Reforma electoral (Perú)
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Está en debate la reforma electoral y política de Perú que propone un conjunto de leyes para fortalecimiento del sistema de partidos políticos y sistema electoral.[1] La iniciativa propone una nueva ley de partidos políticos, nueva ley de derechos de participación ciudadana y control ciudadano, código electoral y código procesal electoral.[2][3][4][5]
En noviembre del 2011, el Jurado Nacional de Elecciones presentó al Congreso los proyectos de Nuevo Código Electoral y Nuevo Código Procesal Electoral.[6] En mayo del 2013, la ONPE y el Reniec presentaron al Congreso los proyectos de la Nueva Ley de Partidos Políticos y la Nueva Ley de Participación y Control Ciudadanos.[7]
Una encuesta realizada en junio de 2015, a nivel nacional por Ipsos, solo el 16% aprueba el Gobierno y 11% aprueba el Congreso de la República.[8] En septiembre de 2015, el 84% desconfía en el Congreso de la República, 82% en los partidos políticos y 73% en el poder ejecutivo.[9]
En el 2017, la subcomisión de reforma electoral aprobó por unanimidad el predictamen.[10]
Varias organizaciones y personalidades han expresado públicamente su postura a favor de la reforma electoral. Entre ellos se pueden mencionar al artista Fernando de Szyszlo, el periodista Augusto Álvarez Ródrich,[11] RPP[12] y Asociación Civil Transparencia.[13]
Creación de ventanilla única
- Aumento de requisitos para plantear la revocación de alcaldes y gobernadores
- Medidas para evitar el voto golondrino[14]
- Curul vacía[15]
- No reelección inmediata de alcaldes y presidentes regionales.[16]
Mediante esta ley de la ventanilla única los personeros de los partidos políticos podrán conocer los antecedentes de las personas que deseen presentar su candidatura a cargos de elección popular.[17] La información brindada será sobre órdenes de captura nacional e internacional vigentes o pasadas, antecedentes de sentencia condenatorias, deudas por tributos, contribuciones, tasas municipales, deudas con la Sunat y al registro de deudores alimentarios.[18] La ley se aprobó en el Congreso el 3 de marzo de 2015.[19][20]
Según el JNE, en las elecciones regionales y municipales alrededor de 2 000 candidatos tenían antecedentes penales.[21]
