Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional

El Congreso promulgó la IEEPA en 1977 para aclarar y restringir el poder presidencial durante períodos de emergencia nacional declarada bajo la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917 (TWEA). Bajo la TWEA, comenzando con Franklin D. Roosevelt en 1933, los presidentes tenían la facultad de declarar emergencias sin limitar su alcance o duración, sin citar los estatutos pertinentes y sin supervisión del Congreso.^[9]La Corte Suprema, en Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, limitó lo que un presidente podía hacer en una emergencia de este tipo, pero no limitó el poder mismo de declarar la emergencia. Una investigación del Senado de 1973 encontró (en el Informe del Senado 93-549) que cuatro emergencias declaradas permanecían en vigor: la crisis bancaria de 1933 con respecto al acaparamiento de oro,^[10]una emergencia de 1950 relacionada con la Guerra de Corea,^[11]una emergencia de 1970 relativa a la huelga de trabajadores postales, y una emergencia de 1971 en respuesta al deterioro de las condiciones económicas y fiscales del gobierno.^[12]El Congreso puso fin a estas emergencias mediante la Ley de Emergencias Nacionales, y posteriormente aprobó la IEEPA para restablecer el poder de emergencia en una forma limitada y sujeta a supervisión.

A diferencia de la TWEA, la IEEPA fue redactada para permitir declaraciones presidenciales de emergencia únicamente en respuesta a amenazas originadas fuera de los Estados Unidos.^[4]Comenzando con Jimmy Carter en respuesta a la crisis de los rehenes en Irán, los presidentes han invocado la IEEPA para salvaguardar los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos mediante la congelación o el “bloqueo” de activos de gobiernos extranjeros beligerantes,^[13]o de ciertos ciudadanos extranjeros en el exterior.^[14]

En 1988, el Congreso aprobó enmiendas a la TWEA y a la IEEPA, redactadas por el representante Howard Berman (D–CA), destinadas a proteger el derecho de los ciudadanos estadounidenses a recibir información, independientemente del país de origen de los materiales utilizados, al eximir diversos métodos de comunicación de regulación. Las revisiones a ambas leyes, conocidas colectivamente como la “Enmienda Berman”, restringen la autoridad del Presidente para regular o prohibir la importación o exportación de diversas formas de materiales impresos, de audio y video, obras de arte y otras imágenes, así como otros materiales informativos protegidos por la Primera Enmienda.^[15]Sin embargo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos interpretó esta exención de manera restrictiva para sostener que conservaba el derecho de prohibir cualquier transacción asociada con “materiales informativos no completamente creados y existentes en la fecha de la transacción”.^[16]En respuesta, la Free Trade in Ideas Act, patrocinada también por Berman y aprobada por el Congreso en 1994, revisó las exenciones de la Primera Enmienda de la enmienda original para incluir medios nuevos y futuros (incluidos elementos intangibles como transmisiones televisivas y métodos de comunicación personal), aclarando aún más que los poderes presidenciales de sanción de emergencia bajo la IEEPA y la TWEA no pueden utilizarse respecto de ninguna información o material informativo, independientemente de su formato o medio, ni de si están destinados a uso personal o comercial. El lenguaje actualizado también aclaró que la lista no exhaustiva de materiales exentos tenía carácter ilustrativo, infiriendo que los materiales no enumerados que aún no hubiesen sido inventados o ampliamente utilizados al momento de su aprobación quedarían igualmente prohibidos de ser objeto de sanciones u otra regulación bajo ambas leyes.^[17]

Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, el presidente George W. Bush emitió la Orden Ejecutiva 13224 bajo la IEEPA para bloquear los activos de organizaciones terroristas.^[18]El Presidente delegó la autoridad de bloqueo a agencias federales encabezadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En octubre de 2001, el Congreso aprobó la Ley Patriótica, que, en parte, reforzó las disposiciones de bloqueo de activos de la IEEPA bajo el §1702(a)(1)(B) para permitir el bloqueo de activos durante la “pendencia de una investigación”. Este cambio legislativo otorgó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro la facultad de bloquear activos sin necesidad de presentar pruebas de conducta indebida por parte del sujeto afectado ni de permitirle una oportunidad efectiva de responder a las acusaciones ante un tribunal.^[19]La ejecución de estas medidas de bloqueo dio lugar a una serie de casos judiciales que impugnaron la autoridad federal para impedir indefinidamente que organizaciones benéficas accedieran a sus activos retenidos en Estados Unidos.

El presidente Donald Trump utilizó ampliamente la IEEPA, sancionando a más de 3.700 entidades e invocando 11 declaraciones de emergencia nacional (de las 13 que declaró en total) basándose principal o exclusivamente en la autoridad de la IEEPA durante su mandato de 2017–2021; Trump también utilizó o amenazó con utilizar sus facultades de maneras no convencionales y sin precedentes (incluidas acciones ejecutivas que empleaban poderes bajo la ley y que dieron lugar a impugnaciones legales).^[16]

El 30 de mayo de 2019, la Casa Blanca anunció que Trump utilizaría las facultades de la IEEPA para imponer aranceles a las importaciones provenientes de México en respuesta a la amenaza a la seguridad nacional que representaba la inmigración ilegal desde México hacia Estados Unidos.^[20]Como parte de la guerra comercial en curso con China, el 24 de agosto de 2019, Trump tuiteó que “por la presente ordenaba” a las empresas estadounidenses comenzar a buscar alternativas a China basándose en supuestas facultades bajo la IEEPA.^[21][22]Sin embargo, Trump no declaró formalmente una emergencia como lo exige la IEEPA.

En septiembre de 2020, la administración Trump sancionó e impuso restricciones de visado a dos funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI), la fiscal Fatou Bensouda y el director de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación, Phakiso Mochochoko, debido a la investigación del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos e Israel en Afganistán y los territorios palestinos, respectivamente. Los críticos consideraron la orden como un intento de intimidar a los funcionarios civiles de la CPI para que no continuaran con la investigación y acusaron a la administración de atacar a ambos fiscales, de origen africano, basándose en su raza. La Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York concedió una medida cautelar preliminar que bloqueó las sanciones en enero de 2021, a través de una impugnación presentada contra la orden por cuatro profesores de derecho estadounidenses con doble nacionalidad y la Open Society Justice Initiative. (La administración Biden levantó las sanciones contra la CPI en abril de 2021.)^[23][24][25]

Asimismo, en septiembre de 2020, Trump utilizó la IEEPA para ordenar la eliminación de las plataformas de redes sociales TikTok y WeChat de las tiendas de aplicaciones en Estados Unidos, así como para prohibir transacciones comerciales nacionales que involucraran a sus respectivas empresas matrices con sede en China, ByteDance y Tencent; las restricciones habrían sido aplicables a TikTok a menos que fuera vendida a una empresa estadounidense dentro de los 45 días posteriores a la emisión de la orden ejecutiva.^[26][27]Observadores plantearon preocupaciones relacionadas con la Primera Enmienda respecto a la orden ejecutiva y sugirieron que, aunque se invocaron razones de seguridad nacional para justificarlas, las sanciones fueron motivadas por las relaciones hostiles de la administración hacia China en general y por represalias específicamente contra TikTok. Se afirmó que dicha represalia se debía a cierto contenido anti-Trump alojado en la aplicación. El operador de la aplicación sostuvo en documentos judiciales relacionados con su demanda para anular la orden que la represalia también respondía a una broma de reserva de entradas realizada por algunos usuarios de la plataforma de video que redujo la asistencia a un mitin de campaña celebrado en Tulsa, Oklahoma, en junio de ese año.^[28][29]La orden ejecutiva fue bloqueada por tribunales federales en dos casos distintos con el argumento de que las sanciones probablemente violaban la exención para materiales informativos de la IEEPA (bajo la Enmienda Berman) y las protecciones de la Primera Enmienda aplicables a los usuarios de las aplicaciones.^[30][31][32]

En febrero de 2026, la Corte Suprema sostuvo que la IEEPA no autorizaba al presidente a imponer aranceles en Learning Resources, Inc. v. Trump. Esta decisión revocó los aranceles implementados por Trump bajo la IEEPA durante su segundo mandato.^[33][34]

• Dames & Moore v. Regan
• KindHearts for Charitable Humanitarian Development v. Geithner
• Genova Pipe v. Lutnick and Noem^{[35][36][37][38][39][40]}
• Learning Resources, Inc. v. Trump, and Trump v. V.O.S. Selections, Inc.

• En 1983, el financiero Marc Rich fue acusado de violar la ley al comerciar con petróleo iraní durante la crisis de los rehenes en Irán. Fue una de las muchas personas indultadas por el presidente Bill Clinton en sus últimos días en el cargo.^[41]
• El 23 de agosto de 2006, Javed Iqbal fue arrestado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos bajo el cargo de conspiración para violar la IEEPA por transmitir material producido por al-Manar (El Faro) en la ciudad de Nueva York durante el conflicto entre Israel y el Líbano de 2006.^[42]
• El 16 de diciembre de 2009, se anunció que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos llegó a un acuerdo con Credit Suisse por acusaciones de que el banco ayudó a residentes de países sancionados bajo la IEEPA a transferir dinero en violación de la ley entre 1995 y 2006. El acuerdo resultó en que Credit Suisse entregara 536 millones de dólares.^[43]
• El 16 de julio de 2020, una empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos, Essentra FZE Company Limited, admitió haber conspirado para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y desafiar las sanciones de los Estados Unidos contra Corea del Norte. La empresa también acordó pagar una multa de 665.112 dólares al Departamento de Justicia de los Estados Unidos.^[44]