Paramilitarismo en Chiapas
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El fenómeno del Paramilitarismo en Chiapas se refiere a la acción de grupos armados organizados en contra de organizaciones sociales y guerrillas en el estado mexicano de Chiapas.[1] Estos grupos armados comenzaron a formarse en 1995, perpetrando varios actos de violencia en la década de los 90´s.[2][1][3] Si bien durante los años 2000 varios grupos paramilitares se empezaron a desmovilizar o cesar sus actividades,[1][2] durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador han venido aumentando las actividades de grupos paramilitares en contra de la población indígena, advirtiendo un nuevo estallido de violencia en la región.[4][5][6]
El uso de organizaciones para policiales es una práctica que se puede rastrear desde inicios de la guerra sucia.[3][1][7] Ejemplo de esto son el Batallón Olimpia bajo el mando del general Luis Gutiérrez Oropeza y fue integrado por elementos del Estado Mayor Presidencial y la Dirección Federal de Seguridad, la Policía Judicial Federal, la Policía Judicial del Distrito Federal y la Inspección Fiscal Federal, responsable de la Operación Galeana.[8][9][7] Otro ejemplo es el de los Halcones, según el diplomático Jack B. Kubisch «son un grupo represivo oficialmente financiado, organizado, entrenado y armado, cuyo propósito principal desde su fundación en septiembre de 1968 ha sido el control de los estudiantes de izquierda y antigobierno.» Kubisch también aclara que la existencia y funciones de los Halcones era bien conocida entre los principales oficiales políticos y de justicia en el gobierno mexicano.[7]
Inicio y formación
Una de las principales razones para el nacimiento del paramilitarismo en Chiapas fue la histórica disputa por los territorios y más recientemente el inicio del conflicto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.[1][3] A raíz del Levantamiento zapatista, y la posterior militarización del estado de Chiapas, los primeros grupos paramilitares que aparecieron en el estado de Chiapas en marzo y abril de 1995, fechas donde se promulga la Ley de Concordia y Pacificación para una Paz Justa y Digna en Chiapas.[1][10] La ley fue creada con el fin de llegar a una resolución pacífica al conflicto, siendo una de las principales partes, reducir las intervenciones directas del ejército.[11]
Este inciso fue bien aprovechado por las organizaciones paramilitares nacientes para actuar con impunidad, mantener el statu quo en la región.[11][1] Los paramilitares en el estado fueron la principal fuerzas contrainsurgente que permitió enfrentar y debilitar a las comunidades pro-zapatistas.[1][4] Este modelo de combate contra el EZLN viene descrito en el documento Plan de Campaña Chiapas 94 (emitido desde la VII Región militar ubicada en Tuxtla Gutiérrez), el cual detalla como desgastar la base político militar de la guerrilla sin la necesidad de usar directamente a las fuerzas armadas.[11][4][12] En el mismo Plan de Campaña Chiapas 94, uno de los principales modo de captar nuevos miembros era identificar viejos conflictos entre vecinos y comunidades, e intensificarlos con la creación de grupos irregulares, esto para evitar la cohesión entre las distintas localidades, un modelo inverso al propuestos por los caracoles zapatistas.[1][4] De manera paralela a la actividad paramilitar, el gobierno federal desplego mediante abastecimiento de recursos básicos, atención médica, construcción de infraestructura pública como escuelas, hospitales, y carreteras, la mejora de servicios públicos como agua y electricidad, establecimiento de más puestos laborales y mejorar la seguridad policiaca.[1][12]
Estas organizaciones están compuestas por caciques locales, asociaciones ganaderas, empleados ganaderos, delincuentes, funcionarios municipales, estatales y federales (históricamente los afiliados al Partido Revolucionario Institucional),[4] fuerzas de seguridad pública municipal y estatal. Comúnmente fueron organizados, coordinados y financiados por elementos del ejército mexicano (sobre todo por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional).[1][3][12] También estas organizaciones se financiaban con recursos federales y estatales, ya que estos grupos legalmente estaban registradas como organizaciones productoras o campesinas.[1][12][3]
