, capacidad para formular programas de largo plazo y continuidad de propósitos. Consideraba que estas condiciones resultaban indispensables para una administración eficiente y para evitar que las decisiones fundamentales dependieran exclusivamente de las fluctuaciones de la política electoral. Su exposición también abordó las diferencias existentes dentro del propio Frente Nacional acerca de la democracia y el sufragio universal. Reconoció que algunos participantes desconfiaban de la capacidad política de las masas y consideraban que la extensión del sufragio podía producir consecuencias perjudiciales. Otros, entre quienes se situaba él mismo, habían defendido históricamente la participación popular y sostenido la posibilidad de movilizar a los ciudadanos alrededor de programas de transformación política y social. No obstante, Pinedo expresó su preocupación ante la eventual llegada al gobierno de una coalición que incluyera fuerzas cuyas orientaciones consideraba incompatibles con el orden constitucional y social existente.

En este contexto, introdujo una reflexión acerca de la necesidad de proteger determinadas funciones del Estado frente a las oscilaciones electorales. Tomó como referencia la independencia reconocida constitucionalmente al Poder Judicial, cuyos magistrados no dependían de la renovación periódica del sufragio para conservar sus funciones. A partir de esa comparación, planteó la conveniencia de estudiar garantías de estabilidad para otras áreas de la administración que requerían preparación técnica y continuidad.

Su propuesta no equivalía necesariamente al establecimiento de una representación corporativa semejante a la defendida por José Félix Uriburu, pero sí admitía la posibilidad de limitar el alcance inmediato de las decisiones electorales sobre ciertas funciones gubernamentales. Al mismo tiempo, Pinedo reconocía las ventajas del régimen republicano para permitir la renovación pacífica de las autoridades y manifestaba reservas respecto de los gobiernos establecidos por la fuerza, cuyas sucesiones políticas consideraba particularmente problemáticas. Su discurso reflejó así una concepción que procuraba conciliar representación política, continuidad administrativa y dirección técnica del Estado, aunque contenía tensiones respecto de la interpretación del sufragio universal como fundamento de la autoridad gubernamental. Las posiciones expuestas durante el acto provocaron comentarios en la prensa. El 24 de agosto, La Nación publicó un editorial que expresó preocupación por las implicaciones institucionales de determinadas propuestas y por la posibilidad de debilitar los principios del régimen representativo.

El 10 de octubre de 1936, Pinedo participó en un nuevo acto del Frente Nacional celebrado en Córdoba, donde pronunció un discurso posteriormente publicado bajo el título "Insistiendo en la tentativa de agrupar fuerzas". En aquella oportunidad volvió a defender la necesidad de constituir una organización política nacional capaz de superar las divisiones partidarias y asegurar la continuidad de las reformas económicas y administrativas. Una parte importante de su exposición estuvo dedicada a reivindicar la gestión del presidente Justo, especialmente los resultados obtenidos durante los años de recuperación posteriores a la Gran Depresión.

Pinedo sostuvo que los gobiernos radicales habían desaprovechado una etapa de prosperidad internacional, dejando al país con dificultades financieras y problemas estructurales que se agravaron con la crisis de 1929. En contraste, afirmó que la administración de Justo había conseguido preservar la organización económica y financiera argentina durante circunstancias internacionales excepcionalmente desfavorables. Entre las realizaciones del oficialismo destacó la reorganización del crédito, la recuperación de la actividad productiva y la ejecución de obras de infraestructura, especialmente la construcción de caminos, instalaciones ferroviarias y elevadores de granos. Estas afirmaciones constituían su propia defensa política de la administración a la que había pertenecido y reflejaban la valoración favorable que mantenía sobre los resultados de las reformas desarrolladas entre 1933 y 1935. Pero el discurso no se limitó a una reivindicación del gobierno. Pinedo insistió en que las transformaciones económicas hacían indispensable una organización política capaz de proporcionar estabilidad y continuidad. Defendió la igualdad civil, la posibilidad de ascenso social y el origen nacional de la autoridad política como elementos característicos de la tradición argentina. Consideraba que la organización institucional debía preservar esas características, evitando tanto los privilegios de carácter hereditario como la concentración absoluta del poder.

Al mismo tiempo, sostuvo que el ejercicio del gobierno exigía conocimientos y aptitudes especiales, particularmente en una sociedad donde las decisiones del Estado influían de manera creciente sobre las condiciones de vida de la población. La dirección política no podía reducirse, según su criterio, a la competencia por obtener mayorías electorales. Debía procurar la selección de dirigentes capaces de administrar los asuntos públicos y desarrollar programas que respondieran a las necesidades económicas y sociales del país. La proximidad de las elecciones presidenciales de 1937 otorgaba una importancia particular a estas consideraciones. Para Pinedo, la continuidad de las reformas dependía no solamente de la elección de un nuevo presidente, sino también de la existencia de una fuerza política organizada para sostener su actuación.

El fracaso del Frente Nacional

Pese a las adhesiones recibidas y a la repercusión de sus principales actos, el Frente Nacional no consiguió consolidarse como una organización política permanente. Una de las principales dificultades fue la resistencia de los partidos integrantes de la Concordancia a perder su autonomía. El PDN y la UCR Antipersonalista conservaban estructuras, dirigentes y compromisos provinciales propios, cuya continuidad consideraban necesaria para preservar sus posiciones políticas. La formación de un partido único habría exigido modificar los procedimientos de selección de candidatos, establecer una conducción nacional común y redistribuir la influencia de los distintos sectores dentro de la organización.

Además, la Concordancia funcionaba mediante acuerdos entre agrupaciones independientes y la intervención del presidente Justo como árbitro de sus diferencias. La transformación de ese sistema en una fuerza centralizada podía alterar los mecanismos sobre los cuales se había construido la autoridad política del oficialismo. El movimiento tampoco consiguió superar las diferencias ideológicas existentes entre sus adherentes. Mientras algunos dirigentes aspiraban a fortalecer la acción gubernamental dentro de las instituciones constitucionales, otros defendían cambios más profundos en la representación política y en la relación entre el Estado y la sociedad. Las organizaciones nacionalistas que habían respondido a la convocatoria no compartían necesariamente los propósitos de Pinedo, y una parte importante de ellas rechazó incorporarse al Frente. La iniciativa perdió progresivamente impulso durante 1937, mientras las fuerzas de la Concordancia continuaron organizando sus acuerdos electorales mediante los procedimientos tradicionales.

Años después, Pinedo reconocería las dificultades que había presentado aquella experiencia y manifestaría que no lamentaba completamente su fracaso. Según su interpretación retrospectiva, algunos de los dirigentes que habían adherido desde fuera de los partidos tradicionales revelaron posteriormente inclinaciones fascistas que habrían terminado desnaturalizando los propósitos originales del movimiento. Esa valoración reflejaba la distancia que Pinedo estableció posteriormente respecto de determinados sectores nacionalistas, aunque no modificaba el hecho de que el Frente Nacional había recibido en 1936 el apoyo de dirigentes de orientaciones institucionales diferentes y, en algunos casos, abiertamente autoritarias. El fracaso de la iniciativa significó el cierre de uno de sus principales proyectos de reorganización partidaria. Sin embargo, la preocupación por la continuidad gubernamental, la formación de dirigentes y la coordinación entre fuerzas políticas continuó ocupando un lugar importante en su pensamiento.

Las elecciones presidenciales de 1937 y sus diferencias con Justo

Durante 1937, la designación del candidato presidencial de la Concordancia volvió a poner de manifiesto las diferencias políticas existentes dentro del oficialismo. Finalmente fue proclamada la fórmula integrada por Roberto M. Ortiz, dirigente del antipersonalismo y ministro de Hacienda desde la salida de Pinedo, y Ramón S. Castillo, vinculado al conservadurismo.

Pinedo mantenía buenas relaciones personales con Ortiz y reconocía su experiencia política y administrativa. Sin embargo, no compartía la decisión del presidente Justo de elegir nuevamente a un dirigente procedente del radicalismo para encabezar la fórmula oficialista. Sus reservas no estaban dirigidas principalmente contra la persona de Ortiz, sino contra la orientación partidaria de la decisión. Pinedo consideraba que la Concordancia había desaprovechado una oportunidad para constituirse en una fuerza política orgánica y que la candidatura presidencial debía contribuir a consolidar una identidad propia, en lugar de mantener la dependencia de acuerdos entre agrupaciones independientes. La elección de Ortiz demostraba, a su juicio, que el oficialismo continuaba funcionando mediante arreglos entre dirigentes, sin haber resuelto el problema de organización que él había procurado afrontar mediante el Frente Nacional.

Por esa razón permaneció alejado de las principales actividades de la campaña presidencial, pese a sus vínculos personales con el candidato y a su identificación con una parte importante de la política económica desarrollada por el gobierno de Justo. Su actitud no significó una ruptura formal con la Concordancia ni una incorporación a la oposición, sino una manifestación de sus discrepancias acerca de la estrategia política seguida por el presidente. La situación cambió durante los últimos días de la campaña, cuando Marcelo T. de Alvear, candidato presidencial de la UCR, formuló severas críticas contra las reformas económicas realizadas durante el ministerio de Pinedo. El 1 de septiembre de 1937, Alvear pronunció en el Luna Park de Buenos Aires el discurso de clausura de su campaña, en el que cuestionó el crecimiento de la intervención estatal, las medidas de regulación económica y los beneficios que, a su juicio, determinadas decisiones gubernamentales habían concedido a intereses particulares.

Dos días después, el 3 de septiembre, Pinedo respondió mediante un discurso titulado "Contestando al Dr. Alvear", posteriormente incluido en el quinto tomo de sus memorias En tiempos de la República. En aquella intervención defendió su gestión al frente de Hacienda, reivindicó la reorganización monetaria y financiera realizada desde 1933 y cuestionó la interpretación del expresidente acerca de los resultados de la política económica. Su respuesta fue particularmente enérgica. Pinedo atribuyó a Alvear errores e inexactitudes en sus argumentos y procuró demostrar que las medidas adoptadas habían contribuido a restablecer el crédito, mejorar las condiciones financieras y facilitar la recuperación productiva. También aprovechó la controversia para formular críticas a la actuación económica de las anteriores administraciones radicales, retomando algunos de los argumentos que había desarrollado en sus discursos políticos de 1936.

Las elecciones presidenciales se celebraron el 5 de septiembre y dieron el triunfo a la fórmula Ortiz-Castillo, en una contienda marcada por prácticas fraudulentas y denuncias de la oposición. Pinedo continuó fuera del gabinete después de la asunción de Ortiz, el 20 de febrero de 1938. Aunque conservó relaciones con dirigentes del oficialismo, el fracaso del Frente Nacional y sus diferencias sobre la organización política de la Concordancia limitaron su participación directa en las actividades partidarias.

El proyecto de adquisición de los ferrocarriles británicos de 1938

Durante 1938, Pinedo fue contratado como asesor por las empresas ferroviarias de capital británico que explotaban gran parte de la red ferroviaria argentina, cuya situación financiera se había deteriorado progresivamente. Las compañías enfrentaban dificultades para mantener su rentabilidad y distribuir dividendos entre sus accionistas. La caída de determinados tráficos, el aumento de los costos y la competencia creciente del transporte automotor habían modificado las condiciones económicas sobre las que se había desarrollado la explotación ferroviaria. Al mismo tiempo, las relaciones financieras entre la Argentina y Gran Bretaña planteaban dificultades derivadas de las restricciones cambiarias y de los compromisos comerciales existentes entre ambos países. En ese contexto, Pinedo elaboró un proyecto destinado a facilitar la transferencia de los ferrocarriles británicos al Estado argentino mediante una operación de reorganización financiera.

Su propuesta contemplaba la constitución de una empresa mixta, en la cual el Estado recibiría inicialmente un tercio de las acciones sin efectuar un desembolso inmediato. La adquisición de los restantes activos se financiaría mediante la emisión de títulos de deuda de largo plazo. El proyecto preveía la emisión de obligaciones por un valor aproximado de cien millones de libras esterlinas, con un interés anual del 3 % y un plazo de amortización de sesenta años. La operación se organizaría de manera que los ingresos de explotación de las compañías contribuyeran a atender los intereses y amortizaciones, mientras que los excedentes corresponderían al Estado. El sistema procuraba permitir una adquisición progresiva sin exigir al Tesoro un pago inmediato de la totalidad del valor de los ferrocarriles. La fórmula también contemplaba la posibilidad de reorganizar las obligaciones financieras relacionadas con las compañías, contribuyendo a resolver determinados problemas económicos que afectaban tanto a los inversores británicos como a las autoridades argentinas. El proyecto constituía una alternativa distinta de la adquisición directa mediante pago al contado y respondía a la convicción de que podía ampliarse la participación estatal en la propiedad ferroviaria mediante mecanismos financieros compatibles con las posibilidades del país.

La propuesta no llegó a concretarse. Pinedo intervino en su elaboración como consultor privado de las compañías, no como funcionario del gobierno nacional. Las discusiones sobre la situación de los ferrocarriles británicos continuaron durante los años siguientes. En octubre de 1939 se formuló una nueva propuesta vinculada con la firma Baring Brothers, aunque no se encuentra comprobada una intervención personal de Pinedo en esa negociación específica. Su actuación profesional de 1938 volvería a adquirir importancia cuando regresó al Ministerio de Hacienda en 1940. Ante la posibilidad de que el Estado argentino negociara la adquisición de activos ferroviarios, Pinedo informó públicamente que había prestado servicios de asesoramiento a las compañías británicas y manifestó que se abstendría de intervenir personalmente en una eventual operación de compra. De esta manera procuró distinguir sus responsabilidades ministeriales de las actividades profesionales desarrolladas durante su alejamiento del gobierno.

La guerra europea y la posición internacional de Pinedo

El estallido de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, modificó profundamente las perspectivas económicas y políticas de la Argentina. La dependencia del país respecto de los mercados europeos y del transporte marítimo internacional hacía que las operaciones militares pudieran afectar considerablemente la comercialización de sus exportaciones, el abastecimiento de productos importados y las relaciones financieras con el extranjero. Pinedo siguió con atención estos acontecimientos y comenzó a intervenir públicamente en los debates sobre la posición que debía adoptar la Argentina frente al conflicto.

Su orientación era favorable a las democracias occidentales y contraria a la expansión política y militar del nacionalsocialismo. Al mismo tiempo, consideraba necesario fortalecer las relaciones entre los países americanos y establecer una cooperación más estrecha con Estados Unidos. Su posición no se limitaba a una afinidad ideológica con Gran Bretaña, Francia y las demás democracias. También respondía a una preocupación económica por las consecuencias que una reorganización del comercio mundial bajo la influencia alemana podía tener para la Argentina. A su juicio, la política exterior debía considerar tanto los principios institucionales que el país pretendía defender como sus necesidades comerciales y financieras.

El 8 de mayo de 1940, Pinedo pronunció una conferencia titulada "Soberanía argentina y neutralidad argentina", posteriormente reproducida en su libro La Argentina en la vorágine, publicado en 1943. La exposición examinó las consecuencias de la expansión alemana sobre Europa y cuestionó la eficacia de la neutralidad como garantía suficiente de independencia frente a una potencia dispuesta a desconocer la soberanía de otros Estados. Pinedo recordó las invasiones sufridas por distintos países neutrales y sostuvo que esas experiencias demostraban las limitaciones de confiar exclusivamente en declaraciones jurídicas de neutralidad. La seguridad nacional, según su razonamiento, exigía considerar las condiciones políticas y militares reales del mundo contemporáneo, en lugar de suponer que el reconocimiento formal de determinados derechos internacionales bastaría para asegurar su cumplimiento. En el plano americano, defendió la conveniencia de fortalecer la solidaridad continental y las relaciones con Estados Unidos, cuya capacidad económica y militar consideraba fundamental para la protección del hemisferio. No presentaba esa cooperación como una renuncia a la soberanía argentina, sino como un posible instrumento para preservarla frente a amenazas exteriores.

Parte del ensayo fue publicada en junio por la revista Sur, dirigida por Victoria Ocampo, bajo el título De un ensayo de Federico Pinedo sobre “soberanía argentina y neutralidad argentina”. La publicación contribuyó a difundir sus posiciones en un ambiente intelectual favorable a las democracias occidentales y preocupado por el avance del nazifascismo.

El 5 de junio de 1940, Pinedo participó en la fundación de Acción Argentina, una organización cívica antifascista integrada por dirigentes políticos, intelectuales, profesionales y empresarios de distintas procedencias partidarias. La entidad se constituyó con el propósito de promover la solidaridad con las potencias aliadas, denunciar la propaganda nazi y fascista y defender las libertades e instituciones democráticas frente al desarrollo de la guerra. Su formación reunió a representantes de la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista, sectores conservadores y agrupaciones independientes. Entre sus dirigentes figuraban Raúl C. Monsegur, Nicolás Repetto, Juan Carlos Palacios, Emilio Ravignani, Julio Argentino Noble, Mariano Villar Sáenz Peña y Victoria Ocampo. Pinedo integró la primera Junta Ejecutiva Central, desempeñándose como secretario de Finanzas, y asumió además la presidencia de la Comisión de Hacienda. Esta última estuvo integrada por Enrique Bullrich, Pedro Alberto Lacau, Alberto Duhau, Carlos O'Farrell, Horacio Sánchez Elía, Manuel de Urilaberria y Pedro Ledesma (h), entre otros representantes de los sectores profesionales, comerciales y agropecuarios.

Su participación no se limitó, por lo tanto, a adherir públicamente a los principios de la organización, sino que comprendió responsabilidades dentro de su dirección y administración. Acción Argentina comenzó rápidamente a desarrollar actividades de propaganda y difusión, así como a promover la formación de filiales en distintas ciudades del país. El 1 de julio celebró su primer acto público en el salón Verdi de Buenos Aires. Algunos integrantes de su Comisión de Hacienda colaboraron también en campañas destinadas a reunir recursos y donaciones para contribuir a la asistencia material de Gran Bretaña.

La incorporación de Pinedo a Acción Argentina tuvo un significado político particular. Después de haber intentado reunir a las fuerzas del oficialismo mediante el Frente Nacional de 1936, participaba ahora en una organización que agrupaba a dirigentes de tradiciones partidarias diferentes e incluso contrapuestas. Entre ellos figuraban antiguos adversarios del socialismo, como Nicolás Repetto, con quienes había mantenido profundas discrepancias políticas desde la escisión del Partido Socialista Independiente en 1927. La nueva experiencia de colaboración respondía principalmente a una preocupación compartida frente a la expansión del nazifascismo y las consecuencias de la guerra. A diferencia del Frente Nacional, Acción Argentina no pretendía constituirse en un partido político destinado a ejercer el gobierno, sino en una organización de movilización cívica alrededor de una posición internacional determinada.

Sus conversaciones económicas con Groppo y Prebisch en junio de 1940

Durante junio de 1940, Pinedo también participó en conversaciones sobre las crecientes dificultades económicas que afrontaba la Argentina como consecuencia de la guerra europea. La caída o interrupción de determinados mercados de exportación, las restricciones del transporte marítimo y los problemas para obtener divisas amenazaban con provocar una nueva contracción de la actividad productiva. La documentación diplomática estadounidense demuestra que, pese a encontrarse fuera del gobierno, Pinedo continuaba vinculado con los principales responsables de la conducción económica nacional.

El 14 de junio, el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Norman Armour, informó al Departamento de Estado sobre declaraciones del exministro relativas a la situación argentina. Según el diplomático, Pinedo consideraba que el problema económico había adquirido una gravedad excepcional y que la orientación internacional del país dependería en buena medida de las posibilidades de encontrar mercados para sus productos de exportación. Advertía que Alemania e Italia procuraban aprovechar las dificultades comerciales argentinas para desalentar una cooperación más estrecha con Estados Unidos y favorecer la preservación de relaciones económicas con Europa ante una posible victoria del Eje. Pinedo consideraba que la expansión de la influencia económica alemana en América del Sur podía modificar profundamente el equilibrio internacional, por lo que otorgaba especial importancia a encontrar alternativas comerciales y financieras dentro del continente.

Un telegrama reservado enviado por Armour el 17 de junio proporcionó información adicional. Según ese documento, Raúl Prebisch, gerente general del Banco Central, había mantenido conversaciones sobre la situación argentina con el ministro de Hacienda Pedro Groppo y con Pinedo. Después de aquellas deliberaciones, Prebisch comunicó confidencialmente a un funcionario de la embajada estadounidense la conveniencia de examinar mecanismos de cooperación económica que permitieran aliviar las dificultades argentinas. Entre las posibilidades mencionadas figuraban el financiamiento de importaciones provenientes de Estados Unidos mediante el Export-Import Bank, nuevos recursos para atender obligaciones financieras exteriores y la compra de productos argentinos destinados a reservas estratégicas o programas de abastecimiento. Prebisch también sugirió la posibilidad de enviar discretamente un representante estadounidense a Buenos Aires para mantener conversaciones directas con las autoridades argentinas sobre los problemas comerciales y financieros.

El discurso "La Argentina y los británicos" de agosto de 1940

El 8 de agosto de 1940, Pinedo pronunció un discurso titulado "La Argentina y los británicos", durante un almuerzo organizado por la Cámara de Comercio Británica en la República Argentina, celebrado en el Plaza Hotel de Buenos Aires. La intervención tuvo lugar en circunstancias especialmente difíciles para Gran Bretaña, después de la derrota de Francia y cuando el país enfrentaba la amenaza militar alemana. Pinedo destacó la importancia histórica de las relaciones comerciales y financieras entre la Argentina y Gran Bretaña, cuya vinculación había contribuido al desarrollo de la producción agropecuaria, las exportaciones, los ferrocarriles y numerosos servicios públicos. También defendió los fundamentos políticos y sociales de las democracias liberales frente al régimen nacionalsocialista, cuestionando tanto sus métodos de gobierno como su concepción de las relaciones internacionales.

Su exposición no se limitó a la defensa de los vínculos económicos tradicionales. Pinedo manifestó que continuaba considerando necesarias profundas reformas sociales, declaración recogida por el diario Noticias Gráficas en su edición del mismo 8 de agosto. La afirmación resultaba significativa por la permanencia de preocupaciones que habían formado parte de su trayectoria desde sus primeros años de militancia socialista. Su adhesión a las instituciones liberales no implicaba, según sus propias manifestaciones, una oposición a toda transformación de las condiciones económicas y sociales. El discurso reflejó asimismo su interés por preservar las relaciones con Gran Bretaña sin desconocer la necesidad de adaptar la economía argentina a las modificaciones del comercio mundial. La cooperación con Estados Unidos, la defensa de las democracias occidentales y la búsqueda de nuevos mercados aparecían así como cuestiones relacionadas dentro de su interpretación del escenario internacional.

El regreso al Ministerio de Hacienda

Durante los primeros meses de 1940 se agravaron las dificultades políticas del gobierno de Roberto M. Ortiz, cuyo propósito de modificar las prácticas electorales existentes había provocado tensiones con distintos sectores de la Concordancia. El 3 de julio, Ortiz delegó el ejercicio del Poder Ejecutivo en el vicepresidente Ramón S. Castillo, dando comienzo a una nueva etapa política. El gobierno debía afrontar simultáneamente las diferencias existentes dentro del oficialismo, las controversias acerca de la neutralidad argentina y las consecuencias económicas de la guerra europea. La reducción de determinados mercados de exportación, las dificultades del transporte marítimo y las restricciones para obtener productos importados planteaban la necesidad de reorganizar la política comercial, monetaria y financiera.

En ese contexto, Castillo resolvió convocar nuevamente a Pinedo para ocupar el Ministerio de Hacienda, en reemplazo de Pedro Groppo. El 2 de septiembre de 1940, Pinedo asumió por segunda vez la conducción de esa cartera. Su regreso se producía después de casi cinco años de actividad fuera del gobierno, durante los cuales había intentado reorganizar políticamente a las fuerzas de la Concordancia, participado en debates electorales y económicos, desarrollado proyectos profesionales y manifestado una creciente preocupación por las consecuencias internacionales de la Segunda Guerra Mundial. Las conversaciones mantenidas con Prebisch y Groppo durante junio demostraban, además, que había seguido estrechamente vinculado con los principales problemas de la administración financiera nacional.

Su segunda gestión se iniciaba en circunstancias diferentes de las que había afrontado en 1933. Mientras que en aquella oportunidad había debido contribuir a superar los efectos de la Gran Depresión, ahora debía responder a una nueva emergencia derivada de la interrupción del comercio internacional y de la profunda transformación de los mercados exteriores.