Segundo gobierno de Daniel Noboa

Primera elección presidencial de Noboa

Luego de que el expresidente Guillermo Lasso fue llevado a juicio político por su oposición desde la Asamblea Nacional,^[5] ordenó la «muerte cruzada» de las funciones legislativa y ejecutiva, y se convocó a nuevas elecciones.^[6] Las autoridades electas en esas elecciones anticipadas, únicamente estarían en sus cargos para cubrir el tiempo restante que le quedaba al cuarto período legislativo y al gobierno de Lasso, esto es, hasta mayo de 2025.^[7]

El Consejo Nacional Electoral convocó a elecciones generales del legislativo y del ejecutivo el 20 de agosto de 2023,^[8] donde Luisa González de la Revolución Ciudadana RC5 obtuvo el primer lugar con 33.61%, mientras que Daniel Noboa de la alianza ADN quedó en segundo lugar con un 23.47%, por lo que existió un balotaje para poder determinar la presidencia.^[9] La segunda vuelta electoral se realizó el 15 de octubre de 2025, donde Noboa, frente a todo pronóstico venció a González, obteniendo la presidencia.^[10]

Daniel Noboa asumió el cargo de presidencial de manera formal el 24 de mayo de 2023 ante la Asamblea Nacional que se había instalado el 14 de mayo previo, estando liderado por su presidente Henry Kronfle. Una de las características que sobresalieron de inicio a fin del período irregular del gobierno, fue el distanciamiento y posterior enemistad manifiesta con la vicepresidente Verónica Abad.

La relación de la Función Ejecutiva con la Función Legislativa, estuvo marcada por el dominio que obtuvo la Revolución Ciudadana RC5 con sus 52 escaños de la Asamblea, conformando el bloque legislativo más fuerte. ADN, en alianzas con otros movimientos o asambleístas tránsfugos tuvo que hacer frente al correísmo de diversas formas, teniendo que llegar incluso a acuerdos tanto con RC5 como con los socialcristianos.

Uno de los ejes claves del gobierno fue la lucha contra la delincuencia.

Ministerios

El 24 de julio de 2025, con el reglamento a la Ley de Integridad Pública en vigencia, Noboa anunció la fusión de ministerios y la adscripción del SNAI y el ECU 911 al Ministerio del Interior.^[11]

• El Ministerio de Vivienda con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
• El Ministerio de Cultura y Patrimonio se integró al Ministerio de Educación.
• El Ministerio del Deporte se fusionó con el Ministerio de Educación.
• El Ministerio del Ambiente se integróal Ministerio de Energía.
• La Secretaría de Educación Superior se incorporó al Ministerio de Educación.
• El Ministerio de Turismo se fusionó con el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.
• El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se integró al Ministerio de Gobierno.
• La Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil se fusionó con el Ministerio de Inclusión Económica y Social.
• La Secretaría de Inversiones Público-Privadas se integró al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
• La Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público se incorporó a la Secretaría General de Administración de la Presidencia de la República.
• La Secretaría Nacional de Planificación se fusionó con la Secretaría General de Administración de la Presidencia de la República.
• La Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares se integró al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
• El Viceministerio de Acuacultura y Pesca se incorporará al Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Medio ambiente

A inicios del siglo XXI, el Estado ecuatoriano otorgó concesiones mineras en el páramo del Azuay, fuente de los ríos Tarqui, Yanuncay e Irquis conflicto de Quimsacocha (en quichua Kimsacocha). De esta manera, en 2012, el gobierno declaró el Área Nacional de Recreación Quimsacocha, pero las concesiones alrededor continuaron vigentes, generando oposición de comunidades rurales, organizaciones ambientales y la empresa municipal ETAPA, que alertaban sobre riesgos de contaminación y reducción de caudales por el proyecto Loma Larga, inicialmente de la canadiense IAMGOLD y luego de Dundee Precious Metals. La tensión escaló con consultas comunitarias (2011 y 2019) donde la mayoría rechazó la minería en el páramo, aunque su efecto legal fue limitado. En 2023 se otorgó la licencia ambiental al proyecto, provocando movilizaciones masivas en Cuenca y acciones judiciales para revocarla.^[12]

En junio de 2025, el gobierno autorizó nuevas concesiones mineras en varias zonas del país como parte de una estrategia para formalizar la minería y combatir la minería ilegal. Esto generó críticas de organizaciones ambientales que lo vinculaban con no respetar el rechazo ciudadano en casos como Quimsacocha.

El 12 de septiembre de 2025, Noboa declaró públicamente que el proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha no continuará, y exigió que la Alcaldía de Cuenca y la Prefectura de Azuay sustenten informes técnicos para tomar la decisión definitiva. Sin embargo, organizaciones sociales lo recibieron con cautela, pues aunque el anuncio fue un avance, insistían en que se declare la nulidad de la concesión, se deje sin efecto lo actuado por los ministerios correspondientes, y se proteja legalmente todo el páramo como área hídrica por lo que se realizó una marcha en las calles de Cuenca con más de 100 000 manifestantes pacíficos.^[12] Finalmente, el 18 de septiembre, el Estado ratificó que el proyecto minero Loma Larga no continuará y que espera que el Municipio de Cuenca y la Prefectura de Azuay entreguen los informes técnicos correspondientes.^[13]

Subsidios

El 12 de septiembre de 2025, mediante el decreto ejecutivo 126, se dio paso a la eliminación del subsidio al diésel, que elevó el precio del diésel de 1,80 a 2,80 USD por galón (3,78 litros). En respuesta, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador convocó el 18 de septiembre un «paro nacional inmediato e indefinido» en rechazo a la medida. En respuesta, el presidente Daniel Noboa impuso toque de queda nocturno en varias regiones y la Fiscalía advirtió que actuará con «firmeza» si se producen disturbios.^[14]