Masacre de La Vega
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| Masacre de La Vega | ||
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 Barrio de La Vega, Caracas, lugar de la masacre. | ||
| Lugar | La Vega, Caracas, Venezuela | |
| Fecha | 8 de enero de 2021 | |
| Tipo de ataque | Operativo policial | |
| Muertos | ~23 | |
La masacre de La Vega ocurrió durante un operativo policial Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) 8 de enero de 2021 en La Vega, sector en el suroeste de Caracas, Venezuela. Para el 11 de enero, ningún funcionario de la administración de Nicolás Maduro se había pronunciado sobre los sucesos ni ofrecido un balance con la cifra de fallecidos.[1] La cifra de fallecidos según periodistas de investigación y organizaciones no gubernamentales ascendía hasta 23.[2]
Las Operaciones Liberación del Pueblo (OLP) fue una serie de despliegues policiales iniciadas el 13 de julio de 2015 por el presidente Nicolás Maduro como respuesta al incremento de la violencia en Venezuela y que duraron hasta mediados de 2017. Los operativos consistían en un despliegue y una toma temporal de la zona en la que retienen a hombres y mujeres, quienes en teoría son verificados en el Sistema Integrado de Información Policial (SIIPOL) posteriormente, después de recibir denuncias de los ciudadanos o realizando previamente una inspección en el sector, a fin de determinar si se ha cometido algún delito.[3] Diversas organizaciones no gubernamentales han reportado violaciones de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales durante los operativos, y tanto el presidente Maduro como la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz y el defensor del pueblo Tarek William Saab han reconocido excesos policiales durante los despliegues.[3][4]
El 13 de julio de 2015 se desarrolló en la Cota 905 la primera Operación de Liberación del Pueblo, una acción policial ejecutada por la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), con el objetivo de capturar a Carlos Luis Revete “el Coqui”; El pran no fue detenido. Según una investigación del Ministerio Público, las OLP han dejado un saldo de 505 asesinatos para mediados de 2017.[5]
Las denuncias de ONG locales y de organismos internacionales obligaron a la administración de Maduro a abandonar la política de seguridad, pero mantuvo su dinámica con un nuevo cuerpo de seguridad, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Según Luis Izquiel, especialista en seguridad ciudadana, las FAES resultaron "iguales o peores en materia de violación a los derechos fundamentales”.[5]
Entre mayo y noviembre de 2017, de los 403 homicidios en los que participaron los cuerpos de seguridad del Estado en el Área Metropolitana de Caracas, 124 (31 %) fueron atribuidos a las FAES, que a su vez son las responsables del 62 % de las muertes cometidas por la PNB.[6] En 2019 Michelle Bachelet, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, le solicitó a la administración de Nicolás Maduro que disolvera las FAES, y durante su actualización de la situación en septiembre lamentó que en vez de disolver al cuerpo y evitar ejecuciones extrajudiciales haya optado por reafirmar su apoyo al cuerpo.[7] A 16 meses de la solicitud, el gobierno se había negado a disolver el ente.[8]
