Junta Electoral Central

Ya en los tiempos de las Cortes de Cádiz existió una Junta Electoral responsable de supervisar y llevar a buen término el nombramiento de los primeros diputados electos a Cortes. Sin embargo, esta junta no tenía carácter permanente y su presidente era el presidente de la Junta Suprema Central.^[3]

Ocho décadas después, por Ley de 26 de junio de 1890, se crea lo que hoy conocemos como Junta Electoral Central que, entre 1890 y 1977, se denominó Junta Central del Censo Electoral.^[4]

Esta ley electoral estableció la primera Administración electoral, muy similar a la actual, con un nivel estatal formado por la Junta Central, con sede en Madrid, otro provincial y otro municipal, con juntas propias.^[4] Todas ellas con carácter permanente. A diferencia de hoy en día, las juntas estaban presididas por el presidente del Congreso de los Diputados, por los presidentes de las Diputaciones Provinciales y por los alcaldes, respectivamente.^[4] La Junta Central se constituyó de forma efectiva el 5 de julio de 1890, bajo la presidencia de Manuel Alonso Martínez.^[5]

A partir de la ley electoral de 1907, la Junta Central dejó de estar presidida por el presidente del Congreso, pasando a ser su titular el presidente del Tribunal Supremo, y lo mismo con el resto de juntas, cuyas presidencias eran ejercidas por los presidentes de los órganos judiciales de su jurisdicción.^[6] Asimismo, se intentó conseguir mayor independencia de la Administración y el Gobierno haciendo vocales de la Junta Central a relevantes personalidades como el presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, el de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, el del Instituto de Reformas Sociales, el rector de la Universidad Central, el decano del Colegio de Abogados de Madrid o el director del Instituto Geográfico y Estadístico.^[6] Asimismo, la responsabilidad sobre la supervisión del censo electoral se atribuyó al Instituto Geográfico y Estadístico.^[6]

Sin mayores cambios se mantuvo así hasta la Transición democrática. La mayoría de los puntos de la ley de 1907 se ratificaron en el Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo, sobre Normas Electorales, que renombró el órgano.^[7] Asimismo, se despolitizó al máximo los órganos de gobierno electoral, dando mayor protagonismo a relevantes juristas, no solo jueces, catedráticos o académicos del derecho, sino también a los presidentes de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, del Consejo General de la Abogacía Española y de la Junta de Decanos de Colegios Notariales de España, en el caso de la Junta Electoral Central, y sus homólogos provinciales y de Zona en el caso del resto de juntas. Desaparecen las Juntas Municipales y se crean las Juntas de Zona, con sede en los diferentes partidos judiciales.^[7]

Tras la aprobación de la actual legislación electoral española en 1985, la Junta Central deja de estar presidida por el presidente del Tribunal Supremo y se compone de trece vocales —cinco magistrados del Tribunal Supremo y cinco catedráticos del Derecho o de Ciencias Políticas y de Sociología— nombrados por el Consejo General del Poder Judicial y el Congreso de los Diputados.^[8] El presidente y vicepresidente de la JEC son elegidos por su pares de entre los vocales judiciales. El secretario general del Congreso de los Diputados se mantiene como secretario de la JEC.^[8] Por último, esta Ley de 1985 previó por primera vez la posibilidad de constituir Juntas Electorales de comunidad autónoma para velar por la normativa regional electoral y supervisar los procesos electorales de su competencia.^[8]

Algunas de las competencias destacadas que la ley orgánica del régimen electoral general reconoce:^[9]

• Dirigir y supervisar la actuación de la Oficina del Censo Electoral.
• Resolver con carácter vinculante las consultas que le eleven las Juntas Provinciales y las de comunidad autónoma.
• Unificar los criterios interpretativos de las Juntas Electorales Provinciales o de comunidad autónoma en la aplicación de la normativa electoral.
• Resolver las quejas, reclamaciones y recursos que se le dirijan.
• Velar por el cumplimiento de las normas sobre las cuentas y los gastos electorales por parte de las candidaturas desde la convocatoria de elecciones hasta pasados 100 días de las mismas.
• Ejercer la potestad disciplinaria sobre todas las personas que intervengan con carácter oficial en las operaciones electorales.
• Corregir las infracciones que se produzcan en el proceso electoral siempre que no sean constitutivas de delito e imponer multas hasta la cuantía máxima prevista.
• Expedir las credenciales a los Diputados, Senadores, Diputados Provinciales y Consejeros insulares en caso de vacante por fallecimiento, incapacidad o renuncia, una vez finalizado el mandato de las Juntas Electorales Provinciales y de Zona.

Con sede en el Congreso de los Diputados en Madrid, está compuesta por:^[10]

• 8 vocales magistrados del Tribunal Supremo designados mediante insaculación por el Consejo General del Poder Judicial.
• 5 vocales catedráticos de Derecho o de Ciencias Políticas y de Sociología, en activo, designados a propuesta conjunta de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores con representación en el Congreso de los Diputados.
• el secretario general del Congreso de los Diputados como secretario.
• el director de la Oficina del Censo Electoral, este último, con voz, pero sin voto.
• el presidente y el vicepresidente, elegidos por los vocales de entre los vocales de origen judicial en la sesión constitutiva de la Junta.

Las designaciones se realizan en los 90 días siguientes a la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados. Los vocales continúan en su mandato hasta la toma de posesión de la nueva Junta Electoral Central al inicio de la siguiente legislatura.