Servicio Madrileño de Salud

Impacto según los sindicatos

Según el sindicato Comisiones Obreras, en los cuatro primeros meses de 2013 se perdieron en servicio madrileño de salud 2500 empleos públicos. Este mismo sindicato denunció también que no se cumple la normativa estatal que exige cubrir el 10 % de las bajas y jubilaciones en sectores públicos prioritarios.^[7]

Consulta ciudadana sobre la privatización

Un 99,4 % de los votos registrados en la consulta ciudadana celebrada en mayo de 2013 en la Comunidad de Madrid sobre la sanidad pública se mostraron «a favor de la gestión pública, de calidad y universal, y en contra de la privatización».^[8]

Según el grupo impulsor de la consulta, 929 903 personas votaron a favor de la sanidad pública, mientras que sólo 3558, un 0,4 % del total, votaron que no. Se registraron 1454 votos en blanco (0,2 %) y 879 votos nulos (0,1 %). Las papeletas se recogieron a través de 1875 mesas habilitadas en 103 municipios madrileños.^[8] Esta consulta se realizó a modo de 'protesta ciudadana' y sin ningún tipo de garantía propio de un proceso electoral real, que en España están regulados por la LOREG.

Denuncias de favorecimiento del sector privado

Algunos usuarios y médicos de la sanidad pública han denunciado prácticas de la Consejería que, en su opinión, están destinadas a favorecer a las privadas, en el marco de lo que señalan como una estrategia encubierta de traspaso de pacientes de la sanidad pública a la privada, derivando a los pacientes a las clínicas privadas para hacer las pruebas que hasta el momento se hacían en hospitales públicos, además de infrautilizar aparatos recién comprados, despedir a médicos interinos, desmontar lo público e ir cerrando los hospitales públicos.^[9]

Suspensión del proceso

El presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González González anunció, el 27 de enero de 2014, que suspendía el proyecto de privatización de la gestión de seis hospitales públicos, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid de paralizar el proceso. A continuación dijo que había aceptado la dimisión del consejero de Sanidad Javier Fernández-Lasquetty, principal responsable del proyecto —que había encontrado una fuerte oposición entre el personal sanitario y los usuarios de la sanidad pública madrileña en la llamada marea blanca—.^[10]

Hospital de Torrejón

El 3 de diciembre de 2025, el diario El País hizo públicos unos audios de una reunión donde Pablo Gallart, director ejecutivo de Ribera Salud, gestor privado del hospital de Torrejón, en las que instruía a sus mandos para alargar deliberadamente las listas de espera y rechazar pacientes e intervenciones menos rentables para maximizar los beneficios de la compañía, lo que suscitó polémica por la vulneración de derechos fundamentales de los pacientes en un hospital público cuya gestión había sido privatizada.^[11] Asimismo, se supo que cuatro directivos habían presentado denuncias internas anteriormente, a través del canal ético de la empresa, alertando de instrucciones para priorizar procedimientos «rentables», aumentar las listas de espera y reutilizar material sanitario de un solo uso, medidas que contravienen normas sanitarias y pueden poner en riesgo la salud de los pacientes. Tras esto, los cuatro directivos que habían denunciado «mala praxis asistencial» habían sido despedidos.^[12]

El modelo de hospitales públicos gestionados por empresas privadas en la Comunidad de Madrid ha sido muy criticado, y el caso del Hospital de Torrejón volvió a ponerlo en el centro del debate. Este modelo en España fue impulsado en la Comunidad Valenciana durante el gobierno de Eduardo Zaplana (PP), concretamente con el Hospital de La Ribera, inaugurado en 1999, justamente con el grupo Ribera Salud como gestor privado, algo que había permitido dos años antes el ejecutivo estatal de José María Aznar (PP), al abrir la puerta a las concesiones sanitarias, y que en la Comunidad de Madrid fue replicado durante los gobiernos de Esperanza Aguirre (PP) y continuado por sus sucesores, incluida Isabel Díaz Ayuso (PP).^[13][14]

El PP ha defendido siempre el modelo privado por aportar una mejora en la gestión de la sanidad pública, sin embargo, en julio de 2025, la Comunidad de Madrid tuvo que rescatar económicamente al Hospital de Torrejón, inyectando unos 32,7 millones de euros a Ribera Salud, como parte de un plan para «reestructurar la deuda» acumulada derivada de «sobrecostes derivados de nuevos servicios, tecnologías y medicamentos no contemplados en el contrato inicial», lo que según los críticos, demuestra que el modelo de concesión privada muchas veces sale más caro de lo anticipado.^[15]