Inmigración colombiana en Ecuador

De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones,^[4] la migración de colombianos a Ecuador ha sido "tradicional". Según datos de 1881, en Quito, la población colombiana estaba conformada en un 52,12% por mujeres y el 47,88% por hombres. Otra información valiosa que arroja las fuentes de ese año es el lugar de origen de dicha población. Más del 70% provenía de los territorios que alguna vez fueron ecuatorianos: el 37,46% de Pasto y el 34,85% de Popayán; seguido de Barbacoas (8,47%) y Túquerres (5,86%), estos últimos territorios pertenecientes al departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador.^[7] En el censo de 1950, el número de colombianos era 23 489 personas, correspondiente al 62% de la población migrante. En 1982 la cifra ascendió a 39 443, y ese número llegaría a 51 556 en 2001. Desde entonces, y con la internacionalizacion del conflicto armado colombiano, se manifiesta una llegada masiva de colombianos a Ecuador en búsqueda de protección internacional.^[8][9]

A finales de los años 90, la intensificación del conflicto interno en Colombia provocó una migración masiva y sin precedentes de colombianos hacia Ecuador. En este mismo periodo, Ecuador experimentaba su propia crisis, con una gran oleada de ecuatorianos emigrando a España. En este contexto de "dos países en movimiento", Ecuador se convirtió en el país con la mayor cantidad de colombianos en situación de refugio en las Américas. Sin embargo, existía una gran discrepancia entre las cifras oficiales, que registraban a 45,000 solicitantes de refugio entre 2000 y 2006, y las estimaciones de ACNUR, que señalaban que cerca de 250,000 colombianos necesitaban protección internacional. A pesar de la disparidad en los números, tanto las instituciones como las investigaciones coincidieron en que la cifra real de inmigrantes superaba con creces los datos oficiales. Esta "zona gris" incluía a aquellos a quienes se les había negado la solicitud de refugio y se quedaron como indocumentados, así como a quienes nunca lo solicitaron por temor o desconocimiento, a pesar de haber huido de situaciones de riesgo similares. El estudio se centró en analizar a dos grupos de este gran universo de colombianos: aquellos reconocidos oficialmente como refugiados y aquellos a los que se les negó el estatus de refugio, que se autodenominaban "negados". El análisis del artículo reveló que, a pesar de la diferencia legal, no existían diferencias significativas en las posibilidades de integración local entre ambos grupos. Tanto los refugiados reconocidos como los "negados" vivían en condiciones de alta vulnerabilidad, enfrentando profundas dificultades económicas, sociales y de seguridad, así como el incumplimiento de sus derechos humanos. La similitud en sus experiencias de exclusión social y las dificultades que enfrentaban llevó a los autores a cuestionar la efectividad del reconocimiento de refugio en Ecuador, sugiriendo que la situación de estos migrantes podría ser descrita como un "sin refugio".

En el año 2021, según la ACNUR, Ecuador acogía al 90% de los refugiados de origen colombiano, lo que lo posiciona como el principal país de asilo para quienes huyen del conflicto armado interno de Colombia.^[5][10] En total, 54,491 personas de esa nacionalidad tenían estatus de refugiado y 2,719 eran solicitantes de asilo. El éxodo de colombianos hacia Ecuador y otros países ha sido una de las mayores crisis de desplazamiento forzado en la región, evidenciando el impacto transfronterizo del conflicto. Como parte del proceso de paz en Colombia, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (Comisión de la Verdad) presentó su informe final en Ecuador. Este documento se centra en el exilio colombiano y recoge los testimonios de víctimas, familiares y testigos del conflicto que se han refugiado en el extranjero.^[6] El informe busca no solo dar cuenta del pasado, sino también servir de herramienta para que los gobiernos y la sociedad entiendan las dinámicas del exilio y los refugiados. La presentación del informe en Ecuador, el primer país de Latinoamérica en acoger este evento, subraya la relevancia de la nación andina en el contexto del conflicto colombiano. Con la publicación del documento, se busca que las verdades de las personas exiliadas se integren en la construcción de una verdad colectiva que aún necesita consolidarse en Colombia. Para asegurar que las recomendaciones del informe se cumplan, la Comisión ha establecido un Comité de Seguimiento de siete años, demostrando el compromiso de buscar una paz duradera y una transformación social que aborde las raíces del conflicto y sus consecuencias, tanto dentro como fuera de las fronteras colombianas.^[11][5]

Los principales motivos de la migración colombiana hacia Ecuador están arraigados en el conflicto armado multipolar que afecta a Colombia.^[12] Los migrantes describen un contexto de violencia donde se ven obligados a huir de situaciones que ponen en riesgo directo sus vidas y las de sus familias. El 47% de los investigados llegó a Ecuador en los primeros años del siglo XX un período que refleja un aumento significativo en las solicitudes de refugio y, a la vez, en los rechazos, lo que ilustra la creciente tensión entre ambos países. Las razones específicas de su huida son diversas, pero todas se centran en algunas causas: en primer lugar las amenazas directas a individuos o a familias enteras. Además, la violencia se manifiesta a través de atentados, asesinatos, reclutamiento forzoso, secuestro y extorsión. La situación se agrava por la difusa línea entre los diferentes actores armados, como guerrillas, paramilitares y fuerzas armadas, y la delincuencia común, el narcotráfico y las pandillas, lo que hace difícil para las víctimas identificar a sus agresores.^[13][14]

Otra diferencia fundamental en la migración se da entre las personas que provienen de zonas urbanas y de aquellos que vienen de zonas fronterizas. Los migrantes de ciudades como Bogotá, Cali o Medellín describen un conflicto urbano complejo, donde la porosidad entre los grupos armados y el crimen organizado se convierte en un problema que motiva la movilización. Por otro lado, los migrantes de las zonas fronterizas, como el Putumayo, se enfrentan a un hostigamiento constante por parte de guerrillas y paramilitares, y las implicaciones de las acciones militares para recuperar el control territorial. En estos lugares, la población vive bajo un dominio que incluye el pago de "vacunas" y la amenaza de reclutamiento forzoso.^[14]

La frontera entre Colombia y Ecuador es una región de intensa dinámica social y ambiental, habitada por 11 grupos étnicos.^[15] Esta zona se caracteriza por un desarrollo económico rezagado, especialmente del lado colombiano, y por la movilidad de poblaciones impulsada por factores sociopolíticos y ambientales. El conflicto interno de Colombia ha sido un motor clave del desplazamiento de personas, generando un contexto de vulnerabilidad que impacta a migrantes y refugiados de diversas procedencias. Las poblaciones que transitan y residen en la frontera enfrentan serios desafíos de salud. A pesar de la existencia de avances legislativos y políticas en ambos países para atender a las poblaciones desplazadas, la implementación de estos programas es a menudo insuficiente, ya que se diseñan desde un enfoque centralizado que no considera las particularidades de la vida en la frontera. Los problemas de salud sexual y reproductiva, como la violencia de género y los embarazos adolescentes, son particularmente graves entre las mujeres desplazadas. La falta de estudios académicos sobre la relación entre la migración y la salud en la zona binacional agrava la situación, dificultando la creación de políticas públicas efectivas y la atención integral a esta población.^[15]

La migración de colombianos a Ecuador en busca de refugio es un fenómeno impulsado principalmente por el conflicto armado y la violencia interna en Colombia. A diferencia de la migración económica, este desplazamiento se caracteriza por la necesidad de huir de amenazas directas contra la vida y la seguridad de las personas y sus familias. El patrón más común es que los hombres viajen primero para establecerse y, una vez que logran un mínimo de estabilidad, intenten reunificar a sus familias. No obstante, existen variaciones significativas, como mujeres que huyen solas o lideran la migración de sus familias, lo que refleja la diversidad de las circunstancias de cada caso.^[16]

El trayecto hacia Ecuador es, en la mayoría de los casos, el resultado de una escalada de violencia y se percibe como un último recurso. Para muchos, el exilio es precedido por múltiples desplazamientos internos fallidos dentro de Colombia, donde la falta de protección estatal y la persistencia de las amenazas les impiden encontrar un lugar seguro. Estos individuos, que a menudo son "cifras ocultas" del desplazamiento interno, se ven obligados a cruzar la frontera debido a la ineficacia del sistema de prevención y atención colombiano. Así, el viaje a Ecuador no es un punto de partida inicial, sino el último paso en una larga cadena de estrategias de supervivencia y resistencia frente a un conflicto prolongado.^[16]

En la zona de frontera entre Colombia y Ecuador, la violencia persistente después del Acuerdo de Paz con las FARC ha provocado la migración forzada de comunidades indígenas, rompiendo sus patrones ancestrales de movilidad. Este fenómeno, caracterizado por el éxodo reactivo y la búsqueda de supervivencia, contrasta con la migración transfronteriza histórica de estos pueblos, que tradicionalmente se movían entre territorios ancestrales para actividades de subsistencia y culturales. La situación violenta, impulsada por la disputa territorial de grupos armados ilegales y la continuación de economías ilícitas como el narcotráfico, amenaza la existencia física y cultural de estas comunidades, generando un quiebre en su relación con el territorio.^[17][18]

La migración forzada ha generado consecuencias devastadoras para los pueblos indígenas, incluyendo el despojo de sus tierras, la pérdida de autonomía y la ruptura de su tejido social. Adicionalmente, la militarización de sus territorios ancestrales, como respuesta a la violencia, viola sus derechos de libre determinación y afecta su bienestar emocional y espiritual. El aumento de los cultivos ilícitos en la región, a pesar de los esfuerzos del gobierno colombiano por erradicarlos, agudiza la crisis humanitaria y promueve el exterminio de las comunidades que habitan la zona. Estos factores han llevado a que la migración forzada se convierta en una estrategia de supervivencia, en un contexto de vulnerabilidad extrema.^[18]

A pesar de la gravedad de la situación, el fenómeno de la migración transfronteriza indígena no ha sido abordado de manera prioritaria en la agenda pública binacional de Colombia y Ecuador, la cual se ha centrado principalmente en temas de seguridad y defensa. Si bien se han establecido mecanismos de cooperación y diálogo, como los gabinetes binacionales y las comisiones técnicas, estos no han incorporado un enfoque diferencial étnico que reconozca las particularidades culturales e históricas de los pueblos indígenas. Por lo tanto, es imperativo que ambos gobiernos incluyan la problemática de la migración indígena como un asunto de atención prioritaria, garantizando una respuesta humanitaria y una protección integral acorde con su cosmovisión y sus derechos ancestrales.^[18]

El pueblo Awá ha sufrido un desplazamiento forzado y otras formas de violencia debido a que su territorio, ubicado en la frontera entre Colombia y Ecuador, es un área geoestratégica de interés para los actores armados y del narcotráfico.^[19] El conflicto ha agravado el legado colonial, llevando al pueblo Awá al borde de la extinción. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció al pueblo Awá y a su "Katsa Su" o "Gran Territorio" como víctimas colectivas del conflicto. Esta decisión histórica busca proteger los derechos fundamentales del pueblo Awá, que ha sido afectado por asesinatos selectivos y violencia de género, y sirve como un paso para fortalecer la aplicación del enfoque étnico-racial en la justicia colombiana.^[20]

La "migración ambiental" en la frontera entre Colombia y Ecuador es un fenómeno impulsado por la degradación ambiental causada por actividades humanas, especialmente la fumigación aérea con glifosato. Este tipo de migración, aunque cada vez más común a nivel mundial, carece de protección legal internacional. Específicamente, las comunidades indígenas de los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo se ven forzadas a desplazarse hacia las provincias ecuatorianas de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, atentando contra su derecho a una vida digna.^[21]

La migración por causas ambientales, también conocida como la de "eco-refugiados", exige protección del derecho internacional. Las categorías de protección existentes y la ausencia de atención a esta problemática, ha caracterizado a este tipo de migración y se refleja en dos problemas. La primera se debe a que la categoría de "refugiados" debe ampliarse ya que la existente no incluye a los eco-refugiados. La segunda opción sería crear una nueva categoría de protección específica para este tipo de migrantes. Sin embargo la solución a largo plazo es la creación de un tratado internacional con un enfoque regional, para proteger el derecho a una vida digna de las comunidades afectadas en la frontera colombo-ecuatoriana.^[21]

La integración de los colombianos en Ecuador es un proceso influenciado por factores históricos, políticos y sociales. Desde la segunda mitad del siglo XX, Ecuador ha sido un país de acogida para migrantes, en particular para la población colombiana, cuyo flujo se intensificó a finales de los años 90 debido al conflicto armado en su país de origen. Aunque una minoría obtuvo el estatus de refugiado, la mayoría se encontraba en diversas condiciones migratorias. A partir de 2007, las políticas del gobierno de Rafael Correa, con la adopción de la "ciudadanía universal" y la libre movilidad en la Constitución de 2008, posicionaron a Ecuador como un referente en la provisión de refugio en la región, con el 98% de los solicitantes provenientes de Colombia.^[22]

A pesar de las políticas iniciales de puertas abiertas, la situación de los migrantes colombianos ha evolucionado hacia un escenario de doble exclusión. En primer lugar, la violencia en Colombia persiste, a pesar de la firma del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC, lo que continúa empujando a las personas a huir. En segundo lugar, la recepción en Ecuador se ha vuelto progresivamente más restrictiva y precaria, lo que se ha acentuado con la fragilidad económica del país. Esto ha resultado en una disminución del apoyo de organizaciones como ACNUR y una baja en la aceptación de solicitudes de refugio.^[22]

Un estudio realizado en Quito con una muestra de 105 participantes colombianos y 148 cubanos buscó explorar las condiciones que promueven o dificultan su arraigo e integración social. Los resultados mostraron diferencias significativas entre ambos grupos en aspectos como el sexo, estado civil, tiempo de residencia, nivel académico y situación laboral. A diferencia de la población cubana, la migración colombiana es impulsada principalmente por la violencia, y aunque se observó una menor inserción laboral en este grupo en comparación con los cubanos, esto no se asocia necesariamente al tiempo de estadía. El estudio encontró que las dificultades en la adaptación al estilo de vida en Ecuador eran mayores para los colombianos, sugiriendo una relación más problemática con la sociedad de acogida.^[22]

La integración de los refugiados colombianos en Ecuador, se basa en el marco institucional y económico del Estado ecuatoriano que garantiza la transición del estatus de estos refugiados hacia una vinculación socioeconómica. La creciente importancia de esta población en Ecuador abre la necesidad de abordar el tema como un componente fundamental para la comprensión de los flujos migratorios en la región. Las políticas y la estructura económica de Ecuador han facilitado la migración y posterior integración de la población colombiana. Comparando el desarrollo de las migraciones regulares y las poblaciones refugiadas, existe una consolidación de una política de Estado en Ecuador que ha permitido esta transición en un marco histórico y económico. La migración de colombianos a Ecuador no es un fenómeno causado únicamente por el conflicto armado interno. Aunque la violencia ha sido un factor significativo, resulta difícil diferenciar las causas económicas de aquellas relacionadas con el conflicto, la violencia y las violaciones de los derechos humanos. Esta perspectiva más amplia permite comprender por qué Ecuador se ha convertido en una opción viable para la migración y el refugio.^[23]

Por esta razón, el marco institucional y económico de Ecuador ha generado las condiciones para que la población colombiana pueda migrar al país y, posteriormente, realizar una transición de su estatus de refugiado en pro de su integración socioeconómica. La adopción de la dolarización en Ecuador en el año 2000, bajo el gobierno de Gustavo Noboa, no solo fue una medida para combatir la hiperinflación y estabilizar la economía, sino que también generó un entorno propicio para la recepción de inmigrantes. Este cambio de paradigma económico coincidió con una masiva ola migratoria de colombianos, impulsada por la violencia, la crisis económica y otros factores coyunturales en su país. La llegada de esta población marcó un hito que transformó a Ecuador de un país de emigrantes a uno de recepción, evidenciado por el notable incremento de la población colombiana en territorio ecuatoriano entre 1990 y 2001.^[23]

Este flujo migratorio masivo representó un desafío significativo que llevó al gobierno de Rafael Correa a adoptar un enfoque proactivo con la "Revolución Ciudadana". En 2008, se materializó una Política de Refugio centrada en la protección de los derechos de los refugiados y su inclusión socioeconómica. Esta política, respaldada por la Constitución de 2008 y la colaboración con ACNUR, permitió la creación de herramientas como el Registro Ampliado, que facilitó la legalización y el acceso a derechos fundamentales para los refugiados, evidenciando un compromiso del Estado más allá de un simple gobierno. A pesar de los avances, la implementación de estas políticas enfrentó contradicciones con leyes migratorias anteriores, que se basaban en la seguridad nacional. Esta dicotomía entre un enfoque flexible y una normativa rígida obstaculizó la plena integración de los refugiados. Aunque la Ley Orgánica de Movilidad Humana de 2017 buscó consolidar un marco legal unificado, el artículo argumenta que aún persisten vacíos que impiden el pleno acceso de los refugiados a condiciones laborales y sociales, a pesar de los esfuerzos por integrarlos a través de servicios como la salud y la educación.^[23]

Según el censo de 2010,^[3] en Ecuador residían 89 931 colombianos de nacimiento, que representaban el 49,45% de la población extranjera total. El 30,20% de ellos residían en la provincia de Pichincha; el 12,96%, en Carchi; el 11,46% en Sucumbíos; y el 11,42% en Guayas (10 270 personas). Sin embargo, se presume la existencia de un subregistro de ciudadanos extranjeros, ya que en diciembre de 2011 la Dirección de Refugio reportó 55 092 personas en esta situación, y alrededor de 148 000 entre solicitantes y refugiados reconocidos.^[3]

De los colombianos residentes en Ecuador, y, de acuerdo con los datos emanados del censo,^[3] el 47,22 % son hombres y el porcentaje restante (52,78 %) son de género femenino. El 15,27 % son menores de 15 años; el 78,07 % tiene entre 15 y 65 años (población en edad activa); y el 6,66% son adultos mayores, es decir, mayores de 65 años.

En lo que respecta a su nivel de instrucción, el 6,61% de los mayores de 15 años son analfabetos, una cifra muy similar al promedio nacional de 6,8%.^[24] Analizando el nivel más alto de instrucción que tienen los colombianos mayores de 5 años que residen en el país, se encontró que el 0,53% de los colombianos visitan algún centro de alfabetización; el 40,96% tienen hasta instrucción primaria; el 35,57% hasta secundaria; el 15,69% superior, sea pregrado o postgrado (en contraste con el 6,3% de la población total del Ecuador que tiene educación superior);^[24] y el 7.25% no tiene instrucción alguna o no respondió a esta pregunta.

Según su ocupación, el 23,44% de los colombianos son trabajadores de los servicios o vendedores; el 23,15% realizan ocupaciones elementales; el 12,43% son oficiales, operarios y artesanos; el 9,33% son agricultores o trabajadores calificados; el 5,32% son profesionales científicos e intelectuales; el 4,78% trabajan como directores o gerentes; el 4,77% como personal de apoyo administrativo; el 4,13% trabajan como técnicos o profesionales de nivel medio, el 0.02% tienen ocupaciones militares; y el 4,43% son trabajadores nuevos.^[3]

A pesar de que el censo ecuatoriano en 2010 registró 93.237 colombianos en Ecuador, las cifras oficiales no reflejan el número real. Según las estimaciones del año 2007 la cifra verdadera asciende a 721.557 personas. Este informe fue elaborado por investigadores ecuatorianos de inmigración en 2007 y posteriormente presentado al Comité de Derechos de los Trabajadores de las Naciones Unidas. Según el artículo 74 de la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias (ICRMW), las organizaciones de la sociedad civil pueden presentar un informe sobre la situación de los Derechos de los migrantes. Por otro lado, Según Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y el DNM, 603.729 colombianos tomaron la decisión de permanecer entre 2002 y 2008.^[25]

En 2007, el ministro del Interior de Ecuador, Gustavo Larrea, afirmó que el gobierno ecuatoriano buscó legalizar la situación de aproximadamente 500.000 colombianos que se encuentran de forma irregular en el país. El plan incluyó un censo para regularizar a los ciudadanos indocumentados. Además, se agilizará el proceso de solicitud de refugio para los 25.000 colombianos que lo han pedido, sumándose a los 10.000 que ya tienen este estatus. Finalmente, Larrea anunció un plan para la zona fronteriza con Colombia, que combina la lucha contra el narcotráfico con la inversión social, y solicitó apoyo internacional para esta iniciativa, argumentando que Ecuador es una "víctima no deseada" del conflicto colombiano.^[26]

El informe de la Comisión de la Verdad de Colombia, publicado en 2022, expone las realidades del exilio, una de las violaciones de derechos humanos más invisibles del conflicto interno de 60 años de Colombia.^[27] Ecuador se ha convertido en el principal país de acogida para los colombianos exiliados, con cerca de medio millón de personas viviendo allí, aunque solo una pequeña fracción de ellas tiene estatus de refugiado. El informe detalla que la mayoría ha accedido a visas humanitarias, de residencia o de otro tipo, o incluso vive de manera irregular. El informe describe el exilio como “un destierro, la vida sacada de su cauce natural y una pequeña muerte”.^[28]