Ley Europea de Chips
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La Ley Europea de Chips (también conocida como Chips Act de la UE) es un paquete de medidas de la Comisión Europea cuyo objetivo es hacer frente a las dificultades de suministro de semiconductores que surgieron, especialmente, en el contexto de la crisis de los chips de 2023, y aumentar su producción en Europa.[1][2] Esta última intención puede entenderse como una relocalización o recuperación de la capacidad de producción en Europa. Esto ocurre en un contexto de seguridad del suministro, que está directamente relacionado con las industrias que dependen de los productos semiconductores. La Ley de Chips también tiene por objeto reforzar la competitividad y la resiliencia de Europa en el ámbito de las tecnologías y aplicaciones de semiconductores, así como apoyar la transformación digital.
El objetivo de la Ley Europea de Chips es aumentar la cuota de la UE en la capacidad de producción mundial del 10 % actual al 20 %.[3] Para lograrlo, se movilizarán más de 15 000 millones de euros en inversiones públicas y privadas adicionales.
La Ley de Chips se basa en tres pilares:[4]
- Creación de la iniciativa «Chips for Europe» para apoyar el desarrollo de capacidades tecnológicas y la innovación a gran escala en toda la Unión Europea, con el fin de permitir el desarrollo y la introducción de tecnologías semiconductoras y cuánticas modernas y futuras.
- El objetivo es reforzar el liderazgo en investigación y tecnología para aumentar la competitividad de la UE en el sector de los semiconductores.
- Preparación, anticipación y respuesta a futuras interrupciones de la cadena de suministro en estrecha colaboración con los Estados miembros.
Inversiones y financiación
La Ley de Chips cuenta con un presupuesto de 43 000 millones de euros, de los cuales la UE solo aportará 3300 millones de euros con cargo al presupuesto comunitario. El resto se reasignará de otros programas y procederá de los Estados miembros y de inversores privados. [5]
Progreso e implementación
El 18 de abril de 2023, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo acordaron una versión definitiva de la ley. El 11 de julio de 2023, el Parlamento Europeo la aprobó.[6]
Controversias
Grupos de expertos y especialistas han expresado su preocupación sobre si la ley podrá lograr sus objetivos.[7][8] El presidente de Bitkom, Achim Berg, se pronunció a favor de la ley en un comunicado de prensa.[9]
La Asociación Alemana de Fabricantes Eléctricos y Electrónicos (ZVEI) pidió un mayor uso de los ingresos fiscales[10]y expresó algunas críticas sobre los detalles de la ley propuesta.[11]
