El sitio donde se emplazaría el embalse principal sería el punto en que el río de las Cañas ingresa a la provincia de Tucumán, menos de un kilómetro aguas abajo del lugar donde éste se forma por la unión de varios cursos de agua de la provincia de Catamarca. A partir de allí se realizarían tres sucesivas conducciones hacia sendas centrales hidroeléctricas, incorporando aportes de otras corrientes de agua por tuberías, incluyendo algunos que no pertenecen a la cuenca del río Medina —continuación aguas abajo del río de las Cañas— sino al río Gastona.[1] Por último, se requerirá la construcción de un pequeño embalse compensador, denominado "Villa Lola".[2]
Entre los pequeños ríos que se desviarán hacia las centrales hidroeléctricas se cuentan los ríos Solco, Las Raíces, Cicerón, Las Pavas (Superior), Hondo, Jaya, Sonador, La Laguna, El Bolsón, Cochuna, Casa de Piedra, Vallecito y Esquina Grande. Junto a las obras de desviación, captación, transferencia y aprovechamiento, se propone también realizar obras de contención de crecientes en todos esos ríos, más algunos otros como los de la cuenca del río Chirimayo; el proyecto original considera además la construcción de un pequeño reservorio para compensación, para favorecer el riego.[1] De esta manera, la obra servirá también para regular las crecidas estacionales y extraordinarias que se suelen producir en la zona, y facilitará el riego de unas 70 000 ha agrícolas.[3]
La capacidad de almacenaje total de la represa superior se ha estimado en 109,2 hm³, y la del embalse compensador de Villa Lola en 95 hm³.[4]
El proyecto en su conjunto tendría, en sus versiones más optimistas, una capacidad instalada de 339 MW y generará unos 445 GWh/año, una cifra que supera por más de tres veces la totalidad de la generación de energía hidroeléctrica que se genera actualmente en el noroeste argentino.[5] En otras versiones, la capacidad baja a 240 MW,[6] o incluso a 120 MW y 375 GWh/año.[7]
De acuerdo a la opinión de expertos y funcionarios, el proyecto original deberá modificarse para superar el informes de impacto ambiental, que no se evaluó en 1974, y que hoy en día es un paso fundamental para la aprobación de proyectos hidroeléctricos. Por consiguiente, se espera que la producción sea significativamente menor que la proyectada en esos años, aunque la obra igual podría ser aprobada, ya que las obras no incluirían grandes extensiones inundadas.[8]
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