Unidad Nacional de Protección
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| Unidad Nacional de Protección | ||||
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| Localización | ||||
| País | Colombia | |||
| Información general | ||||
| Sigla | UNP | |||
| Jurisdicción |
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| Tipo | Unidad administrativa especial | |||
| Sede |
Carrera 44 # 20-21 | |||
| Organización | ||||
| Ministros | Armando Benedetti (Ministro del Interior) | |||
| Dirección | Augusto Rodríguez Ballesteros (Director general) | |||
| Depende de |
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| Presupuesto | 2.37 Billones de pesos (590 Millones de dólares) en 2024.[1] | |||
| Historia | ||||
| Fundación | 31 de octubre de 2011 | |||
| Sucesión | ||||
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| Sitio web oficial | ||||
La Unidad Nacional de Protección (UNP) es una entidad de protección y escolta adscrita al Ministerio del Interior de Colombia. La UNP es la entidad encargada por el Gobierno de Colombia de brindar el servicio de seguridad y escolta en todo el territorio Nacional, que busca garantizar la protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas en situación de riesgos provenientes de sus actividades políticas, judiciales, periodísticas, sindicalistas, comunitarias, económicas, defensa de los D.D.H.H. además de otras poblaciones vulnerables.
La UNP agrupa los diversos programas y entidades de protección del Ministerio del Interior, la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, y el Departamento Administrativo de Seguridad, entre otros. Con la liquidación del DAS, 601 escoltas fueron trasladados a la UNP, Además 1247 personas que hacían parte de los esquemas de protección y seguridad que estaban a cargo del Ministerio del Interior. Los nuevos funcionarios cuentan con la capacitación y asesoría de países como Reino Unido, Estados Unidos e Israel.[2]
La Unidad Nacional de Protección es un organismo de seguridad del Orden Nacional, adscrito al Ministerio del Interior, encargado de articular, coordinar y ejecutar medidas de protección y apoyo a la prevención, promover los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y a la seguridad de personas, colectivos, grupos y comunidades que por su cargo o ejercicio de sus funciones puedan tener un riesgo extraordinario o extremo.[3]