Pena de muerte en el Perú
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La pena de muerte en el Perú se aplicaba en caso de traición a la patria, terrorismo, espionaje, genocidio, motín y deserción en tiempos de guerra. La pena de muerte en el Perú ha sido utilizada hasta 1979. Ese mismo año, se abolió para los delitos comunes.[1][2]
En 1856, la pena de muerte ya se había abolido, pero esta se restableció en 1933 para criminales hasta 1979.[3] Si bien se abolió, en 1993 se incluyó en el delito de terrorismo cuando el país afrontaba tiempos de guerra.[4]
La pena capital fue legal solo durante tiempos de guerra internacional o terrorismo, con numerosas restricciones. Las sentencias de muerte durante este tiempo se les permitía por delitos específicos, y solo pudieron ser impuestas por los tribunales militares durante los estados de guerra.
Regulación jurídica
En 1978 Perú se unió al pacto de San José, lo que vuelve inaplicable legalmente.[5] Esto se aplicó oficialmente en la Constitución de 1979, en que la pena de muerte fue abolida.[6]
Posteriormente, la pena de muerte regresó en el ordenamiento jurídico peruano, se encuentra en el artículo 140 de la Constitución Política del Perú de 1993.
Capítulo VIII: Poder Judicial
Artículo 140°.- La pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en tiempos de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y tratados de los que el Perú es parte obligada.[7]
Propuestas de restitución de la pena capital
El gobierno de Alberto Fujimori propuso restablecer la pena de muerte para procesar a condenados por terrorismo, que se aplicaría posteriormente en la Constitución de 1993.[8] El monseñor Luis Bambarén y el analista Miguel Rodríguez Mackay también se mostaron a favor.[9][10] Presidentes como Alan García[11] y Dina Boluarte[12] se mostraron a favor de implementarla. Además, políticos de generaciones anteriores, como Óscar Olivares, señalaban que en la Asamblea Constituyente de 1979 se debió incluir la pena de muerte.[13]
La pena de muerte contó con opositores. Entre ellos se encontraban el congresista Roberto Chiabra,[14] el escritor Mario Vargas Llosa, el pintor Fernando de Szyszlo y personalidades mediáticas como Carlos Carlín, Katia Condos, Vanessa Saba y Carlos Galdós.[15]
Por otro lado, varios partidos congresistas intentaron retirar el acuerdo internacional del país al considerarlo beneficioso para los sentenciados por delitos contra la vida.[10][16][17][18][19] Se elaboraron 21 proyectos de ley entre 2001 y 2025.[20] En determinados casos, intentaron estigmatizar a la CIDH para romper ese pacto, acusándola de «izquierda caviar». Entre los promotores se encuentran a Keiko Fujimori[21] y varios partidos conservadores, incluido Acción Popular en 2023.[22][23]
Propuesta de restitución por el gobierno de Dina Boluarte
La presidenta Dina Boluarte propuso procesar a agresores sexuales y también a delincuentes. El abogado penalista Alfredo Galindo Peralta señaló que la propuesta de restituir la pena de muerte suele ser «populistas», ya que el Tribunal Constitucional lo declararía inconstitucional y contraviene el Pacto de San José.[24] Las expertas Marina Navarro y Tania Pariona dudaron de su viabilidad, mucho menor que la cadena perpetua, y señalaron que tardaría hasta ocho años en aplicarse.[25]
En 2025, el gobierno de Boluarte organizó 23 mesas de debate a nivel nacional. Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, advirtió que el Gobierno había invitado a los pocos asistentes para enseñarles a votar con un código QR, cuyos resultados suelen ser presentados como mayoritariamente favorables a la restitución.[26] Sin embargo, no se consiguió elaborar un informe que sacara una conclusión de la serie de debates.[27]
