Gloria Estragó

Realizó estudios de derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica de Asunción y cursó un posgrado en Ciencias Políticas en el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción.

A inicios de la década de 1970 participó en el Partido Comunista Paraguayo (PCP). Integró el equipo de redacción del periódico Adelante!, órgano partidario que circuló de forma clandestina entre 1974 y 1975.

En 1972 fue detenida en Buenos Aires mientras viajaba a la Unión Soviética para realizar estudios en una escuela de formación política. Tras su liberación permaneció aproximadamente un año en Moscú y posteriormente abandonó el país.

El 10 de diciembre de 1975 fue detenida en Paraguay cuando se dirigía a la sede de la Universidad Católica de Asunción, donde trabajaba en el Proyecto Marandú, un programa de asistencia a pueblos indígenas. La detención se produjo en el contexto de la represión contra el Partido Comunista Paraguayo.^[2]

De acuerdo con su testimonio posterior, la redacción del periódico Adelante preparaba la publicación de denuncias contra el régimen al momento en que se produjeron las detenciones de 1975. Estas declaraciones fueron recogidas en el cortometraje documental Calle de silencio (2017) y citadas en obras historiográficas sobre el periodo.^[3][4]

El caso fue documentado por Amnistía Internacional en un informe de septiembre de 1976 relativo a detenciones vinculadas al Proyecto Marandú.^[5] Asimismo, en 1977 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos examinó denuncias relativas a detenciones ocurridas en Paraguay en 1975, entre ellas la de Gloria Estragó. En la resolución adoptada el 13 de mayo de 1977, la Comisión presumió verdaderos los hechos denunciados ante la falta de respuesta del Estado paraguayo y consideró que constituían violaciones a derechos reconocidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, incluyendo el derecho a la libertad y a la protección contra la detención arbitraria.^[6]

Permaneció inicialmente en el Departamento de Investigaciones y posteriormente fue trasladada al establecimiento penitenciario de Emboscada, destinado a personas detenidas por motivos políticos. Diversos testimonios y estudios históricos han descrito dicho establecimiento como un campo de concentración utilizado durante la represión estatal de la década de 1970. Permaneció privada de libertad durante aproximadamente un año y un mes junto a otras personas detenidas por motivos políticos, entre ellas obreras, campesinas y estudiantes.

Posteriormente participó en el Movimiento Paraguayo de Liberación Nacional (MOPALI) y en el Partido Revolucionario Febrerista.

También integró organizaciones de mujeres y participó en encuentros internacionales relacionados con la situación política paraguaya. Durante la década de 1980 fue detenida nuevamente en varias ocasiones (1982, 1984 y 1987) por periodos breves en el Departamento de Investigaciones en relación con su actividad política y participación en estos encuentros.

Tras la caída del régimen de Alfredo Stroessner el 3 de febrero de 1989 desarrolló actividades en el ámbito institucional y en iniciativas vinculadas a memoria histórica.

En abril de 1993 el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias envió un llamamiento urgente al Gobierno del Paraguay tras recibir información sobre reiteradas amenazas de muerte contra Gloria Estragó. Según el informe, las amenazas habrían provenido de una organización de extrema derecha.^[7]

Fue nombrada magistrada del Tribunal Electoral de Itapúa el 18 de octubre de 1995 y confirmada en el cargo el 21 de noviembre de 2002. Ejerció funciones jurisdiccionales en materia electoral dentro de la circunscripción departamental.

Organizaciones de víctimas de la dictadura expresaron apoyo a su postulación para integrar el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).^[8]

Participó en actividades relacionadas con el registro y reconocimiento de víctimas del régimen.^[9]

En 2017 intervino en una audiencia pública del Congreso Nacional del Paraguay relativa a un informe sobre derechos humanos en el Mercosur.

El 27 de abril de 2016 presentó una demanda de indemnización por daños y perjuicios contra el Estado paraguayo por hechos ocurridos durante su detención.^[10]