Proyecto de Estatuto de Autonomía del País Valenciano de 1936

El inicio de la guerra civil española detuvo el proceso estatutario, aunque la reivindicación de la autonomía no desapareció.^[17] En un editorial de El Mercantil Valenciano, que entonces era el órgano del Comité Ejecutivo Popular de Valencia —el organismo que se había hecho con el poder tras el fracaso del golpe—, publicado el 7 de octubre de 1936 el diario se preguntaba: «¿Cuál es, pues, la razón de que no se imprima mayor aceleración a la organización de la autonomía valenciana? Llamamos la atención sobre tan interesante extremo porque entendemos que en nada perjudicaría al problema de la guerra y por el contrario sí que se puede malograr el federalismo valenciano si no cumplimos en estos momentos con nuestros sagrados deberes».^[18]

Dos meses después, en el mismo artículo publicado en el diario El Pueblo por un miembro de la Comisión pro-Estatuto en el que explicaba los pasos que se tenía pensado dar para conseguirlo cuando estalló la guerra, este volvía a preguntarse: «¿Por qué ha dejado de funcionar el Comité Pro Estatuto que se constituyó días antes de la Revolución?». Y se respondía: «Sobrevino la guerra, el Comité se diseminó por las diversas delegaciones del Ejecutivo Popular, absorbiendo sus actividades, y como si la labor emprendida por ellos no pudiera ser continuada por otras personas, quedó el Estatuto Valenciano relegado a segundo término». Pocos días después una agrupación de la ciudad de Valencia del Partit Valencianista d'Esquerra publicaba otro artículo en el mismo periódico apoyando la propuesta de «darle vida al mortecino Comité pro Estatut del País Valenciano, pues son estos momentos los más a propósito, por ser revolucionarios, para conseguir nuestra libertad nacional, dentro claro está, de la Unión de Repúblicas Ibéricas». Además le pedía al diario que emprendiera una campaña «de orientación y enseñanza de lo que debe ser la autonomía de nuestro país, que hay que decirlo no es la "Región Levantina" como equivocadamente lo denominan muchos».^[19]

A finales de noviembre el Comité Ejecutivo Popular de Valencia había advertido que desautorizaba «toda iniciativa o gestión que bien individuos particulares o grupos realicen sobre el Estatuto Valenciano, por considerar que esta iniciativa pertenece íntegramente al Comité donde están representadas todas la fuerzas políticas y sindicales del Frente Popular Antifascista de Valencia y su provincia». De hecho en la importante declaración que había hecho pública el 2 de noviembre había incluido al final de la misma que «las organizaciones políticas y sindicales que integran el Comité Ejecutivo Popular» «estiman debe concederse a la Región Valenciana el derecho de autodeterminación, fundando los órganos propios para gobernarse libremente, al igual y en el concierto de las otras regiones hermanas de Iberia».^[20][21] Pero estas declaraciones no tuvieron ninguna traducción práctica.^[21]

El hecho cierto era que la mayoría de las fuerzas que apoyaban a la República consideraron que había que dar prioridad a la guerra y, por lo tanto, había que posponer la cuestión del Estatuto para cuando acabara la contienda. Esa fue la posición del PSOE y de la UGT. El diputado y sindicalista Manuel Molina Conejero así lo explicó en octubre de 1936: «Aunque la UGT no es enemiga de la autonomía, fija la posición de que ésta no es la hora de plantear estas cuestiones, y así debe apreciarlo el pueblo valenciano, comprendiendo que la primera conquista no puede ser otra que ganar la guerra. En estas circunstancia se impone el centralismo más absoluto, si queremos acortar los plazos de la victoria». En el mismo sentido se pronunció el Partido Comunista de España, aunque durante los primeros meses defendió «los justos deseos nacionales del pueblo catalán, del pueblo vasco, del gallego, del valenciano». Desde el periódico afín Verdad se lanzó la consigna «Evítese cuanto pueda alejar y dividir, cultívese cuanto pueda aunar y aproximar» (Maurice Thorez pidió «unidad entre las nacionalidades todas que forman la gran familia española (catalanes, vascos, valencianos, castellanos), contra los tiranos y verdugos fascistas de las libertades nacionales...»).^[22][23] Sorprendentemente, el Partit Valencianista d'Esquerra, alineado con el PCE, también defendió dar prioridad al esfuerzo bélico y postergar el Estatuto. Uno de sus líderes, Josep Rodríguez Tortajada, propuso que para «ganar la guerra... dejemos de lado nuestras más preciadas aspiraciones, estatutos, colectivizaciones, incautaciones, etc., etc., y nos preocupemos solamente... de nuestra lucha a muerte contra el fascismo».^[24]

Pero posiblemente la fuerza política que se manifestó más diametralmente en contra del Estatuto fue Izquierda Republicana, el partido del presidente de la República Manuel Azaña. Lo asimiló en tiempos de guerra —antes de julio de 1936 lo había apoyado— con el «cantonalismo trasnochado e inoportuno», y llegó a afirmar «que cuando [se] pide unidad de hierro para combatir, negarla sería una traición». Proponía el aplazamiento del Estatuto para «cuando una clamorosa y potente demanda del pueblo valenciano lo solicite... Cuando madure Valencia, que aún está verde para prematuras empresas». En un manifiesto hecho público en marzo de 1937 decía: «Al Poder central del Gobierno de la República, ni hablar del Estatuto. Mejor dicho, contra el Estatuto si es necesario. Este es nuestro criterio, que sabemos que comparte la opinión pública que no padece delirios, la mayoría valenciana».^[22]

A pesar de todo, las Cortes republicanas iban a tratar el tema del Estatuto valenciano en la sesión del 1 de diciembre de 1936 que iba a celebrar en Valencia, a donde se habían trasladado junto con el gobierno (justo dos meses antes las Cortes había aprobado el Estatuto de Autonomía del País Vasco). Ese mismo día 1 de diciembre Verdad había anunciado que «la sesión de hoy tiene el gran interés del Estatuto del País Valenciano» y dos días antes, el 29 de noviembre, el diario El Pueblo había publicado: «El día primero de diciembre se reunirán las Cortes. Y ninguna ocasión como ésta para decidir el problema del Estatuto valenciano. Una sesión basta». Pero las Cortes finalmente no abordaron el asunto por motivos que se desconocen.^[25]

El 17 de enero de 1937, pocos días después de la disolución del Comité Ejecutivo Popular de Valencia sustituido por el Consell Provincial de València, la CNT presentó un Proyecto de Bases para el Estatuto del País Valenciano, lo que contrastaba con la posición indiferente u hostil que había mantenido durante los años anteriores hacia la autonomía valenciana.^[26][21] En realidad, según Alfons Cucó, a la CNT-FAI no le movía ningún afán «valencianista», sino lo que se proponía era «consolidar una región autónoma [para] poder preservar las conquistas revolucionarias —las colectivizaciones— consumadas durante la primera etapa de la guerra civil», sobre todo después de que el 7 de noviembre se hubiera instalado en Valencia el gobierno de la República presidido por el socialista Francisco Largo Caballero.^[27] Una valoración con la que coincide Aurelio Martí Bataller cuando señala que «en el contexto de reorganización del Estado republicano, y con el traslado de la capital de España a Valencia, incluido, probablemente la propuesta pretendía fomentar espacios de poder desde donde controlar e incentivar el proceso de revolución social por parte de la CNT».^[28]

La prueba más clara de que la propuesta autonomista de la CNT no tenía nada que ver con el valencianismo sería, según Alfons Cucó y Aurelio Martí Bataller, que en el proyecto de Estatuto se incluyera a las provincias de Murcia y de Albacete (territorios que formaban parte de la Federación de Levante de la CNT, advierten Cucó y Martí Bataller).^[28][29] Desde el periódico anarquista Fragua Social lo justificaron afirmando que «no puede ser guía para nosotros la estructura que, para vergüenza nuestra, señalaron dinastías. El Reino tal o el Reino cual, que muchos maestros aún enseñan a los chicos al explicarles Geografía e Historia, no pueden contar para nosotros. Estudiadas las características de las cinco provincias, hemos convenido en afirmar que hay cierta similitud en la aspiración. Pues fórmese una región con todas ellas y pronto se verán los resultados beneficiosos que reportan».^[29]

Y que el proyecto tenía poco que ver con las iniciativas autonomistas anteriores también lo probaría que en el mismo el poder lo ostentaban las dos grandes centrales sindicales, la CNT y la UGT. Los miembros de la asamblea legislativa, denominada «Pleno Regional de Delegados», eran «designados por las organizaciones sindicales» y esta asamblea era la que elegía al «Presidente del País Valenciano» que encabezaba el «Consejo Ejecutivo Regional». En cuanto a la administración de justicia, que «emana del pueblo», se decía que en esta «tendrán intervención directa los sindicatos».^[30] Según Alfons Cucó, el objetivo era «neutralizar la creciente reacción progubernamental sostenida por los partidos socialmente moderados: los grupos republicanos, el ala derecha del PSOE y, sobre todo, el Partido Comunista».^[31] Y así se constató desde las páginas de Fragua Social, por ejemplo en una artículo publicado el 20 de enero de 1937 con el título «L'autonomia [sic] de la Región Levantina» (aunque en el mismo diario se publicó algún artículo criticando esta posición, incluyendo el uso del término «Región Levantina»):^[32]

La Región Levantina no marcha cara a la Revolución; sus organismos no tienen todo el contenido revolucionario que los momentos exigen, no por falta de deseo para que así ocurra, sino por falta de independencia para realizar su propia labor revolucionaria, y de esto deriva una responsabilidad grande para nuestra central sindical que hoy controla la masa productora de la región, y que tiene el deber de plantear, con toda su dureza, los múltiples problemas que aún tiene que resolver la Región en general y Valencia en particular y que todos giran alrededor de una misma cosa : ¡AUTONOMÍA! [...] Debemos, sin pérdida de tiempo, organizar una campaña rápida y de corto plazo de duración para conseguir la autonomía de la Región Levantina y constituir el órgano revolucionario que hoy necesita la Región, para que su desenvolvimiento no sea entorpecido por nada ni por nadie.

La propuesta de Estatuto de la CNT fue fuertemente impugnada desde diversos sectores, especialmente desde los grupos valencianistas. Gaietà Huguet, desde las filas de Esquerra Valenciana en las que se había integrado su partido Esquerra Republicana del País Valencià, llegó a afirmar que «para hacer un Estatuto así y quedar mezclados [barrejats] con otros pueblos como hasta ahora lo hemos estado, más valdría no hacer nada». En el mismo sentido se expresó Unión Republicana: incluir a Murcia y a Albacete «es ignorar por qué existen las regiones españolas, querer hacer una división caprichosa de España, como fue la de las provincias, sin vínculos históricos ni de raza». Estas críticas tuvieron cierto impacto en el seno de la CNT y desde algún sector se planteó que el Estatuto solo incluyera a las tres provincias de Alicante, de Castellón y de Valencia y que «una vez aprobado el texto del Estatuto del País Valenciano, [Murcia y Albacete] pidan su incorporación a él por estar de acuerdo en su esencia. Y hasta Almería, si lo estima necesario, podrá hacerlo...» (una posibilidad que Unión Republicana no había descartado).^[33][34] Pero finalmente la CNT no desplegó una gran campaña a favor de su propuesta de Estatuto y este quedaría relegado a un segundo plano.^[35]

Como respuesta al proyecto de la CNT Esquerra Valenciana, que consideraba un sinsentido la inclusión de Murcia y de Albacete, presentó al mes siguiente, febrero de 1937, un proyecto alternativo denominado Avantprojecte d'Estatut de la Regió Valenciana. Esquerra Valenciana, a diferencia del otro partido valencianista de izquierda (el Partit Valencianista d'Esquerra, PVE) no había postergado la reivindicación del Estatuto, a pesar de que, como ha señalado Alfons Cucó, «provenía de una escisión blasquista y no del valencianismo histórico» (como el PVE).^[36][34]

Lo más notable del Avantprojecte era que seguía casi al pie de la letra el Estatuto de Autonomía del País Vasco aprobado por las Cortes republicanas el 1 de octubre de 1936 (mes y medio después de iniciada la guerra civil). En realidad era una traducción al valenciano del Estatuto vasco (aunque esto se ocultó a la opinión pública).^[37][38] A diferencia del proyecto de la CNT, el de la Unión Republicana seguía los principios del sistema democrático liberal: existía un órgano legislativo elegido por sufragio universal ante el que era responsable el ejecutivo; los posibles conflictos de competencias y de jurisdicción con el Estado serían resueltos por el Tribunal de Garantías Constitucionales.^[39]

Unión Republicana ya había criticado la propuesta de la CNT de incluir en el Estatuto de Autonomía a las provincias de Murcia y Albacete y había manifestado que a «nosotros lo que nos compete es acelerar la consecución de nuestra autonomía valenciana, por el derecho de ser región natural, por su historia, por su raza y por su lengua, aunque existan en la región multitud de pueblos que hablen otra distinta, pero que, desde hace siglos, se encuentran vinculados a Valencia».^[40]

Así, a principios de marzo de 1937 se conoció su Proyecto de Estatuto de Autonomía para el País Valenciano, aunque fue anunciado como una mera ponencia interna del partido a discutir en su próximo Consejo Provincial. A diferencia del Avantprojecte de Esquerra Valenciana, en el Proyecto de Unión Republicana, aun partiendo de una concepción democrático-liberal, se le concedía un gran protagonismo a las organizaciones sindicales, intentando «recoger [las] realidades creadas por la guerra», como se decía en el Preámbulo (lo que fue muy bien recibido por la CNT): se concedía al «Estado autónomo» la competencia de la expropiación y socialización de riquezas y empresas económicas (lo que implicaba modificar la Constitución de la República); el órgano legislativo estaría formado por la Asamblea, elegida por sufragio universal de un «censo de trabajadores, clasificados por profesiones y oficios», y por el Consejo económico, integrado por representantes sindicales (excluyendo a «minorías de los más audaces y violentos», una alusión poco velada a la FAI); los representantes sindicales elegirían a los miembros de «Consejo de Justicia» del que dependerían los jueces, los tribunales y los jurados y que también tendría atribuciones especiales como velar por la adecuación de las leyes a la «Constitución interna del País Valenciano» —que tenía que aprobar el órgano legislativo—, con la posibilidad de detener temporalmente su aplicación.^[41][42]

Según Alfons Cucó, «el acentuado carácter sindicalista del proyecto lo hacía seguramente inviable, especialmente a partir de los sucesos de Barcelona de mayo de 1937, que precipitaron la caída del gabinete de Largo Caballero».^[43] Entonces los Consejos Provinciales de Alicante, de Castellón y de Valencia acordaron «por unanimidad comenzar inmediatamente los trabajos para la estructuración» del Estatuto y como paso previo encargaron al Consejo de Valencia que redactara un proyecto de constitución de una Mancomunidad de las tres provincias, pero finalmente los Consejos provinciales de Alicante y de Castellón rectificaron y no lo apoyaron «por entender que deben encaminarse todos los esfuerzos de las tres provincias a la implantación del Estatuto del País Valenciano», como afirmó el de Castellón (y en el mismo sentido se manifestó el de Alicante). Pero a finales de 1937 (acababa de caer toda la franja cantábrica en poder del bando sublevado) Esquerra Valenciana reconocía «que los momentos actuales no son los más apropiados para desarrollar una propaganda [estatutista] activa y oportuna».^[44][45]

Así pues, como ha señalado Aurelio Martí Bataller, «finalmente, ninguno de los tres proyectos tuvo recorrido... Evidentemente, la guerra no era el mejor escenario para eso... El País Valenciano constituyó un territorio clave de la resistencia republicana en muchos sentidos; desde el punto de vista institucional, el gobierno central buscó protección en Valencia y, desde allí, emprendió una reconstrucción del poder estatal que no se interesó por el desarrollo de autonomía valenciana. El control del Estado y el gobierno sobre el territorio y las formaciones políticas y sindicales fieles a la República resultaba una tarea prioritaria. Cuando la unidad antifascista conseguida por el gobierno de Largo Caballero se tambaleó, le sucedió Juan Negrín, con quien aumentó más la centralización gubernamental. La guerra, además, intensificó la circulación de los discursos y la simbología española...».^[46]