Amnistía en Venezuela
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La amnistía en Venezuela hace referencia a una serie de medidas jurídicas implementadas a lo largo de la historia del país que tenían por objetivo favorecer a personas procesadas por motivos políticos.[1][2] Durante y después de la independencia se pusieron en práctica varios ciclos de amnistías baja diversas formas jurídicas que incluían leyes de amnistías, indultos, conmutaciones de pena y sobreseimientos para lograr la pacificación y reconciliación nacional durante momentos de crisis y conflictividad política.[2][3][4][5]
Época colonial
Desde la época colonial las prácticas de la amnistía e indulto fueron implementadas por las autoridades coloniales como una forma de otorgar perdón a personas condenadas por algunos crímenes.[3][6] Existía cierta confusión entre ambos términos y en ocasiones eran usados indistintamente.[3] El indulto era una medida aplicada a uno o varios condenados por una sentencia firme y solo era una potestad del regente o alta autoridad,[3] mientras que la amnistía, que se fue desarrollando posteriormente, era entendida como una ley de excepción para ser aplicada en casos puntuales que afectaba a un número importante de personas.[3]
En la América colonial los perdones solo podían ser otorgados por el virrey, pero su empleo se limitaba durante situaciones de conflicto.[3][6] Esta potestad ya se mencionaba en una cédula de Felipe III de 1614 incluida en la Recopilación de Leyes de Indias.[6] Los indultos eran regulados por medio de cédulas o cartas de perdón y su ámbito y aplicación fue variando con el tiempo, pero en general no se aplicaban a los condenados por delitos de lesa majestad, traición, homicidio alevoso y otros crímenes graves.[3][6] En ocasiones, como cuando tenían lugar bodas reales o nacimientos de miembros de la Corona, el rey solía otorgar perdones que se aplicaban en las colonias.[6]
Uno de los casos más relevantes de perdón durante el periodo colonial tuvo lugar en 1781 luego de la insurrección de los comuneros de Los Andes provocada por el alza de impuestos que habían aprobado las autoridades coloniales.[7] Tras la derrota y arresto de los principales implicados, el gobernador de la provincia, Francisco de Arce, le solicitó al virrey de Nueva Granada, el arzobispo Antonio Caballero y Góngora, conceder un indulto a los detenidos.[7]
El virrey mostró su aprobación y le solicitó al gobernador de la Capitanía general de Venezuela, Luis de Unzaga y Amézaga, que le otorgara un indulto general y amnistía a los rebeldes.[7] El caso fue remitido al Auditor de Guerra, quien suspendió el proceso y consultó al monarca para determinar el proceder. Por su parte, el virrey le envió una petición de clemencia al rey Carlos III, quien en enero de 1783 le concedió un indulto a los involucrados excepto a los líderes de la rebelión.[7] Meses después, la Corona formó una junta especial formada por miembros del Consejo de Indias para evaluar el caso y dar una resolución definitiva. En junio de 1783 la junta recomendó la liberación de los detenidos y eliminar las fianzas y el embargo de bienes.[7]
Desde mediados del siglo XVIII, en las colonias se comenzó a denunciar la obsolescencia e injusticias del sistema jurídico hispánico.[3][6] Juristas americanos no solo criticaron el abuso de los jueces y la aplicación de penas desproporcionadas, sino que también cuestionaron el otorgamiento de perdones que perjudicaban a las víctimas.[3][6] El autor neogranadino Joseph Marcos Gutiérrez, en su influyente Tratado de práctica criminal de 1804, se mostró crítico con la aplicación del indulto real y debatía cuál poder público debía tener la facultad de otorgarlo.[3][6]
Guerra de independencia
La violencia desatada antes y durante la guerra de independencia llevó a que tanto los patriotas como los realistas pusieran en práctica varios indultos y amnistías.[6][8] En 1808 tuvo lugar la Conjuración de los Mantuanos, un intento de los mantuanos para instalar una junta que gobernara la Capitanía General de Venezuela. El movimiento fracasó y sus participantes fueron arrestados, pero posteriormente algunos de ellos fueron indultados, como Francisco Rodríguez del Toro.[8]
Durante la Primera República de Venezuela, el Congreso General decretó una amnistía para quienes habían recibido condenas menores entre los participantes de la sublevación de Valencia en julio de 1811.[9][10] De igual manera, los republicanos también le exigieron a España la amnistía como condición para la Capitulación de San Mateo.[10] A pesar de los decretos de amnistía e indultos, las rebeliones y conspiraciones no se detuvieron, provocando que varios líderes patriotas se mostraran críticos con las políticas de perdón. [11][12] En 1812 el militar Simón Bolívar en su Manifiesto de Cartagena expresaba que:
«A cada conspiración sucedía un perdón, y a cada perdón sucedía otra conspiración que se volvía a perdonar, porque los gobiernos liberales deben distinguirse por la clemencia. ¡Clemencia criminal que contribuyó más que nada a derribar la máquina que todavía no habíamos enteramente concluido!».[11][12]
Mientras se desarrollaba la guerra tanto los patriotas como los realistas siguieron usando los indultos como una táctica para integrar personal en sus filas.[6] Luego de declarar el guerra a muerte, Bolívar en 1813 proclamó un indulto general de un mes para los americanos que combatían a favor del ejército realista. Un año después, la medida fue extendida por tiempo ilimitado y se incluyeron como beneficiarios a los españoles, canarios y desertores del ejército republicano.[6]
Estos procedimientos fueron replicados por otros líderes patriotas.[6] Por decisión del ejecutivo las solicitudes debían ser evaluadas por una Comisión de Indulto y las apelaciones tenían que ser presentadas al alcalde ordinario que cumplían funciones judiciales.[6] Sin embargo, el caos administrativo producto de la guerra provocó que las autoridades enfrentaran dificultades para gestionar las solicitudes y existieron denuncias de que los alcaldes dilataban la decisión para poder condenar a los solicitantes.[6]
Los realistas también pusieron en práctica varios decretos de indulto. La llegada al trono de Fernando VII fue acompañada con una serie de indultos, a la vez que se le otorgó al jefe realista Pablo Morillo la facultad de otorgar estos perdones. En 1817, Morillo y el brigadier Juan Bautista Pardo comunicaron la gracia de un indulto real en Venezuela, pero su ofrecimiento tuvo poco impacto.[6]
Con el triunfo patriota cada vez más cerca se siguieron implementando diversas medidas de perdón. El Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra de 1820 fue uno de los primeros intentos a gran escala de promover políticas de perdón y olvido, tratando de reintegrar a parte de los combatientes realistas derrotados a la república.[8]
Gran Colombia
La conflictividad se mantuvo luego de formarse la Gran Colombia y provocó que se continuaran implementando amnistías e indultos.[2] En 1819, por iniciativa del diputado Juan Vicente Cardozo, el Congreso de Angostura concedió un indulto general. En el encabezado del documento se mencionaba que la medida tenía por motivación celebrar la instalación del Congreso «con actos de humanidad, piedad y beneficencia».[6] Con este acto comenzó a sentarse las bases para que la facultad de decretar perdones dependiera principalmente del Congreso y no del ejecutivo.[6]
Al conformarse el Congreso Constituyente de 1821 también se decretó un indulto por motivo de su instalación y con el objetivo de atraer desertores y fugitivos.[2][6] En el decreto se mencionaba que los esclavos desertores que se acogieran al beneficio podrían «volver al dominio de sus amos o al servicio de las armas».[6] Además se estableció en la Constitución de la República de Colombia de 1821, en su artículo 55 numeral 20 que el Congreso tendría la facultad exclusiva de otorgar indultos generales y perdones particulares.[6]
Con el correr de los años se mantuvieron varios focos de inestabilidad principalmente asociados a movimientos separatistas y grupos de rebeldes realistas. Por lo que se recurrió a medidas de perdón para tratar de aplacarlos. En 1827 Bolívar decretó una amnistía para aquellos involucrados en el movimiento separatista de La Cosiata.[2][10]
De igual manera, varios dirigentes republicanos ofrecieron indultos las fuerzas rebeldes realistas que aún permanecían en combate.[8] En 1829 se firmó la capitulación entre el militar realista José Arizábalo y el general republicano Lorenzo Bustillos. En el documento se acordaba la libertad a los prisioneros de guerra, la reinserción en la vida nacional, el perpetuo olvido, amnistía y la igualdad ante la ley. La medida también fue extendida al rebelde realista José Dionisio Cisneros y sus partidarios, aunque fue rechazada por estos.[8]
Historia
Siglo XIX
Luego de la disolución de la Gran Colombia, la tradición de conceder amnistías e indultos se mantuvo en la Constitución de Venezuela de 1830 para ser aplicados en casos de «grave motivo de conveniencia pública».[2][3] El presidente tenía el derecho de otorgar perdones, amnistías e indultos, aunque para concederlos debía recurrir al Congreso o al Consejo de Gobierno. Por su parte, el Congreso también tenía la facultad de otorgar indultos y amnistías generales.[2][3]
En junio de 1830 el Congreso otorgó indultos a varios rebeldes realistas. Un año después, el Consejo de Gobierno autorizó al gobierno de José Antonio Páez para que le otorgara perdón absoluto al realista Cisneros y sus hombres.[8] Después de la Revolución de las Reformas en 1835, que depuso brevemente al primer presidente civil José María Vargas, el Congreso de Venezuela promulgó una amnistía a los involucrados bajo el impulso de Carlos Soublette.[2][10] Dos años después el gobierno de Soublette, luego de ejecutar al coronel Francisco María Farías, le otorgó indultos a los que tomaron parte en el intento de sublevación en la ciudad de Maracaibo liderado por Farías y a los que sublevaron en El Vigía de Puerto Cabello ese mismo año.[2]
Tras la insurrección campesina de Venezuela de 1846, el gobierno de José Antonio Páez le concedió indulto a un gran número de personas que participaron en el movimiento.[2][3] Entre 1847 y 1848 el gobierno de José Tadeo Monagas mantuvo esta política, llegando a beneficiar a líderes como Antonio Leocadio Guzmán y Ezequiel Zamora, quienes estaban condenados a pena de muerte.[2][3] En 1855 Monagas llegó nuevamente a la presidencia y el Congreso le aprobó la facultad de otorgar salvoconductos a los exiliados.[2][3]
En la constitución de 1857 y la constitución de 1858 se mantuvo la capacidad del Congreso para otorgar amnistías e indultos generales, pero se limitó la facultad para el ejecutivo de aplicarla solo en algunos casos excepcionales.[3][13] En 1858 el Congreso aprobó un decreto en el que se concedía amnistía a todos los exiliados por los sucesos políticos desde 1848 en adelante, pero el derrocamiento de Monagas luego de la Revolución de Marzo dejó sin efecto la medida.[2][3]
La caída de Monagas provocó que miembros del Partido Liberal organizaron un grupo de insurgentes conocidos como la Facción de la Sierra.[3][14] Debido la fuerza que logró ganar el movimiento el gobierno trató de poner en práctica políticas de indulto para conseguir su desmovilización y pacificación aunque no del todo exitosas.[3] Entre 1858 y 1859 el gobierno de Julián Castro promulgó cuatro decretos de indulto para tratar de pacificar a la Facción. Los indultos permitieron liberar a varios presos políticos y el regreso de los exiliados.[2][3]
La continuidad de constantes guerras civiles durante el siglo motivó a que se siguieran poniendo en práctica medidas de perdón.[2][3] La Asamblea Constituyente de Venezuela de 1864 decretó una amnistía tras la Guerra Federal, fundándose en que «para destruir todos los odios, convenía dar un gran ejemplo de magnanimidad nacional».[2][10]
En 1868 durante la Revolución Azul se concedió un decreto amnistía para aquellos que habían sido juzgados por causas políticas. Mientras que en 1870, el presidente interino Guillermo Tell Villegas puso en libertad a varios detenidos por motivos políticos.[2] De igual forma, durante el régimen de Antonio Guzmán Blanco, se liberaron a varios presos políticos, pero sin declararse propiamente indultos o amnistías.[2] En junio de 1877 el presidente Francisco Linares Alcántara también decretó una amnistía general.[2][15]
Para la década de 1880 las políticas de perdón se seguían implementando. En 1882 el presidente Juan Pablo Rojas Paúl indultó a todos los involucrados en la expedición de la Ana Jacinta.[2] Por su parte el presidente Joaquín Crespo en 1886 aplicó medidas de indulto a todos los que tomaron parte en un intento de rebelión acaecido un año antes.[2]
Siglo XX
Dictaduras de Castro y Gómez
Durante la dictadura de Cipriano Castro tuvo lugar un bloqueo naval a Venezuela iniciado en 1902 por varios países europeos. Esto provocó que Castro declarara una amnistía general para liberar presos políticos, aunque una de las principales motivaciones de la medida era conseguir el apoyo del líder nacionalista detenido José Manuel Hernández.[2]
Una vez depuesto Castro dio inicio la dictadura de Juan Vicente Gómez. A comienzos de la dictadura en 1908 se liberaron algunos presos políticos y se permitió el regreso de exiliados. Sin embargo, en años posteriores aumentan los niveles de represión y la cantidad de detenidos.[2] El 24 de julio de 1925 Gómez ofreció una amnistía política que permitió la repatriación de alrededor de 20.000 exiliados desde Colombia.[2][16] Dos años después se aprobó una amnistía general, pero las protestas iniciadas por la generación del 28 llevaron al régimen a retomar medidas represivas.[2]
Postgomecismo
Tras la muerte de Gómez se instaló el gobierno de Eleazar López Contreras, y en sus comienzos se pusieron en libertad a varios presos políticos por medio de diversos mecanismos legales,[2][17] pero durante su régimen se mantuvieron detenciones y expulsiones del país. Este accionar que combinaba liberaciones, retorno de exiliados y represión también fue continuado durante el periodo conocido como Trienio Adeco.[2][17]
Entre 1948 y 1958 nuevamente llega al poder una dictadura militar dirigida principalmente por Marcos Pérez Jiménez y durante este lapso no se implementaron amnistías ni indultos.[2] Tras el derrocamiento de Pérez Jiménez, empezó una apertura democrática. Una junta de gobierno dirigida por Wolfgang Larrazábal asumió el poder en 1958 y decretó una amnistía general para los detenidos por el perezjimenismo y promovió el retorno de los exiliados.[17][18]
Bipartidismo
Luego de aprobada la Constitución de 1961 se siguió con la tradición constitucional de recoger la posibilidad de conceder amnistías e indultos. En su artículo 139 se mantuvo la facultad del Congreso de conceder amnistías y en el artículo 190 numeral 21 se le concedía al presidente la potestad para otorgar indultos.[18][19]
Desde la década de 1960 se dan una serie de intentos de golpe de Estado y varios sectores políticos de la izquierda iniciaron una insurrección armada, lo que provocó el arresto de varios guerrilleros y dirigentes políticos.[2][5][20] Luego de algunos años de alta conflictividad donde se cometieron violaciones a los derechos humanos, el gobierno de Raúl Leoni dio los primeros pasos para implementar medidas de pacificación, liberando a varios detenidos por medio de sobreseimientos selectivos y conmutaciones de pena.[2][18][20] En 1964 se aprobó la Ley de conmutación de penas por indulto o extrañamiento del territorio nacional a la que se podían acoger los guerrilleros.[21][22]
Las políticas de pacificación jugarían un importante papel durante el primer gobierno de Rafael Caldera para lograr la reintegración de los grupos insurgentes en la vida política institucional.[2][4] Entre 1969 y 1971 el gobierno de Caldera apeló a diversas medidas jurídicas como indultos, sobreseimientos masivos, legalización de partidos y facilitar el regreso de guerrilleros exiliados.[4][18]
Mientras ocurrían estas liberaciones, familiares y organizaciones no gubernamentales empezaron a manifestarse en favor de una amnistía general. El Comité en Defensa de los Derechos Humanos (CDDH) y los Comités Unitarios Pro-Amnistía (CUPA), dirigido por Laura Pérez Carmona de Prada, iniciaron la «campaña nacional por la amnistía de los presos políticos».[4][23] En 1973 los CUPA y el CDDH propusieron un proyecto de Ley de Amnistía durante el Primer Encuentro de Juristas y Parlamentarios por La Amnistía.[23] El proyecto contó con el apoyo de varios diputados y fue discutido en el Congreso Nacional, aunque no llegó a aprobarse.[4][23]
El movimiento a favor de la amnistía se mantuvo durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez y el gobierno de Luis Herrera Campíns.[4] En 1974 el Comando Nacional de Huelga de los Presos Políticos organizó una huelga de hambre nacional entre cuyas exigencias se encontraba que el Congreso comenzara la discusión del proyecto de Ley de Amnistía.[4] Para 1979 varios líderes guerrilleros mostraron su disposición a acogerse a una posible amnistía ofrecida por el gobierno de Herrera Campíns siempre y cuando se liberase a los guerrilleros detenidos.[4] En abril de ese mismo año el presidente sobreseyó a veinte presos acusados de rebelión y meses después el gobierno decretó sobreseída las causas contra Douglas Bravo, Carlos Betancourt, Fortunato Herrera y otros guerrilleros.[4] Estas medidas continuaron durante el inicio del gobierno de Jaime Lusinchi.[4][24]
Si bien durante este periodo no se aprobó una ley de amnistía, para la década de 1990 la mayoría de los miembros de movimientos insurgentes se habían desmovilizado y logrado reincorporarse a la vida política pacífica gracias a las diversas medidas jurídicas que implicaban perdón y olvido de los crímenes cometidos.[2][4] Sin embargo, estos mecanismos también sirvieron para que parte de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado durante el combate con grupos guerrilleros, que incluían torturas, desapariciones y ejecuciones, no fueran investigadas ni se establecieran mecanismos de no repetición.[25][26]
El 4 de febrero de 1992, durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, tuvo lugar un primer intento de golpe de Estado, seguido meses después de una segunda intentona golpista.[24][27] Luego del fracaso de los intentos y el arresto de los participantes, varias organizaciones de derechos humanos, activistas y políticos se manifestaron a favor de conceder una amnistía a los detenidos.[27][28]
El 30 de marzo de 1992 un grupo de diputados junto con los dirigentes Darío Vivas y Tarek William Saab presentaron un proyecto de Ley de Amnistía en el Congreso.[27][29] Tres días después se realizó en Caracas la Marcha del Silencio en la cual los manifestantes exigían la libertad de los militares detenidos.[27][29] El gobierno de Pérez comenzó a sobreseer a algunos de los participantes y estas medidas continuaron durante el gobierno interino de Ramón J. Velásquez.[24][27]
En julio de 1993 Hugo Chávez, principal líder de los militares detenidos, le dirigió una carta a la Conferencia Episcopal Venezolana donde solicitaba la intermediación de esa institución y otros sectores políticos para la aprobación de una Ley de Amnistía. Según palabras de Chávez, escribía en nombre de los militares detenidos en las «cárceles de la dignidad» diciendo que la aprobación de ley serviría como «...una fórmula para buscar la reconciliación, tranquilidad y paz social, y así poder frenar la grave crisis política».[29][30][31]
Para las elecciones generales de Venezuela de 1993 los candidatos presidenciales Andrés Velásquez, Claudio Fermín y Oswaldo Álvarez Paz se manifestaron públicamente a favor de una amnistía general para los detenidos por las intentonas.[27][32] En 1994 a inicios del segundo gobierno de Rafael Caldera miembros de la Causa R presentaron nuevamente en el Congreso un nuevo proyecto de Ley de Amnistía.[27] El gobierno de Caldera siguió con los sobreseimientos y en marzo de 1994 se liberó a Chávez, apelando a razones de interés nacional, como la paz y la reunificación de las Fuerzas Armadas.[24][27][29][33]
En la Constitución de 1999 en su artículo 187, numeral 5 se le otorgaba la facultad exclusiva de conceder amnistías a la Asamblea Nacional. Esta podría ser aprobada por una mayoría simple, salvo que se le diera un carácter de ley orgánica. En el artículo 29 de la constitución se excluían del beneficio del indulto y amnistía a los procesados por violaciones de los derechos humanos y delitos de lesa humanidad.[34][35]
Siglo XXI
El 17 de abril de 2000 se promulgó la Ley de Amnistía Política General en la Gaceta Oficial No. 36.934; su artículo 1° favoreció a todas aquellas personas que, hasta el 31 de diciembre de 1992, «…enfrentadas al orden general establecido, hayan sido procesadas, condenadas o perseguidas por cometer, con motivaciones políticas, delitos políticos, o conexos con delitos políticos…». Más adelante se emitió el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Amnistía en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 5870 el 31 de diciembre de 2007.[36] La ley de 2007 estaba destinada a amnistiar a los involucrados en el golpe de Estado de 2002, el paro petrolero y las protestas de 2007.[33] Sin embargo, la amnistía excluyó a los policías metropolitanos detenidos y absolvió a los pistoleros de Puente Llaguno.[37][38]
El 29 de marzo de 2016 la IV Legislatura de la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora y presidida en ese entonces por Henry Ramos Allup, proclamó la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional que ofrecía una amnistía parcial para algunos presos encarcelados por motivos políticos. El texto consistía de 29 artículos y se basaba en el artículo 29 de la Constitución de Venezuela de 1999, donde quedaban exceptuados de la amnistía los crímenes de guerra, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, según lo establecido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.[39] Nicolás Maduro rechazó la ley y el Tribunal Supremo de Justicia, afiliado a Maduro, la declaró inconstitucional.[40][41]
El 25 de enero de 2019, la Asamblea Nacional (ese año presidida por Juan Guaidó) promulgó la Ley de Amnistía que beneficiaba a civiles, militares y demás funcionarios identificados como presos, perseguidos y exiliados políticos por hechos cometidos desde el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de la Ley,[42] además de un amplio espectro de delitos que incluían actos políticos como la rebelión y la sedición. Su objetivo era eliminar algunos efectos jurídicos que pudieran hacer peligrar la consolidación del nuevo sistema democrático.[43]
El 30 de enero de 2026, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un proyecto de ley de amnistía general ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, declarando que incluiría a presos políticos detenidos desde 1999 en adelante y pidiendo que se llevara a la Asamblea Nacional. Rodríguez declaró que tenía como objetivo «reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo», además de «reencauzar la justicia en nuestro país» y «la convivencia entre los venezolanos».[44]
