Hotel El Algarrobico
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El Hotel El Algarrobico es una construcción en ruinas ubicada en la playa del Algarrobico en la localidad almeriense de Carboneras en Andalucía, España en terrenos del Parque natural del Cabo de Gata-Níjar. Las ruinas corresponden a un complejo turístico de lujo de 411 departamentos y de 21 plantas. Tras la denuncia de grupos y asociaciones ecologistas y defensoras del medio ambiente, la construcción fue paralizada y se convirtió en un símbolo de la especulación urbanística.
| Hotel El Algarrobico | ||
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| Localización | ||
| País | España | |
| Ubicación | Carboneras | |
| Coordenadas | 37°01′40″N 1°52′48″O | |
El litigio sobre su demolición duró más de dos décadas hasta que 11 de febrero de 2025 el Consejo de Ministros inició el proceso para la declaración de interés público e iniciar así los trámites definitivos para su expropiación y posterior demolición.
Inicio de la construcción
En 1999 la empresa Constructora Azata del Sol, S.L. adquirió más de 16 hectáreas al borde del mar en la playa del Algarrobico, perteneciente al municipio de Carboneras en pleno parque natural del Cabo de Gata. Por ellos pagó más de 2 millones de euros. Cuatro años después, el 13 de enero de 2003 el ayuntamiento concede licencia de obras para la construcción de un hotel y en marzo comienzan las obras de una estructura de 21 plantas que sería el corazón de un complejo que daría cabida a 411 apartamentos. Los terrenos estaban calificados como urbanizables.
En septiembre de 2005 la asociación Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense denuncia ante los tribunales de justica correspondientes las obras,[1] [2] lo que desembocó en la paralización de las obras por orden judicial el 23 de febrero de 2006 a las 17'00.[3] A Salvemos Mojácar, que ha seguido liderando la trama judicial,[4] se sumaron después otras organizaciones ecologistas nacionales e internacionales y se convocaron movilizaciones y acciones[5][6][7] y el 16 de noviembre Greenpeace realiza un acto de protesta pidiendo la paralización de las obras y la demolición de lo construido hasta entonces, a la vez que se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el deslinde de costa que afecta al hotel y desde el gobierno central se comienza el proceso de expropiación. Previamente el proyecto había recibió todos los permisos necesarios de las cuatro administraciones públicas incluida la propia Dirección Provincial de Costas, la licencia había sido obtenida en los años 1980, cuando El Algarrobico aún no estaba catalogado como parque natural del Cabo de Gata-Níjar. Cuando se iniciaron las obras, estaba en vigor la Ley de Costas, que establece una servidumbre de protección de 100 metros en la que está prohibido construir.[8] por lo que presentaba visos de ilegalidad además de estar en el corazón del parque natural.
Paralización
El 21 de febrero de 2006 el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería ordena la paralización de las obras, comunicado el 22 y ejecutado el 23 a las 17'00, resolviendo de esta forma la denuncia presentada por la asociación Salvemos Mojácar. El 10 de mayo de ese mismo año el presidente del gobierno andaluz, Manuel Chaves, anuncia la intención de demoler el complejo y restaurar el estado anterior de la línea litoral correspondiente. Las distintas administraciones dilataron ejecutar el proceso de expropiación, desestimándolo por Resolución del Delegado del Gobierno de Andalucía en junio de 2009.
El 7 de julio de 2007 Greenpeace hace una protesta pintando en la fachada del establecimiento con el lema “hotel ilegal”. El 26 de marzo de 2006 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestima los recursos que el ayuntamiento de Carboneras y la constructora habían interpuesto contra la sentencia de paralización cautelar de las obras y el 5 de septiembre el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería declara nula la licencia, de construcción por vulnerar la normativa urbanística y medioambiental vigente lo que abre la vía para la demolición.
El 12 de febrero de 2009 una protesta de Greenpeace cubre el edificio con una gran tela verde pidiendo al Ministerio de Medio Ambiente a que "derribe ya" el edificio. El 27 de ese mismo mes la Fiscalía General del Estado abre diligencias de investigación para dirimir la presunta comisión de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. El 13 de noviembre Greenpeace recurre la adaptación de las Normas Subsidiarias del municipio de Carboneras a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en la que se reclasificaba los terrenos de El Algarrobico como suelo urbanizable.
El 7 de septiembre de 2011 Greenpeace realiza una nueva protesta para pedir la demolición del complejo y el 4 de octubre el Tribunal Supremo (TS) desestima el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía contra la suspensión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar de 2008, en lo que respecta a la zona donde se encuentra El Algarrobico. Esta decisión ratifica la medida cautelar que mantenía la protección ambiental de la zona, impidiendo su legalización. El 9 de noviembre es el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería quien rechaza la ejecución de la provisional de la sentencia que declaraba nula la licencia de obras del hotel, al considerar que la demolición de la obra "daños irreparables e irreversibles" a sus propietarios.
El 3 de febrero de 2012 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía resuelve ordenara al ayuntamiento de Carboneras la restitución como suelo "no urbanizable" los terrenos de El Algarrobico. El 27 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia confirma que el hotel invade la zona de servidumbre del dominio marítimo-terrestre, contraviniendo la Ley de Costas y el 1 de abril la Junta de Andalucía pide al gobierno central reactivar el proceso de expropiación. La respuesta del gobierno central dada el 10 de abril es que no es competente y que dicha competencia corresponde al gobierno de Andalucía. El 3 de mayo la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense pide, al gobierno central y al andaluz, concluir las obras y poner en marcha el complejo turístico. El 13 de junio tribunal andaluz vuelve a afirmar que el suelo del hotel no es urbanizable y el 5 de julio el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del gobierno de España, Miguel Arias Cañete, y el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Luis Planas, alcanzan un acuerdo para proceder a la demolición de El Algarrobico. El 29 de julio el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández Hernández, del Grupo Independiente por Carboneras, es acusado por la Fiscalía de Medio Ambiente por un delito de prevaricación y desobediencia.
El 26 de septiembre de 2012 se confirma la protección de la costa de 100 metros desde el mar y a lo largo del tramo de El Lacón a Mojáca por parte del Tribunal Supremo. El 13 de noviembre se desestima un incidente de nulidad presentado por la promotora y que no tiene derecho alguno indemnización, al considerar que debió adaptar el proyecto a la Ley de Costas.
El 24 de julio de 2013 el exregidor de Carboneras Cristóbal Fernández y a los miembros que conforman su equipo de gobierno, del PSOE, son imputados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Vera por declarar como urbanizable el paraje de El Algarrobico.
El 8 de enero de 2014 el Tribunal Superior de Justicia del Andalucía rechaza los recursos de Azata del Sol y confirma que la propiedad del suelo en el que se asienta es de la Junta andaluza. El 14 de febrero se ordena revisar de oficio la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Carboneras a la constructora. El 25 de marzo dos secciones del Tribunal Superior de Justicia del Andalucía aseguran que está en zona urbanizable, el 27 de marzo el gobierno andaluz manifiesta que van a recurrir por el cambio de criterio. El 22 de abril se vuelve a ratificar que la propiedad del terreno es de la Junta de Andalucía. El 10 de mayo se produce una manifestación contra la construcción del hotel y el día siguiente Greenpeace pinta un punto negro en la fachada del edificio en construcción.[9]
A finales de marzo de 2014 la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, entrando en contradicciones con el propio TSJA y con el TS respecto a sentencias anteriores, declaró como urbanizable el suelo donde se encuentra el edificio.[10] Esta sentencia movió a la asociación Ecologistas en Acción a presentar un recurso ante el TS y al colectivo "Salvemos Mojácar" a presentar una querella contra los ponentes de dicha sentencia, así como un incidente de recusación contra los magistrados que han de dictar sentencia sobre la licencia de obras del hotel, alegando que los jueces son objeto de la querella por presunta prevaricación. El incidente de recusación terminaría siendo desestimado por el Tribunal Supremo al no haberse admitido a trámite la querella presentada contra los magistrados.[11][12] El 2 de diciembre de 2015 el Tribunal Constitucional ratificó definitivamente la desestimación de dicha querella al negar el recurso de amparo que solicitó la organización ecologista Salvemos Mojácar.[13] El 30 de julio de 2014 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró conforme a derecho la licencia de obras del hotel. En agosto de 2014 la Junta de Andalucía inició las gestiones para inscribir los terrenos de hotel a nombre del dominio público con la intención de demolerlo,[14] desistiendo más tarde, a la espera de una sentencia del Tribunal Supremo que clarificase si el suelo es urbanizable o si, por el contrario, goza de especial protección.[15] El 18 de febrero de 2016 el Tribunal Supremo estimó los recursos de Greenpeace España y de la Junta de Andalucía, declarando el área como ambientalmente protegida no urbanizable y fallando a favor del derecho de retracto sobre los terrenos en los que se ubica el hotel.[16][17]
Una parte de la población de Carboneras, municipio en el que se encuentra el Hotel, era favorable en un principio a su apertura, debido al subdesarrollo del pueblo:[cita requerida] la economía, a pesar de la fuerte industrialización y desarrollo turístico en las últimas décadas, sigue basada en el sector primario (pesca) y en la estacionalidad turística. A esto hay que sumarle las grandes distancias sociales entre la minoría de trabajadores cualificados (en general, provinientes de fuera del pueblo) y la masa de trabajadores no cualificados (fundamentalmente oriundos del municipio sin estudios superiores e inmigrantes subsaharianos y de Europa del Este). Hasta principios de la década de los 90, el desarrollo del pueblo era aún menor; la expansión de la economía posterior, conocida como "el bum inmobiliario", así como la inauguración de universidades públicas en todas las provincias andaluzas, facilitó el desarrollo económico de la localidad, así como un aumento de la cualificación de los habitantes, los cuales ya no tenían que estudiar en Sevilla o Granada, pudiendo hacerlo en Almería, con lo que era más fácil mantener la relación con el pueblo por proximidad geográfica. Sin embargo, a principios de la década de 2000 los efectos de esta nueva generación de cualificados aún no se habían instalado en la economía del pueblo ni en la cultura del mismo.
