Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico

La Ley PROMESA establece la Junta de Supervisión y crea un proceso para reestructurar la deuda pública de Puerto Rico como respuesta a la crisis de la deuda gubernamental de Puerto Rico.^[2] El 31 de agosto de 2016, el presidente Barack Obama nombró a los siete miembros de la junta.^[3][4]

En marzo de 2017, Natalie Jaresko, exministra de Finanzas de Ucrania, fue nombrada directora ejecutiva de la junta.^[5] Su presidencia estuvo acompañada de múltiples protestas contra la JSAF en Puerto Rico, la más grande fue una protesta de 100,000 personas en San Juan en el verano de 2019, antes de anunciar su renuncia en febrero de 2022 con efecto a partir del 1 de abril de 2022.^[6][7] En 2019, Christian Sobrino, representante de PROMESA en el gobierno puertorriqueño, renunció a raíz del escándalo del Verano del 19 con efecto inmediato el 13 de julio de 2019. Robert Mujica se convirtió en el director ejecutivo de la Junta de Supervisión el 1 de enero de 2023.^[8]

El caso de la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico contra Aurelius Investment, LLC (590 U.S. ___ (2020)), fue un caso del Corte Suprema de los Estados Unidos en el que el corte sostuvo que los nombramientos para la Junta no están sujetos a las restricciones de la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de los Estados Unidos. El Corte sostuvo que todos los funcionarios de los Estados Unidos están sujetos a la Cláusula de Nombramientos, incluso si sus funciones se relacionan con Puerto Rico. Sin embargo, la facultad que ejercen debe ser principalmente federal para que la Cláusula sea aplicable. Si el funcionario ejerce facultades principalmente de carácter local, incluso si fueron creadas por ley federal, entonces no es "de los Estados Unidos" y está exento del cumplimiento de la Cláusula. Dado que los miembros de la Junta se ocupan principalmente del gobierno de Puerto Rico, aunque sus decisiones puedan tener consecuencias a nivel nacional, sus facultades son principalmente locales y no necesitan ser nombrados de conformidad con la Cláusula.

El 4 de agosto de 2025, el presidente Donald Trump destituyó a cinco miembros de la junta. Los destituidos fueron el presidente Arthur J. Gonzalez, Cameron McKenzie, Betty Rosa, Juan Sabater y Luis Ubiñas. Los dos miembros restantes fueron Andrew Biggs y John Nixon. Según un comunicado de la Casa Blanca, la decisión surgió a raíz de las preocupaciones sobre la eficiencia y eficacia de la junta.^[9] El 13 de agosto de 2025, Trump también destituyó a Andrew Biggs.^[10]

El 18 de septiembre de 2025, González, Rosa y Biggs presentaron una demanda para impugnar su despido, alegando que fueron despedidos sin causa.^[2]

Designada por el Presidente de la Cámara de Representantes y el Presidente de los Estados Unidos, La Junta tiene autoridad sobre el presupuesto de Puerto Rico, con el mandato de gestionar la crisis de liquidez que enfrenta el gobierno de la isla en medio de una economía en contracción y una crisis de deuda.^[14] La junta tiene la autoridad para "la pronta aplicación de cualquier ley aplicable del territorio cubierto que prohíba a los empleados del sector público participar en una huelga o cierre patronal" (PROMESA, 559).^[15] La Junta también tiene la facultad de acelerar la aprobación de proyectos de infraestructura y asociaciones público-privadas. La ley también otorga inmunidad total a los miembros de la junta ante posibles demandas.^[14]

Líderes empresariales, académicos, maestros, artistas escénicos y activistas puertorriqueños han liderado protestas contra La Junta.^[16] En julio de 2019, cientos de miles de personas se manifestaron en las calles de San Juan para corear al gobernador Ricardo Rosselló que "renuncie y llévese la 'junta' con usted".^[16] Muchos argumentan que la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico equivale al regreso del gobierno colonial sobre Puerto Rico.^[17] Entre ellos, el Dr. Ronald Mendoza-de Jesus escribió: "Muchos, incluido yo mismo, sienten que ha llegado el momento de disipar finalmente la fantasía de la soberanía de Puerto Rico bajo el gobierno de los Estados Unidos y retomar la cuestión de las implicaciones económicas y ontológicas de esforzarse por convertirse en una nación soberana".^[14] El cineasta puertorriqueño Francis Negrón-Muntaner argumenta en "The Emptying Island", que PROMESA "marca una transición a una nueva iteración del capitalismo colonial".^[18] Negrón-Muntaner señala que la Junta está "compuesta por individuos con profundos vínculos con el mundo bancario y de inversión, incluyendo algunos involucrados en la producción de la crisis de la deuda, y les otorgó amplios poderes sobre el gobierno electo de Puerto Rico para asegurar que se pague a los acreedores".^[19] En 2019, trece miembros del Congreso de los Estados Unidos, incluidos Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders, firmaron una carta que exigía que la junta de supervisión fiscal de Puerto Rico, conocida como "la Junta", revelara sus conflictos de intereses.^[20]

En mayo de 2023, la Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra de un medio de comunicación puertorriqueño en su intento de obtener documentos del Consejo Federal para supervisar la reestructuración financiera de la isla. Los jueces afirmaron que el Congreso no ha sido lo suficientemente claro sobre el levantamiento de la inmunidad soberana de la Junta de Supervisión y Administración Financiera, lo que permitiría al Centro de Periodismo Investigativo Inc. citar a la junta para que comparezca ante la justicia en relación con documentos relacionados con la reestructuración de la economía de Puerto Rico.

En junio de 2025, el presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, presentó una resolución exigiendo que el Congreso de los Estados Unidos y el Presidente de los Estados Unidos disuelvan la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico.^[21]