Protección laboral

La legislación sobre protección del empleo incluye todo tipo de medidas de protección del empleo, ya sean basadas principalmente en la legislación, en sentencias judiciales, en condiciones de empleo negociadas colectivamente o en prácticas habituales.^[1] El término es común entre los círculos de economistas. La protección del empleo se refiere tanto a las normas relativas a la contratación (por ejemplo, las normas que favorecen a los grupos desfavorecidos, las condiciones para el uso de contratos temporales o de duración determinada, los requisitos de formación) como al despido (por ejemplo, los procedimientos de despido, los períodos de preaviso obligatorios y las indemnizaciones por despido, los requisitos especiales para los despidos colectivos y los planes de reducción de la jornada laboral).

Existen diversos mecanismos institucionales que pueden proporcionar protección del empleo: el mercado privado, la legislación laboral, los convenios colectivos y, no menos importante, las interpretaciones judiciales de las disposiciones legislativas y contractuales. Es probable que se adopten algunas formas de normativa de facto incluso en ausencia de legislación, simplemente porque tanto los trabajadores como las empresas obtienen ventajas de las relaciones laborales a largo plazo.^[2]