Legitimidad policial
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La legitimidad policial se refiere al grado en que los ciudadanos perciben a la policía como figuras de autoridad de poder superior, a menudo medida en términos de la disposición del público a obedecer y cooperar con la policía.[1] La legitimidad policial está vinculada al grado de apoyo público y cooperación con los esfuerzos de la policía para combatir la delincuencia.[2] Cuando la capacidad y la autoridad de un agente de policía para realizar eficazmente su trabajo se ven comprometidas, existe la posibilidad de una falta de legitimidad policial.[3]
Las personas que experimentan mayor justicia procesal en los encuentros policiales perciben a la policía como más legítima.[4] En cambio, las medidas de mantenimiento del orden y los controles callejeros generalizados parecen reducir la legitimidad policial entre los hombres jóvenes.[5][6] Un aumento del apoyo y la obediencia pública solo se puede lograr si se implementan procedimientos justos. La legitimidad policial se puede lograr incrementando la participación ciudadana en los procedimientos policiales, informándoles y explicándoles el proceso de toma de decisiones.[7] El público juzga las actividades de la policía al evaluar sus acciones en el desempeño de sus funciones, lo que influye en su opinión sobre la legitimidad policial.[2]
La justicia procesal se refiere a la idea de que la policía, los tribunales y otras instituciones gubernamentales deben hacer cumplir la ley mediante un proceso imparcial e imparcial.[8] Consta de cuatro componentes principales que garantizan la correcta administración de justicia al público. En primer lugar, se debe permitir a los ciudadanos participar y estar informados sobre los procedimientos antes de que una institución gubernamental tome una decisión. En segundo lugar, el procedimiento en cuestión debe hacer creer al público que la institución está tomando una decisión de manera imparcial. En tercer lugar, demuestra que la institución en cuestión ha mostrado dignidad y respeto durante todo el procedimiento. Por último, debe demostrar que la institución tiene motivos en mente que benefician a los ciudadanos. Las personas que creen que fueron tratadas de manera procesalmente justa son más propensas a aceptar las consecuencias que enfrentan por sus acciones. La justicia procesal y la legitimidad policial están estrechamente vinculadas, lo que significa que un procedimiento justo promoverá la confianza del público en la aplicación de la ley.[9]
