Marco Feoli

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Marco Feoli


Ministro de Justicia y Paz de Costa Rica
3 de enero-8 de mayo de 2018
Presidente Luis Guillermo Solís
Predecesora María Cecilia Sánchez Romero
Sucesora Marcia González Aguiluz


Viceministro de Justicia y Paz de Costa Rica
28 de agosto de 2015-3 de enero de 2018
Presidente Luis Guillermo Solís
Predecesor Carlos Rodríguez Pérez
Sucesora Ada Porras Porras

Información personal
Nombre de nacimiento Marco Feoli Villalobos
Nacimiento 9 de enero de 1979 (47 años)
Bandera de Costa Rica San José, Costa Rica
Nacionalidad Costarricense
Educación
Educado en
Información profesional
Ocupación Abogado, funcionario y profesor universitario

Marco Feoli Villalobos (San José, 9 de enero de 1979) es un abogado y profesor universitario costarricense actualmente es miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la Organización de Naciones Unidas (ONU)

Fue ministro de Justicia y Paz de Costa Rica durante el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís y es actualmente miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).[1][2][3] Feoli es el tercer costarricense en llegar al subcomité, antes estuvieron Víctor Rodríguez Rescia y Víctor Madrigal Borloz.[4]

Además es profesor universitario en la Universidad Nacional de Costa Rica.

Nació en San José, el 9 de enero de 1979. Estudió en la Escuela José Ezequiel González Vindas y en el Colegio Claretiano en la provincia de Heredia. Luego ingresó a la Universidad de Costa Rica, en la provincia de San José, donde terminó la carrera de derecho. Posteriormente, hizo una maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz de la Universidad Nacional de Costa Rica y, gracias a una beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, realizó una maestría en Democracia y Buen Gobierno de la Universidad de Salamanca. También alcanzó, en esa misma casa de enseñanza, el grado de doctor por el Programa Estado de Derecho y Gobernanza Global en 2012.

Trayectoria

Abogó por la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y la redefinición de la institución carcelaria[5] por medio de la incorporación de modelos de penas alternativas que reemplacen a la prisión.[6] Impulsó, siguiendo la experiencia de otros países, la introducción de la vigilancia electrónica la cual se convirtió en objeto de cuestionamientos de algunos sectores políticos y mediáticos que reclaman que esta no garantiza un castigo efectivo ya que puede generar impunidad y aumentar los índices de inseguridad.[7]

Publicaciones

Referencias

Enlaces externos

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