Políticas de cuidado

Las teorías feministas han subrayado que las necesidades de cuidado se resuelven de forma muy desigual dependiendo de los recursos materiales, el grupo étnico, la infraestructura de servicios, el arreglo familiar y la participación específica del Estado, el mercado y el tercer sector. Un elemento central es que son altamente generizados, es decir, son las mujeres las que en su gran mayoría son responsables de proveer de cuidados a las personas tanto al interior de las familias (madres, abuelas, hermanas, hijas, etc.), o a través de servicios privados o públicos (enfermeras, educadoras, maestras, cocineras, trabajadoras domésticas, etc.) lo que tiene un costo no sólo en la carga global de trabajo para las mujeres sino que limita sus oportunidades y su tiempo.^[4]

En la carga global de trabajo, se consideran tanto el trabajo remunerado como el trabajo no remunerado. Una de las aportaciones más relevantes de las reflexiones y debates en torno a la cuestión del cuidado es la necesaria corresponsabilidad del cuidado que compromete tanto a las familias, el Estado, las regulaciones del mercado y el tercer sector.

Se transitan de forma progresiva acciones que permitan concretar el derecho al cuidado en varias regiones del mundo lo que implica para los Estados la puesta en marcha de políticas de cuidados en tres niveles: políticas de corresponsabilidad, políticas de conciliación, infraestructura y servicios de cuidados cuyos objetivos sean la redistribución de las responsabilidades y trabajos de cuidados, reducción de los costos personales del cuidado y el reconocimiento del valor de los cuidados para el desarrollo y la sostenibilidad de la vida.^[5]

El trabajo de cuidados es aquel trabajo dirigido a la reproducción humana que puede o no estar asalariado o retribuido. Se le denomina trabajo reproductivo para diferenciarlo del trabajo de la producción dirigido a bienes y servicios. Frente al trabajo productivo, asalariado y reconocido socialmente en las sociedades industrializadas, el trabajo de la reproducción no se reconoce ni económica ni socialmente.^[6][7] Los cambios sociales en el ámbito productivo como reproductivo obligan a replantear la tradicional y desigual distribución de cargas entre mujeres y hombres así como el reconocimiento social y económico del trabajo reproductivo.^[8]

En América Latina, las políticas de cuidado se han consolidado progresivamente como un componente de las políticas sociales y de igualdad de género. La provisión de cuidados en la región se caracteriza históricamente por una fuerte dependencia de los hogares y por la concentración del trabajo de cuidado -tanto remunerado como no remunerado- en las mujeres, lo que genera desigualdades en el acceso al empleo, la protección social y el bienestar.^[1] Países como Colombia, Chile, México, Uruguay y Costa Rica son pioneros en la implementación de políticas de cuidado en la región.^[3]

Diversos organismos internacionales han señalado que el cuidado constituye un bien público esencial para el funcionamiento de las sociedades y una necesidad a lo largo del ciclo de vida, desde la primera infancia hasta la vejez. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reconoció en 2025 (Opinión Consultiva OC-31/25)^[4] el derecho al cuidado como un derecho humano autónomo e inalienable, fundamental para una vida digna.

Sin embargo, la cobertura de servicios formales de cuidado en la región ha sido limitada y heterogénea entre países, con una oferta pública insuficiente y mercados segmentados.^[5]

En las últimas décadas, varios países latinoamericanos han impulsado reformas orientadas a reconocer el cuidado como un derecho social y a construir sistemas integrales de cuidados. Estas iniciativas buscan articular servicios, prestaciones y apoyos bajo principios de corresponsabilidad entre Estado, mercado, comunidad y familias, así como reducir las brechas de género asociadas a la organización social del cuidado.^[6]

La expansión de estas políticas también responde a transformaciones demográficas y socioeconómicas, como el envejecimiento poblacional, el aumento de la participación laboral femenina y la creciente demanda de servicios de atención a largo plazo. En este contexto, la agenda regional ha promovido el desarrollo de sistemas públicos de cuidado, la profesionalización del trabajo de cuidados y la inversión social como estrategias para reducir desigualdades y fortalecer los sistemas de bienestar.^[8]

La infraestructura del cuidado abarca aquellos bienes físicos que hacen posible el cuidado de las personas que lo requieren. Esta  infraestructura, comprende el conjunto de espacios destinados a garantizar el bienestar y el ejercicio efectivo de los derechos, no sólo de quienes reciben cuidados (infancias, adolescencias, personas mayores, personas con discapacidad, etc.) sino también de quienes brindan cuidados (trabajadoras/es que, en su gran mayoría, son mujeres), contemplando espacios vinculados a la promoción y protección integral de los derechos de la primera infancia, que reduzca la carga del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en los hogares, que facilite la igualación de oportunidades entre los géneros y que apunte a la protección integral de poblaciones específicas en situación de mayor vulnerabilidad.^[9]

La infraestructura del cuidado constituye un componente central  de la organización social del cuidado. Su disponibilidad, o ausencia, incide directamente en la forma en que las necesidades de cuidado se resuelven en los hogares y en cómo se distribuyen las responsabilidades entre el Estado, el mercado, las familias y la comunidad. Allí donde las infraestructuras públicas son insuficientes, fragmentadas o inaccesibles, la carga del cuidado recae mayoritariamente en los hogares y, dentro de ellos, en las mujeres, reproduciendo desigualdades de género, socioeconómicas y territoriales.^[10]

En la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos adoptó una línea de trabajo específica sobre la Infraestructura de cuidado, bajo la actual gestión.  La Red de Infraestructura del Cuidado, es una política pública orientada a ampliar y fortalecer los servicios sociales, sanitarios y comunitarios mediante la construcción, ampliación y puesta en valor de equipamientos territoriales vinculados al bienestar, la salud y la atención integral de la población. En noviembre de 2025, se realizó el Encuentro sobre Infraestructura del Cuidado en la PBA donde se discutieron los desafíos y las oportunidades con especialistas regionales, nacionales, gobiernos locales y organizaciones territoriales.^[11]

Esta política pública propone reducir desigualdades territoriales y garantizar el acceso a derechos mediante una red de infraestructuras públicas orientadas al cuidado de las personas en distintas etapas de la vida, que se encuentren distribuidas en todo el territorio bonaerense. Este enfoque se inscribe en una perspectiva que integra políticas sanitarias, sociales y territoriales dentro de un modelo de planificación estatal orientado al fortalecimiento del sistema público y la ampliación de capacidades comunitarias, considerando al cuidado como una función social y estatal estratégica.^[12]

En este marco, algunas de las obras que se han impulsado y que constituyen, en parte, la infraestructura del cuidado, incluyen:

• Centros de Desarrollo Infantil (CDI): Espacios integrales para el cuidado y el acompañamiento de niñas y niños de 45 días a 4 años, que incluye asistencia nutricional, estimulación temprana y psicomotricidad. Cada uno cuenta con salas y espacios de recreación.
• Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS): Consultorios de atención clínica general, odontológica y ginecológica, sala de enfermería, vacunatorio, sector de farmacia y área de usos múltiples para fortalecer el primer nivel de atención sanitaria.
• Centros Comunitarios de Salud Mental:  Espacios intermedios de tratamiento ambulatorio, inclusivos y accesibles, donde equipos interdisciplinarios asisten y acompañan a jóvenes de entre 15 y 29 años que atraviesan situaciones de salud mental y consumos problemáticos.^[13]