La Ley Mitre (5.315)
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La "ley sobre concesiones de ferrocarriles" también conocida como Ley Mitre, o Ley 5315, fue redactada por Emilio Mitre, hijo de Bartolomé Mitre. Fue promulgada en Argentina el 1 de octubre de 1907.[1]
Esta ley no introdujo nuevos principios, y su propósito fue justificar y simplificar las leyes de concesiones y la normativa general del sector ferroviario argentino. Representó un gesto hacia los inversionistas extranjeros que habían invertido inicialmente en la construcción del sistema ferroviario argentino en el siglo XIX, que luego resultó muy rentable para los inversionistas extranjeros durante el siglo XX. La ley garantizó la continuidad de regulaciones similares, lo que permitió a Argentina aspirar a un aumento de la inversión en su economía en desarrollo. Esto tuvo como consecuencia un incremento de la inversión extranjera en ferrocarriles, especialmente por parte de empresas británicas. [2] Argentina carecía de los recursos de hierro y carbón esenciales para una economía en expansión durante la Revolución Industrial, por lo que las condiciones ventajosas que ofreció el gobierno argentino a los inversionistas extranjeros también redundaron positivamente en los industriales ingleses proveedores de esos insumos..[3] [4] La ley permitía a todas las compañías ferroviarias, no solo a las de propiedad extranjera, importar la mayor parte de sus materias primas libres de impuestos (Art. 8)[1][5]
Un punto relevante de esta ley fue el incluido en el artículo 8º, que establecía la caducidad de la libertad de derechos de aduana el 1 de enero de 1947. Esta fecha estaría fuertemente vinculada luego con la nacionalización de los trenes durante el primer gobierno de Juan D. Perón.
El Art. 4 resulta en una garantía de cumplimiento dado que obliga a Obliga a depositar una garantía de $200 moneda nacional por km de vía antes de firmar el contrato, que devuelve según el avance de la obra. Esto evita la especulación con concesiones, ya que empresas pedían concesión y no construían.[1][6]
El Art. 12 reforzó el desarrollo del telégrafo mediante la obligación de "tender paralelo a su línea y en toda su extensión un hilo telegráfico, que será entregado al Gobierno para su explotación, quedando la empresa encargada de su conservación, sin cargo alguno para el Estado."[1]
El Art. 21 fomenta el compre nacional, mediante el establecimiento del origen argentino de los durmientes "Las traviesas que se emplearán en todos los ferrocarriles de la República, serán de madera dura del país"[1]
