Susana Raquel Fittipaldi Garay de Gallo

El 29 de marzo de 1976 se sanciona la ley Nº21.276-”Normas para las universidades nacionales”, creada para modificar la ley Nº20.654 -”Régimen de las universidades nacionales. Fines, objetivos, funciones, estructura jurídico-administrativa y atribuciones"- del gobierno peronista, conocida también como Ley Taiana, sancionada el 14 de marzo de 1974.^[5][6][7] La primera sostiene que “la inmediata normalización de las universidades nacionales constituye un objetivo prioritario en el marco del reordenamiento institucional”. En el artículo séptimo se expresa: “Queda prohibido, en el recinto de las universidades, toda actividad que asuma formas de adoctrinamiento, propaganda, proselitismo o agitación de carácter político o gremial, docente, estudiantil y no docente”. El Delegado de la Junta militar, el Contraalmirante César Guzzetti, dispone ante el Ministerio de Cultura y Educación el cese en sus funciones de los Rectores, Consejos y demás cuerpos colegiados directivos previamente constituidos y se designan delegados militares o interventores en cada una de las universidades, afirmando que las personas designadas para cumplir dicha función “estarán investidos para el desempeño de sus funciones, de todas las atribuciones y competencia que legal y reglamentariamente corresponden a los Rectores y Consejos y de las demás facultades que sean necesarias para asegurar plenamente la continuidad de los servicios respectivos” (Expediente N° 12.534/76 del Ministerio de Cultura y Educación).^[8]

En mayo de 1976 se restringió la autonomía de las universidades nacionales impidiéndoles crear nuevas carreras, Facultades o unidades académicas equivalentes sin la previa autorización del Ministerio. En junio resolvió que los Delegados Militares debían dictar en el término de diez días los reglamentos internos adecuados para preservar la disciplina general de los alumnos en las universidades. Entre las faltas disciplinarias se debían tipificar las que se cometieran afuera de la universidad y que constituyeran una amenaza a la seguridad nacional; para éstas se preveía la pena máxima que era la expulsión. De manera similar, se les pedía a los rectores de universidades nacionales, privadas y provinciales que remitieran en el plazo de 30 días la nómina completa de las personas integrantes de los órganos de gobierno y de todo el personal, con indicación de su documento personal, títulos, cargos, antecedentes y dedicación. El cumplimiento de estas medidas resultó en la cesantía de cientos de profesores.

Entre agosto y septiembre los Delegados o Interventores Militares fueron reemplazados por rectores civiles. Los Rectores que asumieron responsabilidades en esos años, debían contestar reiterados “pedidos de informes ideológicos” de parte de las fuerzas de seguridad que operaban en esa provincia o distrito. Prácticamente todos los nombramientos o ascensos en las distintas Facultades debían superar el “filtro ideológico”. En el mes de octubre de 1976 el PEN aprobó la ley de creación del Consejo de Rectores de Universidades Nacionales (CRUN), organismo que debía asesorar al ministro en temas de enseñanza universitaria, coordinará la ejecución de las políticas del Ministerio para el sector, y promovería la intercomunicación y coordinación de los asuntos científicos, académicos y culturales. La Junta Militar y el MCE buscaron a través de este Consejo dar una imagen ante la opinión pública de que la política universitaria no era decidida ni gestionada en forma unilateral, vertical o inconsulta desde el Estado, sino que era un producto de acuerdos consensuados entre los rectores.

El 22 de febrero de 1977 se sanciona la ley Nº 21533-”Modificación del actual régimen de designaciones y remociones de rectores y presidentes de las universidades nacionales y decanos y directores de unidades académicas”-.

Finalmente, el 11 de abril de 1980 se sanciona la ley Nº22207-”Régimen orgánico para el funcionamiento de las universidades argentinas”-^[a][9]

El 22 de abril de 1980, el Ministro de Educación Juan Rafael Llerena Amadeo, comunica  la aprobación de la Ley Universitaria Nº 22207, sancionada el 11 de abril. El Ministro sostuvo nuevamente que el ámbito universitario era uno de los “sectores de la vida del país en donde con mayor intensidad actuó la subversión apátrida”, que por ello el objetivo principal de la Ley era “erradicar totalmente del régimen universitario la subversión” y producir la definitiva “normalización” del sistema. La designación de rectores y decanos continuaría recayendo en el Poder Ejecutivo Nacional y a propuesta del Ministerio de Cultura y Educación. Los cargos de rector, vicerrector, decano, vicedecano y secretarios de Universidad, Facultad o Departamento “eran de desempeño incompatible con el ejercicio de cargos directivos, político-partidarios o gremiales”. En el curso de los 120 días los rectores debían elevar un proyecto de Estatuto para sus respectivas universidades y, luego de su aprobación por el Ministerio de Cultura y Educación, debían comenzar con la organización de los concursos docentes y la posterior designación de profesores ordinarios. Seguidamente, el presidente del Consejo de Rectores de Universidades Nacionales (CRUN) confirmó que se arancelarían todas las universidades en el ciclo lectivo 1981 y Llerena Amadeo anunció que gracias a estos ingresos extraordinarios se reducirían los gastos de personal en un 2% y un 6,5% los de inversión universitaria. Antes que solucionar los problemas económicos, con el arancelamiento universitario los funcionarios dictatoriales pretendían reducir aún más el número de alumnos en la universidad. En contra de la ley se manifestaron públicamente algunos actores sociales, tales como los profesores exonerados o que renunciaron a sus cargos en la universidad entre 1974 y 1976 reunidos en la revista Perspectiva Universitaria, los representantes de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los referentes de la Unión Cívica Radical que aseguraban que era contraria al “espíritu de la reforma universitaria”.

1. ↑ Gimeno, Eduardo Juan (26 de abril de 2023). «GALLO Guillermo G. Dr. M. V.». Academia Nacional de Agronomia y Veterinaria. Consultado el 24 de octubre de 2023. 
2. 1 2 Coronato, Silvia; Lucchini, Ilda Teresa (2001). «La Plata y la dictadura». ramona (18). Consultado el 23 de octubre de 2023. 
3. ↑ «ESCRACHAN AL RECTOR DE LA UNLP DURANTE LA DICTADURA. Porque el Golpe no fue sólo militar : Argentina Indymedia (( i ))». archivo.argentina.indymedia.org. Consultado el 23 de octubre de 2023. 
4. ↑ «Desclasificando las huellas presentes de un pasado violento: La producción documental de la UNLP desde la organización del Estado terrorista (1976-1983) hasta la normalización de la universidad (1986)». libros.unlp.edu.ar. Consultado el 23 de octubre de 2023. 
5. ↑ Rodríguez, Laura Graciela. «La Universidad Nacional de La Plata entre 1973 y 1983». PolHis. Revista Bibliográfica del Programa Interuniversitario de Historia Política (14): 256-279. ISSN 1853-7723. Consultado el 23 de octubre de 2023. 
6. ↑ «Ley 21.276». www.saij.gob.ar. Consultado el 23 de octubre de 2023. 
7. ↑ «Ley 20.654 de 1974. Régimen de las universidades nacionales». www.argentina.gob.ar. Consultado el 23 de octubre de 2023. 
8. ↑ Rodríguez, Laura Graciela; Soprano, Germán (2009). «Las políticas de acceso a la universidad durante el Proceso de Reorganización Nacional, 1976-1983: el caso de la Universidad Nacional de La Plata». Question 1 (24). Consultado el 23 de octubre de 2023. 
9. ↑ «Ley 22.207». Argentina.gob.ar. Consultado el 23 de octubre de 2023.