Política espacial de los Estados Unidos
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La política espacial de los Estados Unidos incluye tanto la formulación de la política espacial a través del proceso legislativo como la implementación de esa política en los programas espaciales civiles y militares de los Estados Unidos a través de agencias reguladoras. La historia inicial de la política espacial de los Estados Unidos está vinculada a la carrera espacial estadounidense-soviética de la década de 1960, que dio paso al programa del transbordador espacial. Existe un debate sobre el futuro posterior al transbordador espacial del programa espacial civil.
Redacción
La política espacial de los Estados Unidos es redactada por el Poder Ejecutivo bajo la dirección del Presidente de los Estados Unidos, se somete a aprobación y establecimiento de fondos para el procedimiento legislativo del Congreso de los Estados Unidos.
Las organizaciones de defensa del espacio pueden brindar asesoramiento al gobierno y presionar para conseguir objetivos espaciales. Estos incluyen grupos de defensa como el Instituto de Ciencia Espacial, la Sociedad Nacional del Espacio y el Space Generation Advisory Council, este último, entre otras cosas, organiza el evento anual de la Noche de Yuri; sociedades científicas como la American Astronomical Society y la American Astronautical Society; y organizaciones políticas como las National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine.
Al redactar la política espacial, el Presidente consulta con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), responsable de los programas espaciales civiles y científicos, y con el Departamento de Defensa, responsable de las actividades espaciales militares, que incluyen comunicaciones, reconocimiento, inteligencia, mapeo, y defensa antimisiles.[1] El Presidente es legalmente responsable de decidir qué actividades espaciales corresponden a las áreas civiles y militares.[2] El Presidente también consulta con el Consejo de Seguridad Nacional, la Oficina de Política de Ciencia y Tecnológica y la Oficina de Administración y Presupuesto.[3]
La Ley Nacional del Espacio y la Aeronáutica de 1958, que creó la NASA, también creó un Consejo Nacional de Aeronáutica y del Espacio que es presidido por el Presidente, que tiene como asesores al Secretario de Estado, Secretario de Defensa, Administrador de la NASA, Presidente de la Comisión de Energía Atómica, más hasta un miembro del gobierno federal y otros tres miembros de carácter privado "eminentes en ciencia, ingeniería, tecnología, educación, administración o asuntos públicos" nombrados por el Presidente.[4] Antes de asumir el cargo de Presidente, John F. Kennedy persuadió al Congreso para enmendar la Ley y así permitirle establecer el precedente de delegar la presidencia de este consejo a su Vicepresidente (Lyndon B. Johnson). El Consejo se suspendió en 1973 durante la presidencia de Richard M. Nixon. En 1989, el presidente George H. W. Bush restableció un Consejo Nacional del Espacio constituido de manera diferente por orden ejecutiva, que fue suspendido en 1993 por el presidente Bill Clinton. El presidente Donald Trump restableció el Consejo por orden ejecutiva en 2017.[5]
Los aspectos internacionales de la política espacial de los Estados Unidos pueden involucrar negociaciones diplomáticas con otros países, como el Tratado del Espacio Exterior de 1967. En estos casos, el Presidente negocia y firma el tratado en nombre de los Estados Unidos de acuerdo con su autoridad constitucional, luego lo presenta al Congreso para su ratificación.
Legislación
Una vez que presentada una solicitud, el Congreso sigue el protocolo necesario para aprobar la normativa y autorizar el gasto presupuestario para su implementación. Para apoyar esto, las políticas civiles son revisadas por el Subcomité de la Cámara sobre Espacio y Aeronáutica y el Subcomité del Senado sobre Ciencia y Espacio. Estos comités pueden supervisar la implementación de la NASA de políticas espaciales establecidas, monitorear el progreso de grandes programas espaciales como el programa Apolo y en casos especiales como graves accidentes espaciales como el incendio del Apolo 1, donde el Congreso supervisó la investigación del accidente de la NASA.
Las políticas militares son revisadas y supervisadas por el Subcomité de la Cámara sobre Fuerzas Estratégicas y el Subcomité del Senado sobre las Fuerzas Estratégicas, así como la Comisión Permanente Selecta sobre Inteligencia de la Cámara de Representantes y el Comité Selecto del Senado sobre Inteligencia.
El Comité de Relaciones Exteriores del Senado lleva a cabo audiencias sobre los tratados espaciales propuestos, y los diversos comités de asignaciones tienen poder sobre los presupuestos de las agencias relacionadas con el espacio. Los esfuerzos de política espacial son apoyados por agencias del Congreso como el Servicio de Investigación del Congreso y, hasta que se disolvió en 1995, la Oficina de Evaluación de Tecnología, así como la Oficina de Presupuesto del Congreso y la Oficina de Responsabilidad del Gobierno.[6]
El producto final de la política espacial del Congreso es, en el caso de la política interna, un proyecto de ley que establece explícitamente los objetivos de la política y la asignación presupuestaria para su implementación que se presentará al Presidente para su firma como ley, o un tratado ratificado con otras naciones.
Implementación
Tradicionalmente, las actividades espaciales civiles han sido implementadas exclusivamente por la NASA, pero la nación está en un proceso de transición a un modelo en el que las empresas privadas implementan más actividades bajo el asesoramiento y el soporte de la NASA. Además, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica del Departamento de Comercio opera varios servicios con componentes espaciales, como el programa Landsat.[1]
Las actividades espaciales militares son implementadas por el Comando Espacial de la Fuerza Aérea, el Comando Espacial Naval y el Comando Espacial y de Defensa de Misiles del Ejército.
Licencia
Cualquier actividad "destinada a realizar en los Estados Unidos el lanzamiento de un cohete de lanzamiento, operar desde alguna base de lanzamiento o reingreso, el reingreso de una cápsula de reingreso" necesita una licencia para operar en el espacio ultraterrestre. Esta licencia debe ser solicitada por "cualquier ciudadano o entidad organizada bajo las leyes de los Estados Unidos, así como otras entidades, según lo definido por las regulaciones relacionadas con el espacio, que tienen la intención de operar en los Estados Unidos... deben obtener la supervisión de Administración Federal de Aviación, Comisión Federal de Comunicaciones y el Secretario de Comercio controlan el cumplimiento de la licencia del Secretario de Transporte".[7]
Programas espaciales incluidos dentro del presupuesto
| Presupuesto de investigación y desarrollo en la propuesta de presupuesto federal de la administración Obama para el año fiscal 2011.[8] |
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color Pink Defensa: — $78.0B color Purple NIH: — $32.2B color #B2F368 Energía: — $11.2B color #3D81FF NASA: — $11.0B color #FFFF00 NSF: — $5.5B color #FF2600 Agricultura: — $2.1B color #008B00 Seguridad nacional: — $1.0B color #FF9896 Otros: — $6.6B |
La financiación de los programas espaciales se realiza en parte con presupuesto federal anual, donde se considera como parte de la política científica de la nación. En la solicitud de presupuesto de la administración Obama para el año fiscal 2011, la NASA recibiría 11.0 mil millones de dólares, de un presupuesto total de investigación y desarrollo de 148.1 mil millones de dólares.[8] Otras actividades espaciales se financian con cargo al presupuesto de investigación y desarrollo del Departamento de Defensa, y de los presupuestos de las otras agencias reguladoras involucradas en asuntos espaciales.
Legislación internacional
Estados Unidos está integrado en cuatro de los cinco tratados de derecho espacial ratificados por la Comisión de las Naciones Unidas sobre los usos pacíficos del espacio ultraterrestre. Estados Unidos ratificó el Tratado del Espacio Exterior, el Acuerdo de Rescate, el Convenio de Responsabilidad Espacial y el Convenio de Registro, pero no el Tratado de la Luna.[9]
Los cinco tratados y acuerdos de derecho espacial internacional cubren "la no apropiación del espacio exterior por parte de un país, el control de armas, la libertad de exploración, la responsabilidad por daños causados por objetos espaciales, la seguridad y el rescate de naves espaciales y astronautas, la prevención de interferencia perjudicial con las actividades espaciales y el medio ambiente, la notificación y el registro de actividades espaciales, la investigación científica y la explotación de los recursos naturales en el espacio ultraterrestre y solución de controversias".[10]
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó cinco declaraciones y principios legales que alientan el ejercicio de las leyes internacionales, así como la comunicación unánime entre países. Las cinco declaraciones y principios son:
- La Declaración de principios jurídicos que rigen las actividades de los Estados en la exploración y usos del espacio ultraterrestre (1963)
- Toda exploración espacial se realizará con buenas intenciones y está igualmente abierta a todos los Estados que cumplan con el derecho internacional. Ninguna nación puede reclamar la propiedad del espacio exterior o de ningún cuerpo celeste. Las actividades llevadas a cabo en el espacio deben cumplir con el derecho internacional y las naciones que se sometan a dichas actividades deben aceptar la responsabilidad de la agencia gubernamental o no gubernamental involucrada. Los objetos lanzados al espacio están sujetos a la nación de origen, incluidas las personas. Los objetos, partes y componentes descubiertos fuera de la jurisdicción de una nación serán devueltos una vez identificados. Si una nación lanza un objeto al espacio, son responsables de cualquier daño que ocurra internacionalmente.
- Los principios que rigen el uso por los Estados de satélites artificiales de la Tierra para la transmisión internacional directa de televisión (1982).
- Los principios relativos a la teledetección de la Tierra desde el espacio exterior (1986).
- Los principios relevantes para el uso de fuentes de energía nuclear en el espacio ultraterrestre (1992).
- La Declaración sobre la cooperación internacional en la exploración y el uso del espacio ultraterrestre en beneficio y en interés de todos los Estados, teniendo en cuenta especialmente las necesidades de los países en desarrollo (1996).
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