Propuesta de asamblea constituyente en Perú de 2022
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El Proyecto de Ley 1840/2021-PE fue presentado por el gobierno de Pedro Castillo al Congreso de la República del Perú el 25 de abril de 2022 y propuso autorizar someter a referéndum la convocatoria de una asamblea constituyente para elaborar una nueva Constitución Política del Perú.[1][2] El proyecto recibió el respaldo por congresistas afines al oficialismo Guido Bellido y Waldemar Cerrón.[3]
Aspectos constitucionales
En el Perú, el artículo 206 de la Constitución Política del Perú establece:
Artículo 206 Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas.
La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el Presidente de la República.
La iniciativa de reforma constitucional corresponde al Presidente de la República, con aprobación del Consejo de Ministros; a los congresistas; y a un número de ciudadanos equivalente al cero punto tres por ciento (0.3%) de la población electoral, con firmas comprobadas por la autoridad electoral.
Primera recolección de firmas para asamblea constituyente
La primera recolección de firmas data del 2000 por una iniciativa de la congresista María Jesús Espinoza Matos con 300 mil supuestos inscritos.[4]
Luego de las propuestas sugeridas de la Comisión de Estudio, en 2003 el Colegio de Abogados de Lima, a mando de Aníbal Torres, propuso la formación de una asamblea constituyente. La propuesta fue rechazada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales.[5] Sin embargo, luego de apelarse y que el Jurado Nacional de Elecciones fallara en continuar la propuesta, recolectaron alrededor de dos mil firmas.[6]
La necesidad de una futura asamblea constituyente continuó en el gobierno de Alejandro Toledo, cuando el exministro Javier Valle Riestra animó en demandar una convocatoria sin éxito;[7] a pesar de que tuvo el respaldo de Teófilo Idrogo (presidente del Consejo Nacional de la Magistratura).[8] Uno de los críticos fue Antero Flores Aráoz, que expresó su rechazo cuando el tema llegó a formar parte del Acuerdo Nacional.[9] En agosto de 2004 el primer ministro negó una convocatoria porque, a su parecer, se utiliza «cuando se da un golpe de Estado y se cierra el Congreso».[10]
