Ley PIACI

Según la ley, los pueblos indígenas son aquellos que se autorreconocen como tales, tienen una cultura propia, poseen un área de tierra y forman parte del Perú. De estos, la ley es aplicable a quienes estén en situación de aislamiento voluntario o en situación de contacto inicial, es decir, a aquellas sociedades indígenas cuyo aislamiento se debe a que no mantienen relaciones sociales sostenidas con el resto de la sociedad nacional o que, habiéndolo hecho, decidieron dejar de tenerlas, o en el otro caso, a las que han comenzado a tener relaciones sociales con el resto de la sociedad nacional. Se tratan de sociedades nómades o seminómades con una economía de subsistencia, con una cultura considerablemente integrada con el ecosistema en donde viven y en interrelación con el medio ambiente, viviendo de forma autosuficiente.^[10][11]

En su artículo 4, esta ley obliga al estado peruano a proteger y garantizar los derechos de esta categoría de pueblos indígenas. En particular, a proteger su derecho a la vida y a la salud mediante políticas preventivas, dada su vulnerabilidad frente a las enfermedades transmisibles ante el contacto con personas foráneas; respetar su decisión en cuanto a la forma de relación con el resto de la sociedad nacional, si desean tener contacto o permanecer aislados de ella; protegiendo su cultura y tradiciones, reconociendo su relación funcional y espiritual con el entorno donde viven; reconociendo el derecho a la tierra que ocupan y restringiendo el acceso a personas externas a estas sociedades indígenas; y garantizarles el libre acceso y uso de las tierras para sus actividades de subsistencia. Además, el estado debe establecer reservas indígenas sobre las tierras que ocupan y ocuparon tradicionalmente.^[11][12]

A pesar de la existencia de la ley PIACI desde el 2006; en Loreto ha generado una controversia debido a la postura adoptada por las autoridades regionales y los empresarios que forman parte de la Cámara de Comercio de esa región. Estos actores se han mostrado abiertamente en contra de la aplicación de esta ley e incluso afirman desconocer la existencia de los Pueblos Indígenas u Originarios en situación de Aislamiento o en situación de Contacto Inicial. Su principal argumento radica en que consideran que esta ley obstaculiza el desarrollo económico de la región. Como consecuencia de esta postura, en julio de 2022 solicitaron la derogación de la ley o la reestructuración de la Comisión Multisectorial encargada de los procesos de creación de las reservas indígenas para los pueblos aislados, tal como se establece en la mencionada Ley.^[13]

De acuerdo con la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), ha habido un impulso para modificar la Ley PIACI con el fin de favorecer intereses económicos directos en los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento de Loreto y otras regiones. Se argumenta que a través de este proyecto de ley, se busca desconocer la existencia de estos pueblos y despojarlos de sus territorios para permitir el saqueo de recursos.^[14]

La Defensoría del Pueblo ha expresado su preocupación por la adhesión de las autoridades estatales de Loreto a este manifiesto en contra de los PIACI, lo cual evidencia un desconocimiento de la responsabilidad del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos, así como su obligación de implementar medidas internas para asegurar su cumplimiento. En este contexto, la Defensoría ha instado a las autoridades de Loreto a abstenerse de realizar acciones que vulneren los derechos humanos de los PIACI y, por el contrario, a tomar las medidas necesarias y apropiadas en el marco de sus competencias para promover sus derechos y contribuir en la evaluación de las solicitudes de reservas indígenas que actualmente están en proceso.^[15]

Asimismo, se ha exhortado al Ministerio de Cultura, así como a los gobiernos regionales y locales en cuyas jurisdicciones habitan los PIACI, a tomar las acciones necesarias para garantizar la protección de los derechos de esta población altamente vulnerable. Se destaca que la existencia de estos pueblos implica obligaciones por parte del Estado, y el incumplimiento de estas obligaciones podría resultar en la responsabilidad estatal.^[15]

Organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los Derechos Humanos y Ambientales, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y AIEDESEP, han denunciado una campaña de desinformación liderada por grupos que se oponen a los derechos en Loreto. Estas organizaciones han destacado las acciones emprendidas por grupos de interés económico que están llevando a cabo campañas engañosas con el objetivo de socavar la existencia y los derechos de los PIACI. Además, estos grupos buscan debilitar y derogar la Ley PIACI, contando con el apoyo de algunos congresistas. Es importante recordar a estos legisladores que existen marcos jurídicos nacionales e internacionales que respaldan sus derechos. Como Estado peruano, se le recalcó la obligación internacional de cumplir con estos marcos y garantizar la protección de los derechos de estas comunidades vulnerables.^[14]

La CNDDHH ha señalado que a pesar de los compromisos expresados por el presidente del Congreso de la República, José Williams Zapata, en una reunión con la organización indígena nacional AIDESEP, no se ha cumplido con el traslado prometido. Estas posturas en contra de los PIACI ha sido resultado de una campaña engañosa liderada por grupos que se oponen a los derechos humanos en la región de Loreto, así como por autoridades regionales y provinciales que niegan su existencia. Según la CNDDHH, estas mismas autoridades muestran intenciones que ponen en riesgo la supervivencia de estos pueblos al propiciar contactos y desplazamientos forzados.^[16]