La regulación de los medios de comunicación son normas impuestas por la jurisdicción de la ley. Las pautas para el uso de los medios difieren en todo el mundo.[1] Esta regulación, a través de la ley, normas o procedimientos, puede tener varios objetivos, por ejemplo proteger el interés público o alentar la competencia y un mercado de medios efectivo, o establecer estándares técnicos comunes.[2]
Los objetivos principales de la regulación de los medios son la prensa, la radio y la televisión, pero también pueden incluir películas, música grabada, cable, satélite, tecnologías de almacenamiento y distribución (discos, cintas, etc.), Internet, teléfonos móviles y otros.
Equilibrio entre libertades positivas y negativas: Las libertades definidas negativamente, legislando el papel de las instituciones de medios en la sociedad y asegurando su libertad de expresión, publicación, propiedad privada, comercio y empresa, deben ser equilibradas por una legislación que garantice la libertad positiva de los ciudadanos de su derecho de acceso a la información.
Equilibrio entre Estado y mercado: Los medios están en una posición entre el comercio y la democracia. Estos requieren el equilibrio entre derechos y obligaciones. Para mantener el equilibrio contractual, la sociedad espera que los medios de comunicación tomen su privilegio de manera responsable. Además, las fuerzas del mercado no garantizan necesariamente la amplia gama de opiniones públicas y la libre expresión.[3]
El proyecto original presentado en agosto de 2009 estaba basado en una propuesta de veintiún puntos que había sido presentada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática en 2004 y debatida durante un año en 24 foros que se desarrollaron a dicho fin en distintos puntos del país.[6] Luego de que se le realizaran más de 100 modificaciones, fue aprobado en la Cámara de Diputados y el Senado, convirtiéndose en ley. Fue un proyecto de ley altamente polémico, que dio lugar a fuertes apoyos y rechazos; hubo sectores que interpretaron que su verdadera intención no era democratizar los medios, sino destruir el poder del Grupo Clarín, y otorgarle al gobierno nacional el poder para silenciar las críticas de los medios no oficialistas. Para graficar el estado de la opinión pública, la misma semana de la aprobación de la ley, una encuesta de la firma TNS Gallup reveló que el 30% de los encuestados opinaba que a partir de la sanción, la calidad de la información disponible en los medios empeoraría, mientras que un 25% pensaba que mejoraría y un 21% pensaba que no se vería afectada.[7]
El Grupo Clarín impugnó la aplicación de cuatro artículos de la ley (41, 45, 48 y 161) mediante el uso de sucesivas medidas cautelares, lo que paralizó la plena aplicación de la ley durante más de cuatro años. El 29 de octubre de 2013, la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo en el que determinó la constitucionalidad de la ley, pero no fue claro respecto a los requisitos que debían cumplir los grupos mediáticos para sus planes de desinversión. Esta falta de claridad motivó nuevos planteos y medidas cautelares que continuaron impidiendo la aplicación plena de la ley.[8][9][10] El Estado argentino intentó iniciar de oficio un plan de desinversión no voluntario al Grupo Clarín.[11] pero este intento fue frenado por la Justicia por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, que mediante sentencia del 19 de febrero de 2015 suspendió el procedimiento y mantuvo la medida cautelar vigente a favor del grupo.[12] Finalmente, en diciembre de 2015, mediante un decreto de necesidad y urgencia del presidente Mauricio Macri, se modificaron los artículos que regulaban la venta de licencias, los topes a la cantidad de las mismas que puede poseer un grupo de medios y las restricciones a la propiedad cruzada, entre otros artículos centrales de la ley.[13][14][15] La derogación fue confirmada por Ley del Congreso el 6 de abril de 2016, con el voto de todos los legisladores de Cambiemos más el apoyo de distintos sectores del peronismo, como los que respondían a José Manuel de la Sota y a Sergio Massa.[16]
Brasil
Durante el período democrático regido por la Constitución brasileña de 1946, el Congreso Nacional aprobó la Ley N° 2.083 del 12 de noviembre de 1953, publicada en la Gaceta Oficial Federal el 13 de noviembre de 1953. Esta ley fue construida en un período democrático y su texto garantiza que los periódicos y otras revistas sean libres de publicar y circular en territorio nacional; solo prohibiendo la publicación y circulación de periódicos y otras publicaciones periódicas cuando sean clandestinas, es decir, sin editores, directores o editores conocidos, o cuando violen la moral y las buenas costumbres. Y al afirmar que la libertad de prensa no excluye el castigo de quienes abusan de su ejercicio.[17]
En el Gobierno del Régimen Militar se instituyó una nueva Ley de Prensa que fue instituida durante la vigencia de la Constitución de 1967, y que estuvo en vigencia hasta el 30 de abril de 2009, cuando no fue recibida por el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF). El principal punto polémico en la decisión del STF fue sobre el derecho de respuesta, previsto y detallado en la Ley de Prensa. Con su derogación, las decisiones a este respecto llegaron a depender de decisiones judiciales, caso por caso, debidamente fundamentadas, como cualquier otra, en la Constitución Federal.
↑ «What is media regulation?». Media Regulation. Leicester: University of Leicester. Archivado desde el original el 24 de abril de 2019. Consultado el 29 de noviembre de 2012.
↑ Sjøvaag, H. (2014). «THE PRINCIPLES OF REGULATION AND THE ASSUMPTION OF MEDIA EFFECTS». Journal of Media Business Studies: 5-20.
↑ Crettaz, José (31 de diciembre de 2015). «Qué se modifica de la legislación». La Nación (Buenos Aires, Argentina). Consultado el 30 de septiembre de 2020.
