Relaciones Organización de Estados Americanos-Venezuela
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Las relaciones Organización de Estados Americanos-Venezuela se refiere a las relaciones diplomáticas entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y Venezuela. Venezuela fue uno de los 21 miembros fundadores de la OEA en 1948, y el expresidente de Venezuela Rómulo Gallegos fue electo como el primer presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1960.
Desde 2002, Venezuela es el único país latinoamericano que rechaza recibir a una delegación Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) junto con Cuba.[1]
Venezuela fue uno de los 21 miembros fundadores de la OEA en el 30 de abril de 1948 con la firma de la Carta de la Organización de Estados Americanos en Bogotá, Colombia. En 1954 Venezuela también organizó la primera Conferencia Interamericana en Caracas tras la fundación de la OEA, la Décima Conferencia Panamericana.[2]
En enero de 1962 Venezuela votó para expulsar a Cuba de la OEA,[3] y en julio de 1964 solicitó con éxito que se impusieran sanciones de la OEA a Cuba después del descubrimiento de un cargamento de armas en una playa venezolana, abandonado por cubanos para uso de la guerrilla de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) que buscan derrocar al gobierno.[3]
Siglo XXI
Huelgas de hambre en 2009
El 3 de julio del 2009, el alcalde metropolitano Antonio Ledezma, se acercó hasta las oficinas de la OEA en Caracas, con el fin de declararse en huelga de hambre, manifestando rechazo a la actitud del gobierno nacional de desconocer al alcalde del Distrito Metropolitano. Según el alcalde, la huelga constituyó un éxito para el alcalde ya que el gobierno y la OEA cedieron a sus demandas..[4] El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se comprometió a recibir a una comisión de gobernadores y parlamentarios en Washington D. C..[5] El mismo año, el agrícola y biólogo Franklin Brito, después de encontrar la respuesta del Instituto Nacional de Tierras insatisfactoria y de no recibir respuesta del gobierno después de seis meses y quien inició su huelga de hambre por primera vez en 2004 para protestar por una disputa de propiedad de sus terrenos, decidió retomar una huelga de hambre en la sede de la organización en Caracas.[6]
El 24 de septiembre de 2009, un grupo de entre doce estudiantes de la Universidad de Oriente (UDO), estado Monagas, ocupó las inmediaciones de la sede en Caracas, coincidiendo con la II Cumbre de América del Sur y África celebrada en la isla de Margarita, para protestar con una huelga de hambre el encarcelamiento del estudiante Julio César Rivas.[7][8] A la huelga se sumaron estudiantes universitarios de Caracas, San Cristóbal, Anzoátegui, Bolívar, Monagas, Nueva Esparta y Sucre, al igual que un grupo que empezó a apoyar la huelga desde Valencia, estado Carabobo, para protestar también por la detención de otros presos políticos, al menos 47 para entonces, solicitar la entrada al país de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "in situ" para constatar la situación de presos políticos, solicitud que siempre había sido negada por el gobierno de Hugo Chávez desde 2003,[9] y procurando mantenerla hasta que sus exigencias fueran cumplidas.[7][8] Alfredo Romero, portavoz de la ONG Foro Penal y abogado defensor de los 47 presos políticos para entonces, le solicitó a la CIDH que “constate la situación de atropellos e ilegalidades en los casos de detenidos, procesados y perseguidos por su posición política”.[10] Romero también informó que Venezuela era el único país latinoamericano que rechazaba recibir a la CIDH, junto con Cuba.[11]
El 28 de septiembre Julio Rivas fue liberado bajo régimen de presentación ante los tribunales;[12] el 30 de septiembre José Miguel Insulza respaldó la propuesta de una visita de la Comisión Interamericana a Caracas e instó al gobierno a autorizarla, expresando su disposición de recibir una delegación de estudiantes en Washington D. C.[13] Los estudiantes levantaron la huelga el mismo día en la noche después de la declaración "a la 155 horas" del ayuno, anunciando que las metas de la huelga habían sido cumplidas; la coordinadora Rebeca Rojas declaró que "Todos los objetivos que se habían propuesto han sido alcanzados”. Al finalizar la huelga, un total de 172 estudiantes se habían unido, varios de ellos descompensados médicamente.[13][14][15] Posteriormente, en 2011, diversas agrupaciones estudiantiles y juveniles organizaron otra huelga de hambre iniciada por militantes de «Juventud Activa Venezuela Activa "JAVU"», encabezada por Julio César Rivas, Daniel Clavijo, Alexander Tirado, Alfonso Caro y Lorent Saleh, frente a la sede de la OEA en Caracas, exigiendo la liberación de presos políticos.[16]
Protestas en Venezuela de 2014
Durante las protestas en Venezuela de 2014, el embajador de Panamá en la OEA, Arturo Vallarino, declaró que cedería el curul de Panamá a la diputada opositora María Corina Machado y a una delegación de estudiantes (Carlos Vargas[17]) y sindicalistas (Iván Freites) en la reunión ordinaria que se realizaría el 21 de marzo.[18] Sin embargo, durante la sesión se aprobó primero sesionar a puerta cerrada y luego se canceló la sesión con la aprobación de la mayoría de los países, dejando a la diputada María Corina sin poder exponer en dicho evento.[19][20] Posteriormente, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, argumentó que Corina Machado se había "autodespojado" de la investidura de diputada al aceptar la "representación alterna" de Panamá en la reunión de la OEA, hecho que la Asamblea Nacional de mayoría oficial ratiicó, al igual que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela el 1 de abril.[21] Martinelli respondió con dureza ante la destitución, acusando a Maduro de no respetar "las libertades democráticas y ciudadanas" y dijo que la situación en Venezuela es "caótica y catastrófica".[22]
Protestas en Venezuela de 2017
Tras sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela la oposición,[23] distintos países[24] y la OEA[25] califican el hecho como un autogolpe de Estado. El 27 de abril de 2017 el gobierno de Nicolás Maduro ordena el retiro de Venezuela de la OEA.[26][27][28]
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) designó a un Panel de Expertos Internacionales Independientes para analizar posibles crímenes de lesa humanidad se habían cometido en Venezuela. En mayo de 2018 el Panel concluyó nombrado por concluyó que existían fundamento suficiente para sostener que crímenes de lesa humanidad se habían cometido en Venezuela desde al menos el 12 de febrero de 2014, al inicio de las protestas de 2014, recomendó que el secretario general Luis Almagro remitiera el informe y la evidencia recolectada a la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y que invitara a los Estados miembros del Estatuto de Roma para que tanto remitieran la situación de Venezuela a la Oficina de la Fiscalía como que solicitaran la apertura de una investigación a los hechos recogidos en el informe, de acuerdo a los establecidos en el artículo 14 del Estatuto.[29]
Crisis presidencial de Venezuela
Meses antes de las elecciones presidenciales de Venezuela de 2018, en una sesión extraordinaria apoyada por su secretario general Luis Almagro, el 23 de febrero la OEA aprobó una resolución que instaba al gobierno venezolano a reconsiderar la convocatoria de elecciones presidenciales y presentar un nuevo calendario electoral que hiciera posible la realización de elecciones con todas las garantías necesarias. [30][31] El 5 de junio, después de las elecciones y de que se proclamara como ganador a Nicolás Maduro, la OEA aprobó una resolución para desconocer los resultados con 19 votos a favor.[32][33]
El 10 de enero de 2019, minutos después de que Maduro se juramentara como presidente, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución en una sesión extraordinaria
La OEA aprobó una resolución declaraba ilegítima la presidencia de Maduro e instaba a celebrar nuevas elecciones.[34] Se celebró una sesión extraordinaria de la organización el 24 de enero , pero no se alcanzó un consenso.[35] Durante la 49ª Asamblea General de la OEA, celebrada el 27 de junio, la presidencia de Juan Guaidó fue reconocida por la organización.[36]
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
En 1960 el expresidente de Venezuela Rómulo Gallegos fue electo como comisionado y el primer presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recién creada el año anterior.[37]
El 11 de noviembre de 2007, Linda Loaiza, su familia y su abogado presentaron una petición contra el Estado venezolano ante la Comisión, convirtiéndose en la primera persona en denunciar un caso de violencia de género ante este organismo. La causa fue admitida en 2010 y Loaiza testificó ante la Comisión en 2015. En su denuncia sostuvo que el Estado incumplió su deber de protección y permitió la impunidad de los hechos. Venezuela argumentó que no era responsable, argumentando que el crimen fue cometido por un particular y que se garantizó el debido proceso. Tras analizar las pruebas, la CIDH concluyó que el Estado venezolano era responsable por violar los derechos a la integridad personal, libertad, dignidad, igualdad, y acceso a la justicia, establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además de obligaciones derivadas de la Convención de Belém do Pará y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. En su Informe de Fondo, la Comisión recomendó investigar de manera efectiva los hechos, sancionar a los responsables, y ofrecer una reparación integral a Linda Loaiza y su familia.
Corte Interamericana de Derechos Humanos
El 29 de agosto de 2002 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la actuación del gobierno venezolano durante el Caracazo, ordenó que realizara una investigación exhaustiva de los hechos, y que pagara reparaciones a las víctimas[38] El Estado se comprometió a indemnizar a las víctimas, hecho cumplido parcialmente en el año 2004 con aquellas víctimas representadas por la organización de derechos humanos Cofavic.[39] Sin embargo, a finales de 2006 el gobierno de Hugo Chávez anunció mecanismos para indemnizar también a las víctimas que no tuvieron acceso a la Corte Interamericana.[40] El 24 de febrero de 2005, la Corte determinó la responsabilidad del Estado venezolano en el caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela.
El 20 de julio de 2012, la CIDH sentenció que el Estado venezolano era "internacionalmente responsable por la violación del derecho a la integridad personal y por los tratos inhumanos y degradantes en perjuicio" en el caso Díaz Peña vs. Venezuela, donde Raúl Díaz Peña había sido detenido y acusado de ser responsable de los atentados en Caracas de 2003. El presidente Hugo Chávez acusó a la Corte de estar "apoyando el terrorismo", de "atropellar el derecho internacional", y planteó la salida de Venezuela de la CIDH, la cual se concretó en 2013.[41][42] En 2014 la Corte Interamericana falló a favor del Estado de Venezuela en el caso Brewer Carías vs. Venezuela, sobre la responsabilidad del gobierno venezolano por la persecución política del constitucionalista Allan Brewer Carías, argumentando la falta del agotamiento de recursos internos.[43][44]
El 22 de junio de 2015 la Corte declaró responsable al Estado venezolano en el caso Granier y otros vs. Venezuela por la violación de derechos a la libertad de expresión y contra la discriminación como consecuencia al cierre del canal de televisión Radio Caracas Televisión, al igual que los derechos a un debido proceso, al plazo razonable y a ser oídos.disposiciones. La Corte reiteró que el caso evidencia la falta de debida diligencia en la atención a la violencia contra la mujer y subrayó la obligación de garantizar la protección efectiva de las víctimas.
Debido al incumplimiento de las recomendaciones de la CIDH, el caso de Linda Loaiza fue sometido a la Corte Interamericana el 2 de noviembre de 2016. El Estado venezolano reconoció parcialmente su responsabilidad, limitándola a las fallas institucionales y excluyendo los actos cometidos por el agresor. La Corte valoró este reconocimiento y las disculpas ofrecidas, pero determinó que el Estado incurrió en una grave falta de diligencia al no actuar con prontitud tras conocer la desaparición de Linda Loaiza. Señaló que las autoridades sabían la identidad del agresor y no adoptaron medidas para evitar el daño. Aunque la Corte no consideró al Estado responsable directo de los actos de tortura, sí lo responsabilizó por su reacción insuficiente y negligente ante el riesgo evidente para la víctima.
La sentencia fue emitida el 16 de septiembre de 2018 y ordenó reparaciones integrales, pero el Estado venezolano no ha cumplido con las disposiciones. La Corte reiteró que el caso evidencia la falta de debida diligencia en la atención a la violencia contra la mujer y subrayó la obligación de garantizar la protección efectiva de las víctimas.
El 26 de agosto de 2025 la Corte Interamericana determinó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos se encontraba vigente en Venezuela y que tenía competencia para continuar conociendo sobre el caso Chirinos Salamanca y otros vs. Venezuela.[45][46][47][48][48]
