Jorge Azcón

Plan de concordia

El PP impulsó junto a Vox las llamadas leyes de concordia en Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana o Extremadura, que Vox exigía como condición para otorgar los gobiernos de estas comunidades autónomas al PP, con el visto bueno de la dirección nacional, con objeto de modificar a nivel autonómico la Ley de Memoria Democrática y, según sus promotores, «unificar» la memoria histórica y reconocer «todas las víctimas» del siglo XX, no solo las del franquismo.^[13]

Estas han sido polémicas porque eliminan los permisos para la exhumación de fosas comunes que permiten a los ciudadanos identificar a sus familiares muertos en la guerra civil española, la señalización de lugares simbólicos, la catalogación de desaparecidos y las ayudas a proyectos de memoria democrática. No mencionan la dictadura franquista como tal, niegan que su carácter dictatorial deba condenarse y evitan nombrar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas. Además, permiten restaurar monumentos o exhibir cruces y símbolos históricos si se justifican como «concordia», limitan ayudas a asociaciones de memoria (o las eliminan) y condicionan subvenciones a particulares interpretaciones. Incluyen personas afectadas por la Segunda República española, el terrorismo de ETA o la persecución ideológica en general, equiparando implícitamente estos hechos con las víctimas del franquismo.^[14][15][16]

Los relatores de la Organización de las Naciones Unidas han alertado con contundencia que estas leyes invisibilizan las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo, obstaculizan el acceso a la verdad, justicia y reparación para las víctimas y no condenan explícitamente el régimen dictatorial, lo que incumple obligaciones internacionales sobre memoria histórica.^[17][18]

Historiadores y expertos han denunciado su falta de rigor histórico y base científica, su «falsa equiparación» entre víctimas de regímenes democráticos y autoritarios y la mezcla inapropiada entre memoria personal y memoria social, lo que diluye la responsabilidad histórica.^[19][20][21]

En Aragón, en el pacto de gobierno para hacer presidente a Jorge Azcón, firmado en agosto de 2023, PP y Vox acordaron derogar la Ley de Memoria Democrática de Aragón y elaborar un plan de concordia. La primera fue derogada en febrero de 2024, substituida por la segunda norma, mediante trámite exprés, en las Cortes de Aragón en julio de 2024, omitiendo términos como franquismo, dictadura o Guerra Civil y reconociendo de forma genérica «violencia política» sufrida por «todas las víctimas».^[22][23][24]