Manuel Escalante y Arvizu

La clase que ascendió al poder en el noroeste al proclamarse la Independencia de México incluyó en el documento fundante del Estado de Occidente diversas disposiciones acerca de los indígenas que en él habitaban y que en ese tiempo constituían cerca de la mitad de la población. Por eso se debe recurrir a la historia para saber que hechos contribuyeron a ello. El primero fue que un mes antes de aprobarse la Constitución, en octubre de 1825, los pueblos Yaquis se levantaron en armas defendiendo su autonomía e identidad, rompiendo una tregua que mantenían desde 1740. Los motivos inmediatos de la rebelión fueron el rechazo a ser incorporados de manera forzosa a las milicias estatales, bajo las órdenes del comandante del estado y no de su capitán general; el segundo, la intención del naciente gobierno de que pagaran impuestos por sus tierras y posesiones. Pesó también el hecho de que los diputados del Congreso formarán parte de la clase económica dominante; su presidente, el señor Manuel Escalante y Arvizú, era una de ellos y conocía bien el asunto. Por eso buscaban darle una salida reconociendo pequeños derechos a los indígenas, mientras ellos avanzaban sobre sus recursos naturales y desmantelaban sus organizaciones políticas.^[4]

Para dar cumplimiento a lo estipulado en la Constitución del estado, el Congreso dictó varias disposiciones que en apariencia buscaban crear condiciones para el ejercicio de los derechos de los indígenas, cuando en realidad pretendían violentarlos para romper el régimen de autonomía que conservaban y con ello minar el sistema comunal de propiedad sobre sus tierras, localizadas generalmente en los más fértiles valles, lo que las volvía apetecibles para los colonos blancos deseosos de fincar en ellas sus ranchos y haciendas.^[5][6]

En mayo de 1837, el gobierno estatal requería a don Leonardo Santoyo para que entregara la Casa de Moneda de Hermosillo,“para revivirla y no para que se encargue de ella, como supone”. El gobierno esperaba que un humilde y sumiso don Leonardo regresara a la Casa de Moneda de Hermosillo para reacondicionarla “pues la paralización de trabajos que ha tenido por más de un año ha dado motivos para que las máquinas necesiten alguna reforma y para que los troqueles del presente año sean grabados con la fecha y matrices obtenidas de la Casa de Moneda de México”. El gobernador don Manuel Escalante y Arvizu destituye del cargo de director de la Casa de Moneda de Hermosillo a don Leonardo Santoyo y el 19 de julio de ese año nombra a uno nuevo. A la familia Santoyo ya se le había vuelto una pesadilla la Casa de Moneda de Hermosillo. Mariano Santoyo –como apoderado de su padre, don Leonardo- desde años atrás, solicitaba al gobierno estatal les fuera pagado lo que justamente se les debía. Al poco, había nuevo Gobernador del Estado, pues a Escalante y Arvizu le sucede don Rafael Elías González quien, el 19 de julio de 1837 ratifica burocráticamente en la dirección al señor Manuel Escalante y Mazón. El 17 de septiembre de 1837 el gobernador, don Manuel Escalante y Arvizu, escribe a don Rafael Elías que, según ha sabido, “al parecer, don Leonardo Santoyo y su hijo Mariano, se han dado por muy ofendidos.” Después de intentos fallidos del ciudadano Manuel Escalante y Mazón por volver a hacer trabajar la Casa de Moneda de Hermosillo (y de la negativa de los Santoyo, únicos al momento que sabían el manejo de una casa de amonedación) se ordena el cierre definitivo (aunque lo fue eventual) de la fábrica de monedas de Hermosillo, el 29 de noviembre de 1839.^[7]