Isabel Díaz Ayuso

Gestión de la pandemia de COVID-19

A los seis meses de su investidura como presidenta de la Comunidad de Madrid, la pandemia de COVID-19 alcanzó España con especial virulencia en la Comunidad de Madrid. Antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma el 14 de marzo de 2020,^[39] el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció el cierre de los centros de ocio de mayores el 6 de marzo,^[40] el de los centros educativos (colegios, institutos y universidades) el 9 de marzo^[41] y de ocio, espectáculos y acontecimientos deportivos el 11 de marzo.^[42] También adoptó medidas de protección en transporte público, y rebajas fiscales en el pago del impuesto sobre actividades económicas (IAE) y el IBI de locales de ocio, hostelería y comerciales, agencias de viaje y grandes superficies, con la condición de que mantuvieran los puestos de trabajo hasta final de año. Se suspendió la actividad presencial en todas las oficinas de Atención al Ciudadano de la Comunidad, y se fomentó el teletrabajo en la Administración pública, así como en ciertas empresas del sector privado durante la desescalada.^[43][44]

Ante la saturación de los servicios hospitalarios, se medicalizaron hoteles en Madrid para los pacientes leves.^[45] Para poder aliviar la sobrecarga de los hospitales, en tan solo 48 horas el Gobierno de la Comunidad de Madrid, junto con el Ministerio de Sanidad y la Unidad Militar de Emergencias, levantó el Hospital de IFEMA en el recinto ferial de IFEMA. Con 35 000 m² de superficie, se habilitaron 5500 camas para pacientes hospitalizados y en ucis infectados por COVID-19.^[46] Hasta su cierre el 1 de mayo, atendió a 4000 personas.^[47]

El 16 de marzo, la presidenta dio positivo por coronavirus,^[48] permaneciendo en aislamiento domiciliario hasta el 10 de abril, cuando fue dada de alta.^[49] Por este motivo, dejó de comparecer ante la Asamblea de Madrid, manteniéndose la cámara cerrada durante más de un mes,^[50] hasta que pidió su comparecencia voluntaria en la Asamblea el 2 de mayo.^[51]

• Intervención del Ejército y obtención de material sanitario

No solicitó la intervención sanitaria del Ejército en residencias de ancianos por carecer este de medios suficientes, en opinión de la presidenta, quien dio más importancia a las solicitudes de material sanitario.^[52] No obstante, Ayuso cerró un acuerdo con la ministra de Defensa, Margarita Robles para que el Ejército trasladara los fallecidos que se produjeran en la Comunidad de Madrid por la pandemia de COVID-19, desinfectara las residencias de ancianos y participara en el despliegue del hospital de IFEMA.^[53] Su socio de gobierno (Ciudadanos) solicitó igualmente la intervención de las Fuerzas Armadas.^[54]

El 23 de marzo, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Ayuso, aprobó en una reunión extraordinaria el gasto de urgencia de 23,3 millones de euros para la adquisición y transporte de material sanitario desde China para los hospitales de Madrid.^[55] Durante la crisis del coronavirus, fletó 24 aviones procedentes de China cargados con más de 2000 toneladas de material sanitario para la región en un momento de escasez mundial de productos del ámbito de la sanidad.^[56][57]

• Comida rápida

También en marzo de 2020, tras la declaración del estado de alarma, Ayuso procedió a rescindir los contratos de todas las concesionarias de comedores escolares,^[58] y contrató por dos meses a franquicias de comida rápida como Telepizza, Rodilla o Viena Capellanes para alimentar a los menores de familias que contaban con un precio reducido en los comedores por ser beneficiarias de la renta mínima de inserción (RMI).^[59] En el pleno de la Asamblea celebrado el 29 de abril Ayuso justificó estas medidas y afirmó que, dada la incapacidad de la Administración para hacerlo, las cadenas de distribución de estas empresas habían posibilitado el reparto.^[60] El 18 de mayo acabó el acuerdo temporal con las empresas mencionadas, regresando a los menús habituales de antes de la crisis.^[61][62]

• Dimisión de la directora general de Salud Pública

En mayo de 2020, solicitó el paso de la fase 0 a la fase 1 del confinamiento, posición que adoptó al parecer tras mantener una reunión con empresarios y visitar el Banco de Alimentos. Su directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, dimitió entonces en desacuerdo con la decisión por, según ella, «no estar basada esta en criterios de salud».^[63][64][65] Fue sustituida por Elena Andradas, quien entre 2015 y 2018 ocupó en el Ministerio de Sanidad la dirección general de Salud Pública, Calidad e Innovación, del que dependía, entre otros organismos, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.^[66]

• Contrato con Cake Minuesa

Adjudicó, mediante el procedimiento de emergencia, un contrato de &&&&&&&&&&030000.&&&&&030 000 euros a Caelum Producciones, S. L., del reportero Cake Minuesa, para realizar vídeos de la campaña de publicidad sobre el coronavirus (con una duración de contrato, según el portal de contratación, de 8 días).^[67][68]

• Acuerdo con los sindicatos

El 24 de julio de 2020, firmó un acuerdo con los sindicatos CCOO, CSIT-UP, UGT y CSIF para regular el teletrabajo de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Madrid. En declaraciones de la propia Díaz Ayuso, «este acuerdo busca dotar de mayor autonomía a los empleados públicos basado en la flexibilidad, la conciliación y el trabajo por resultados».^[69]

• Dimisión del consejero de Políticas Sociales y nuevo estado de alarma

El 2 de octubre, el consejero Alberto Reyero (Cs), responsable de la Consejería de Políticas Sociales y que ya había mantenido un enfrentamiento al inicio de la pandemia con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, sobre la gestión de las residencias de personas mayores de la Comunidad de Madrid, anuncia su dimisión del Gobierno «por motivos personales», según declaró en conversación telefónica con la presidenta Ayuso.^[70] Asimismo, menciona la necesidad de «la unidad de las instituciones» como la vía más exitosa para derrotar al virus, criticando el enfrentamiento entre el Gobierno regional y el central.^[71] Sin embargo, el día 9 del mismo mes, el Gobierno de Pedro Sánchez decreta el estado de alarma en la región tras la negativa de Díaz Ayuso a hacerlo y la falta de comunicación entre ambas Administraciones.^[72]

• Dimisión y reemplazo de los responsables de Atención Primaria y de Hospitales

El 20 de octubre, las gerentes de Atención Primaria y de Hospitales del ejecutivo de Díaz Ayuso, Marta Sánchez-Celaya y Bárbara Fernández, anuncian también su dimisión. Las sustituyeron Sonia Martínez Machuca, hasta entonces directora asistencial de la zona este de primaria, y Antoni Juan Pastor, un especialista en medicina interna que había trabajado previamente en la Dirección Asistencial del Instituto Catalán de Salud.^[73]

• Inauguración del hospital Isabel Zendal

El 1 de diciembre de 2020, inauguró el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal,^[74] un centro de emergencias construido en un tiempo récord de cuatro meses.^[75] Este recinto sanitario, especializado en pandemias, adquirió relevancia en la tercera ola que tuvo lugar a finales del mes siguiente, convirtiéndose en el hospital con más pacientes enfermos de COVID-19 en España.^[76] La presidenta recibió críticas por haber destinado más de cien millones de euros en la construcción de este hospital, que no contaba con quirófanos ni servicio de Urgencias, en lugar de haber contratado a más sanitarios, además de presentar sobrecostes derivados de la construcción,^[77] lo que motiva un nuevo enfrentamiento con la oposición regional.

• Premio Bruno Leoni

Por sus políticas contra el COVID-19, críticas a los cierres indiscriminados y destinadas a preservar las libertades individuales y la actividad económica, Ayuso fue galardonada con el Premio Bruno Leoni, en Milán.^[78] El premio lo concede el Instituto Bruno Leoni, un centro de estudios de inspiración liberal, y es la primera vez que se selecciona a una personalidad del Gobierno actual.^[79] Anteriormente habían sido galardonados premios nobeles (Vernon L. Smith y Mario Vargas Llosa), intelectuales (Richard Pipes y Deirdre McCloskey) y reconocidos activistas por la democracia (Leopoldo López y Canan Arin).^[80] Además, Ayuso recibió el Premio Cambio 16 al mejor político del año por su «determinación y firmeza en la defensa de la libertad».^[81]

• Sentencia del Tribunal Supremo

El 4 de febrero de 2022, el Tribunal Supremo confirmó parcialmente una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y condenaba a la Comunidad por vulnerar derechos laborales fundamentales de los sanitarios de atención primaria y pediatría desde antes de la pandemia. El alto tribunal español ratificó que los derechos de integridad física y salud de los sanitarios habían sido vulnerados por sus condiciones y falta de protección, aunque, a su vez, rechazó obligar al Gobierno de Díaz Ayuso a hacer un tipo concreto de evaluación de estos riesgos.^[82]

Borrasca Filomena

Tras el paso de la borrasca Filomena en enero de 2021, la oposición criticó la actuación del Gobierno regional, al que acusaron de «falta de previsión» ante las incidencias causadas por el temporal, que llegó a dejar en algunos puntos de la región más de medio metro de nieve acumulada, impidiendo la movilidad durante varios días, y causando daños derivados en diferentes infraestructuras.^[83][84][85]

Metro de Madrid

Durante el Gobierno de coalición con Ciudadanos, y con Ángel Garrido como consejero de Transportes, se aprobó la ampliación de la línea 3 hasta conectarla con la estación de metro y cercanías de El Casar, en Getafe.^[86] También se aprobó la ampliación de la línea 11 hasta la estación de Conde de Casal, donde se construirá un intercambiador de autobuses, con paradas en las nuevas estaciones de Comillas y Madrid Río, así como en las existentes de Palos de la Frontera y Atocha.^[87] La línea 5 se ampliará hasta la estación de Aeropuerto T1-T2-T3 para conectarla con la línea 8.^[88]

Ruptura del Gobierno de coalición (marzo de 2021)

El 10 de marzo de 2021, tras anunciarse el acuerdo alcanzado por Partido Socialista de la Región de Murcia (PSOE) y Ciudadanos (Cs) para presentar una moción de censura contra el Gobierno liderado por el Partido Popular en la región, Díaz Ayuso anunció la ruptura de su alianza con Cs y la disolución de la Asamblea de Madrid, destituyendo a todos los consejeros de este partido de su Gobierno y convocando elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid para el 4 de mayo. Sin embargo, tanto el PSOE como Más Madrid presentaron preventivamente mociones de censura en un intento de frenar la disolución de la cámara, originándose un conflicto jurídico y de interpretación del estatuto que deberá ser resuelto por la justicia.^[89][90][91] De haberse presentado las mociones de censura con anterioridad, Díaz Ayuso no podría convocar elecciones, y de haber convocado las elecciones con anterioridad, la Asamblea regional estaría oficialmente disuelta. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictaminó que prevalecía la convocatoria electoral sobre las mociones de censura.

Durante la campaña electoral, los partidos enviaron a los ciudadanos las típicas cartas postales de propaganda electoral explicando las partes destacadas de su programa, con el hecho diferencial de que el Partido Popular de la Comunidad de Madrid se limitó a enviar una carta con la foto de Ayuso, la palabra «libertad» y un papel en blanco, sin ningún tipo de propuestas, justificando que su principal propuesta era la «libertad».^[92]

El 4 de mayo de 2021 se celebraron las elecciones a la Asamblea de Madrid, en las que el Partido Popular con Díaz Ayuso de cabeza de lista fue la fuerza política más votada al duplicar el resultado obtenido en las elecciones de 2019 y lograr más diputados que la suma de las tres formaciones de izquierda. En términos absolutos se trata del mayor número de votos de la historia para cualquier candidatura en unas elecciones a la Asamblea de Madrid.^[93] En ese contexto, Díaz Ayuso propuso crear una comisión que investigue en el parlamento autonómico el tránsito del aeropuerto de Madrid-Barajas y su relación con la pandemia.^[94] Una de sus reivindicaciones en la campaña fue la libertad vinculada a la manera de ser del pueblo madrileño.^[95][96] En su primer discurso público tras la victoria electoral afirmó: «La libertad ha triunfado».^[97] La contundente victoria tuvo una gran trascendencia en la prensa internacional, atendiendo a más de una veintena de medios internacionales en los días posteriores a la victoria electoral.^[98]

Oficina del Español

Ayuso creó en junio de 2021 la llamada Oficina del Español, con el objetivo, entre otros, de promocionar la Comunidad de Madrid «como capital europea del español». Desde diversos sectores se criticó que la creación de este ente respondía a la necesidad de colocar al actor y político Toni Cantó en algún puesto de la Administración madrileña tras haberse quedado fuera de la Asamblea de Madrid, lo que se consideró como un chiringuito político. A la vez, se eliminaron los comisionados de Bienestar Animal y de Revitalización de los Municipios Rurales.^[106] Al cabo de un año al frente de dicha oficina, con un sueldo de unos 75 000 euros anuales, Toni Cantó dejó el puesto creado específicamente para él.^[107][108]

Impuestos

En 2021 eliminó todos los impuestos propios que tenía la Comunidad de Madrid, en concreto dos: el tributo sobre la instalación de máquinas recreativas en negocios de hostelería autorizados y el de depósito de residuos.^[109] Asimismo, en mayo de 2022 anunció que deflactaría la tarifa autonómica del IRPF para evitar que los madrileños paguen más impuestos.^[110]

Metro de Madrid

En 2022, con el pretexto del encarecimiento de los precios de la electricidad, eliminó el 10 % de los trenes en circulación del Metro de Madrid.^{[111][112][113][114]} Existió polémica en los medios de comunicación y las redes sociales porque, mientras eliminaba impuestos en la Comunidad de Madrid, le pedía ayuda económica al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, para esto.^[115] A partir de septiembre de 2022, y tras el anuncio del Gobierno central de aplicar un 30 % de descuento en los transportes públicos gestionados por comunidades autónomas y ayuntamientos hasta el 31 de diciembre, la Comunidad de Madrid anunció que aplicaría otro 20 % adicional, sumando en total un 50 %; es decir, por ejemplo, un abono de adulto para la zona A del Consorcio de Transportes, que solo incluye el municipio de Madrid y que costaba 54,60 €, se quedaba en 27,30 €, la mitad, y lo mismo con el resto de los abonos.^[116]

Sanidad

En junio de 2022, Ayuso anunció que cerraría de forma definitiva 20 de los 37 puntos del Servicio de Urgencias en Atención Primaria (SUAP), cerrados de forma temporal por la pandemia. Los 17 restantes pasarían a llamarse Puntos de Atención Continuada (PAC) y solo 10 de ellos tendrían médicos.^[122] Finalmente, tras la polémica, y más de año y medio cerradas desde que comenzó la pandemia de COVID-19 en España, el Gobierno de Ayuso dio comienzo a la restructuración de las urgencias de atención primaria con la apertura de 78 PAC en toda la región.^[123] Los primeros días del servicio, el 75 % de los centros estaba cerrado o sin médico, y muchos se han mantenido cerrados o como centro de urgencias de enfermería.^[124][125] Como consecuencia del caos en el servicio, dimitió en bloque la dirección de los centros de atención primaria de los municipios del sureste de la Comunidad de Madrid.^[126]

Telemadrid

En el primer Gobierno del PP de Isabel Díaz Ayuso en coalición con Ciudadanos (CS), se establecía la condición de despolitizar Telemadrid. Ayuso llegó a decir: «Soy la única presidenta que tiene una televisión que le es crítica», asegurando que «los Gobiernos liberales no se caracterizan por legislar» y prefieren «desregular aquello que no es necesario».^[127] En una entrevista con el Telenoticias en octubre de 2020, al ser preguntada cuántos sanitarios iba a contratar para el nuevo Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal y decir que se iba a limitar a trasladar personal de otros hospitales al nuevo, se sintió incomodada y respondió: «Son preguntas que no se le hacen a un presidente autonómico normalmente».^[128] Tal era el distanciamiento entre la cadena pública y la presidenta que para los actos oficiales del 2 de mayo de 2021, el Día de la Comunidad de Madrid, se contrató a una empresa externa para realizar la retransmisión oficial, en lugar de retransmitirla Telemadrid, como es habitual.^[129] Tras romper el pacto de gobierno con Ciudadanos y convocar nuevas elecciones, el PP impulsó una reforma para reducir el mandato de su cúpula de 6 a 4 años y destituir así a su director José Pablo López.^[130]

Algunos medios, redes sociales y la oposición denunciaron que Ayuso se fuese de gira por EE. UU. en varias ocasiones, llevándose a un equipo de profesionales de Telemadrid para seguir sus pasos, con un coste de 2000 € diarios, llamando la atención que en una entrevista que dio solo aparecían los micrófonos de Telemadrid, Okdiario y la Agencia EFE.^{[131][132][133]} Los beneficios de Telemadrid cayeron un 80 % por el aumento del gasto en programas y servicios exteriores, pero la audiencia apenas cayó ligeramente.^[134][135]

En marzo de 2026, el Tribunal Constitucional censuró la forma en la que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso cambió la ley de para reformar Telemadrid porque la aprobó demasiado rápido y sin permitir que la oposición presentara enmiendas. Según el tribunal, eso vulneró el derecho de la oposición a participar plenamente en el proceso legislativo.^[136]

Presupuestos

En sus cuatro años en el poder, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso solo pudo sacar adelante unos presupuestos, los de 2022. En 2023, ante el voto en contra de Vox, se vio obligada a prorrogar los de 2022.^[137][138]

Educación

En junio de 2022, Ayuso anunció que concedería becas también a familias con rentas mayores a los 100 000 € para que estas tuvieran la libertad de llevar a sus hijos a colegios privados, lo que generó polémica en los medios de comunicación, las redes sociales y la oposición, acusándola de querer distorsionar la política de becas, realizada para favorecer a las familias con menos recursos y de querer fomentar la educación privada.^[139][140]

El Gobierno de Ayuso apostó en 2023 por la construcción de colegios concertados en lugar de públicos; de esta manera, autorizó al grupo Gredos San Diego Sociedad Cooperativa Madrileña (GSD) a ocupar dos parcelas públicas en el Ensanche de Vallecas y Valdebebas de manera gratuita hasta un máximo de 75 años.^[141][142]

Nuevo Hospital 12 de Octubre

El nuevo Hospital 12 de Octubre fue inaugurado oficialmente el 14 de diciembre de 2023, en un acto presidido por Isabel Díaz Ayuso. Las obras comenzaron en agosto de 2021 y concluyeron en diciembre de 2023. Fue una obra ejecutada en tiempo récord impulsada para asegurar la financiación procedente de los fondos europeos Next Generation EU, pactados con la Comisión Europea por el Gobierno de España a través del llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para la recuperación económica de los 27 tras la pandemia de COVID-19. Fue considerada una de las mayores obras de ingeniería civil en ejecución en España, junto con la reforma del estadio Santiago Bernabéu. En apenas 26 meses se levantó toda la estructura e incluso se incorporaron equipos prefabricados y técnicas innovadoras para acelerar el proceso, algo casi inédito en proyectos de esta magnitud. La obra supuso una inversión pública de más de 320 millones de euros.^[153][154]

Educación

En diciembre de 2024, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades de España, Diana Morant, envió una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, instándola a escuchar a los rectores de las universidades públicas madrileñas, que se quejaban de sufrir una situación económica «crítica» y solicitaban más financiación,^[155] La ministra criticaba que el Gobierno de Ayuso había rechazado la firma del Programa María Goyri, impidiendo la incorporación de más de 1000 jóvenes profesores y una inversión de 169 millones de euros en seis años, por lo que instaba a Ayuso a rectificar su posición y apoyar a las universidades públicas madrileñas.^[156] Finalmente, Ayuso aceptó la inversión para sufragar el 60 % de estas plantillas por parte del Gobierno central y el 40 % restante por la Comunidad de Madrid durante los primeros seis años, haciéndose cargo de estas contrataciones el Ejecutivo autonómico pasado ese sexenio, aportando 17,5 millones anualmente para afrontar esta actuación ya desde el año 2025.^[157][158]

El 15 de octubre de 2025, la Universidad Complutense de Madrid (UCM) emitió un comunicado denunciando que la Comunidad de Madrid carece de un modelo de financiación estable y suficiente para las universidades públicas, indicando que la UCM había tenido que pedir un préstamo a la Comunidad de Madrid, debido a tensiones derivadas del presupuesto, y reclamó un sistema plurianual que garantice recursos predecibles y sostenibles, de modo que la universidad pueda afrontar gastos estructurales —como salarios, mantenimiento de infraestructuras, digitalización e investigación— sin recurrir a medidas de urgencia o ajustes que comprometan su calidad académica y su función social. La Universidad Complutense se hallaba en una situación de riesgo tan extremo que no podría ni pagar los salarios a sus trabajadores a partir del mes de diciembre si no se le concedía el préstamo.^[159][160]

Esta problemática surge en un contexto de críticas a la Comunidad de Madrid por favorecer la educación universitaria privada al autorizar la creación de numerosas universidades privadas. Y es que la Comunidad de Madrid suma 14 universidades privadas frente a solo 6 públicas, manteniendo congelada su financiación desde 2009, con más del 30 % del alumnado universitario madrileño estudiando en centros privados.^{[161][162][163]}

En este sentido, el Gobierno de España endureció en octubre de 2025 los requisitos para crear y mantener universidades privadas, así como requerir aprobación por ley estatal a las universidades virtuales, exigiendo una masa mínima de 4500 estudiantes, la oferta de tres ramas de conocimiento (grados, másteres y doctorados suficientes), pruebas de solvencia económica y la obligación de disponer de residencias para al menos el 10 % del alumnado.^{[164][165][166]}

En febrero de 2026, Ayuso enfrentó la mayor crisis interna de su gobierno tras destituir al consejero de Educación Emilio Viciana y sustituirlo por Mercedes Zarzalejo. La destitución provocó un terremoto político dentro del Partido Popular de Madrid y la dimisión en bloque de los diputados Pablo Posse, portavoz de Educación en la Asamblea de Madrid; Mónica Lavín, portavoz de Juventud, y Carlota Pasarón, portavoz de Política Social. Diversas fuentes apuntaban a que el motivo principal fue que Viciana llevaba meses intentando sacar adelante la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) que pretendía crear un nuevo modelo de financiación para las universidades y podía favorecer a universidades privadas frente a las públicas. El proyecto estaba muy contestado por rectores, estudiantes y sindicatos, que denunciaban infrafinanciación y pérdida de autonomía universitaria.^{[167][168][169][170]} Tras la destitución de Viciana, Isabel Díaz Ayuso firmó un acuerdo con los rectores de las seis universidades públicas madrileñas para garantizar su financiación hasta 2031, con una inversión anunciada de 14 800 millones de euros que, según el Gobierno regional, supone un aumento del 41 % y establece por primera vez un marco plurianual que da mayor estabilidad presupuestaria al sistema universitario público madrileño.^[171]

Según Más Madrid, Viciana habría sido destituido por haber destapado un posible caso de corrupción en el Gobierno autonómico, al descubrir, a finales de 2023, que varios centros de Formación Profesional se habían construido en 2021 sin expediente administrativo, adjudicados a dedo y con pagos fragmentados para evitar el concurso público, lo que podía constituir prevaricación. Tras encargar auditorías internas, llevó el caso a la Fiscalía en marzo de 2024 y amplió la denuncia a otros centros con el mismo sistema, lo que ponía en una situación comprometida a figuras clave del anterior equipo de Educación, como Enrique Ossorio, en 2026 presidente de la Asamblea de Madrid, y Rocío Albert, en 2026 consejera de Economía y Hacienda, ambos personas de máxima confianza de la presidenta, generando una fuerte tensión dentro del núcleo del Gobierno madrileño.^{[172][173][174]}

Intercambiador de Valdebebas

El Gobierno de la Comunidad de Madrid invirtió 36 millones de euros en la construcción del Intercambiador de Valdebebas, diseñado para mejorar la movilidad en una de las zonas de mayor expansión de la capital. Conecta con la futura ampliación de la línea 11 de metro, las líneas C-1 y C-10 de Cercanías Renfe, los autobuses urbanos 171 y 174, el autobús interurbano 828 y el servicio especial que une el Hospital Isabel Zendal con el recinto ferial de Ifema. Fue inaugurado por Isabel Díaz Ayuso el 17 de diciembre de 2024 y abierto al público el 19 de febrero de 2025.^[175]

Plan Mueve Madrid

La Comunidad de Madrid lanzó en 2025 el Plan Mueve Madrid, que ofrece incentivos para la renovación de vehículos y el uso de transporte sostenible. Entre las medidas destacadas, se incluye la entrega de un abono transporte gratuito durante tres años para quienes desguacen vehículos sin distintivo ambiental. Además, se otorgan ayudas económicas para la adquisición de vehículos con etiquetas ECO o cero emisiones, así como subvenciones para la compra de bicicletas eléctricas y otros medios de transporte sostenibles. El objetivo es fomentar la movilidad sostenible y reducir las emisiones contaminantes en la región.^[176][177]

Telemadrid

Durante el tercer mandato de Ayuso, Telemadrid siguió en el centro del debate por su supuesta manipulación informativa. Fue de especial relevancia, por su parcialidad, la entrevista que realizó el periodista José Antonio Masegosa a Isabel Díaz Ayuso el 12 de octubre de 2025, con motivo del Día Nacional de España. El periodista comenzó aseverando: «No es por malmeter, pero esta mañana ha publicado un tuit el presidente del Gobierno… y no se ve la bandera de España…», lo cual orientaba ya la respuesta de Ayuso para facilitar un mensaje hostil hacia el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para continuar después con más alocuciones parecidas: «Ahora se tiene que encontrar con él, no sé si da para mucha conversación... [...] Todavía no ha felicitado tres días después a María Corina Machado por su Premio Nobel...», centrándose la entrevista exclusivamente en dar espacio a Ayuso para que atacara al Ejecutivo central y posicionara su discurso sin ser cuestionada. Además, se señaló que la entrevista se presentó como un encuentro improvisado en la calle durante su llegada al desfile militar del Día de la Hispanidad, pero los críticos consideraron que fue una «puesta en escena», con usuarios en redes señalando un gesto previo de Ayuso, que parece dar «saltitos de alegría» al encontrarse con el periodista, como indicativo de ya que sabía que sería una entrevista favorable, un detalle que se viralizó en redes.^{[178][179][180][181]}

Grandes eventos

Fórmula 1

En enero de 2024, Ayuso anunció que el Gran Premio de España de Fórmula 1 se celebrerá en un circuito semiurbano en Madrid a partir del año 2026, arrebatándole la sede al circuito de Barcelona-Cataluña.^[182]

La presidenta indicó que «Madrid tendrá el mejor circuito de Fórmula 1 del mundo», se celebrará desde 2026 hasta 2035 en la zona de Ifema, y tiene como objetivo posicionar a Madrid como un referente internacional en el mundo del motor, generando un impacto económico de aproximadamente 4500 millones de euros en una década y la creación de 8200 empleos, además de atraer a unos 800 000 turistas.^[183]

Asimismo, las autoridades madrileñas señalaron que la celebración del mismo no tendrá coste alguno para las arcas públicas, financiándose gracias a iniciativas privadas, lo que llevó a algunos medios y voces críticas a compararlo con el caso del circuito urbano de Fórmula 1 en Valencia, donde inicialmente se prometió que tendría coste cero para las arcas públicas y finalmente terminó costando alrededor de 300 millones de euros a los contribuyentes, algo que la Generalidad Valenciana sigue pagando 10 años después.^[184]

Ifema, promotora del evento, ha tenido dificultades para encontrar socios inversores dispuestos a asumir el riesgo financiero, lo que ha llevado a la entidad a cubrir una inversión inicial de 51 millones de euros para adecuar sus instalaciones.^[185][186]

Política autonómica

En ocasiones, Ayuso se ha desplazado a diferentes comunidades autónomas para hacer campaña por el Partido Popular. Algunas de sus declaraciones fueron criticadas como desconocimiento de la realidad de otras regiones. En Galicia fue criticada al hablar de la «bahía de Vigo», concepto inexistente, en lugar de la «ría de Vigo», que es la realidad geográfica de la zona. También fueron polémicas sus declaraciones al hablar de «la inmensa suerte de pasear entre montes de eucaliptos», puesto que los eucaliptos son considerados especie invasora en Galicia.^[232] En sus declaraciones con respecto al País Vasco, se criticó que dijera que «los sucesivos Gobiernos vascos» habían «euskaldunizado a la sociedad vasca borrando toda huella de sus raíces», como si la cultura vasca fuera ajena al País Vasco.^[233]

En la Conferencia de Presidentes Autonómicos del 6 de junio de 2025 en Barcelona, resultó polémico que Isabel Díaz Ayuso abandonó la sala justo al comenzar el turno de intervención en euskera del lendakari del Gobierno Vasco, Imanol Pradales, alegando que no usaría pinganillos de traducción simultánea para comunicarse entre iguales que hablan castellano, reclamando que todo se hablase en castellano, lo cual fue criticado como una maniobra de distracción para desviar el foco de los temas a tratar en la reunión. Además, el Gobierno Vasco calificó su salida de muestra de falta de respeto al euskera, al lendakari y al pueblo vasco, pues fue la primera vez que en esa conferencia se permitía expresarse en las lenguas cooficiales del Estado, como euskera, catalán o gallego, junto al castellano.^[234][235] Además de esta polémica, en el momento del saludo entre autoridades, Isabel Díaz Ayuso negó el saludo a la ministra de Sanidad, Mónica García, al acercarse a darle dos besos, acusándola de haberle llamado «asesina» por la gestión de las residencias durante la pandemia. García negó tajantemente haber usado jamás ese término, calificó la reacción de Ayuso como desproporcionada y la acusó de montar un «numerito» político.^[236][237]

En una entrevista en Telecinco del 30 de septiembre de 2025, Ayuso dijo que el lendakari del Gobierno Vasco, Imanol Pradales le había mandado «un recado un tanto preocupante» durante un mitin: «Ayuso, entzun, pim, pam, pum», remitiendo a expresiones usadas antiguamente como amenaza por el entorno de la banda terrorista ETA, imitando el sonido de las armas. Pradales calificó las declaraciones de Ayuso como una manipulación burda de sus palabras, pues lo que en realidad dijo fue: «Ayuso entzun, Euskadi euskaldun», lo cual significa 'Ayuso, escucha, Euskadi es vasca / habla euskera': «Yo estaba haciendo una defensa del euskera y una petición pública de respeto hacia nuestra lengua» al mismo tiempo que mostró su indignación por «cómo se banaliza el uso de la violencia, cómo se banaliza a ETA y cómo se apunta a una amenaza por mi parte [...] Creo que esto es indignante y es inaceptable, y creo que la califica a la señora Ayuso, la retrata y deja en evidencia el tipo de política que pretende ejercer [...] Es un desprecio nuevamente hacia nuestra identidad y es algo que desde luego no podemos tolerar».^{[238][239][240]}

Pandemia de COVID-19 y fallecimientos en residencias

En mayo de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia de COVID-19 en España, Ayuso se aventuró a asegurar: «Tengo claro que se llama covid-19 porque es 'coronavirus diciembre de 2019'» para denunciar que el Gobierno central había actuado tarde ante la propagación del virus, cuando en realidad, las siglas COVID-19 significan coronavirus disease 2019, es decir, «enfermedad por coronavirus 2019». Poco después, Ayuso rectificó su error sobre el significado de las siglas; pero se reafirmó en que el Gobierno central había actuado tarde, ya que la enfermedad se había notificado el 31 de diciembre de 2019.^[312]

En diciembre de 2021, tras anunciar una investigación sobre las dificultades a las que se había enfrentado el servicio de atención primaria durante la sexta ola de la pandemia de COVID-19, suscitó polémica al decir: «Cada vez se ve de manera más recurrente como en algunos centros de salud, no en todos, ya empieza a haber mucha tensión [porque] utilizan los espacios de todos para colgar sus pancartas. No todos quieren trabajar y arrimar el hombro. En algunos centros de salud no cogen los teléfonos, se cuelgan, de repente no hay médicos...».^[313][314]

Su Gobierno aprobó un documento en marzo de 2020 en el que se fijaron los «criterios de exclusión» que negaban la derivación a hospitales de las personas mayores enfermas que vivían en residencias de la Comunidad de Madrid.^[315] Esto fue tildado por la oposición como «los protocolos de la vergüenza» y denunciado por el consejero de Política Social de su Gobierno, Alberto Reyero, de Ciudadanos, que presentó su dimisión a causa de este documento.^[316][317] Se ha cifrado en 7291 las personas que murieron durante los peores meses de la pandemia, marzo y abril de 2020, sin recibir atención hospitalaria.^[318][319] Esta cifra incluye tanto a personas fallecidas en las residencias a causa del COVID-19 o síntomas compatibles con la enfermedad como también a otras que fallecieron por causas diferentes.^[320]

Tras darse a conocer el documento, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología defendió en junio de 2020 que el sentido de los protocolos aplicados en las residencias durante la pandemia había sido «malinterpretado» y «tergiversado» por grupos de interés «variopinto», ya que los mismos no prohibían de forma sistemática el traslado de personas mayores a los hospitales, señalando que por aquel entonces se habían realizado unas 10 300 derivaciones. También explicó que cuando se rechazaba la derivación de personas mayores era porque no iban a tener un pronóstico vital favorable, y que los hospitales se encontraban muy saturados, por lo que buscaban atender a pacientes que tuvieran mayores probabilidades de beneficiarse de su tratamiento.^[321][322]

Finalmente, en noviembre de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid avaló la legalidad de los protocolos aprobados por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, al considerar que los mismos tenían «unos objetivos, generales y secundarios, que no pueden tacharse de irrazonables a la vista del fenómeno de la pandemia que empezaba a sufrir el país, con un total desconocimiento de su entidad y el modo de enfrentarlo, y que ya desde el principio, empezó a encender las luces rojas sobre el posible desbordamiento del sistema sanitario y asistencial.»^[323]

En 2024 el Gobierno de Ayuso intentó paralizar en tribunales la publicación de las actas policiales en las residencias de ancianos durante la pandemia, alegando la protección de los datos personales recogidos en ellas, así como el elevado volumen de documentación que conllevaría su elaboración. El Gobierno autonómico señaló también que dichas actas habían estado en todo momento a disposición de los diputados de la Asamblea regional, y anunció que los ciudadanos que pidieran por el Portal de Transparencia tener acceso a ellas podrían consultarlas in situ en la sede de la Consejería de Interior con cita previa, especificando cuál es la residencia de la que quieran conocer las actas. No obstante, resultó polémico que Ayuso justificara ante los medios no derivar a los ancianos a hospitales diciendo que «se iban a morir igual».^[324][325]

En marzo de 2025 el Gobierno de la Comunidad de Madrid publicó un informe en el que desmentía que 7291 personas fallecieran en las residencias a raíz de la pandemia de COVID-19, tal como sostiene la oposición y un documental emitido por La 2 y Canal 24 horas aquel mes que se titulaba 7291. El informe atribuyó ese número de fallecimientos en las residencias a una invención del entonces consejero de Política Social, Alberto Reyero, y sostuvo que el número real de fallecidos fue de 4100, basándose en datos del Instituto Nacional de Estadística que recoge 4129 fallecidos por COVID-19 o síntomas compatibles en residencias sociosanitarias entre enero y julio de 2020. Además, también negó que se hubiera producido discriminación ni que a ninguno de los fallecidos se les hubiese denegado ayuda.^[326][320]

Baja inversión, privatización y listas de espera

La oposición ha criticado frecuentemente que la Comunidad de Madrid, bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso, es la que menor presupuesto por habitante dedica a la financiación de la sanidad pública en España. Según datos de diciembre de 2024, la inversión sanitaria per cápita en Madrid para 2025 se proyectó en 1482 euros, muy por debajo de la media nacional de 1944 euros. Esta tendencia ha sido consistente en los últimos años, con Madrid ocupando el último lugar en inversión sanitaria per cápita inicialmente presupuestada desde 2021, año en el que solo la superó Andalucía. No obstante, en el gasto consolidado por habitante (que tiene en cuenta las variaciones producidas a lo largo del año presupuestario) Madrid supera en inversión a Andalucía desde el año 2010. La Comunidad de Madrid incrementó el presupuesto total para sanidad en 2025 a 10 459 millones de euros, aunque la asignación por habitante sigue siendo menor que la de otras comunidades autónomas, como Asturias, que invierte 2422 euros por habitante.^{[328][329][330]}

Desde la pandemia de COVID-19 en España, el número de citas médicas pendientes en la sanidad pública de la Comunidad de Madrid no ha dejado de crecer, alcanzando en agosto de 2024 un nuevo récord de más de un millón (1 029 742), según datos oficiales de la Consejería de Sanidad. Esta cifra supera el anterior máximo registrado en mayo del mismo año y refleja un incremento sostenido desde febrero de 2020, cuando había 683 878 citas en espera. El número total de citas médicas en espera en Madrid se calcula sumando tres tipos de listas: 743 777 personas esperando consultas externas, 188 912 para pruebas diagnósticas y 97 053 para operaciones quirúrgicas. A pesar del tiempo transcurrido desde la pandemia, la Comunidad de Madrid no ha conseguido revertir esta tendencia al alza, lo que evidencia una sobrecarga persistente del sistema sanitario y plantea dudas sobre la eficacia de la gestión del Gobierno regional en este ámbito. La Comunidad de Madrid justifica el alto número de citas médicas en espera argumentando que se debe al aumento de la actividad sanitaria y al crecimiento de la población, que ya se acerca a los siete millones de habitantes. Además, los responsables autonómicos insisten en que lo más relevante no es la cantidad de citas pendientes, sino los tiempos de espera, indicando que Madrid es una de las comunidades con menor demora media para ser operado. Mientras que la media nacional es de 128 días, en agosto de 2024 la demora media en Madrid se sitúa en 65,2 días. Los críticos responden que, antes de llegar a esa lista de operaciones, los pacientes deben pasar por una consulta con el especialista, y es ahí donde Madrid presenta uno de los mayores atascos de España, lo que retrasa significativamente el inicio real del proceso asistencial. Más Madrid acusa habitualmente al Gobierno regional de no tener intención real de reducir las listas de espera, ya que esta situación beneficia económicamente a los hospitales públicos de gestión privada, especialmente al Grupo Hospitalario Quirón. Estos centros obtienen ingresos por cada paciente derivado desde los hospitales públicos saturados, lo que convierte el colapso del sistema en un negocio millonario para estas entidades privadas.^[331][332] Desde 2015, la sanidad pública madrileña ha perdido cerca de 1000 camas hospitalarias, una reducción que equivale, en términos de capacidad, a la desaparición completa del Hospital Universitario La Paz, uno de los más grandes de la región. Esta pérdida de camas refleja un debilitamiento significativo de los recursos disponibles en la red hospitalaria pública.^[333]

En 2026, el Gobierno de Ayuso concedió al Grupo Hospitalario Quirón la gestión del Laboratorio Clínico Central de la Comunidad de Madrid que antes llevaba Ribera Salud, tras ganar un concurso en enero de ese año realizando la oferta económica más barata para la Comunidad. El laboratorio fue creado por Esperanza Aguirre en San Sebastián de los Reyes en 2010, para realizar los análisis clínicos de numerosos hospitales y ambulatorios de la zona norte de Madrid. Ribera cobraba unos 19 millones al año por su gestión, mientras que Quirón cobrará unos 24 millones al año, ya que promete realizar inversiones para modernizar el centro. Quirón ha conseguido que la Comunidad de Madrid quite del contrato las pruebas genéticas, que son las más caras, pudiendo llegar a costar hasta 3000 € en algunos casos, y pretende comenzar su gestión con nueva plantilla, sin derechos de antigüedad, en lugar de heredar los contratos de sus 249 empleados. Las pruebas genéticas pasarán a ser asumidas directamente por la Comunidad de Madrid, que defiende que la gestión directa de esta prestación resulta más eficiente en la actualidad.^[334][335]

Hospital de Torrejón

El 3 de diciembre de 2025, el diario El País hizo públicos unos audios de una reunión donde Pablo Gallart, director ejecutivo de Ribera Salud, gestor privado del hospital de Torrejón, instruía a sus mandos para alargar deliberadamente las listas de espera y rechazar pacientes e intervenciones menos rentables para maximizar los beneficios de la compañía, lo que suscitó polémica por la supuesta vulneración de derechos de los pacientes en un hospital público cuya gestión había sido privatizada.^[336] Asimismo, se supo que cuatro directivos habían presentado denuncias internas anteriormente, a través del canal ético de la empresa, alertando de instrucciones para priorizar procedimientos «rentables», aumentar las listas de espera y reutilizar material sanitario de un solo uso, medidas que contravienen normas sanitarias y pueden poner en riesgo la salud de los pacientes. Tras esto, los cuatro directivos que habían denunciado «mala praxis asistencial» habían sido despedidos.^[337]

Tras la polémica, el director ejecutivo de Ribera Salud pidió «desvincularse» de las responsabilidades sobre el hospital^[338] y Ribera Salud afirmó que los despidos obedecieron a una «pérdida de confianza», no a represalias, afirmando que, tras una auditoría interna, no se hallaron pruebas de incumplimiento normativo, penal o administrativo grave, y archivó las denuncias presentadas por los directivos.^[339][340]

La Comunidad de Madrid señaló que, tras una inspección, no detectaron incumplimientos, atribuyendo la polémica a «rencillas internas» y defendiendo que los indicadores del hospital siguen estando dentro de la media. Tras dos días de silencio, Ayuso defendió la continuidad del contrato con Ribera Salud, aunque aseguró que «cualquier mala práctica será erradicada con contundencia».^{[341][342][343]}

El modelo de hospitales públicos gestionados por empresas privadas en la Comunidad de Madrid ha sido muy criticado, y el caso del Hospital de Torrejón volvió a ponerlo en el centro del debate. Este modelo en España fue impulsado en la Comunidad Valenciana durante el gobierno de Eduardo Zaplana (PP), concretamente con el Hospital de La Ribera, inaugurado en 1999, justamente con el grupo Ribera Salud como gestor privado, algo que había permitido dos años antes el Ejecutivo estatal de José María Aznar (PP), al abrir la puerta a las concesiones sanitarias, y que en la Comunidad de Madrid fue replicado durante los gobiernos de Esperanza Aguirre (PP) y continuado por sus sucesores, incluida Isabel Díaz Ayuso (PP).^[344][345]

El PP ha defendido siempre el modelo privado por aportar una mejora en la gestión de la sanidad pública. Sin embargo, en julio de 2025, la Comunidad de Madrid tuvo que rescatar económicamente al Hospital de Torrejón, inyectando unos 32,7 millones de euros a Ribera Salud, como parte de un plan para «reestructurar la deuda» acumulada derivada de «sobrecostes derivados de nuevos servicios, tecnologías y medicamentos no contemplados en el contrato inicial», lo que, según los críticos, demuestra que el modelo de concesión privada muchas veces sale más caro de lo anticipado.^[346]

El 6 de diciembre, el propio Pablo Gallart publicó otros audios, alegando pertenecer a la misma reunión, en los que lanza mensajes contradictorios a los que se escuchan en los primeros audios publicados: «Estamos dispuestos a quedarnos en el proyecto, aunque la rentabilidad que vayamos a tener de aquí a futuro sea cero. ¿Vale? Siempre, desde luego, tendremos que estar con una lista de espera mucho menor de la que tenga la pública. Lo que estamos hablando aquí es cómo podemos hacer para que Torrejón sobreviva» y denunció que los primeros audios correspondían a extractos «editados», «fuera de contexto» y que no incluían el «contenido íntegro» ni «real» de la reunión: «No pretendo ganar ninguna batalla mediática, ya que no es mi trabajo, y sé que no es factible. Tampoco espero que ningún medio, ni ningún político que me han insultado abiertamente vertiendo acusaciones basadas en unos audios malintencionados me pida perdón». A pesar de ser los nuevos audios publicados por el propio Gallart, el Telenoticias de Telemadrid abrió el informativo de la cadena pública madrileña con la presentadora Carolina Moya catalogándolos como «nuevos audios publicados en redes sociales y atribuidos a Pablo Gallart salen hoy a la luz, el director ejecutivo del Hospital de Torrejón de Ardoz, y amplían la información esos audios».^{[347][348][349]}

Vacaciones en un chalé en la sierra

En julio de 2025, resultó polémica su estancia privada del fin de semana del 12 y 13 de julio de 2025 en un chalé propiedad de la Comunidad de Madrid, ubicado en Rascafría, en plena sierra de Guadarrama, que forma parte de una finca de 453 hectáreas adquirida en 2023 por unos 4,3 millones de euros para ampliar el parque nacional de la Sierra de Guadarrama, en el contexto en que ella misma había criticado el uso de viviendas del Estado por parte del presidente Pedro Sánchez para su descanso. Ayuso se defendió diciendo que llevó su propia comida, cenó en un restaurante local, compró en un supermercado Covirán del pueblo y que no supuso coste económico ni humano para la Comunidad. El PP calificó el chalé de «muy austero», aunque diversos medios se hicieron eco de un vídeo publicado por una inmobiliaria sobre el inmueble, con suit, dos plantas y piscina, mostrando características más cercanas al lujo que a la modestia. Asimismo, Ayuso calificó las críticas de «ataque personal», propio de «una dictadura comunista».^{[387][388][389][390]}

Ático de lujo como oficina

El 29 de julio de 2026, se supo que la empresa pública Planifica Madrid, dependiente de la Comunidad de Madrid, había adquirido un ático de lujo de 485 m² con una terraza de supuestamente unos 200 m², propiedad de Astrid Gil-Casares,^[391] en el barrio de Chamberí, el mismo donde vivía la presidenta. La compra se justificó para utilizarse como oficina de reuniones por parte de Isabel Díaz Ayuso, de forma temporal, durante las obras de rehabilitación de la sede de la Presidencia de la Comunidad, en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol. Posteriormente, responsables del Ejecutivo madrileño señalaron que también serviría para reuniones del Consejo de Gobierno y otros usos institucionales.^[392][393]

Ni la compra del ático ni el precio pagado por él se anunciaron públicamente en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid. Diversos medios informaron que habría costado 6,3 millones de euros, mientras que la parte vendedora pagó una comisión del 3 % para la inmobiliaria de lujo que lo gestionó (189 000 €).^[394][395] Los partidos de la oposición cuestionaron que se optara por comprar un inmueble de esas características y ese precio con los impuestos de los madrileños, en lugar de alquilar unas oficinas provisionales o usar algún espacio de alguno de los muchos edificios con los que cuenta la Comunidad de Madrid, señalando, entre otras cosas, que para hacer reuniones no se necesitan 200 m² de terraza exterior^[396][397] (aunque después se supo que el ático solo tenía 99 m² de terraza en el momento de su compra^[398]). Asimismo, se destacó la coincidencia de la noticia con la publicación en Idealista.com del piso y el ático en los que vive Ayuso con su pareja, Alberto González Amador, por 3,42 millones de euros,^[399][400] y que, en el portal donde se exponen los contratos públicos de la Comunidad de Madrid, no existía ninguna licitación de obras públicas en la Real Casa de Correos, lo cual algunos críticos señalaron para sostener que el ático se habría comprado como vivienda para la presidenta.^[401] Además, se señaló que la noticia no fue abordada en Telemadrid salvo para hablar sobre la rueda de prensa en la que Ayuso negaba que el ático fuese a ser para su propiedad.^[402]

Ayuso defendió la operación afirmando que la cobertura mediática de la compra del ático se trataba de una «campaña de desprestigio», que la intención era usar de forma temporal el ático como lugar de reuniones institucionales y no como vivienda personal, y que ella no va a tener una residencia oficial «como tantos ministros y presidentes autonómicos».^[403]

Tras la polémica, la Comunidad de Madrid anunció que pondría a la venta el ático, junto con otros cuatro inmuebles, y que el dinero obtenido se destinará a la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid, gravemente afectada por los incendios forestales en España de 2026.^[404] El 7 de agosto, la empresa pública Planifica Madrid formalizó la puesta en venta del ático por un precio de 6,7 millones de euros y la de otras cuatro fincas registrales por 11,8 millones de euros. Además, la Comunidad de Madrid también dio a conocer que había adjudicado el contrato del diseño y la redacción del proyecto de las obras en la Real Casa de Correos, por las que se justificó la compra del ático, el pasado 16 de julio.^[405][406] Para poder destinar el dinero para dicho fin, será necesario que se venda a un precio mucho mayor de la cantidad por la que fue comprada, pues para ello Planifica Madrid debe arrojar ganancias tras el año contable.^[407]

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, afirmó en una entrevista concedida a Europa Press el 23 de agosto que el Gobierno de la Comunidad de Madrid le había informado en una reunión informal mantenida el anterior mes de abril que estaban buscando locales para trasladar el «despacho de la presidenta y de los seis, siete u ocho puestos» de su «secretaría y atención de Gabinete», ya que se iban a realizar obras de remodelación en la Real Casa de Correos porque «había problemas» con las cañerías, el aire acondicionado o la conservación del edificio. También consideró que, aunque Patrimonio de la Comunidad de Madrid debería explicar por qué compró un local que no se podía destinar a oficinas, «la Comunidad de Madrid ha dado explicaciones de que hay una decisión de traslado temporal mientras se ejecuten las obras».^[408][409]

El 8 de septiembre, el medio Okdiario hizo público un correo electrónico fechado el 22 de julio de 2026 que le mostró Ayuso y en el que figura el borrador del contrato de alquiler de la vivienda en la que poco después se instalaría la presidenta, ubicada en Puerta de Hierro. Ayuso esgrimió este correo como prueba de que ella ya tenía la intención de mudarse a su actual vivienda en Puerta de Hierro antes de que se conociera la compra del ático de Chamberí, negando así que este último fuera comprado para servir como residencia personal suya.^[410][411]

Javier Milei

Isabel Díaz Ayuso otorgó a Javier Milei, presidente de la Nación Argentina, la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid el 21 de junio de 2024 durante una ceremonia en la Real Casa de Correos de Madrid, con el argumento oficial de que la distinción reconocía «los vínculos históricos, culturales, lingüísticos y económicos» entre Argentina y la región madrileña y como gesto de cortesía institucional hacia un mandatario extranjero. Ayuso además enmarcó la entrega en elogios a la defensa de «la libertad» por parte de Milei, destacando su «firmeza y coraje» ante lo que ella calificó de «proyectos totalitarios» y defendió medidas que, según ella, impulsan la libertad económica y reformas liberales.^{[417][418][419]}

Israel-Premier Tech

En septiembre de 2025, en plena polémica por las protestas que surgieron durante la Vuelta a España 2025 a favor de excluir a Israel de eventos internacionales por que el país estaría cometiendo un genocidio palestino en Gaza, Ayuso anunció que otorgaría la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a la Vuelta a España y la Medalla Internacional a su ganador, Jonas Vingegaard, como respuesta a la cancelación de la etapa final en Madrid por las protestas y al rechazo social que había generado esa situación.^[381][380]

EE. UU.

El 11 de febrero de 2026, Isabel Díaz Ayuso anunció durante el evento The Hispanic Prosperity Gala celebrado en Mar-a-Lago, residencia oficial de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, que iba a entregar la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a EE. UU. por ser «el principal faro del mundo libre» y un país al que «Madrid siempre ha mirado con admiración» celebrando «cada paso que dan adelante en defensa de la hispanidad», lo cual fue criticado incluso por medios de derechas. Vicente Vallés, presentador de Antena 3 Noticias, lo calificó como «un paso más en el progresivo avance de la presidenta de la Comunidad de Madrid hacia actitudes cercanas al trumpismo»: «Acaban de escuchar a Isabel Díaz Ayuso hablar de Estados Unidos como “el faro del mundo libre”, justo ahora que Donald Trump trata de destruir el orden mundial alejándose de sus socios democráticos europeos y acercándose a los autócratas [...] Ha hablado también de los pasos que da Estados Unidos en defensa de la hispanidad, justo ahora que Trump ha iniciado una cacería de inmigrantes hispanos. Desde hace meses, esa fuerza paramilitar conocida como ICE se dedica a detener, abusando de la violencia, a inmigrantes llegados a EE. UU. desde países de Latinoamérica. Varias personas han muerto por sus disparos y hasta han sido detenidos niños para forzar después la captura de sus padres». Tras las críticas, Ayuso justificó el premio diciendo que «no se da a un Gobierno, se da a una nación por sus 250 años de independencia».^{[420][421][211]}