Rodrigo Lara Restrepo

Ley de Trasplantes

La ley de Trasplantes^[15][16] convierte al Instituto Nacional de Salud en el máximo responsable de los trasplantes de órganos en Colombia y lo hace responsable de las bases de datos de personas en lista de espera de órganos y de posibles donantes, además de vigilar las instituciones de salud habilitadas para hacer rescates de órganos y tejidos. La ley igualmente estipula medidas para evitar el tráfico de órganos, endurece las penas para este delito y prohíbe la utilización de órganos para extranjeros no residentes salvo cuando éstos sean parientes hasta cuarto grado de cosanguindad, segundo de afinidad o primero civil del donante. Asimismo, la ley 1805 de 2016 determina que solo organizaciones sin ánimo de lucro podrán administrar los bancos de órganos y tejidos. La ley mantiene la presunción de donación existente en la legislación anterior pero no reconoce el derecho de los familiares a oponerse al rescate de órganos y establece las condiciones según las cuales una persona puede negarse a donar órganos así como los criterios para dar prioridad a los receptores de órganos.

Iniciativas de Ley

Además de la ley de trasplantes, en la actual legislatura, Lara ha presentado once proyectos de ley sobre los siguientes temas:

• Reforestación^[17]

• Prohibición de uso de agencias de cobranza para cobros prejurídicos en el ICETEX^[18]

• Créditos ICETEX con cuota proporcional al ingreso del deudor^[19]

• Indignidad Sucesoral^[20]

• Descentralización mediante experimentación^[21]

• Libertad Sucesoral^[22]

• Recursos para el Fondo de Ciencia y Tecnología del Sector Defensa^[23]

• Reforma ejecutivos locales^[24]

• Legislación laboral para economías colaborativas^[25]

• Calidad en la salud^[26]

• Proyecto de Acto legislativo para regular la acción pública de inconstitucionalidad^[27]

• Proyecto de Acto legislativos para la creación de un Tribunal de Cuentas^[28]

• Proyecto de ley para prohibir la publicidad a niños menores de doce años y regular la publicidad a adolescentes^[29]

Otros aportes legislativos

• Código de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016). En la elaboración del Código de Policía y Convivencia insistió en evitar los posibles abusos en contra de la ciudadanía, garantizar los derechos fundamentales y defender vehementemente a la población más vulnerable entre quienes se encuentran las personas dedicadas al trabajo sexual y quienes tienen por oficio el reciclaje. Además, el representante logró garantizar el acceso de los ciudadanos a subsidios y créditos de vivienda o estudio, que en principio se pretendían eliminar en razón al no pago de multas.

• Reforma Tributaria Estructural (Ley 1819 de 2016). En el debate de esta ley, Lara logró incluir una reducción al 5% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la industria astillera de origen colombiano y que los servicios de reparación y mantenimiento de astilleros quedaran excluidos del mismo, con el fin de promover la creación de empleos, fomentar las exportaciones de alto valor agregado e impulsar las inversiones en Ciencia, Tecnología e Innovación. Propuso un sistema de impuestos más progresivo con la devolución de 3 puntos del IVA a las familias que pertenecen al programa Más Familias en Acción. En conjunto con otras bancadas presentó un artículo que castigaba con mayor dureza a los grandes evasores y solicitó reportaran e hicieran públicos todos sus ingresos y pagaran impuestos de renta.

• Proyecto de Acto Legislativo para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. En el marco de la implementación legislativa del Acuerdo de Paz de La Habana, Lara fue ponente de la normatividad concerniente a la responsabilidad del mando de los miembros de la Fuerza Pública colombiana, donde se recogen los criterios de la Corte Penal Internacional pero se establecen exigencias probatorias adicionales, dado que la norma de la CPI está diseñada para juzgar principalmente organizaciones al margen la de la ley, como milicias o paramilitares, mientras que la norma de la Jurisdicción Especial para la Paz requiere un régimen más especializado para el juzgamiento de un ejército regular.^[30] Lara también logró que se incluyera la posibilidad de juzgar a terceros no combatientes, que hayan sido responsables por hechos graves, y estableció que cuando estos fueran denunciados ante la JEP, los hechos por los cuales fuesen inculpados debían ser corroborados de manera extrínseca, con pruebas adicionales a los testimonios dados ante dicha jurisdicción.^[31]