Xiomara Ortiz
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| Xiomara Ortiz | ||
|---|---|---|
| Información personal | ||
| Nacimiento | c. 1962 | |
| Nacionalidad | Venezolana | |
| Información profesional | ||
| Ocupación | Activista política | |
| Partido político | Vente Venezuela | |
Xiomara Ortiz (c. 1962)[1] es una activista política venezolana que se ha desempeñado como coordinadora parroquial de Vente Venezuela. Fue detenida el 13 de octubre de 2025 por funcionarios de seguridad no identificados y sometida a una desaparición forzada por tres semanas. Vente Venezuela ha denunciado la detención como arbitraria, y la organización de derechos humanos Foro Penal la ha clasificado como una presa política.
La dirigente política Xiomara Ortiz fue liberada el miércoles 11 de marzo de 2026, tras haber permanecido recluida en el Centro de Coordinación Policial Fundalara, donde fue ingresada luego de su detención el 13 de octubre de 2025 por funcionarios del Grupo de Operaciones Estratégicas/Especiales (GOES).[2]
Ortiz es licenciada en administración de profesión. Se ha desempeñado como coordinadora de la parroquia Juan de Villegas del municipio Iribarren, estado Lara, del partido opositor Vente Venezuela.[3] En la noche del 13 de octubre de 2025, funcionarios de seguridad sin identificación allanaron la residencia de Xiomara en Barquisimeto, le robaron algunas de sus pertenencias y la detuvieron. El Comité de Derechos Humanos de Venezuela denunció el procedimiento como arbitrario,[4][5] al igual que el exalcalde de Barquisimeto Alfredo Ramos.[6]
Para ese momento, decenas de dirigentes de Vente Venezuela habían sido detenidos arbitrariamente, muchos de ellos siendo sometidos a desaparición forzada, incluyendo a más de 20 dirigentes según reportes publicados por el Comité, la mayoría de ellos en el estado Trujillo.[6] Para el 9 de octubre, la organización de derechos humanos Foro Penal registraba a 841 presos políticos en Venezuela y ha clasificado a Xiomara como uno de ellos. Entre el 13 y 14 de octubre otras siete personas cercanas a Xiomara también fueron detenidas en el estado Lara: su hijo; Rafael Mendoza, miembro de su equipo; la esposa de Mendoza; la hija de Mendoza (menor de edad); un vecino de Mendoza; una cuñada de otra integrante de su equipo, y un sobrino de una integrante del equipo.[5]
El Comité también denunció que para entonces se desconocía su paradero, por lo que pidió una fe de vida y su liberación inmediata.[3][7] Para el 24 de octubre su hija denunció que todavía se desconocía su paradero.[8] Tres semanas después de su detención, su familia conoció que fue trasladada a un destacamento policial.[1]
Reacciones internacionales
En febrero de 2026, el senador estadounidense Rick Scott exigió la liberación inmediata de Xiomara Ortiz y la de todos los presos políticos en Venezuela. Scott denunció que Ortiz, acusada de traición, no estaba recibiendo atención médica adecuada durante su detención.[9]
El 11 de diciembre de 2025 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de Xiomara Ortiz mediante la Resolución 90/2025, al considerar que se encontraba en una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida, integridad personal y salud en Venezuela.[10]
El caso también fue registrado ante la Corte Penal Internacional como parte de la documentación relacionada con violaciones graves de derechos humanos en Venezuela. Familias, organizaciones de derechos humanos y actores internacionales han pedido el seguimiento del caso como parte de un patrón de detenciones arbitrarias y tratos crueles en el país.[11]
Diversas organizaciones no gubernamentales y dirigentes políticos han solicitado su liberación inmediata por razones humanitarias y en atención a su estado de salud.[11]
Vida personal
Xiomara padece artritis y de hipertensión arterial que requiere medicamentos. Su hijo también fue detenido en octubre de 2025.[5]
Su familia ha señalado que estas condiciones se han agravado durante su reclusión.[cita requerida]
En noviembre de 2025 y enero de 2026 se habrían solicitado traslados médicos ante tribunales en Caracas, los cuales, según sus familiares, fueron negados. También denunciaron un cambio de medicación para la hipertensión sin exámenes médicos previos, lo que habría provocado reacciones adversas.[cita requerida]
Desde su traslado al Centro de Coordinación Policial Fundalara en Barquisimeto, permanece recluida en condiciones de hacinamiento y altas temperaturas. Según sus allegados, no ha tenido acceso a evaluación por su médico tratante de confianza ni a atención especializada, pese a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.[cita requerida]
