Ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército
La ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército fue una norma legal de España, cuyo articulado fue aprobado por Real Decreto de 19 de enero de 1912, promovida por el entonces presidente del gobierno, José Canalejas y que supuso una reforma del servicio militar en España y la implantación de la obligatoriedad de este. Puso fin al sistema de las quintas que incluían la redención en metálico y la sustitución, los dos métodos utilizados por las clases acomodadas para evitar que sus hijos fueran reclutados. Sin embargo, la ley estableció la figura del soldado de cuota que permitió que tras el pago de una determinada cantidad de dinero el tiempo de servicio militar efectivo se redujera considerablemente.
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España| Ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército | ||
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| País |
España | |
| Publicado en | Gaceta de Madrid | |
| Título | Ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército | |
| Identificador Google Knowledge Graph | /g/11qnbm568h | |
| Fecha de publicación | 21 de enero de 1912 | |
| Fecha | 19 de enero de 1912 | |
La ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército fue una norma legal de España, cuyo articulado fue aprobado por Real Decreto de 19 de enero de 1912,[1] promovida por el entonces presidente del gobierno, José Canalejas y que supuso una reforma del servicio militar en España y la implantación de la obligatoriedad de este.[2]
Puso fin al sistema de las quintas que incluían la redención en metálico y la sustitución, los dos métodos utilizados por las clases acomodadas para evitar que sus hijos fueran reclutados. Sin embargo, la ley estableció la figura del soldado de cuota que permitió que tras el pago de una determinada cantidad de dinero el tiempo de servicio militar efectivo se redujera considerablemente (de cinco a diez meses según la cantidad aportada).
En 1909, España entró en un conflicto militar en el norte de Marruecos, en la denominada guerra de Melilla frente a las cabilas rifeñas. En el ámbito de esta contienda, el 27 de julio de 1909, se produjo el desastre del Barranco del Lobo en el que murieron 153 militares españoles y resultaron heridos 599, la mayor parte soldados de reemplazo. De manera paralela, ante el conflicto, el gobierno de España dictó el Real Decreto de 11 de julio de 1909, que llamó a filas a 14.000 reservistas, que debían incorporarse al Ejército de Marruecos. Estos soldados ya habían cumplido su servicio militar y se habían licenciado y la mayoría tenía obligaciones laborales y familiares. Este llamamiento provocó descontentos e incidentes en varios lugares de España. Las protestas se hicieron particularmente intensas en Barcelona, durante la llamada la Semana Trágica, en la que se produjeron duros enfrentamientos sociales y una dura represión del ejército para dominar la situación, que terminó con 78 personas muertas (75 civiles y 3 militares).[3] Uno de los principales motivos de las protestas era la redención en metálico, figura establecida que preveía que con el pago de una determinada cantidad de dinero se podía evitar el cumplimiento del servicio militar. Estos acontecimientos ampliaron la brecha existente entre el Ejército y la sociedad española. En política, provocaron un cambio en la presidencia del gobierno, con la salida de Antonio Maura, la entrada provisional de Segismundo Moret, que permaneció poco más de tres meses y la posterior llegada de José Canalejas, que en esta materia, impulsó una nueva normativa que reformase el sistema de reemplazo vigente del servicio militar, que permanecía casi sin cambios desde 1837.
Desde la entrada en la presidencia del gobierno de Canalejas en 1910 y hasta la aprobación de esta ley, se presentaron dos proyectos para modificar la legislación del servicio militar que no llegaron a ver la luz.
Elaboración de la disposición
El proyecto de ley fue leído por el entonces ministro de la Guerra, Ángel Aznar y Butigieg, en el Senado el 6 de octubre de 1910, lo que dio paso a su debate en los meses posteriores, en los que los sectores opuestos a esta propuesta de ley trataron de limitar las principales reformas introducidas, en particular las cuestiones referentes a la reducción del tiempo de servicio y a la obligación de servir para los religiosos. Se redactó un dictamen que se remitió al Congreso que mantenía básicamente la propuesta del gobierno Canalejas.[4]
Tras su trámite parlamentario, la ley que dictaba las bases para la ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército fue sancionada por el rey Alfonso XIII el 29 de junio de 1911, y el articulado definitivo se aprobó el 27 de febrero de 1912, siendo ministro de la Guerra, Agustín de Luque y Coca.
