Montserrat Avilés i Vila

Activismo político durante el franquismo

Se afilió al FLP, precedente del Frente Obrero de Cataluña, participó en actividades como la campaña de boicot en La Vanguardia por el asunto Galinsoga, en la campaña contra la tortura y malos tratos de la policía.^[3]

Entró a formar parte de la Junta de Gobierno en 1962, con la candidatura de Frederic Roda i Ventura (1963-67), y bajo su mandato la Corporación veló especialmente por los problemas de los ciudadanos, represaliados, los detenidos, los presos políticos o los condenados a muerte. Avilès fue la primera mujer en la Junta, estuvo 6 años, y consiguió que el Colegio interviniera de forma directa en los graves acontecimientos, cada vez más numerosos, provocados por la represión franquista.^[3]

En 1968 ingresó en el Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC).^[1]Su militancia política se realizó dentro del campo del derecho laboral y en defensa de la clase obrera.^[3]En 1964 se crearon las Comisiones Obreras centrándose en reivindicaciones muy concretas (incremento de salarios, falta de medidas de seguridad, horas extras, jornadas, etc.) en la empresa, pero que después pasan a permanentes y llevan reclamar el derecho de huelga, de asociación, de asociación, de reunión. Aunque el despacho de Avilés y Fina no era el despacho de Comisiones Obreras, en la práctica llevaban los asuntos más importantes de las grandes empresas en las que intervenía este sindicato.^[3]

El despacho Montserrat y Albert Fina, no era el despacho de Comisiones Obreras, pero en la práctica llevaban los asuntos más importantes de las grandes empresas en las que intervenían las Comisiones. En consecuencia, tuvieron que ampliar su plantilla, convirtiéndose en un despacho interdisciplinario con economistas, sindicalistas y especialistas de todo tipo. Los más importantes problemas laborales y sindicales de aquellos años de huelgas, seguidas de despidos masivos fueron planteados desde su despacho. Entre 1965 y 1975, con su participación como abogados en los conflictos colectivos de grandes empresas: La Maquinista Terrestre y Marítima, Harry Walker, la SEAT.^[4] La huelga de SEAT de 1971, acompañada de una movilización obrera en toda la cuenca metalúrgica del Baix Llobregat, consagraron a Fina y Avilés como los mediadores laborales del sindicato Comisiones Obreras.^[1][2]

Durante estos años el despacho quedó en el punto de mira de la policía franquista, así el 15 de febrero de 1971 su despacho fue objeto de un asalto ^{[5] [6]} por parte de una guerrilla de la Brigada Político-Social con destrucción y quema de documentos. Avilés y Fina aparecieron en el listado de los 462 catalanes más vigilados por la policía franquista.^[2][7]En agosto de 1972 fueron detenidos y acusados de propaganda clandestina por distribuir una circular informativa entre los clientes del despacho. En febrero de 1974 se les condenó a 4 meses por impresión clandestina, condena que se recorrió y de la que fueron absueltos.^[8] En 1973 fue una de las 113 personas detenidas en la reunión que la plataforma antifranquista de la Asamblea de Cataluña celebró en la iglesia de Santa Maria Mitjancera, en la calle de Entença. Por su oposición al régimen franquista pasó tres meses en la Cárcel Modelo.^[4][3]

Transición y democracia

En 1976, ya en plena transición democrática, discreparon sobre el camino que debía tener CCOO y el PSUC, lo que les llevó a dejar de militar en este partido. Este hecho no varió su trabajo del despacho con CCOO y en defensa de los trabajadores.^[3]

A partir de 1977 coincidiendo con la salida a la luz de partidos y sindicatos, Fina y Avilés mantuvieron su bufete independiente y no quisieron convertirse en asesores jurídicos de Comisiones Obreras. Desde entonces su actividad profesional disminuyó cuantitativamente, puesto que son los sindicatos quienes se encargan de resolver los conflictos laborales.

Tras el fallecimiento de Fina en 1997,^[1]el despacho Albert Fina & Montserrat Avilés Associats continuó como despacho laboralista, dirigido por Montserrat hasta 2013, cuando dio por finalizada su labor.^[9]El 6 de mayo de 2013 Avilés firmó un convenio con la Fundación Cipriano Carcía de cesión de los archivos-fondos del despacho para que fueran gestionados por el Archivo Histórico de la Fundación Cipriano García.^[4]El fondo cuenta con más de 1.700 archivadores, con cerca de 30.000 expedientes, de temática laboral (defensa ante las antiguas magistraturas de trabajo y los juzgados laborales) hasta el importante testimonio de los expedientes de defensa ante el Tribunal de Orden Público (1963-1977).^[10]