Ley anticorrupción de Brasil
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| Ley anticorrupción de Brasil | ||
|---|---|---|
| Título largo | Ley nº 12 846, de 1 de agosto de 2013 | |
| Cita | Lei nº 12846/2013 | |
| Extensión territorial | mundial | |
| Legislado por | Congreso Nacional de Brasil | |
| Publicación | 1 de agosto de 2013 | |
La Ley anticorrupción de Brasil (en portugués Lei anticorrupção), oficialmente Ley nº 12 846, de 1 de agosto de 2013, y habitualmente conocida como Ley de la empresa limpia (Lei da Empresa Limpa), es una normativa promulgada en 2013 que combate las prácticas corruptas entre las personas jurídicas que operan en Brasil. Define sanciones civiles y administrativas, así como la posibilidad de reducción de las sanciones a las empresas corruptas si cooperan con las autoridades mediante un acuerdo de clemencia que esas empresas firmen con el Estado. Se puede aplicar esta ley a una empresa que haya realizado actos de corrupción fuera de Brasil, siempre que dicha empresa opere en Brasil.
La ley concierne únicamente a personas jurídicas (pessoas jurídicas), lo que incluye a las corporaciones y otras instituciones, pero no a las personas físicas (pessoas físicas),[1] que se tratan en otras leyes.
Esta ley se ha aplicado numerosas veces, dando como resultado acuerdos de clemencia que devolvieron miles de millones de reales al Tesoro brasileño, en particular el acuerdo con Odebrecht, S.A., —tras 2020 pasó a llamarse Novonor— que reintegró 12 000 millones de reales.[2]
Según esta ley, las empresas son civil y administrativamente responsables de los actos de corrupción.
En Brasil, la responsabilidad penal por actos de corrupción se aplica únicamente a las personas físicas, por lo que no existe posibilidad de responsabilidad penal para una empresa. La corrupción y otros actos delictivos cometidos por una empresa u otra organización empresarial pueden dar lugar a sanciones penales únicamente para sus empleados, socios u otras personas físicas que los hayan cometido, y el Ministerio Público (Fiscalía) puede decidir imputarlos por delitos punibles con prisión, pero este es un procedimiento judicial independiente que se aplica a las personas físicas.[1]
Para evitar sanciones más graves derivadas de investigaciones de corrupción, las empresas pueden decidir cooperar voluntariamente con la investigación y firmar un acuerdo de clemencia (acordo de leniência en portugués, leniency agreement en inglés) según lo prescrito por la ley. Esto puede reducir sus multas hasta en dos tercios. Otras ventajas de la autodeclaración y la firma de un acuerdo de clemencia incluyen la exención de otras disposiciones de la Ley de empresas limpiasː la publicación de la decisión judicial que impone las multas, la prohibición de recibir subvenciones de instituciones públicas y restricciones para participar en licitaciones de proyectos públicos (en inglés debarment o inhabilitación).[3]
La ley fue enmendada en 2015 para introducir ciertas mejoras basadas en la experiencia acumulada. La Medida provisoria 703/2015 (en la legislación brasileña una medida provisoria es parecida a un Real decreto ley en la española, una norma urgente que dicta el Gobierno y que luego debe ser convalidada por el poder legislativo) facilitó a las empresas la solicitud de los beneficios de un acuerdo de clemencia y modificó la naturaleza de estos. El límite anterior para la reducción de las sanciones era de dos tercios, y esta ley lo elevó al 100 %. Anteriormente, solo se permitía la solicitud de clemencia a la primera empresa del conjunto de varias empresas involucradas, y solo antes de que se iniciara una demanda. Estas disposiciones se eliminaron. La enmienda también estableció un requisito de cumplimiento normativo, auditoría e informes, que se añadió a la ley.[4][5]
Acuerdos de clemencia
Los acuerdos de clemencia (acordos de leniência) se definen en el artículo 16 de la Ley anticorrupción.[6] Se dirigen a empresas brasileñas y extranjeras con presencia en Brasil involucradas en investigaciones de corrupción. La ley hace a las empresas responsables de la corrupción en la que hayan incurrido sus empleados, y pueden enfrentar fuertes sanciones, la restricción de su participación en futuras licitaciones, la confiscación de sus activos, la suspensión de su actividad comercial o incluso su disolución.[3]
Acuerdos relacionados
Ciertas empresas brasileñas han sido acusadas en investigaciones de corrupción en otros países. En algunas de estas investigaciones ha colaborado la justicia brasileña. Estas empresas han pagado multas en virtud de acuerdos alcanzados en dichos procedimientos. El caso más notable fue la investigación de la constructora brasileña Odebrecht, llevada a cabo por Estados Unidos y Suiza con la cooperación del gobierno brasileño. Como resultado de la investigación sobre sobornos pagados a cientos de políticos, incluidos candidatos presidenciales, así como a jueces del Supremo Tribunal Federal, Odebrecht llegó a un acuerdo de clemencia por el que se comprometió a pagar una multa récord de 6 000 millones de reales brasileños (MR$, alrededor de 1 500 millones de dólares norteamericanos, M$).[7] El fiscal general Deltan Dallagnol lo describió como «el mayor acuerdo de indemnización por daños y perjuicios en la historia del mundo».[8][9]
Ejemplos
Entre los acuerdos de clemencia firmados hasta julio de 2018 pueden citarse:[10]
- SBM Offshore: 1 220 MR$ (309 M$)
- Odebrecht: 2 720 MR$ (690 M$)
- MullenLowe y FCB Brasil: 53,1 MR$ (13,5 M$)
- Bilfinger: 9,8 MR$ (2,5 M$)
- UTC Engenharia: 574 MR$ (146 M$)
Comparación con los acuerdos de culpabilidad
En Brasil, los acuerdos de clemencia de la Ley de la empresa limpia se aplican exclusivamente a personas jurídicas, pero no a individuos,[1] y no son lo mismo que los acuerdos colaboración premiada, que se aplican únicamente a personas físicas. Los ejecutivos o empleados de las empresas corruptoras pueden negociar acuerdos de colaboración premiada para evitar multas personales o penas de prisión.[11]
Las personas acusadas de participar en tramas de corrupción pueden llegar a acuerdos con el Ministerio Público para declararse culpables. Estos acuerdos individuales se conocen habitualmente como "colaboración premiada" (colaboração premiada) y oficialmente como "delación premiada" (delação premiada).
Según la normativa brasileña, aunque los acuerdos de clemencia (acordos de leniência) y los acuerdos de culpabilidad son similares, en el sentido de que ambos comportan reducciones legalmente definidas en las sanciones (monetarias para las empresas y monetarias o de tiempo en prisión para los individuos), la clara diferencia es que el acuerdo de clemencia es de carácter civil y administrativo, y se aplica exclusivamente a personas jurídicas. En cambio, la delación premiada se aplica únicamente a personas físicas. Los 2 tipos de acuerdos están recogidos en leyes diferentes. Algunas fuentes que traducen estos términos al inglés mantienen la distinción,[12][13] mientras que otras pueden ser más laxas y confundir los 2 conceptos; pueden usar la expresión plea bargain (o plea deal) para ambos.[14]
La primera página de la declaración jurada (affidavit) entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y Odebrecht fue presentada en el Tribunal de Distrito de Nueva York como un plea agreement —literalmenteː "acuerdo de declaración"; plea suele traducirse al español como "declaración; declaración de inocencia, declaración de culpabilidad, etc.— (número 16-643). Las partes eran "Estados Unidos de América" y "Odebrecht, SA, demandado". En esta declaración se especificó una reducción del 25 % en las sanciones a cambio de la ayuda que la empresa había prestado en la investigación y otros esfuerzos para subsanar el daño cometido.[15][16]
Leyes relacionadas
Además de la Ley nº 12 846, de 1 de agosto de 2013, pueden citarse otras leyes importantes contra la corrupción aprobadas en Brasilː la Ley nº 12 527, de 18 de noviembre de 2011 (conocida como la Ley de libertad de información), la Ley nº 12 813, de 16 de mayo de 2013 (Ley de conflicto de intereses), la Ley nº 12 850, de 2 de agosto de 2013 (Ley contra las organizaciones criminales), y la Ley nº 12 683, de 9 de julio de 2012 (que modificó la Ley de prevención del blanqueo de capitales).[1]
