Presa La Parota
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El proyecto hidroeléctrico La Parota está ubicado en el estado mexicano de Guerrero, sobre el cauce del río Papagayo, a unos 30 kilómetros de Acapulco. Representaría una inversión superior a los 1 000 millones de dólares y generaría cerca de 10 000 empleos directos e indirectos durante su construcción, según la Comisión Federal de Electricidad (CFE).[1]
Según un informe de la CFE (2005), con La Parota se garantizaría la disponibilidad de agua potable para Acapulco durante los próximos 50 años. El embalse de la presa propiciaría proyectos productivos y de beneficio social para las comunidades, permitiéndoles mejorar su calidad de vida.
La cortina de la presa tendría una altura de 162 metros, con tres grupos de turbogeneradores, y produciría más de mil millones de kilovatios-hora anuales, equivalentes al consumo total anual del estado de Guerrero.[2]
En asamblea realizada en la comunidad de San Marcos, con una mayoría de 2 785 votos a favor y 50 en contra, comuneros del Núcleo Agrario de Cacahuatepec aprobaron el desarrollo del proyecto hidroeléctrico La Parota.
La asamblea se realizó en 2005 por convocatoria del Comisariado de Bienes Ejidales de Cacahuatepec y con fundamento en la Ley Agraria y su Reglamento en materia de ordenamiento de la Propiedad Rural. Su legalidad estuvo avalada por los licenciados Arturo Nozari Morlet y Robespierre Robles Hurtado, notarios públicos n.º 4 y n.º 19, respectivamente, del Distrito de Tabares, Guerrero. El cumplimiento de los mandatos de la Ley Agraria fue verificado por Fernando Jaimes Ferrel, delegado estatal de la Procuraduría Agraria, acompañado por diez visitadores.
La asamblea se sumó a las 15 efectuadas anteriormente que ya habían dado su aprobación al desarrollo del proyecto en las siguientes comunidades: Tepehuaje, Michapa, El Zapote, Tierra Colorada, Omitlán, Solapa, Agua Zarca de la Peña, El Camarón, Agua de Perro, Chautipa, Sabanillas, Dos Caminos, El Reparo, Chacalapa, Las Mesas y Cacahuatepec.[3]
No obstante, la representatividad de estas asambleas fue cuestionada por una gran parte de la población. El gobernador perredista de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, se mostró como un entusiasta promotor del proyecto, participando en marchas, pero rechazando el diálogo con los comuneros que pedían respeto a sus derechos constitucionales sobre la tierra.[cita requerida]
Impacto social
Para dotar al centro del país con la energía eléctrica derivada de esta presa, el proyecto de la CFE implicaría la inundación de 17 000 hectáreas de selva, afectando a 36 comunidades integradas en 16 núcleos agrarios y provocando el desplazamiento directo de 25 000 personas e indirecto de otras 75 000.[4]
El proyecto hidroeléctrico se ha tratado de imponer pese a tres resoluciones del Poder Judicial de la Federación que prohíben realizar obras en los territorios comunales y ejidales. Pese a ello, el gobierno de Zeferino Torreblanca y la CFE no cesaron en los trabajos relacionados con la construcción de la presa. Los campesinos declararon estar «dispuestos a morir antes que ser desalojados».[4]
Cleofas Gallegos, ejidatario de Dos Arroyos, comentó que ellos viven de sus tierras, las trabajan y comen de ellas; allí nacieron ellos, sus padres y sus abuelos. Con el regateo de las tierras, la CFE ha dividido a la gente de la población: «ya no se puede convivir como antes, hay un ambiente de tensión».[4]
Mario Patrón, coordinador de defensa integral del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollán, señaló que la CFE está imponiendo el proyecto con apoyo del gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa y del gobierno estatal. Una de las estrategias de imposición fue la construcción de dos rutas carreteras que serían indispensables para trasladar materiales y trabajadores al sitio de construcción, presentadas como obras de “desarrollo social”. Otra estrategia habría sido regalar ganado, chivos o pequeñas sumas de dinero a cambio de la firma de los ejidatarios, con lo cual se buscó dividir a las comunidades y “comprar conciencias”.[4]
Los comuneros están organizados y dispuestos a defender sus tierras, mientras que la CFE interpuso un amparo para continuar con las obras (2008).
Actualmente (2008) los comuneros mantienen bloqueos carreteros y una vigilancia constante, como desde hacía cuatro años. Han denunciado amenazas y agresiones. En 2005, durante el Primer Encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), al que acudieron cerca de 4 000 comuneros de 32 pueblos integrados en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, se registró un enfrentamiento que derivó en la muerte de Tomás Cruz Zamora, asesinado de un disparo en la sien por Cirilo Cruz. Su esposa, Eugenia Galeana, afirmó: «Ésta es la división que ha traído la CFE con su proyecto entre las familias comuneras».[5]
Ese mismo día, el dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Miguel Ángel Mesino, fue asesinado en el centro del poblado de Atoyac por un grupo de hombres armados con rifles AK-47 y pistolas calibre 9 mm.[5]
Por el momento, el proyecto se encuentra en **suspensión indefinida**. El grupo Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo manifestó su apoyo al movimiento civil y a las organizaciones no gubernamentales que se opusieron a la construcción de la represa.[6]
