La Penitenciaría Nacional de Tacumbú atravesaba una prolongada crisis de seguridad interna, caracterizada por el enfrentamiento constante entre diversas facciones de internos que disputaban el control del penal.
En 2016, con el ingreso al recinto de Armando Javier Rotela, un joven con antecedentes por microtráfico de drogas, su organización comenzó a consolidarse dentro de Tacumbú, absorbiendo integrantes de distintos grupos criminales. Con el tiempo, logró expandir su influencia hasta convertirse en un actor clave dentro del narcotráfico penitenciario, rivalizando con el Primeiro Comando da Capital (PCC).
Tacumbú es reconocida por sus frecuentes motines y episodios de violencia extrema. La corrupción estructural en el sistema penitenciario permitió que los internos ejercieran un control informal sobre el penal, facilitando el acceso a armas blancas —cuchillos, navajas, machetes y objetos punzocortantes improvisados—, así como a drogas y, en algunos casos, armamento de fuego, incluyendo pistolas y rifles. Asimismo, se reportó la existencia de privilegios irregulares dentro del penal, como el uso de teléfonos celulares e internet.
Desde los eventos ocurridos durante la pandemia de covid-19 en 2020, los barrios más vulnerables del sur de Asunción, especialmente aquellos en las inmediaciones de Tacumbú, experimentaron un incremento en la actividad del crimen organizado. Grupos armados irregulares comenzaron a ejercer control territorial, lo que derivó en un aumento de la violencia, con ataques armados, asaltos, homicidios y disputas entre pandillas por el dominio de las rutas del narcotráfico.
