Mariana Mota

Mariana Mota nació en Colonia, Uruguay, en 1964.^[4] Sus primeros años transcurrieron en Montevideo. Más tarde pasó a vivir en Paysandú junto a sus padres y dos hermanos mayores, donde cursó la escuela y el liceo públicos. A los 18 años volvió a residir en Montevideo, para ingresar a la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.^[5]

Durante sus años de estudiante de derecho fue activista gremial, pero no militante política. Se considera "humanista".^[6]

Como jueza penal participó en causas contra militares y civiles imputados por crímenes cometidos en la dictadura cívico-militar (1973-1984). Tuvo a su cargo más de 50 denuncias con sede en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 7.º Turno.

El 9 de febrero de 2010 dicta sentencia condenando al expresidente Juan María Bordaberry por atentado contra la Constitución, desaparición forzada de personas u homicidio político de once ciudadanos uruguayos en calidad de coautor debido a que:

“La calidad de primer funcionario del Presidente de la República lo sitúa como un funcionario con la jerarquía suficiente como para (…) disponer el esclarecimiento y antes impedir la comisión de los ilícitos de marras”.^[1]

La jueza consideró que estos eran crímenes de lesa humanidad, amparándose en lo que dispone el Estatuto de Núremberg en su artículo 6.º.^[7] Al apoyar su accionar en el derecho internacional de los derechos humanos, la jueza argumentaba que no era relevante para esta sentencia referencia alguna a la Ley N.º 18.831 conocida como Ley de caducidad.^[8] En cuanto al delito de atentado a la Constitución, la jueza Mota condenó a Bordaberry por encabezar el Golpe de Estado de 1973 al disolver el Parlamento mediante el Decreto 464/973, una decisión que “la Constitución en modo alguno le habilitaba a tomar", según el fallo de Mota.

"Por el mismo se disolvieron las Cámaras, se suprimió el Parlamento y con ello la función legislativa cercenando de esta manera uno de los pilares básicos del sistema democrático, el más importante, la separación de poderes”.^[1]

La condena se basó en el artículo 117 del Código Penal. Este delito, que prescribiría tras 20 años, no pudo ser juzgado antes por la interrupción del funcionamiento normal del Estado de Derecho entre 1973 y 1985, y por razones procesales que obstaculizaron el trámite judicial hasta 2006.^[1]

A partir del fallo en el caso de Bordaberry y de la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de caducidad, Mota reactiva otras causas que estaban paralizadas en el Juzgado 7.º y esto moviliza más denuncias,^[5] llegando a ser este el juzgado penal con mayor cantidad de casos de estas características.^[9]

Durante su actuación como jueza penal tuvo una relación difícil con el Ministerio de Defensa, debido a lo que consideraba una insuficiente colaboración con las causas que investigaba. El 27 de setiembre de 2012 concurre al Batallón de Infantería N.º 13 acompañada por testigos, para realizar una inspección ocular en el Servicio de Material y Armamento del Ejército. Durante la visita, se le impide sacar fotos por una supuesta orden del Ministro Eleuterio Fernández Huidobro. Mota declaró que las autoridades ministeriales estaban en desacato; finalmente mediante un oficio logra acceder al lugar para tomar las fotografías.^[2][6]

Por su labor en las causas de violaciones a los derechos humanos en la dictadura se granjeó el apoyo de organizaciones sociales y partidos de izquierda, pero su trabajo también le valió críticas. Mota no niega su compromiso con la búsqueda de la verdad y el restablecimiento de la justicia, aunque se deslinda de cualquier asociación de su accionar con la política partidaria.^[6]

"Mi rol era: hay una vulneración de derecho, nunca se investigó, nunca se establecieron responsables y nunca se le dijo a la víctima qué fue lo que pasó. Eso era lo que tenía que hacer y lo hice como pude. Sé que hubo mucha oposición."^[5]

La jueza Mota investigó el caso del vuelo de Airclass desaparecido en el Río de la Plata el 6 de junio de 2012, ocurrida a diez metros de profundidad y un kilómetro y medio al Sureste de la isla de Flores.

La búsqueda del avión y su tripulación por parte de las Armada Nacional no arrojó resultados hasta el 20 de julio, cuando fueron hallados restos de la nave con la cooperación del buzo Héctor Bado, especializado en naufragios históricos.^[10] Las cajas negras del avión, que fueron encontradas, no contenían las grabaciones de la cabina.

Tras este hallazgo, la jueza remitió un oficio al Ministerio de Defensa para reanudar la búsqueda con la participación de Bado, ya que consideraba que los elementos encontrados no permitían un peritaje completo. Las autoridades de Defensa consideraban que había suficientes elementos para determinar las causas del siniestro. Finalmente, se ordenó retomar la búsqueda en diciembre de 2013,^[11] aunque la jueza no obtuvo nuevas informaciones para continuar la indagatoria hasta el momento de ser trasladada a otro juzgado, siendo apartada de esta y otras causas.^[6] Tras una nueva búsqueda se hallaron otros restos del avión, pero no aparecieron los cuerpos del piloto y el copiloto desaparecidos.^[12] Familiares de los tripulantes continuaron con la causa penal contra la empresa Air Class, que finalmente fue archivada por el Tribunal de Apelaciones de 2.º turno en 2015.^[13]