Soberanía energética
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La soberanía energética es un concepto que se comenzó a desarrollar a inicios del siglo XXI principalmente en América del Sur, de forma inicial, como una contraposición a la idea de la seguridad energética, aunque actualmente suele verse como términos complementarios.[1]
De acuerdo con el investigador argentino, Gustavo Lahoud, la soberanía energética se define como: [2]
(...) la propia capacidad de una comunidad política para ejercer el control y la potestad (entendida como autoridad) y para regular de manera racional, limitada y sustentable la explotación de los recursos energéticos, conservando un margen de maniobra y una libertad de acción que le permita minimizar los costos asociados a las presiones externas de los actores estratégicos que rivalizan por la obtención de esos recursos.[2]
En América, los EEUU recapturaron la soberanía energética en 2019[3] y la Argentina en la siguiente década,[4] ambos merced a la fracturación hidráulica, que produce tres cuartas partes del petróleo y gas natural estadounidense[5] y la mitad del argentino.[4]
En octubre de 1973, el embargo petrolero de la Organización de Países Exportadores de Petróleo dio fuerza al concepto de seguridad energética, enfocado en garantizar la oferta económica de combustibles. Esto fue institucionalizado por medio de la creación de la Agencia Internacional de Energía[6]y una serie de medidas permanentes para que los países afectados pudieran enfrentar su dependencia exterior.[7]
En 2001, la Política Energética Nacional de Estados Unidos, presentada por el presidente George W. Bush, vinculó la seguridad energética a la política exterior estadounidense, pues estableció como un objetivo estratégico el aumento del suministro global de combustibles por medio de medidas destinadas a hacer que los países productores intensificaran la exploración de sus reservas. De esta forma, el control de los recursos energéticos se convirtió en objeto de disputa política.[1]
En este contexto, el concepto de soberanía energética comenzó a ganar relevancia, principalmente en los países de América Latina, quienes buscaban reafirmar su control sobre los recursos energéticos estratégicos frente al dominio de empresas extranjeras.[1]
Posteriormente, el término se amplió para incluir no solo la independencia estatal, sino también el derecho de las comunidades y los pueblos a decidir sobre la generación, distribución y uso de la energía.[8]Esta visión se vio fuertemente inspirada en movimientos como el de soberanía alimentaria y los debates sobre justicia ambiental.[9]
De la mano del crecimiento de la conciencia sobre el impacto ambiental de las políticas energéticas, la conceptualización de la soberanía energética avanzó hacia un enfoque más holístico que considera no sólo la producción y consumo de energía, sino también la sostenibilidad y el bienestar social, con lo que se incluyen aspectos como el empoderamiento y participación de las comunidades para decidir sobre su propio abastecimiento energético.[10][11]
Actualmente, la soberanía energética es vista como un derecho que, además, permite abordar los desafíos globales como el cambio climático y la pobreza energética, por medio de un enfoque que integra las energías renovables y tecnologías sostenibles.[12][13]
En 2023, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, citó la soberanía energética como parte integral de un plan de cinco puntos para llevar a cabo una transición energética y evitar una catástrofe climática, junto con el aumento de las fuentes de energías renovables, el financiamiento de la transición energética, entre otros.[14]
