Protestas de Santo Antão de 1981
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Las protestas de Santo Antão de 1981, típicamente referidas en Cabo Verde como el 31 de agosto (en criollo caboverdiano: «31 d'Agostu»), fueron una serie de manifestaciones en la isla de Santo Antão, Cabo Verde, durante el régimen unipartidista del Partido Africano de la Independencia de Cabo Verde (PAICV), acontecidas entre el 30 y el 31 de agosto de 1981 en el marco de la polémica reforma agraria impulsada por el gobierno socialista. Comenzó con una serie de arrestos contra opositores a la confiscación de tierras por parte del Estado caboverdiano. El evento es especialmente recordado por una manifestación masiva el 31 de agosto, durante la cual miles de personas fueron interceptadas por fuerzas del orden en su intento de llegar hasta la localidad de Ribeira Grande a través de Boca de Figueiral con el fin de exigir la liberación de presos políticos. Durante la represión las fuerzas del orden dispararon munición real contra la multitud, provocando la muerte del manifestante Adriano Santos y varios heridos.[1]
Durante los siguientes días, varios de los implicados en las protestas fueron detenidos arbitrariamente bajo acusaciones de «subvertir el orden revolucionario».[2][3] Se reportaron palizas y agresiones durante las detenciones, muchas ocurridas durante la madrugada. La mayoría fueron llevados al Externato de Ribeira Grande, donde continuaron sometiéndolos a malos tratos.[2][3] Se estima en varias decenas el número de detenidos, aunque nunca se confirmó el número exacto.[2][4] El evento fue públicamente minimizado al extremo por el gobierno de Aristides Pereira y Pedro Pires, no emitiéndose declaraciones de ningún tipo por parte de las autoridades nacionales, y el episodio pasó prácticamente desapercibido a nivel nacional e internacional durante la siguiente década hasta la democratización en 1991.[2] Los eventos no serían ampliamente discutidos hasta las décadas de 2000 y 2010, cuando las víctimas comenzaron a dar testimonios al respecto. En 2019, una ley nacional reconoció a las víctimas de tortura del período unipartidista, incluyendo a las de Santo Antão.[2]
Recordado típicamente en Cabo Verde como el episodio de represión política más duro del período unipartidista (una era considerada relativamente «pacífica» en comparación con otros regímenes de la época),[5] el único confirmado en tener al menos una víctima fatal,[3] y probablemente uno de los eventos de violencia estatal más graves desde la independencia del país, las protestas de Santo Antão tuvieron importantes secuelas en la memoria colectiva local.[2][4] Durante la etapa democrática, el tema ha reaparecido periódicamente en campañas electorales y debates parlamentarios, y se han impulsado varias iniciativas de reconocimiento y de apoyo a víctimas o familiares, aunque sin un proceso judicial formal para investigar responsabilidades. En la esfera pública, la fecha ha sido objeto de conmemoraciones locales y de cobertura en la prensa, consolidándose como uno de los episodios más recordados de la historia reciente del país. A pesar de las conmemoraciones recurrentes, no hubo intentos de investigación ni proceso judicial alguno contra los perpetuadores.[3][4]
Tras la guerra colonial portuguesa que condujo a las independencias de las antiguas colonias de Portugal, el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC), que había librado la guerra de Independencia de Guinea-Bisáu y buscaba establecer un Estado que uniera al territorio continental con Cabo Verde instaló regímenes de partido único en ambas naciones recién independizadas, con la idea de que la unidad se produjera en un futuro. La República de Cabo Verde fue declarada el 5 de julio de 1975, con Aristides Pereira como presidente y Pedro Pires como primer ministro.[1] En 1980, un golpe de Estado derrocó al gobierno de Luís Cabral en Guinea-Bisáu y precipitó la ruptura de relaciones entre el PAIGC guineano y el caboverdiano. A principios de 1981, el PAIGC cambió su nombre a «Partido Africano de la Independencia de Cabo Verde» (PAICV) y cortó definitivamente con la idea de la unificación con el continente. A fin de reforzar su legitimidad, el partido se vio obligado a recrudecer su retórica socialista y enfatizar un «nacionalismo local caboverdiano» escasamente explorado. Para tal fin, muchas de sus políticas económicas más radicales hasta entonces postergadas (como la reforma agraria) comenzaron a ser ampliamente discutidas.[1]
El régimen socialista caboverdiano había heredado uno de los países más pobres del mundo, en el que la mayoría de la población dependía de la agricultura de subsistencia y las importaciones de alimentos, a lo que se sumaban su débil infraestructura y las sequías recurrentes.[6][7][8][9] Entre 1977 y 1981, el país registró un crecimiento económico moderado, con expansión del gasto público, obras de infraestructura y cierta mejora del PIB, pero sin alterar la estructura básica: la agricultura seguía siendo poco productiva, el déficit comercial era muy alto y la diversidad económica era mínima. En Santo Antão, una de las islas más rurales del país, estas limitaciones se sentían con mayor intensidad. Su geografía montañosa, la erosión del suelo, las dificultades de riego y la emigración hacían que los efectos del crecimiento nacional fueran débiles y la sensación de precariedad persistiera.[6][7][8][9]
El 5 de agosto de 1981, el régimen anunció que iniciaría una reforma agraria orientada a reorganizar la propiedad rural, crear cooperativas y fortalecer la autosuficiencia alimentaria.[1] La medida buscaba centralizar la gestión de las tierras, regular el uso del suelo y disminuir la influencia de propietarios locales vistos como intermediarios tradicionales del poder colonial. En la mayoría de las islas, la reforma avanzó lentamente por las duras limitaciones agrícolas, pero en Santo Antão, donde la agricultura tenía un peso social y económico mucho mayor, generó tensiones particulares. El traspaso de tierras hacia cooperativas restringió la autonomía de los pequeños agricultores, alteró relaciones comunitarias consolidadas y fue percibido como una intromisión política en la vida local. Para muchos de los campesinos locales, a quienes el PAICV proclamaba querer beneficiar, la reforma implicaba simplemente ponerlos bajo el control directo de los funcionarios locales del partido único (percibidos en general como corruptos, incompetentes y autoritarios) en lugar de «liberarlos» de los terratenientes (varios de los cuales tenían una relación personal estrecha con sus trabajadores).[2][4]
Las autoridades caboverdianas subestimaron la impopularidad de la reforma agraria, pero eran conscientes de las tensiones que generaba. Durante el mes de agosto de 1981, la presencia de las fuerzas del orden y el aparato represivo del partido se multiplicaron en la isla. Los habitantes locales interpretaron la presencia policial como una provocación intimidatoria, aumentando todavía más la tensión.[1]
