Reparación de legajos en la Universidad Nacional de La Plata
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El Programa de Reparación, digitalización y preservación de legajos de estudiantes, graduados y trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata víctimas del terrorismo de Estado es una política institucional iniciada en 2015 y coordinada por la Dirección de Políticas de Memoria y Reparación Histórica dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas de Igualdad de esa Universidad argentina.[1][2] Tiene como fin la realización de un conjunto de tareas de investigación, reparación documental y entrega de documentos a personas afectadas o familiares por la dictadura cívico-militar argentina.[3]
Durante la Semana de la Memoria realizada en el 2015 y a 39 años del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, el presidente de la UNLP firmó dos resoluciones - 259/15 y 260/15- inéditas en el ámbito universitario nacional.[4] Se trata de dos normativas que involucran la recuperación de documentos universitarios referidos al pasado reciente argentino e involucran una labor en conjunto con las facultades, instituciones de pregrado de la universidad, comisiones de Derechos Humanos, gremios docentes y nodocentes, agrupaciones estudiantiles y el Archivo Histórico de la UNLP.[5]
La iniciativa busca dejar constancia en los legajos y documentación correspondiente las razones verdaderas que hicieron que una persona interrumpa su trayectoria académica y/o laboral, así como promover el acceso público a la información y fomentar la memoria institucional.[6]Se estima que más de 800 personas vinculadas con la institución fueron secuestradas, desaparecidas y/o asesinadas desde 1974 y luego de que la Universidad fuera intervenida por la Marina con la designación de Eduardo Luis Saccone el 25 de marzo de 1976.[7][8][9]
Mediante la sanción de la Resolución N° 259/15 se dispone “la inscripción de la condición de detenido-desaparecido o asesinado, en los legajos de los docentes, nodocentes, graduados y estudiantes” de la Universidad Nacional de La Plata y se resuelve “dejar constancia en los legajos de los reales motivos que determinaron la interrupción del desempeño laboral o estudiantil de todos aquellos que fueron víctimas de la última dictadura cívico-militar”. Asimismo, el documento obliga a “disponer la entrega de una copia de los legajos donde consta la reparación documental registrada, a los afectados y/o familiares que lo soliciten”.[4]
La iniciativa se ha replicado en otras universidades nacionales de Argentina, como lo son la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional de Córdoba.[10][11]
