Ley de esclavos fugitivos de 1850
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| Ley de esclavos fugitivos | ||
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| Título largo | Ley por la que se modifica y complementa la Ley relativa a los prófugos de la justicia y a las personas que escapan del servicio de sus amos, aprobada el doce de febrero de 1765. | |
| Extensión territorial |
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| Legislado por | Congreso de los Estados Unidos | |
| Historia | ||
| Aprobación | 12 de septiembre de 1850 | |
| Promulgación | 18 de septiembre de 1850 | |
| Publicación | 18 de septiembre de 1850 | |
| Legislación relacionada | ||
| Derogada por | Ley del 28 de junio de 1864, 13, Estatuto 200 | |

La Ley de esclavos fugitivos de 1850 (nombre original: Fugitive Slave Act of 1850 o Fugitive Slave Law) de Estados Unidos fue aprobada por el Congreso de este país el 18 de septiembre de 1850,[1] como parte del denominado Compromiso de 1850, que trató de apaciguar el enfrentamiento político existente entre los Estados esclavistas del sur y los Estados libres del norte.
La Ley constituyó uno de los elementos más controvertidos del acuerdo de 1850. Esta nueva norma exigía que todos los esclavos fugados que fueran capturados debían ser devueltos a su esclavizadores y que las autoridades y ciudadanos de los estados libres tenían la obligación de cooperar en su detención. Los abolicionistas la apodaron "Ley del sabueso", por los perros que se utilizaban para localizar a los esclavos fugitivos.[2]
La aprobación de esta ley contribuyó a la creciente polarización del Estados Unidos en torno a la cuestión de la esclavitud, y se considera una de las causas de la Guerra Civil. Puede decirse que es la pieza de legislación federal más odiada y abiertamente violada en la historia de la nación.
En 1843, cientos de esclavos escapaban cada año con éxito hacia el Norte de Estados Unidos.[2] Los dirigentes de los estados del Sur solían exagerar la cifra de personas huidas, culpando de las fugas a los abolicionistas, a quienes consideraban que interferían en sus derechos de propiedad.
En 1793, se había aprobada una primera ley federal de esclavos fugitivos con la intención de reforzar el cumplimiento de lo que establecía el artículo 4, sección 2, cláusula 3 de la Constitución de los Estados Unidos, que preveía la devolución de los esclavos fugados. La ley de 1793 pretendió obligar a las autoridades de los estados libres a devolver los esclavos fugitivos a sus amos.
Sin embargo, varios estados del Norte no habían muy taxativos en la aplicación, para ello, algunas jurisdicciones estatales aprobaron leyes de libertad personal, que exigían un juicio con jurado, antes de trasladar a los presuntos fugitivos; otras no cedían el uso de las cárceles locales para estos fines o negaban la colaboración de funcionarios estatales en la detención o devolución de los presuntos esclavos fugitivos. En otros casos, los jurados se negaron a condenar a personas que habían sido acusadas en virtud de la ley federal.[3] El Tribunal Supremo de Estados Unidos, a su vez, dictaminó en 1842, en el caso Prigg contra Pensilvania, que los estados no tenían que ofrecer ayuda para la persucusión o captura de personas esclavizadas, lo que debilitó enormemente la ley de 1793.
A partir de 1840, la población negra del condado de Cass, en el estado de Míchigan, creció rápidamente, atraídos por el cuestionamiento de las leyes discriminatorias por parte de los habitantes blancos del condado, en gran medida cuáqueros, y también por el bajo precio de las tierras. Los negros libres fugados encontraron un refugio en el condado de Cass. Su suerte atrajo la atención de los esclavistas del Sur y en 1847 y 1849, plantadores de los condados de Bourbon y Boone, en Kentucky, llevaron a cabo incursiones fracasadas en este condado para intentar capturar a personas que habían escapado de la esclavitud en el Sur. Esta situación contribuyó también a las demandas del Sur en 1850 para que se aprobara una ley que reforzara la captura de los esclavos fugitivos.[4]