Violencia de género en Perú
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La violencia de género en Perú se define como toda acción que genere daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico contra una mujer o un integrante del grupo familiar como niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, ya sea en el ámbito público o en el privado.[1]
Este tipo de violencia es atendida por el gobierno de Perú a través de la Ley N° 30364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.[2]
Cifras
La violencia de género es una problemática que en Perú se ha ido incrementando que a través de los años y afecta principalmente a las mujeres. Además, el país tiene uno de los índices de violencia más altos a nivel mundial, debido a que 7 de cada 10 mujeres adultas ha sufrido algún tipo de violencia.[3][4] Entre las prinicipales formas de violencia reportada por las víctimas son la psicológica y la física quiene tenían un vínculo de pareja con los agresores. Lima Metropolitana es la región donde se han reportado la mayor cantidad de casos atendidos por los Centros de Emergencia Mujer (CEM).[3][5]
En Perú, 52 de cada 100 mujeres de 15 a 49 años fueron víctimas de algún tipo de violencia por parte de su esposo o pareja de algún tipo de violencia.[6] Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2024, Apurímac tiene el mayor porcentaje de caso con 66,4% de mujeres víctimas, seguida de Puno (59,9%), Cusco (59,3%), Junín (59,2%), Provincia Constitucional del Callao (57,6%), Madre de Dios (57,5%), Huancavelica (56,5%) y Tumbes (56,2%).[6]
La mayoría de los peruanos consideran que las mujeres son las encargadas de las actividades del hogar.[7] En una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), 18% de los hombres dicen que entienden las razones de violencia contra una mujer si ella no cumple los labores en el hogar.[8]
Durante la crisis de refugiados venezolana, las venezolanas que residieron en Perú han sufrido violencia por parte de sus parejas y empleadores, y a menudo se han enfrentado a la explotación y la violencia sexual.[9] Entre 2019 y 2021, la tasa de violencia de género contra venezolanas aumentó un 31 %.[9]
Historia
Las publicaciones sobre la historia de la violencia de género en Perú son limitadas.[10] Los académicos peruanos comenzaron a estudiar el impacto del patriarcado en la estructura familiar en el Perú colonial en la década de 1970, especialmente con las publicaciones de Pablo Macera a partir de 1977.[10] Los frailes Luis de León y Antonio Arbiol y Díez escribieron sobre la prevalencia del abuso conyugal tanto en el Antiguo Régimen de España como en sus territorios coloniales en el siglo XVI.[10] Durante el Concilio de Trento, los frailes reconocieron que la violencia contra las mujeres era un problema creciente tras revisar los testimonios de ellas en los casos judiciales eclesiásticos, lo que hizo que el concilio considerara cambios en las leyes de divorcio.[10]
Durante el virreinato del Perú, el Imperio español y la Iglesia católica desarrollaron prácticas correspondientes con una cultura del patriarcado y las conductas violentas contra las mujeres se transmitieron a las generaciones posteriores en la república.[10] En el Perú colonial, el Imperio español entregó la supervisión de los matrimonios a la Iglesia católica, en que los tribunales eclesiásticos que revisaban casos relacionados con el respeto a las élites, las promesas matrimoniales incompletas y la virginidad.[10] Durante el Ciperíodo colonial, los golpes físicos y el abuso verbal no se consideraban violencia, sino acciones correctivas que se aceptaban.[10] Sólo el marido era reconocido como la única autoridad en la familia, quien tenía el derecho legal de castigar a su esposa, lo que daba como resultado que las proporciones de las acciones del marido no tuvieran límites.[10] Las tradiciones indígenas se alteraron por las prácticas españolas, lo que también provocó un aumento de los conflictos matrimoniales.[10] Según Luis Bustamante Otero, los registros judiciales históricos mostraban que Lima experimentó las tasas más altas de abuso doméstico de todos los territorios españoles.[10]
Los análisis han mostrado un patrón común en los conflictos estatales y la violencia sexual. Durante el conflicto armado interno, se produjeron dos picos en el número de abusos sexuales que coincidieron con momentos particularmente difíciles. Tras el debilitamiento del PCP-SL a raíz de la captura de Abimael Guzmán en 1992, el número de casos de violencia sexual en Perú disminuyó significativamente. Esta correlación sugiere que el Estado utilizó la violencia sexual como herramienta de guerra. Sin embargo, aunque fue generalizada, la violencia sexual en Perú tendió a ser más seleccionada y perpetrada con deliberación: alrededor del 71 % de los casos involucraron a una sola víctima. En lugar de participar en violaciones en grupo, a menudo se elegía a las víctimas si se las identificaba como opositoras al Estado. [11]
La violencia sexual contra las mujeres durante este período de conflicto interno tuvieron implicaciones de salud a largo plazo para las mujeres. Según un estudio realizado por Grimard et al., el shock de la violencia tuvo un efecto adverso en las mujeres embarazadas, a menudo retrasando el crecimiento de sus hijos. Esto fue cierto incluso cuando se controlaron las condiciones socioeconómicas.[12]
En 2001, el presidente interino Valentín Paniagua creó una comisión de doce personas para investigar violaciones de derechos humanos. La comisión tardó dos años en presentar su informe final. El informe encontró que la violación era la forma más frecuente de abuso, constituyendo alrededor del 48 %. Los oficiales militares fueron los delincuentes más frecuentes. Además, la violencia sexual se cometió con mayor frecuencia mientras las víctimas estaban detenidas (52%).[11]
Tipos de violencia de género
La violencia que sufren las mujeres es compleja porque varía según la clase, la etnia y la situación económica de las mujeres en la sociedad peruana tradicional.[13]
Violencia en el ámbito familiar
Es una conducta agresiva que busca someter, controlar o agredir de forma física, psicológica, patrimonial, económica o sexual dentro o fuera del hogar. Estas acciones son ejercidas por una persona que mantiene o mantuvo con la víctima un vínculo familiar, ya sea por consanguinidad, afinidad o relación civil, tutela, o por haber tenido o tener una relación afectiva.[1]
Las organizaciones de mujeres observaron que el abuso de alcohol y las actitudes tradicionales hacia las mujeres agravaban los problemas de violación y abuso sexual, particularmente en las zonas rurales.[14]
Violencia física
Es toda acción que afecta la integridad corporal o la salud de una persona. Comprende también el maltrato por negligencia, descuido o privación de necesidades básicas, cuando estos hechos hayan provocado daño físico o puedan llegar a provocarlo, sin considerar el tiempo necesario para su recuperación.[1]
Los estereotipos y las tradiciones normalizan los ciclos de abuso. En las clases socioeconómicas urbanas, el lema: "Más me pegas, más te quiero" se usa para referirse al «amor serrano».[14] Esto sugiere dos cosas; los peruanos tienden a culpar a las mujeres pobres e indígenas maltratadas por el abuso que sufren o, que las mujeres disfrutan de la violencia. [13]
Violencia psicológica
Sucede cuando se actúa para controlar, aislar a una persona en contra de su voluntad, humillarla o avergonzarla, y que puede generar afectaciones psicológicas. El daño psíquico se entiende como la alteración de funciones mentales o capacidades de la persona, causada por uno o varios hechos de violencia, que produce un deterioro temporal o permanente.[1]
Violencia sexual
Son conductas de carácter sexual realizadas contra una persona sin su consentimiento o mediante amenazas, que pueden incluir actos sin penetración ni contacto físico. También se consideran aquellas prácticas como la exposición a material pornográfico y cualquier acción que vulnere el derecho de las personas a decidir libremente sobre su vida sexual o reproductiva, mediante amenazas, intimidación, uso de la fuerza o coerción.[1]
En 2025, la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales reveló que más de la mitad de los hombres cree que una violación puede justificarse en ciertas circunstancias.[15] No obstante, los motivos y las razones para cometerla han cambiado con el tiempo y según la región. [11]
Feminicidio
El feminicidio es la forma más grave de violencia de género. Según indica el Código Penal peruano, ocurre cuando una mujer es asesinada por el por su condición de tal, es decir por no cumplir con los roles machistas impuestos por la sociedad.[16] Este crimen está sancionado con una pena privativa de libertad no menor de veinte años y la sanción se incrementa si a víctima es una persona menor de edad o adulta mayor.[17]
Acoso sexual
Ocurre cuando una persona, de forma reiterada, continua o habitual, realiza acciones como vigilar, perseguir u hostigar a la víctima sin su consentimiento.[18] Este tipo de violencia puede ocurrir de forma presencial o virtual a través de tecnologías como redes sociales. La ciudadanía creó la iniciativa Paremos el Acoso Callejero (PAC) en 2012, para analizar las estructuras de violencia cotidiana hacia las mujeres.[19]
Violencia LGBT+
Las personas de la diversidad sexual como lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTIQ+) han enfrentado históricamente situaciones de violencia, discriminación y estigmatización por motivos vinculados a su orientación sexual y su identidad de género.[20]
La población transgénero es uno de los sectores que ha sufrido más maltratos, discriminación y violencia, a pesar de que, tanto la Constitución del Perú y leyes internacionales contemplan que todas las personas tienen derecho a vivir y desarrollarse sin discriminación, sin importar su orientación sexual.[21] Por ejemplo, estudios realizados en Perú han demostrado que las mujeres trans presentan una mayor proporción de infección por VIH con una prevalendia del 29.6 % en Lima en el 2012.[22][23] Además, las mujeres trans suelen ser víctimas de violencia de pareja y no reciben ayuda de los autoridades.[24] [22]
Legislación
La Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar (Ley N° 30364), es la normativa general que permite definir los diferentes tipos de violencia de género y establece los delitos en los cuales pueden incurrir los potenciales agresores.[3]
Esta ley prohíbe la violencia doméstica y las penalidades criminales van de un mes a seis años de prisión. Jueces y fiscales tienen la autoridad para impedir que el cónyuge o padre condenado regrese al hogar familiar y autoriza a los familiares de la víctima y a las personas no emparentadas que viven en el hogar a presentar denuncias de violencia doméstica.[25][26]
La lnormativa también permite a los profesionales de la salud documentar las lesiones, exige que la investigación policial de la violencia doméstica se lleve a cabo en un plazo de cinco días y obliga a las autoridades a ampliar la protección a las mujeres y los niños que son víctimas.[25][26]
Las leyes específicas que abordan la violencia de pareja en Perú incluyen la Ley de Violencia Familiar (FVL) de 1993.[27] Varias organizaciones independientes han aplaudido esta ley para abordar la violencia doméstica, pero dicen que deberían incluirse otros factores. Por ejemplo, las parejas no casadas no tienen protecciones con FVL.[28] Además, la ley no cubre a las víctimas de violencia sexual y las víctimas tienen que pasar por largos procesos burocráticos para presentar cargos. Finalmente, un otro defecto de FVL es que las leyes exigen que las parejas intenten la reconciliación incluso con pruebas de abuso.[28]
Los intentos de utilizar leyes de Occidente para abordar la violencia de género en Perú a menudo fracasan porque no toman en cuenta factores culturales o políticos únicos que afectan el comportamiento. Los estudios sostienen que el Perú debería intentar identificar sus propios factores de riesgo.[29]
Atención y prevención
Fuente: Gobierno del Perú
Para atender casos de violencia de género, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ofrece diferentes servicios a través del del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, conocido como Warmi Ñan, que ofrece los siguientes servicios a nivel nacional:[30]
- Centros Emergencia Mujer y Familia (CEM): Ofrece atención gratuita para acceder a asesoría legal, asesoría psicológica y apoyo social. Existen 245 CEM a nivel nacional y 185 CEM en comisarías que atiende las 24 horas del día.
- Línea 100: Otorga orientación y consejería en español, quechua y aimara a través de una llamada gratuita al número 100. El servicio funciona las 24 horas del día.
- Chat 100: Brinda orientación e información por internet para la prevención de la violencia para las personas que sean testigos de una situación de agresión.
- Centro de Atención Institucional (CAI): Busca prevenir la conducta violenta de potenciales agresores a través de la reeducación para desterrar creencias o estereotipos que refuezan ideas machistas sobre las mujeres. Es el Poder Judicial quien a través de los Juzgados especializados ordenan el tratamiento.
- Asistencia Económica (AE): Se trata de una ayuda económica los hijos de las víctimas de feminicidio. A este beneficio pueden acceder niñas, niños o adolescentes o personas mayores de 18 años que estén realizando estudios superiores y personas con discapacidad.
- Servicio de Atención Rural (SAR): Permite a personas de zonas rurales y pueblos indígenas acceder a justicia, prevención y la protección. También ofrece fortalecer las capacidades de las autoridades, las lideresas, los líderes y la organización comunitaria para atender y prevenir la violencia de género.
- Servicio de Atención Urgente (SAU): Brinda atención especial e inmediata a personas que corren un moderado o severo con medidas de protección y recuperación en articulación con otras instituciones del Estado.
- Hogar de Refugio Temporal (HRT): Son albergues diseñados para mujeres víctimas de violencia que corran peligro, incluyendo a sus hijas e hijos menores de edad. En estos espacios se da protección, alimentación y atención integral. A nivel nacional existen 29 HRT a los que las víctimas pueden acudir.
