Rubén Rocha Moya

Ámbito académico

Su administración se distinguió por el impulso al área de posgrado, con la creación de un doctorado en ciencias sociales, el primero de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que nació como padrón de excelencia al tener cinco cátedras patrimoniales autorizadas por el Conacyt. Asimismo, se crearon los doctorados en biotecnología, física y ciencias de la computación.

También, durante este mismo periodo, la universidad fue sede de la Región I de la ANUIES por primera vez, donde Rocha Moya fungió como presidente del Consejo Regional de la Región I, que comprende a todas las universidades públicas y privadas, así como a los institutos tecnológicos, ubicados en los estados de Sonora, Chihuahua, Baja California, Baja California Sur y Sinaloa.^[10]

Ámbito administrativo

Se modernizó el marco jurídico con la reforma a la Ley Orgánica, en donde se introdujo la revisión externa de las finanzas de la Universidad, que tuvo como eje central la transparencia del manejo de los recursos. Se creó la Contraloría Social Universitaria, donde por primera vez se abrieron a la sociedad las finanzas de la institución Rosalina. Se introdujo también, la auditoría externa, la cual se encargaba de presentar un informe anual de las finanzas de la Universidad.

El periodo de Rubén Rocha se caracterizó también por la construcción de fraccionamientos y casas para los trabajadores de la Universidad. Éste es el único periodo donde se ha realizado dicha gestión por un rector.

Infraestructura

Se crearon la Ciudad Universitaria de Guasave y se inició la de Guamúchil, así como el circuito interior en Ciudad Universitaria Culiacán. Asimismo, se instauró por primera vez el Sistema de Seguridad Universitaria.

Se introdujo la fibra óptica en los campus universitarios de Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, lo que significó el inicio de la era del internet en la UAS. De igual manera, el establecimiento del internet se potenció con la construcción de dos grandes centros de cómputo en Culiacán y en Mazatlán, lo que marcó un hito en el ámbito académico de la universidad, con el inicio de la primera maestría en línea.

Otra de las obras realizadas durante este periodo fue la creación del Polideportivo de Ciudad Universitaria en Culiacán, el cual incluía la alberca olímpica, pista de atletismo, cancha de futbol rápido y una modernización del estadio de béisbol. En Mazatlán se construyó la Biblioteca Central.^[11]

Carta de Zambada y asesinato de Cúen Ojeda

Desde 2024, Ismael "El Mayo" Zambada publicó una carta en la que describía los hechos que condujeron a su captura, alegando que se dirigía a una reunión con Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén Ojeda para resolver una disputa política.^[25] La carta situaba a Rocha Moya en el contexto de los hechos que llevaron a la captura de Zambada y, además, vinculaba el incidente con el asesinato de Cuén Ojeda, quien fue asesinado el mismo día. Rocha Moya negó estas afirmaciones, declarando que se encontraba en Estados Unidos en el momento de los hechos;^[26] sin embargo, esto no ha sido verificado.^[27]

La investigación sobre el asesinato de Cuén Ojeda fue realizada inicialmente por las autoridades del estado de Sinaloa, quienes concluyeron que había sido asesinado durante un intento de robo en una gasolinera.^[28] Paralelamente, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación federal sobre las circunstancias que rodearon la captura de Zambada, incluyendo posibles delitos cometidos en territorio mexicano. Tras incorporar la carta atribuida a Zambada a su investigación, las autoridades federales buscaron evidencia que indicara que ambos eventos estaban vinculados, incluyendo exámenes forenses en una propiedad donde supuestamente tuvo lugar la reunión.^[29][30] Posteriormente, la FGR cuestionó la versión estatal sobre la muerte de Cuén Ojeda, citando inconsistencias en la investigación y evidencia que sugería que había sido asesinado en el mismo lugar donde Zambada fue interceptado.^[29][30] Las autoridades federales descartaron la hipótesis del robo, y la controversia subsiguiente, que fue descrita como un encubrimiento por los informes de los medios, culminó con la renuncia de la fiscal general de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada, el 16 de agosto de 2024.^[31][32][33]

Rubén Rocha Moya fue objeto de señalamientos públicos sobre presuntos vínculos con facciones del Cártel de Sinaloa, especialmente con el grupo conocido como “Los Chapitos” (hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán) por la ola de violencia del estado de Sinaloa y su afectación económica tras los altos índices de inseguridad. El propio gobernador negó estas acusaciones y afirmó que no existía ninguna investigación formal en su contra en ese momento. argumentando.^[34]

“Un empresario que tiene la fortaleza y el compromiso con Sinaloa puede aguantar ganar un poquito menos, pero no necesariamente declararse en quiebra”^[35]

Alegaciones públicas y periodísticas

En septiembre de 2024, en medio de luchas internas en el Cártel de Sinaloa, aparecieron pancartas y volantes del cártel en varias localidades de Sinaloa, incluyendo Culiacán, Los Mochis y Mazatlán. Según informes de los medios, algunos contenían imágenes de individuos identificados como miembros de "Los Chapitos" junto a Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez, y alegaban colaboración entre figuras políticas y la facción.^[36][37] En noviembre de 2024, una pancarta en Culiacán pidió la cancelación del evento Expo Ganadera, acusó al gobernador de apoyar a la facción de Los Chapitos e incluyó amenazas contra él y su familia;^[38] el evento fue posteriormente cancelado.^[39]

La periodista Anabel Hernández informó que el ascenso político de Rocha Moya y su campaña para la gobernación en 2021 fueron presuntamente facilitados por facciones del Cártel de Sinaloa, incluyendo a "Los Chapitos" e intermediarios vinculados a Ismael "El Mayo" Zambada, enmarcándolo como parte de un sistema más amplio de "narcopolítica" en Sinaloa. Hernández señaló el contenido de la carta de Zambada como evidencia de una estrecha coordinación político-criminal. También sugirió que las inconsistencias en torno al asesinato de Cuén Ojeda y la narrativa oficial de la captura de Zambada indicaban un posible encubrimiento a nivel estatal, y en comentarios posteriores de 2025 reiteró las afirmaciones de colusión sistémica entre actores políticos y el crimen organizado, particularmente a través de acuerdos de protección a cambio de apoyo electoral.^[40][41][42]

Tras los señalamientos públicos en agosto de 2024, Anabel Hernández mediante su trabajo periodístico y de su libro La Historia Secreta de AMLO y el Cártel de Sinaloa planteó la hipótesis de vínculos entre Rocha Moya y el Cártel de Sinaloa, particularmente en relación con el apoyo político del crimen organizado.^[43] Hernández hizo declaraciones en entrevistas y espacios mediáticos (como programas de análisis), en donde habló de presuntos vínculos con figuras del narcotráfico como Ismael “El Mayo” Zambada (según sus investigaciones periodísticas), además sostuvo que el crimen organizado habría influido en procesos políticos en Sinaloa. Estas declaraciones no constituyen denuncias judiciales formales, sino acusaciones periodísticas basadas en fuentes, testimonios y análisis.^[44]

Denuncias ante la fiscalía

En febrero de 2026, organizaciones jurídicas y de la sociedad civil presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), acusando al gobernador de delitos que incluían crimen organizado, abuso de poder y encubrimiento. La denuncia se sustentó en documentación y argumentos que citaban una supuesta "crisis de inseguridad" en el estado, presuntos vínculos entre funcionarios públicos y grupos criminales, y afirmaciones de que Rocha Moya había reconocido previamente la necesidad de llegar a acuerdos con el crimen organizado durante su campaña para gobernador en 2021. Los denunciantes también señalaron el manejo del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda y las circunstancias que rodearon la captura de Ismael "El Mayo" Zambada en julio de 2024 como parte de las pruebas. ^[45][46]

Denuncia formal en Estados Unidos

El 29 de abril de 2026, el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, señaló en un comunicado público por el Departamento de Justicia (DOJ), la lista de funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa por mantener nexos y conspirar con el Cártel de Sinaloa con protección e información a cambio de apoyo político y sobornos. Entre la lista se encuentra Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y varios altos cargos de seguridad, de la fiscalía y de la policía en el Estado. El director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) acusó a los funcionarios de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer estas armas. También se afirma que el grupo criminal habría apoyado políticamente la campaña de Rocha Moya en 2021 mediante intimidación a opositores. Según informes de prensa y la acusación, esta protección fue fundamental para facilitar el envío masivo de fentanilo a los Estados Unidos, ya que presuntamente se utilizaron recursos estatales para proteger las operaciones de laboratorio y las rutas logísticas del cártel de la interferencia federal.^[47][48][49] Las penas en Estados Unidos pueden ser potenciales con sentencias de encarcelamiento de 50 años a cadena perpetua.^[50]

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que el martes había recibido documentos y pruebas con fines de detención y extradición hacia el gobierno de los Estados Unidos a través de la embajada. No obstante, mencionó que los documentos presentados por el gobierno estadounidense no presentaban pruebas suficientes en donde se señalen actos delictivos por parte de los acusados. La solicitud pasó a manos de la Fiscalía General de la República (FGR) para la investigación de posibles probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano. ^[51]

Las consecuencias ante las implicaciones políticas ha generado tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos, presión sobre el gobiero federal mexicano y demandas de la oposición para investigar o remover al gobernador.^[52] Rocha Moya rechazó las acusaciones en su contra mediante un comunicado en "X" donde declaró que no solo era un ataque contra su persona sino contra la "4T" y la soberanía nacional. También aseguró que su gobierno "seguirá con normalidad". Se ha indicado que la petición de detención y extradición se trasladara a la FGR, organismo el cual determinara "si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano".^[53]