Ministerio de Justicia (República Dominicana)
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| Ministerio de Justicia | ||||
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| Ministerio de Justicia | ||||
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| Localización | ||||
| País |
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| Información general | ||||
| Sigla | MJ | |||
| Jurisdicción |
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| Tipo | Ministerios de República Dominicana | |||
| Sede |
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| Organización | ||||
| Ministro de Justicia | Antoliano Peralta | |||
| Depende de | Poder Ejecutivo de la República Dominicana | |||
| Historia | ||||
| Fundación | 2025 | |||
| Sucesión | ||||
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El Ministerio de Justicia es un órgano del Poder Ejecutivo de la República Dominicana, creado para asumir responsabilidades administrativas y de política pública vinculadas al sistema de justicia y para servir como instancia de coordinación institucional.[1] Su creación se formalizó mediante la Ley 80-25 (promulgada en agosto de 2025), con el objetivo de separar determinadas funciones que históricamente habían recaído en la Procuraduría General de la República y fortalecer la gobernanza del sector justicia.[2]
El titular del ministerio es el ministro de Justicia. En enero de 2026, el presidente Luis Abinader designó a Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia mediante el Decreto 1-26, marcando el inicio operativo de la institución en su etapa contemporánea.[3][4]
La figura de un despacho gubernamental encargado de asuntos de justicia existió desde los primeros años de la República y formó parte de la organización estatal por más de un siglo, con variaciones en su denominación y en su alcance (incluyendo etapas en que se vinculó a otras áreas del Estado).[5][6]
Esa estructura fue suprimida, pues la Ley 485, del 10 de noviembre de 1964, eliminó la entonces Secretaría de Estado de Justicia y traspasó sus atribuciones a la Procuraduría General de la República, reorganizando la distribución institucional de esas competencias.[7][8]
Décadas después, la discusión sobre su restablecimiento volvió al centro del debate institucional. El Congreso avanzó con una iniciativa para crear y organizar el ministerio (aprobaciones legislativas en 2025) y, finalmente, la promulgación de la Ley 80-25 (agosto de 2025) abrió paso a su puesta en marcha, que se materializó políticamente con el nombramiento del primer ministro de esta nueva etapa el 6 de enero de 2026.[9][10]