Violencia institucional
La violencia institucional es aquella la violencia física, sexual, psíquica o económica entre otros tipos de violencia simbólica, ejercida abusivamente por agentes y funcionarios del Estado en cumplimiento de sus funciones, incluyendo normas, protocolos, prácticas institucionales, descuidos y privaciones en detrimento de una persona o grupos de personas. La violencia institucional se caracteriza por el uso del poder del Estado para causar daño y reforzar los mecanismos establecidos de dominación. Algunos autores, como Deane Curtin y Robert Litke, extienden el concepto de violencia institucional también a instituciones y situaciones sistémicas no estatales, como la familia, la pobreza, el sexismo, el racismo, las relaciones laborales o el sistema de salud, entre otras. En el concepto de violencia institucional, se incluyen delitos y situaciones como la brutalidad policial y las ejecuciones ilegales también conocidas como "gatillo fácil", los mecanismos que garantizan la impunidad ante delitos cometidos por personas poderosas, la participación de las estructuras estatales en la comisión de delitos de cuello blanco como el lavado de dinero, las detenciones arbitrarias, el uso del Estado para favorecer intereses de grandes grupos económicos, la criminalización de la protesta social, los comportamientos racistas, machistas u homofóbicos tolerados o sistematizados por las instituciones estatales, etc.
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La violencia institucional es aquella la violencia física, sexual, psíquica o económica entre otros tipos de violencia simbólica, ejercida abusivamente por agentes y funcionarios del Estado en cumplimiento de sus funciones, incluyendo normas, protocolos, prácticas institucionales, descuidos y privaciones en detrimento de una persona o grupos de personas.[1][2] La violencia institucional se caracteriza por el uso del poder del Estado para causar daño y reforzar los mecanismos establecidos de dominación. Algunos autores, como Deane Curtin y Robert Litke, extienden el concepto de violencia institucional también a instituciones y situaciones sistémicas no estatales, como la familia, la pobreza, el sexismo, el racismo, las relaciones laborales o el sistema de salud, entre otras.[3] En el concepto de violencia institucional, se incluyen delitos y situaciones como la brutalidad policial y las ejecuciones ilegales también conocidas como "gatillo fácil", los mecanismos que garantizan la impunidad ante delitos cometidos por personas poderosas, la participación de las estructuras estatales en la comisión de delitos de cuello blanco como el lavado de dinero, las detenciones arbitrarias, el uso del Estado para favorecer intereses de grandes grupos económicos, la criminalización de la protesta social, los comportamientos racistas, machistas u homofóbicos tolerados o sistematizados por las instituciones estatales, etc.[4]
