Política exterior feminista

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La política exterior feminista (PEF), o diplomacia feminista es una estrategia integrada en las políticas públicas y prácticas de un Estado. Su objetivo es promover la igualdad de género y ayudar a mejorar el acceso de las mujeres a los recursos, los derechos humanos básicos y la participación política. Recoge tres apartados de derechos, recursos y representación. El concepto fue acuñado por primera vez e integrado en la política gubernamental por Margot Wallström, exministra de Asuntos Exteriores de Suecia.[1][2] Los objetivos que la política exterior feminista incluye entre otros:

  • La lucha contra la violencia sexual y sexista;[3]
  • La educación de las mujeres y las niñas, y la de los hombres y los niños;[3]
  • La emancipación económica de las mujeres en todo el mundo;[3][4]
  • Involucrar a las mujeres en la política y la toma de decisiones;[1]
  • Participación de las mujeres en las negociaciones y tratados de paz.[1]

Wallström impulsó como una de sus medidas la creación de una red mundial de mujeres negociadoras de paz; ya que a menudo las mujeres no son invitadas a la mesa de negociaciones a pesar de sus funciones de mediación informal. Incluir a las mujeres en las negociaciones de paz aumenta la probabilidad de que los acuerdos de paz sean más duraderos. La evidencia científica ha demostrado que la participación de las mujeres en las negociaciones de paz tiene importantes efectos positivos, como una menor probabilidad de que el país estalle nuevamente en un conflicto y una mayor aceptación de la población en su conjunto. En ese sentido, los acuerdos de paz en los que participan mujeres tienen "un 35% más de probabilidades de durar quince años".[5] según un análisis estadístico de 182 acuerdos de paz firmados entre los años 1989 y 2011.

La Política Exterior Feminista se ha consolidado como una herramienta estratégica dentro del marco del multilateralismo, al permitir la integración de los derechos de las mujeres y la igualdad de género en acuerdos regionales y globales. Su implementación en las agendas estatales fortalece el consenso internacional en ámbitos clave como la democracia, el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad. La Política Exterior Feminista busca garantizar que las prioridades de género sean consideradas de forma sustantiva y transversal en los procesos de decisión y negociación internacional[6]

Chile

Referencias

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