Carlos Andrés Pérez

Militancia juvenil y Revolución de Octubre

Pérez inició su actividad política durante la adolescencia. En 1938 participó en la fundación de la Asociación Juvenil Venezolana y se incorporó al Partido Democrático Nacional (PDN), organización dirigida por Rómulo Betancourt que actuaba con restricciones legales durante el gobierno de Eleazar López Contreras.^[14][15] Cuando el PDN dio paso a Acción Democrática en septiembre de 1941, Pérez se integró al nuevo partido y participó posteriormente en la organización de su estructura juvenil.^[15][16]

Su militancia lo aproximó desde muy joven a Betancourt, de quien llegó a ser colaborador y discípulo político. En esos años participó en actividades de organización partidista, movilización juvenil y oposición al sistema político restringido de los gobiernos de López Contreras e Isaías Medina Angarita. Acción Democrática defendía la implantación del sufragio universal, directo y secreto y la incorporación política de sectores populares que hasta entonces permanecían excluidos del voto presidencial.^[15][17]

Tras el derrocamiento de Medina Angarita el 18 de octubre de 1945 por una alianza de oficiales militares y dirigentes de Acción Democrática, Betancourt asumió la presidencia de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Pérez, que tenía veintidós años, fue nombrado secretario privado del presidente de la Junta y secretario del Consejo de Ministros, por lo que abandonó sus estudios universitarios para dedicarse por completo a sus nuevas responsabilidades públicas.^[14][15][16] Desde el despacho presidencial acompañó a Betancourt durante el período conocido por sus partidarios como el «trienio adeco», en el que se estableció el sufragio universal, se convocó una Asamblea Constituyente y se celebraron las elecciones presidenciales de 1947.^[18][19]

La cercanía con Betancourt convirtió a Pérez en uno de los jóvenes cuadros de confianza del nuevo gobierno. Años más tarde recordó que, como secretario privado, trabajaba en el mismo despacho del presidente, relación que se mantuvo durante el exilio y resultó decisiva para su posterior ascenso dentro del partido y del Estado.^[20]

En 1946 fue elegido diputado a la Asamblea Legislativa del estado Táchira y, al año siguiente, diputado por la misma entidad al Congreso Nacional surgido de las primeras elecciones generales celebradas mediante sufragio universal en Venezuela.^[14][16] En el Congreso formó parte de la primera generación de parlamentarios de Acción Democrática y respaldó el gobierno de Rómulo Gallegos, elegido presidente en diciembre de 1947. Su actividad legislativa fue interrumpida por el golpe militar del 24 de noviembre de 1948, que disolvió el Congreso, ilegalizó a Acción Democrática y puso fin al trienio iniciado en 1945.^[14][21]

Dictadura, prisión y exilio

Tras el golpe militar del 24 de noviembre de 1948 contra el presidente Rómulo Gallegos, Pérez participó junto con otros funcionarios y militantes de Acción Democrática en un intento de establecer en Maracay un gobierno de emergencia que actuara en nombre del mandatario depuesto, conforme a la sucesión prevista por el orden constitucional. La iniciativa fue rápidamente desarticulada por la junta militar encabezada por Carlos Delgado Chalbaud, Marcos Pérez Jiménez y Luis Llovera Páez, y Pérez fue detenido.^[22][23]

Permaneció encarcelado en Caracas durante aproximadamente un año y en 1949 fue expulsado de Venezuela. Junto con su esposa, Blanca Rodríguez, inició un exilio que transcurrió en distintos momentos por Colombia, Panamá, Cuba y Costa Rica. Durante ese período retomó parcialmente sus estudios de Derecho y participó en la organización de los dirigentes y militantes de Acción Democrática desplazados por el nuevo régimen militar.^[22][23][24]

En 1952 regresó clandestinamente al país para colaborar con la resistencia interna contra la dictadura de Pérez Jiménez y participar en el establecimiento de células clandestinas de Acción Democrática. Fue nuevamente detenido y trasladado a Puerto Ayacucho, donde permaneció confinado antes de ser expulsado por segunda vez.^[22][23] Las sucesivas detenciones y expulsiones consolidaron su posición dentro del aparato clandestino del partido y reforzaron su relación política con Betancourt, quien dirigía desde el exterior la reorganización de Acción Democrática.^[24]

Después de su segunda expulsión se reunió con Betancourt en La Habana. Pérez participó en tareas partidistas, en la redacción de publicaciones destinadas a los exiliados venezolanos y en campañas internacionales de denuncia contra el régimen militar. Posteriormente se estableció en Costa Rica, donde trabajó durante varios años en el diario La República, del que llegó a ser jefe de redacción.^[22][23] Desde el exilio mantuvo contacto con la dirigencia clandestina de Acción Democrática y con otras organizaciones contrarias a la dictadura.

La permanencia fuera del país no fue continua ni exclusivamente política. Pérez residió con su familia en condiciones económicas variables y combinó las actividades partidistas con el trabajo periodístico. Al mismo tiempo, acompañó a Betancourt en la articulación de relaciones con sectores democráticos latinoamericanos y en la defensa de una salida civil y electoral para Venezuela.^[24]

Retorno a Venezuela y Ministerio de Relaciones Interiores

Tras el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958, Pérez regresó a Venezuela y participó en la reorganización de Acción Democrática, particularmente en el estado Táchira. En las elecciones generales de diciembre de 1958 fue elegido diputado al Congreso Nacional por esa entidad para el período 1959-1964.^[25][26]

Luego de la victoria presidencial de Rómulo Betancourt, Pérez fue incorporado al gobierno como director general del Ministerio de Relaciones Interiores en 1960. Desde ese cargo intervino en la coordinación política y de seguridad interna durante un período marcado por conspiraciones militares, divisiones dentro de Acción Democrática y el surgimiento de organizaciones de izquierda partidarias de la lucha armada.^[27][18]

En marzo de 1962 fue nombrado ministro de Relaciones Interiores en sustitución de Luis Augusto Dubuc. Su gestión coincidió con las sublevaciones militares del Carupanazo y el Porteñazo, así como con la expansión de la insurgencia armada vinculada al Partido Comunista de Venezuela y al Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Después del Carupanazo, el gobierno suspendió las actividades de ambas organizaciones mediante el Decreto n.º 752, cuya ejecución correspondió al ministerio dirigido por Pérez.^[28]

Como ministro, Pérez se convirtió en uno de los principales responsables de la respuesta estatal frente a los levantamientos militares, la guerrilla rural y las redes clandestinas urbanas. Su actuación le otorgó una imagen pública de dirigente enérgico y estrechamente identificado con la defensa del gobierno constitucional, pero también fue cuestionada por sectores de izquierda debido a las detenciones, la suspensión de garantías y los métodos empleados por los organismos de seguridad.^[26][29] Mirtha Rivero lo describe retrospectivamente como el «ministro policía» al que Betancourt encargó enfrentar una insurrección integrada, en parte, por antiguos compañeros de partido de Pérez.^[30]

Pérez permaneció en el ministerio hasta 1963. El 18 de febrero de ese año asumió temporalmente funciones ejecutivas durante una ausencia de Betancourt del país, sin que ello implicara una sustitución constitucional permanente del presidente.^[25] Tras abandonar el gabinete, retomó la actividad parlamentaria y partidista dentro de Acción Democrática.

Liderazgo parlamentario y ascenso en Acción Democrática

Después de abandonar el Ministerio de Relaciones Interiores, Pérez retomó su actividad parlamentaria. Durante el gobierno de Raúl Leoni, entre 1964 y 1969, ejerció como jefe de la fracción de Acción Democrática en el Congreso Nacional, posición desde la cual intervino en la coordinación legislativa del oficialismo y reforzó su influencia dentro del partido.^[31][32]

La derrota de Acción Democrática en las elecciones presidenciales de 1968, agravada por la división que condujo a la creación del Movimiento Electoral del Pueblo, abrió una etapa de reorganización interna. Ese mismo año Pérez fue elegido secretario nacional y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática, cargos que conservó durante el gobierno de Rafael Caldera.^[31][33]

Durante estos años consolidó una corriente propia dentro del partido, aunque continuó contando con el respaldo político de Rómulo Betancourt. Su experiencia como dirigente clandestino, ministro, parlamentario y responsable de la organización partidista contribuyó a presentarlo como una alternativa frente a los sectores encabezados por dirigentes como Reinaldo Leandro Mora.^[32]

La selección del candidato presidencial de Acción Democrática se resolvió en su Convención Nacional, celebrada en el Teatro California de Caracas el 19 de agosto de 1972. Pérez derrotó a Leandro Mora por 290 votos contra 111 y obtuvo la candidatura para las elecciones previstas para diciembre de 1973.^[34][32] Su postulación recibió el apoyo de Betancourt y de sectores importantes del aparato sindical y territorial del partido.

Con su elección como candidato, Acción Democrática buscó recuperar la Presidencia después de cinco años en la oposición. Pérez proyectó una imagen de dirigente dinámico y recorrió extensamente el país, estrategia que daría origen al lema «Ese hombre sí camina» y que marcaría el inicio formal de su campaña presidencial.^[32]

Campaña electoral

Como candidato de Acción Democrática, Pérez desarrolló una campaña centrada en la recuperación de la Presidencia, la modernización económica y la ampliación de la intervención estatal en el desarrollo nacional. La estrategia electoral buscó proyectarlo como un dirigente activo, cercano a los sectores populares y capaz de conducir al país durante el crecimiento de los ingresos petroleros que se anticipaba para los años siguientes.^[35][36]

La campaña recurrió a técnicas de mercadotecnia política, investigación de opinión pública y publicidad audiovisual. Entre sus asesores estuvo el consultor político estadounidense Joseph Napolitan, cuya oficina trabajó con el comando electoral de Pérez; el publicista Gonzalo Plaza Pietersz sirvió de enlace entre los asesores extranjeros, la dirección de Acción Democrática y el candidato.^[37] La estrategia combinó encuestas, televisión, grandes concentraciones y recorridos territoriales, mientras Chelique Sarabia compuso la música utilizada en la propaganda de la campaña.^[38]

Su principal adversario fue Lorenzo Fernández, candidato del gobernante Copei, quien defendía la continuidad de la administración de Rafael Caldera. También participaron Jesús Ángel Paz Galarraga, postulado por el Movimiento Electoral del Pueblo; José Vicente Rangel, por el Movimiento al Socialismo; Jóvito Villalba, por la Unión Republicana Democrática; y otros aspirantes de organizaciones minoritarias.^[35] La competencia quedó progresivamente concentrada entre Pérez y Fernández, lo que consolidó a Acción Democrática y Copei como las dos principales fuerzas del sistema político venezolano.^[18]

Durante la campaña, Pérez propuso utilizar los crecientes ingresos petroleros para acelerar la industrialización, ampliar los servicios públicos y aumentar la participación del Estado en sectores considerados estratégicos. Su programa planteaba la construcción de una «Gran Venezuela» mediante inversiones públicas, promoción industrial, expansión educativa y una política exterior más activa hacia América Latina y los países en desarrollo.^[36][39]

Resultados

Las elecciones se celebraron el 9 de diciembre de 1973. Pérez obtuvo 2 130 743 votos, equivalentes al 48,70 % de los votos válidos, frente a los 1 605 628 votos alcanzados por Lorenzo Fernández. Acción Democrática recuperó así la Presidencia después de cinco años en la oposición.^[40]

El resultado representó una ventaja de más de medio millón de votos sobre Fernández y fue interpretado como un triunfo amplio, aunque Pérez no alcanzó la mayoría absoluta. La elevada concentración de los sufragios en Acción Democrática y Copei profundizó el carácter bipartidista de la competencia electoral venezolana.^[35][41]

En las elecciones legislativas celebradas simultáneamente, Acción Democrática obtuvo 102 de los 200 escaños de la Cámara de Diputados y 28 de los 47 puestos electivos del Senado, lo que proporcionó al presidente electo una mayoría propia en ambas cámaras del Congreso.^[42][43] Fernández reconoció la victoria de Pérez pocos días después de los comicios.^[41]

Pérez fue proclamado presidente electo para el período constitucional 1974-1979 y asumió el cargo el 12 de marzo de 1974, sucediendo a Rafael Caldera.^[44]

Inicio del gobierno y programa de la «Gran Venezuela»

Pérez asumió la Presidencia de la República el 12 de marzo de 1974, en sustitución de Rafael Caldera. Su llegada al poder coincidió con el fuerte incremento de los precios internacionales del petróleo producido después de la crisis del petróleo de 1973, circunstancia que elevó extraordinariamente los ingresos fiscales y colocó al nuevo gobierno ante el problema de administrar una disponibilidad de recursos sin precedentes en la historia venezolana.^[45][46]

El Ejecutivo presentó su proyecto bajo la denominación de la «Gran Venezuela». Su propósito declarado era aprovechar la renta petrolera para acelerar la transformación económica y social del país, ampliar su capacidad industrial, modernizar la infraestructura, reducir la dependencia de las exportaciones de crudo y fortalecer la participación estatal en los sectores considerados estratégicos.^[45][47] Pérez planteó que el aumento de los ingresos no debía limitarse al gasto corriente, sino emplearse para crear una economía productiva capaz de sostener el desarrollo una vez disminuyera la bonanza petrolera.

El gabinete combinó dirigentes de Acción Democrática con técnicos, empresarios y especialistas vinculados a la planificación económica. Entre sus integrantes estuvieron Luis Piñerúa Ordaz en Relaciones Interiores, Simón Alberto Consalvi en Relaciones Exteriores, Héctor Hurtado en Hacienda, Gumersindo Rodríguez en Coordinación y Planificación, Valentín Hernández Acosta en Minas e Hidrocarburos y Leopoldo Sucre Figarella en Obras Públicas.^[48]

Poco después de la toma de posesión, Pérez solicitó al Congreso poderes legislativos extraordinarios para aplicar su programa económico y administrativo. Acción Democrática contaba con mayoría en ambas cámaras, pero el gobierno negoció con la oposición la aprobación de una ley habilitante que autorizó al presidente a dictar decretos con fuerza de ley en materias económicas y financieras durante un año.^[45][39] Mediante esas facultades fueron adoptadas numerosas medidas sobre crédito, salarios, inversiones extranjeras, administración pública, instituciones financieras y participación estatal en la economía.^[49]

En un discurso económico pronunciado el 29 de abril de 1974, Pérez expuso las líneas generales de su programa: mayor control nacional sobre los recursos naturales, regulación de la inversión extranjera, expansión industrial, fortalecimiento del mercado interno y utilización de la renta petrolera para financiar proyectos de desarrollo. La política despertó inquietud entre empresas extranjeras y el Gobierno de Estados Unidos por su orientación nacionalista y por los anuncios de nacionalización de las industrias petrolera y del hierro.^[50]

La disponibilidad de recursos permitió aumentar rápidamente la inversión pública y ampliar los programas estatales. Al mismo tiempo, la magnitud de los ingresos reforzó la centralización de las decisiones económicas en el Ejecutivo y estimuló una expansión acelerada del aparato público. Estudios posteriores han caracterizado este período como el momento culminante del modelo rentista venezolano: el Estado recibió ingresos excepcionales, asumió nuevas funciones productivas y trató de dirigir simultáneamente la industrialización, la redistribución y la modernización nacional.^[51][52]

Nacionalización del hierro y del petróleo

La recuperación del control estatal sobre las industrias extractivas constituyó uno de los principales objetivos del primer gobierno de Pérez. El hierro y el petróleo generaban alrededor del 95 % de las exportaciones venezolanas y estaban explotados mayoritariamente por empresas extranjeras, por lo que su nacionalización fue presentada como un instrumento para aumentar la soberanía económica y utilizar los ingresos derivados de los recursos naturales en el desarrollo nacional.^[53]

Política económica y expansión del Estado

El aumento de los precios del petróleo multiplicó los ingresos externos y fiscales de Venezuela durante los primeros años del gobierno de Pérez. El Ejecutivo empleó esos recursos para incrementar la inversión pública, expandir el crédito, estimular la industria nacional y financiar empresas estatales y proyectos de infraestructura. La estrategia partía de la idea de «sembrar el petróleo»: transformar una renta extraordinaria y potencialmente transitoria en capacidad productiva permanente.^[67][68]

Durante la primera mitad del mandato se registró un crecimiento acelerado de la demanda interna, la producción no petrolera y las importaciones. Entre 1974 y 1976, el producto nacional bruto aumentó en términos reales a una tasa media aproximada de 6,1 %, mientras la demanda interna lo hizo a un ritmo cercano al 9,6 %. La diferencia fue cubierta principalmente mediante importaciones, que crecieron alrededor de 36,9 % durante el mismo período.^[69] La expansión permitió elevar la actividad comercial, industrial y constructiva, pero también superó la capacidad de respuesta de la producción interna.

El gobierno reforzó los mecanismos de planificación y amplió la participación directa del Estado en la economía. Además de las nacionalizaciones del hierro y del petróleo, fueron creadas o fortalecidas empresas públicas en los sectores siderúrgico, eléctrico, petroquímico, financiero y agroindustrial. Asimismo, el Estado otorgó créditos subsidiados, protección arancelaria e incentivos fiscales a empresas privadas con el objetivo de promover la sustitución de importaciones y diversificar la producción.^[67][65]

Una parte considerable de la estrategia industrial se concentró en proyectos de gran escala, especialmente en la región de Guayana, donde se ampliaron las industrias básicas del hierro, el acero, el aluminio y la generación hidroeléctrica. El gobierno también procuró desarrollar sectores como la industria automotriz mediante requisitos de producción local, integración de componentes nacionales y establecimiento de nuevas plantas. Sin embargo, algunos estudios han señalado que estas políticas conservaron una elevada dependencia de capital, tecnología, insumos y empresas transnacionales.^[69]

La rápida expansión del gasto público generó cuellos de botella, presiones inflacionarias y una fuerte elevación de las importaciones. La abundancia de divisas y el mantenimiento de un bolívar apreciado abarataron los productos extranjeros, dificultando que parte de la producción agrícola e industrial nacional compitiera con ellos. De este modo, aunque la economía no petrolera creció, también aumentó su dependencia de bienes de capital, insumos y productos de consumo importados.^[67][68]

A pesar del incremento de los ingresos petroleros, el sector público recurrió al endeudamiento interno y externo para financiar simultáneamente numerosos proyectos. La capacidad crediticia del país había mejorado con la bonanza y permitió a organismos públicos, empresas estatales y administraciones descentralizadas contratar préstamos en los mercados internacionales. Parte de esa deuda no apareció inicialmente de forma consolidada en el presupuesto nacional, lo que dificultó determinar con precisión el volumen total de las obligaciones asumidas por el Estado.^[67][70]

En 1976 el gobierno creó el Fondo de Inversiones de Venezuela con el propósito de reservar parte de los ingresos extraordinarios, invertir recursos en el exterior y moderar su incorporación inmediata a la economía nacional. Sin embargo, el fondo también fue utilizado progresivamente para financiar proyectos y empresas públicas, por lo que no funcionó exclusivamente como un mecanismo de ahorro y estabilización.^[67][71]

A partir de 1977 el impulso inicial comenzó a debilitarse. El crecimiento industrial perdió velocidad, mientras el comercio y las importaciones continuaron aumentando. Algunos proyectos sufrieron retrasos, sobrecostos y problemas de coordinación, y la economía mostró una capacidad limitada para absorber de manera productiva el volumen de recursos invertidos.^[69] Ante el aumento de la inflación y el recalentamiento económico, el gobierno adoptó medidas de contención del gasto y del crédito durante la etapa final del mandato, aunque sin revertir completamente la expansión previa.^[69]

La valoración económica del período ha sido objeto de interpretaciones contrapuestas. Sus defensores destacan el crecimiento, la inversión industrial, la creación de empresas públicas y la ampliación de la infraestructura; sus críticos consideran que la bonanza profundizó el rentismo, la dependencia de las importaciones, el endeudamiento y la concentración de las decisiones económicas en el Estado. Terry Lynn Karl utiliza el caso venezolano para mostrar cómo el súbito crecimiento de los ingresos petroleros podía debilitar la disciplina fiscal y la capacidad institucional, mientras Fernando Coronil describió la expansión estatal como parte de una concepción según la cual la renta petrolera permitiría transformar materialmente la nación.^[67][68]

Política social, educativa y laboral

La expansión de los ingresos fiscales permitió al gobierno incrementar el gasto destinado a educación, salud, vivienda y protección social. Estas políticas conservaron el carácter universalista establecido por la Constitución de 1961 y estuvieron vinculadas con el proyecto de utilizar la renta petrolera para ampliar el acceso de la población a los servicios públicos. Sin embargo, su aplicación dependió de una administración estatal en rápida expansión y estuvo condicionada por desigualdades territoriales, problemas de ejecución y la limitada capacidad institucional para absorber el aumento de recursos.^[51][72]

Infraestructura y desarrollo regional

El programa de inversiones públicas del gobierno estuvo orientado a ampliar la infraestructura de transporte, energía, comunicaciones y servicios necesaria para sostener la industrialización. Una parte importante de los recursos fue concentrada en proyectos de gran escala y en el desarrollo de regiones situadas fuera del eje tradicional Caracas-Valencia-Maracaibo, particularmente Guayana, los Llanos y el sur del país.^[51][52]

La región de Guayana conservó un lugar central dentro de la planificación estatal. El gobierno amplió las inversiones en siderurgia, aluminio, generación hidroeléctrica y urbanización alrededor de Ciudad Guayana. Estas políticas no habían comenzado con Pérez, pero su administración procuró acelerarlas mediante el financiamiento de la Corporación Venezolana de Guayana, Sidor, Alcasa, Venalum y la empresa eléctrica Edelca.^[81][52]

Entre los principales proyectos energéticos se encontró la ampliación de la central hidroeléctrica de Guri, iniciada durante gobiernos anteriores. La segunda etapa buscaba aumentar sustancialmente la capacidad de generación para abastecer las industrias básicas de Guayana y facilitar la integración del sistema eléctrico nacional. El proyecto absorbió cuantiosos recursos y se prolongó más allá del período presidencial de Pérez.^[65][45]

En Caracas, el gobierno dio impulso definitivo a la construcción del Metro de Caracas. Aunque los estudios sobre un sistema ferroviario subterráneo databan de décadas anteriores, durante la administración de Pérez se constituyó la compañía encargada del proyecto, se contrataron las obras iniciales y se realizaron las expropiaciones necesarias para la primera línea. En marzo de 1976 el Ejecutivo ordenó la adquisición forzosa de los terrenos afectados por la construcción.^[82]

Las obras de la línea entre Propatria y Palo Verde comenzaron durante el quinquenio y para 1978 se encontraban en construcción las primeras estaciones y túneles. El sistema no fue inaugurado durante el gobierno de Pérez: su primer tramo, entre Propatria y La Hoyada, entró en funcionamiento en enero de 1983, durante la presidencia de Luis Herrera Campíns.^[83]

El Ejecutivo también destinó recursos a la construcción y ampliación de carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, acueductos y sistemas de riego. Los proyectos buscaban integrar mercados regionales, facilitar el transporte de la producción agrícola e industrial y extender los servicios públicos a ciudades intermedias. La política estuvo acompañada por un aumento significativo del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y por la contratación de empresas nacionales y extranjeras.^[84][85]

En materia agrícola, el gobierno promovió obras de riego, almacenamiento y vialidad rural, así como proyectos de colonización y desarrollo en los Llanos. Estas inversiones pretendían elevar la producción de alimentos y reducir la dependencia de las importaciones; sin embargo, sus resultados fueron limitados por problemas de gestión, insuficiente asistencia técnica y la apreciación del bolívar, que hacía más competitivos los productos importados.^[51][52]

La magnitud y simultaneidad de los proyectos también generaron críticas. La capacidad administrativa y técnica del Estado no creció al mismo ritmo que el presupuesto, por lo que algunas obras sufrieron retrasos, modificaciones de alcance y sobrecostos. Además, la concentración de inversiones en grandes complejos industriales y urbanos fue cuestionada por quienes consideraban que se prestaba menor atención al mantenimiento de la infraestructura existente y a proyectos locales de menor escala.^[51][52]

Las inversiones dejaron una infraestructura que continuó siendo construida y utilizada durante los gobiernos posteriores, pero también compromisos financieros de largo plazo. Por ello, la política de obras públicas ha sido interpretada tanto como un esfuerzo de modernización material del país como una manifestación de las dificultades del Estado venezolano para administrar de manera selectiva y eficiente la bonanza petrolera.^[51][45]

Política exterior

La política exterior adquirió durante el primer gobierno de Pérez una visibilidad superior a la de administraciones anteriores. El aumento de los ingresos petroleros, la nacionalización de las industrias básicas y la estabilidad institucional venezolana permitieron al Ejecutivo proyectar al país como una potencia media latinoamericana, con capacidad para intervenir en debates energéticos, económicos y democráticos de alcance regional.^[45][86]

Relaciones con Estados Unidos

Las relaciones con Estados Unidos combinaron cooperación y desacuerdos. Washington continuó siendo el principal comprador del petróleo venezolano y uno de los mayores proveedores de bienes, tecnología e inversiones, mientras el gobierno de Pérez procuraba adoptar una política exterior más autónoma y nacionalista. Los principales puntos de tensión fueron las nacionalizaciones, las indemnizaciones a las compañías estadounidenses, los precios petroleros y la regulación de la inversión extranjera.^[87]

A pesar de esas diferencias, Pérez evitó presentar la relación como una confrontación ideológica. Venezuela mantuvo los suministros petroleros, negoció compensaciones con las empresas afectadas y buscó preservar el acceso a los mercados y a la tecnología estadounidense. Documentos diplomáticos de la época describieron al gobierno venezolano como interesado en ampliar su protagonismo internacional, pero también en mantener una relación funcional con Estados Unidos.^[87]

La llegada de Jimmy Carter a la presidencia estadounidense en 1977 facilitó una mayor coincidencia en asuntos como los derechos humanos, la democratización regional y la solución negociada de la controversia sobre el Canal de Panamá. Carter visitó Caracas en marzo de 1978 y discutió con Pérez cuestiones energéticas, económicas y políticas, entre ellas Nicaragua, Panamá, África, la no proliferación nuclear y el control de armamentos.^[90]

Críticas, denuncias de corrupción y final del mandato

La amplitud del gasto público y la adjudicación simultánea de grandes contratos hicieron que la corrupción y las relaciones entre empresarios y dirigentes políticos se convirtieran en temas centrales de la oposición al gobierno. Las críticas no se limitaron a la posible comisión de delitos individuales, sino que señalaron la formación de redes mediante las cuales grupos económicos cercanos al poder habrían obtenido acceso privilegiado al crédito público, las licencias de importación, los contratos estatales y los proyectos financiados con la renta petrolera.^[52][94]

Una de las denuncias más conocidas fue formulada en 1975 por el político y escritor de izquierda Pedro Duno en el libro Los doce apóstoles. Duno utilizó esa expresión para referirse a un conjunto de empresarios y financistas que consideraba vinculados personalmente con Pérez y favorecidos por las políticas y contrataciones del Ejecutivo. La denominación se incorporó posteriormente al lenguaje político venezolano para describir la relación entre el gobierno y determinados grupos económicos emergentes.^[95][96]

Entre las personas asociadas por Duno con ese grupo estuvieron banqueros, contratistas y empresarios que habían apoyado la candidatura presidencial de Pérez. El autor sostuvo que varios de ellos aparecieron posteriormente relacionados con contratos y proyectos de especial importancia económica. Sin embargo, «los Doce Apóstoles» no constituyeron una organización formal ni todos sus integrantes fueron condenados judicialmente por actos de corrupción; el término surgió como una caracterización política de las relaciones entre las nuevas élites empresariales y el Estado durante la bonanza.^[95][97]

Otra controversia estuvo relacionada con la compra del buque refrigerado Sierra Nevada por la Corporación Venezolana de Fomento. La embarcación, destinada al transporte de productos venezolanos, fue adquirida a un precio que la oposición consideró superior a su valor real. Las denuncias también señalaron una posible relación entre la empresa vendedora y allegados del presidente, por lo que el caso pasó a ser uno de los principales símbolos de las acusaciones de corrupción contra su administración.^[98]

Pérez negó haberse beneficiado de la operación y sostuvo que la adquisición había sido realizada por organismos públicos con autonomía administrativa. Durante el quinquenio no fue condenado ni separado del cargo por este asunto, pero el Congreso abrió investigaciones que continuaron después de que abandonó la Presidencia. El debate sobre su responsabilidad política y administrativa culminó en 1980, cuando una votación parlamentaria lo absolvió de responsabilidad política por un margen mínimo, aunque posteriormente la Contraloría le impuso una sanción administrativa.^[98]

A estas denuncias se sumaron críticas más generales contra la administración de la bonanza. Escritores y economistas como Juan Pablo Pérez Alfonzo cuestionaron el rápido crecimiento del gasto, el endeudamiento y la creencia de que los ingresos petroleros podían sostener indefinidamente la expansión estatal. En Hundiéndonos en el excremento del diablo, Pérez Alfonzo advirtió que la abundancia petrolera podía estimular el despilfarro, las importaciones, la dependencia y la corrupción en vez de producir una economía autónoma.^[99][51]

Hacia el final del mandato, el gobierno enfrentaba un aumento de la inflación, dificultades para ejecutar numerosos proyectos y un creciente rechazo hacia la ostentación asociada con la llamada «Venezuela saudita». Aunque el país había experimentado una expansión económica y una importante ampliación de la infraestructura y de los servicios públicos, la percepción de corrupción, el encarecimiento de la vida y los desequilibrios producidos durante la bonanza debilitaron al oficialismo.^[52][51]

Durante la segunda mitad de su mandato se produjo un progresivo distanciamiento entre Pérez y Rómulo Betancourt, quien continuaba siendo la principal autoridad histórica de Acción Democrática. Las diferencias estuvieron relacionadas con la conducción económica del gobierno, el crecimiento del aparato estatal, las denuncias de corrupción y clientelismo y el fortalecimiento de un grupo político propio alrededor del presidente.^[100][101]

La ruptura se manifestó en el proceso interno para seleccionar al candidato presidencial de Acción Democrática en 1977. Betancourt respaldó a Luis Piñerúa Ordaz, identificado con el sector ortodoxo del partido, mientras Pérez y sus seguidores favorecieron la precandidatura de Jaime Lusinchi. Piñerúa obtuvo finalmente la nominación y fue presentado públicamente por Betancourt en la convención extraordinaria del partido.^[102][9]

La disputa contribuyó a la formación de dos corrientes dentro de Acción Democrática: el sector piñeruísta, cercano a Betancourt, y el denominado carlosandresismo o sector renovador, que apoyó a Lusinchi durante la elección interna. Pérez mantuvo una participación limitada en la campaña presidencial de Piñerúa, quien fue derrotado por el candidato de Copei, Luis Herrera Campíns, en diciembre de 1978.^[103]

Pérez reconoció el triunfo de Herrera y dispuso el inicio de la transferencia de poder. El 12 de marzo de 1979 entregó la Presidencia al dirigente socialcristiano, en la segunda alternancia entre partidos ocurrida desde el establecimiento del sistema democrático en 1958. Al concluir el período pasó a ocupar un escaño en el Senado como expresidente de la República, conforme a la Constitución de 1961.^[98]

Investigaciones por el caso Sierra Nevada

Después de abandonar la Presidencia, Pérez se incorporó al Senado de Venezuela como senador vitalicio, condición concedida a los expresidentes por la Constitución de 1961. Durante los primeros años del gobierno de Luis Herrera Campíns, su administración fue objeto de investigaciones parlamentarias relacionadas principalmente con las irregularidades denunciadas en la adquisición del buque refrigerado Sierra Nevada por la Corporación Venezolana de Fomento.^[104]

La denuncia inicial fue presentada por el presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela, Leopoldo Díaz Bruzual, quien sostuvo que la embarcación había sido adquirida con sobreprecio. El caso fue remitido a la Comisión de Ética del Congreso, que investigó la posible responsabilidad de Pérez, del exministro de Fomento Luis Álvarez Domínguez y del expresidente de la Corporación Venezolana de Fomento John Raphael.^[104]

El procedimiento se desarrolló en medio de una confrontación entre el gobierno de Copei y Acción Democrática. Mientras los sectores oficialistas presentaron el caso como una investigación contra la corrupción administrativa, dirigentes de AD denunciaron que se trataba de una maniobra destinada a desacreditar al gobierno anterior y neutralizar políticamente a Pérez.^[104]

El 8 de mayo de 1980, el Congreso determinó que Pérez tenía responsabilidad política en la operación, pero consideró que no existían elementos suficientes para someterlo a juicio ante la Corte Suprema de Justicia. La decisión no produjo su desafuero ni la pérdida de sus derechos políticos, por lo que conservó su escaño en el Senado y continuó participando en la dirección de Acción Democrática.^[104]

El caso afectó inicialmente su posición dentro del partido y mantuvo vigentes las críticas sobre la administración de la bonanza petrolera. No obstante, al no originar una condena judicial, Pérez pudo reconstruir gradualmente su liderazgo. Según Mirtha Rivero, hacia mediados de la década de 1980 consideraba superado el principal obstáculo que había representado el escándalo y comenzó a evaluar nuevamente la posibilidad de aspirar a la Presidencia.^[105]

Actividad internacional y propuestas políticas

Durante los años en que permaneció fuera del Ejecutivo, Pérez mantuvo una intensa actividad internacional. Continuó desempeñándose como vicepresidente de la Internacional Socialista y participó en organizaciones vinculadas con la socialdemocracia, la defensa de los derechos humanos y la cooperación entre los países en desarrollo.^[106]

En 1980 fue designado vicepresidente de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos. También formó parte de la Comisión Sur, presidida por el exmandatario tanzano Julius Nyerere, y del Consejo de Antiguos Jefes de Estado y de Gobierno, con sede en Viena. Estas actividades le permitieron mantener relaciones con dirigentes políticos europeos, latinoamericanos, africanos y estadounidenses.^[106]

Pérez intervino asimismo en debates sobre la deuda externa latinoamericana, la integración regional y las relaciones entre los países industrializados y el mundo en desarrollo. En sus intervenciones sostuvo que la crisis de la deuda no podía resolverse exclusivamente mediante políticas de austeridad y reclamó una modificación de las condiciones financieras impuestas a América Latina.^[107]

En el ámbito nacional se aproximó a las propuestas de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, creada por el gobierno de Lusinchi en 1984. La comisión defendía, entre otras reformas, la descentralización administrativa y la elección directa de gobernadores y alcaldes. Aunque Lusinchi había respaldado inicialmente sus trabajos, posteriormente se distanció de sus recomendaciones, mientras Pérez comenzó a presentarse como partidario de su aplicación.^[108]

El respaldo a la reforma del Estado permitió a Pérez diferenciarse de los sectores más conservadores de Acción Democrática y proyectarse como defensor de una modernización política. No obstante, varias de esas reformas, especialmente la elección de autoridades regionales, encontraron resistencia entre dirigentes partidistas que consideraban que la descentralización reduciría el control nacional de AD sobre gobernaciones y concejos municipales.^[108]

Ruptura con Jaime Lusinchi

Pérez había mantenido durante décadas una relación política cercana con Jaime Lusinchi. Este había respaldado su primera candidatura presidencial en 1972, mientras Pérez apoyó la precandidatura de Lusinchi frente a Luis Piñerúa Ordaz durante la elección interna de 1977. Sin embargo, la relación comenzó a deteriorarse durante la preparación de la candidatura presidencial de Acción Democrática para las elecciones de 1983.^[109]

Pérez se negó a asistir al acto en el que sería proclamado Lusinchi porque rechazaba el acuerdo interno que vinculaba la candidatura presidencial con la designación del dirigente sindical Manuel Peñalver como secretario general del partido. Argumentó que una organización policlasista como Acción Democrática no debía quedar subordinada a un único sector y que la selección de sus autoridades no podía realizarse al margen de la militancia.^[109]

Pérez apoyó posteriormente la candidatura de Lusinchi en las elecciones generales de 1983, en las que Acción Democrática regresó al poder. No obstante, las diferencias entre ambos se profundizaron durante el nuevo gobierno, especialmente por el control ejercido por el Ejecutivo sobre la estructura partidista y por la creciente influencia de Blanca Ibáñez, secretaria privada y compañera sentimental del presidente.^[110]

Pérez cuestionó directamente ante Lusinchi la intervención de Ibáñez en asuntos gubernamentales y partidistas. Una discusión entre ambos terminó de convertir las discrepancias en una lucha por el liderazgo de Acción Democrática. El enfrentamiento no fue únicamente personal: también reflejó diferencias sobre la relación entre el gobierno, el partido y el Estado.^[110]Durante la administración de Lusinchi, los secretarios generales de Acción Democrática en los estados fueron designados gobernadores de sus respectivas entidades. La medida fortaleció el control del partido sobre la administración regional, pero también fue criticada por su carácter partidista y por la utilización de cargos públicos para consolidar la estructura del lusinchismo.^[111]

Alrededor de Pérez se formó entonces una corriente interna conocida como perecismo o carlosandresismo. Aunque estaba encabezada por un dirigente perteneciente a la generación histórica del partido, agrupó a numerosos militantes de entre treinta y cuarenta años que todavía no habían alcanzado los principales cargos de dirección. Esta composición otorgó a la disputa un componente de renovación generacional frente a la estructura controlada por el gobierno y el Comité Ejecutivo Nacional.^[112]

La posición de Pérez dentro de Acción Democrática seguía siendo controvertida. Una parte de la militancia lo responsabilizaba por el crecimiento del gasto público, la corrupción y el enriquecimiento de contratistas durante la bonanza petrolera de la década de 1970. También existían dirigentes contrarios a la reelección de expresidentes, pese a que la Constitución de 1961 permitía una nueva candidatura después de dos períodos constitucionales.^[112]

Candidatura presidencial

Aunque sus partidarios comenzaron a promover su retorno, Pérez no confirmó inmediatamente que aspiraría nuevamente a la Presidencia. Según varios testimonios recogidos por Rivero, dirigentes como Antonio Ledezma y Armando Durán viajaron a Nueva York para convencerlo de aceptar la precandidatura, argumentando que Octavio Lepage no tenía suficiente respaldo electoral para asegurar la continuidad de Acción Democrática en el poder.^[113]

En 1986 Pérez comenzó a presentar públicamente su retorno como parte de un proyecto de modernización económica y política. Sostuvo que el país requería una nueva generación de funcionarios y especialistas, entre ellos profesionales formados en el exterior mediante el programa Gran Mariscal de Ayacucho creado durante su primer gobierno.^[114]

La elección interna enfrentó a Pérez con Octavio Lepage, dirigente fundador de Acción Democrática, expresidente del partido y exministro de Relaciones Interiores. Lepage contó con el respaldo del presidente Lusinchi, de buena parte del Comité Ejecutivo Nacional, del tren ministerial y de los secretarios generales regionales del partido.^[115]

La disputa involucraba tanto la candidatura presidencial como el control futuro de Acción Democrática. Después de la muerte de Rómulo Betancourt en 1981, el partido no contaba con una autoridad capaz de imponerse indiscutiblemente sobre sus distintas corrientes. Si Pérez obtenía la nominación y regresaba a la Presidencia, se convertiría también en la principal figura de la organización, desplazando al sector encabezado por Lusinchi.^[115]

Pérez contó con el respaldo de una parte importante de las bases regionales y, especialmente, del buró sindical de Acción Democrática. Este último tenía una influencia decisiva en los mecanismos internos del partido y había desempeñado históricamente un papel central en la selección de sus candidatos presidenciales.^[116][109]

El 11 de octubre de 1987, los colegios electorales de Acción Democrática escogieron a Pérez como candidato presidencial. Su victoria sobre Lepage fue interpretada como una derrota del aparato partidista respaldado por Lusinchi y como una demostración de la capacidad del perecismo para movilizar a las bases y al movimiento sindical.^[109][117]

Durante la campaña, Pérez se presentó como el dirigente capaz de recuperar el crecimiento económico y devolver al país la influencia internacional alcanzada durante su primera administración. Su candidatura se benefició del recuerdo de la prosperidad de la década de 1970, en contraste con la devaluación, la inflación, el endeudamiento y la disminución del ingreso real experimentados durante los gobiernos de Herrera Campíns y Lusinchi.^[118]

Su principal adversario fue Eduardo Fernández, candidato de Copei. También participaron Teodoro Petkoff, por el Movimiento al Socialismo, e Ismenia Villalba, por la Unión Republicana Democrática, entre otros candidatos.^[118]

El 4 de diciembre de 1988, Pérez fue elegido presidente por segunda vez, con aproximadamente el 54,6 % de los votos válidos. Acción Democrática obtuvo alrededor del 43,8 % en las elecciones parlamentarias y perdió la mayoría absoluta que había conseguido en 1983, por lo que el nuevo gobierno no dispondría del mismo control sobre el Congreso que había tenido la administración de Lusinchi.^[118]

Pérez se convirtió así en el primer expresidente venezolano que logró regresar a la Presidencia mediante el voto popular bajo la Constitución de 1961. Su victoria generó expectativas de recuperación económica, aunque el país presentaba una situación fiscal, monetaria y social considerablemente más desfavorable que la existente al inicio de su primer mandato.^[118]

Toma de posesión

Pérez asumió por segunda vez la Presidencia de la República el 2 de febrero de 1989. Debido al número de delegaciones extranjeras invitadas y a las limitaciones de espacio del Palacio Federal Legislativo, la sesión conjunta del Congreso en la que prestó juramento fue celebrada excepcionalmente en la Sala Ríos Reyna del Complejo Cultural Teresa Carreño.^[119]

A la ceremonia asistieron representantes de numerosos países y organizaciones internacionales, entre ellos el vicepresidente estadounidense Dan Quayle, el líder socialdemócrata alemán Willy Brandt, el presidente del Gobierno español Felipe González, el primer ministro portugués Mário Soares, el presidente estadounidense retirado Jimmy Carter y varios mandatarios latinoamericanos y caribeños. También asistió el presidente cubano Fidel Castro, en la que fue su primera visita a Venezuela desde el establecimiento de la democracia en 1958.^[119]

La concentración de dirigentes internacionales fue interpretada como una demostración del prestigio exterior alcanzado por Pérez durante la década anterior. Sus adversarios describieron la ceremonia como una «coronación», debido a su carácter multitudinario y al despliegue oficial organizado para recibir a las delegaciones, mientras sus partidarios la presentaron como una oportunidad para proyectar a Venezuela como centro de concertación política regional.^[119][120]

En su discurso de investidura, Pérez afirmó que el Estado debía abandonar parte de su intervención directa en la economía y facilitar una mayor participación de la iniciativa privada. Aunque reivindicó los logros sociales y económicos del sistema democrático, sostuvo que el modelo de desarrollo basado en la expansión continua del gasto público y de la renta petrolera se había agotado y debía ser sustituido por una economía más productiva y competitiva.^[121]

Formación del gabinete

El mismo día de su toma de posesión, Pérez juramentó un gabinete integrado por veintisiete altos funcionarios, entre ministros y presidentes de organismos públicos. El equipo combinó dirigentes de Acción Democrática con profesionales independientes, empresarios, académicos y economistas que habían desarrollado parte de su carrera en universidades y organismos internacionales.^[121]

El núcleo económico estuvo encabezado por Miguel Rodríguez Fandeo como ministro de Estado y jefe de la Oficina Central de Coordinación y Planificación; Moisés Naím en el Ministerio de Fomento; Eglée Iturbe de Blanco en el Ministerio de Hacienda; Eduardo Quintero en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y Pedro Tinoco como presidente del Banco Central de Venezuela. Varios de estos funcionarios eran partidarios de liberalizar la economía, reducir los controles administrativos y modificar la relación entre el Estado y el sector privado.^[121][122]

La formación del gabinete produjo una temprana tensión con la dirigencia de Acción Democrática. El Comité Ejecutivo Nacional del partido conoció la composición definitiva del equipo poco antes de su presentación pública y tuvo una participación limitada en la selección de sus integrantes. Dirigentes de AD consideraron que Pérez había formado el gobierno sin consultar suficientemente a la organización que lo había llevado nuevamente a la Presidencia.^[121]

La decisión contrastó con la administración de Jaime Lusinchi, durante la cual el partido había intervenido directamente en el nombramiento de gobernadores, ministros y otros funcionarios. Pérez buscó evitar una subordinación semejante y concedió los principales cargos económicos a especialistas que no pertenecían a la dirección tradicional de AD. Esta composición fortaleció la capacidad técnica del Ejecutivo, pero redujo sus vínculos con las estructuras partidistas, sindicales y parlamentarias encargadas de sostener políticamente las reformas.^[122]

También surgieron diferencias dentro del propio gabinete. Mientras Rodríguez, Naím y otros integrantes del equipo económico defendían una rápida liberalización, algunos ministros vinculados con Acción Democrática se mostraron más cautelosos respecto a la eliminación de subsidios, el aumento de las tarifas públicas y la reducción de los controles estatales. Estas discrepancias anticiparon la división posterior entre los denominados sectores «tecnocrático» y «político» del gobierno.^[121][122]

Situación económica al comienzo del mandato

Pérez recibió una economía afectada por los desequilibrios acumulados después de la caída de los precios petroleros y la crisis cambiaria iniciada en 1983. El gobierno anterior había mantenido controles de cambio y de precios, tasas de interés reguladas y un sistema de subsidios destinado a contener el costo de la vida, pero esas políticas habían provocado distorsiones fiscales y monetarias, escasez de productos y una reducción de las reservas internacionales disponibles.^[123][124]

El Estado enfrentaba además vencimientos de deuda externa, un elevado déficit fiscal y atrasos en los pagos internacionales. El tipo de cambio oficial se encontraba sobrevaluado y coexistía con tasas preferenciales administradas mediante la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, conocida como RECADI. El sistema había generado oportunidades para la obtención irregular de divisas subsidiadas y se convirtió posteriormente en objeto de investigaciones por corrupción.^[124][125]

Durante la campaña presidencial, Pérez había reconocido la necesidad de introducir reformas, pero su imagen permanecía vinculada con la expansión económica y el aumento del gasto social de su primer gobierno. Por ello, una parte del electorado esperaba que su regreso produjera una recuperación semejante a la experimentada durante la bonanza petrolera de la década de 1970. La profundidad y rapidez del ajuste anunciado después de su toma de posesión contrastaron con esas expectativas.^[118]

El Gran Viraje

El 16 de febrero de 1989, Pérez presentó un programa de estabilización y transformación económica denominado oficialmente «Gran Viraje» y conocido popularmente como el «paquete económico». El plan buscaba corregir los desequilibrios fiscales y externos, recuperar el acceso del país al financiamiento internacional y sustituir progresivamente el modelo de controles y subsidios por una economía orientada al mercado.^[126][127]

Entre las medidas anunciadas estuvieron la unificación y liberación del tipo de cambio, la eliminación progresiva de los controles de importación, la reducción de aranceles, la liberación de las tasas de interés, la disminución del déficit fiscal, la revisión de las tarifas de los servicios públicos y la eliminación gradual de varios subsidios. También se dispuso aumentar los precios internos de los combustibles y autorizar un incremento inicial de las tarifas del transporte público.^[126]

El gobierno inició negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la banca acreedora para refinanciar la deuda y obtener nuevos recursos. El acceso al financiamiento quedó condicionado a la ejecución de un programa de estabilización que incluyera disciplina fiscal, reforma cambiaria y liberalización comercial.^[123][128]

El programa no consistía únicamente en medidas restrictivas. También contemplaba la privatización de empresas estatales, la apertura a la inversión privada, la promoción de exportaciones distintas del petróleo, la reforma tributaria y una mayor integración de Venezuela con las economías latinoamericanas. Pérez presentó estas transformaciones como parte de una modernización irreversible y no como un ajuste temporal destinado exclusivamente a superar la falta de divisas.^[127][122]

Para reducir sus efectos sociales, el Ejecutivo anunció incrementos salariales, becas alimentarias para estudiantes, subsidios directos para las familias de menores ingresos, ampliación de los hogares de cuidado diario y programas de apoyo a microempresas. Sin embargo, varios de estos mecanismos requerían estructuras administrativas que todavía no estaban plenamente desarrolladas, mientras las medidas cambiarias, comerciales y de precios podían aplicarse con mayor rapidez.^[126][124]

La presentación del plan fue criticada por dirigentes sindicales, empresarios, partidos de oposición y sectores de Acción Democrática. Las objeciones no se limitaron al contenido de las medidas, sino que también señalaron la falta de negociación previa y de una estrategia de comunicación capaz de explicar sus costos inmediatos. Mirtha Rivero recoge que, durante una exposición del programa ante la dirección del Movimiento al Socialismo, Pompeyo Márquez preguntó «¿dónde está la gente?», en referencia a la ausencia de una dimensión política y social suficientemente desarrollada en la formulación inicial del ajuste.^[124]

Pérez confió en que su respaldo electoral y su liderazgo personal permitirían sostener las reformas mientras comenzaban a producir resultados. Sin embargo, el gobierno carecía de una coalición política amplia y Acción Democrática no controlaba por sí sola la mayoría absoluta del Congreso. La combinación de medidas impopulares, expectativas de prosperidad inmediata y débil concertación con el partido y los sectores sociales creó un escenario de alta conflictividad durante las primeras semanas del mandato.^[122][118]

El Caracazo

El 27 de febrero de 1989 comenzó una serie de protestas, disturbios y saqueos conocida posteriormente como el Caracazo. Aunque los acontecimientos se asociaron principalmente con Caracas, se iniciaron durante la mañana en Guarenas, donde usuarios del transporte colectivo protestaron contra el cobro de tarifas superiores a las autorizadas. La protesta se extendió rápidamente desde el terminal de pasajeros hacia las principales vías de la ciudad y derivó en ataques y saqueos contra establecimientos comerciales.^[129][130]

El detonante inmediato fue el conflicto por el precio del transporte. El Gobierno había autorizado un incremento inicial del 30 % que debía entrar en vigor el 1 de marzo, pero algunos transportistas comenzaron a aplicar aumentos mayores desde los días anteriores. Al mismo tiempo, el 27 de febrero entró en vigencia el aumento del precio de la gasolina previsto dentro del programa económico.^[130][131]

Las protestas ocurrieron además en un contexto de escasez, inflación, deterioro salarial y desconfianza hacia las instituciones. La liberación de precios y del tipo de cambio había producido aumentos inmediatos en numerosos bienes, mientras que las medidas compensatorias anunciadas por el Ejecutivo todavía no habían comenzado a aplicarse plenamente. Por ello, aunque el aumento del transporte actuó como desencadenante, el estallido expresó un malestar social acumulado durante los años anteriores.^[132][131]

Durante el transcurso de la mañana, las imágenes de los disturbios en Guarenas fueron difundidas por la televisión y la radio. Poco después comenzaron protestas y saqueos en Caracas, inicialmente alrededor de terminales y paradas del transporte público y posteriormente en sectores como Catia, El Valle, Petare, Caricuao, Antímano, La Vega, el 23 de Enero, San Agustín y el centro de la ciudad. Los acontecimientos también se reprodujeron, con diferente intensidad, en otras ciudades del país.^[130][129]

La respuesta inicial de las autoridades fue limitada y descoordinada. La Policía Metropolitana atravesaba un conflicto laboral y una parte importante de sus agentes se encontraba en protesta por reivindicaciones salariales y por la dirección militar del organismo. Algunas unidades policiales recibieron instrucciones de replegarse, mientras otras fueron superadas por la extensión de los disturbios o se abstuvieron de intervenir.^[130]

Durante el primer día, el Gobierno no realizó una alocución inmediata para informar sobre la situación. Pérez se encontraba en Barquisimeto cuando comenzaron los disturbios y regresó posteriormente a Caracas. El Ejecutivo reunió a los responsables de los organismos de seguridad y al alto mando militar, pero durante varias horas no consiguió contener la propagación de los saqueos ni establecer una respuesta coordinada.^[130][129]

El 28 de febrero, el Consejo de Ministros acordó suspender varias garantías constitucionales, imponer un toque de queda y encomendar a las Fuerzas Armadas el restablecimiento del orden público. La operación militar se apoyó en el denominado Plan Ávila, un dispositivo concebido originalmente para responder a graves alteraciones del orden en Caracas y que no había sido aplicado desde comienzos de la década de 1970.^[130][133]

En una alocución transmitida el 28 de febrero, Pérez lamentó las muertes y los daños materiales, atribuyó el estallido a la acumulación de pobreza, frustración y errores económicos, y defendió la continuidad del programa de reformas. La suspensión afectó, entre otras, las garantías relativas a la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, la libre circulación, la reunión, la manifestación y la libertad de expresión.^[130][134]

El despliegue de tropas permitió recuperar progresivamente el control de las principales ciudades, pero estuvo acompañado por un uso extendido y desproporcionado de la fuerza. Soldados y agentes policiales dispararon contra manifestantes, presuntos saqueadores y residentes de zonas populares, realizaron allanamientos sin orden judicial y practicaron detenciones arbitrarias. También se denunciaron torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.^[135][133]

Las operaciones continuaron durante los primeros días de marzo, incluso después de que los saqueos más generalizados habían disminuido. Numerosas muertes ocurrieron durante incursiones nocturnas en barrios de Caracas, donde las fuerzas de seguridad alegaron responder a disparos o perseguir a participantes en los disturbios. Organizaciones de derechos humanos sostuvieron que varias víctimas no participaban en actos violentos y que algunas fueron ejecutadas dentro o cerca de sus viviendas.^[135][133]

El número total de víctimas nunca pudo establecerse de manera definitiva. Una comisión de la Cámara de Diputados aprobó un informe que registró 277 fallecidos, cifra que se convirtió en el balance oficial más citado. Sin embargo, familiares, organizaciones de derechos humanos y algunos investigadores sostuvieron que el número real pudo ser considerablemente mayor debido a la existencia de desaparecidos, entierros sin identificación y casos que no fueron registrados formalmente.^[130][135]

Parte de los cuerpos fue trasladada e inhumada sin haber sido identificada en fosas comunes del sector La Peste del Cementerio General del Sur. Las posteriores exhumaciones encontraron restos humanos enterrados sin procedimientos adecuados de identificación, lo que dificultó determinar el número exacto de muertos y entregar los cuerpos a sus familiares.^[133][136]

Las denuncias dieron lugar a investigaciones internas, pero durante los años siguientes fueron escasos los procesos y sanciones contra funcionarios militares o policiales. Los familiares de las víctimas se organizaron en el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y marzo de 1989, conocido como Cofavic, que llevó varios casos ante el sistema interamericano de derechos humanos.^[133][137]

En 1999, el Estado venezolano reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad internacional en el caso de 44 víctimas. La Corte determinó que agentes estatales habían empleado fuerza desproporcionada y que las autoridades no habían realizado investigaciones efectivas para identificar y sancionar a los responsables. En una sentencia posterior sobre reparaciones ordenó continuar las investigaciones, localizar e identificar restos, indemnizar a las familias y adaptar los planes de control del orden público a las normas internacionales de derechos humanos.^[133][138]

El Caracazo debilitó la legitimidad inicial del segundo gobierno y modificó la percepción pública sobre el sistema democrático establecido en 1958. La magnitud de los saqueos reveló el deterioro de las condiciones sociales y la incapacidad de los mecanismos tradicionales de representación para canalizar el descontento, mientras la represión deterioró la confianza en las autoridades civiles y militares.^[131][132]

Los acontecimientos también alteraron la relación entre Pérez, Acción Democrática y las Fuerzas Armadas. Dentro del partido aumentaron las críticas a la conducción política del Ejecutivo y a la influencia del equipo económico, mientras en sectores militares se extendió la percepción de que la institución había sido empleada para enfrentar una crisis social sin preparación ni reglas operativas adecuadas. Varios integrantes de los movimientos conspirativos que protagonizaron los intentos de golpe de Estado de 1992 señalaron posteriormente el Caracazo como un momento decisivo en su ruptura con el sistema político.^[130][139]

Aunque el Gobierno mantuvo el programa económico, después de los disturbios revisó el ritmo de algunas medidas, suspendió temporalmente nuevos aumentos de la gasolina y aceleró la puesta en marcha de programas sociales. El Caracazo quedó convertido en el principal punto de ruptura del inicio del segundo mandato y en uno de los acontecimientos más determinantes de la crisis política venezolana de finales del siglo XX.^[132][129]

Aplicación de las reformas económicas

Después del Caracazo, el Gobierno mantuvo las líneas centrales del Gran Viraje, aunque modificó el ritmo de algunas medidas y aceleró la aplicación de programas sociales. La reforma cambiaria eliminó el sistema de tasas múltiples administrado por RECADI y estableció un mercado interbancario en el que el valor del bolívar comenzó a fluctuar según la oferta y la demanda. También se liberaron progresivamente las tasas de interés y numerosos precios anteriormente regulados.^[140][141]

La apertura comercial redujo los aranceles y eliminó la mayor parte de las licencias y prohibiciones de importación. El arancel promedio descendió de aproximadamente el 31 % a menos del 12 %, mientras la tasa máxima general fue reducida al 20 %. Venezuela ingresó en 1990 al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y profundizó su participación en los mecanismos de integración de la región andina.^[142][143]

El Ejecutivo inició además un programa de privatizaciones y reestructuración de empresas públicas. Entre las operaciones más importantes estuvieron la venta de la aerolínea Viasa y de una participación mayoritaria en la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), adquirida en 1991 por un consorcio internacional encabezado por GTE. También se transfirieron bancos, centrales azucareros, hoteles y otras empresas estatales, mientras se prepararon concesiones privadas para obras y servicios de infraestructura.^[144][145]

En el sector petrolero se promovió una mayor participación de capital privado en actividades consideradas complementarias a las funciones de Petróleos de Venezuela. El proceso incluyó convenios operativos para reactivar campos de producción y proyectos de asociación en áreas como la Faja petrolífera del Orinoco, aunque la propiedad estatal sobre la industria y el monopolio de las actividades fundamentales permanecieron vigentes.^[146]

Las reformas fueron acompañadas por el Plan de Enfrentamiento a la Pobreza, que buscaba reemplazar gradualmente los subsidios generales por transferencias dirigidas a los sectores de menores ingresos. Entre sus componentes estuvieron la beca alimentaria, el vaso de leche escolar, los hogares de cuidado diario, programas materno-infantiles, subsidios al transporte estudiantil y apoyo nutricional para mujeres embarazadas y niños.^[147]

La aplicación de estas políticas produjo inicialmente una fuerte contracción. El producto interno bruto cayó en 1989, mientras la devaluación y la liberación de precios elevaron considerablemente la inflación y redujeron el poder adquisitivo. A partir de 1990 la economía comenzó a recuperarse, favorecida por el aumento de los ingresos petroleros asociado con la guerra del Golfo, la expansión de la inversión y la recuperación del consumo.^[145][143]

El crecimiento del producto interno bruto fue de aproximadamente un 6 % en 1990 y un 9 % en 1991, una de las tasas más elevadas de América Latina durante esos años. La inflación disminuyó respecto al máximo alcanzado en 1989 y mejoraron las reservas internacionales y las cuentas externas, aunque persistieron el desempleo, la desigualdad y la pérdida del ingreso real sufrida durante la fase inicial del ajuste.^[148][149]

Los resultados macroeconómicos no se tradujeron en una recuperación equivalente de la legitimidad política del Gobierno. Acción Democrática, la Confederación de Trabajadores de Venezuela y sectores empresariales cuestionaron tanto los costos sociales como la influencia de los tecnócratas en la conducción económica. La falta de coordinación entre el Ejecutivo, el partido y el Congreso dificultó la aprobación de reformas fiscales, financieras y administrativas necesarias para consolidar el programa.^[144][145]

Pérez defendió las medidas como una transformación estructural indispensable y rechazó volver al régimen de controles aplicado durante la década anterior. No obstante, la combinación de crecimiento económico, persistencia de la pobreza y confrontación política impidió que la recuperación de 1990 y 1991 restableciera plenamente el respaldo perdido después del Caracazo.^[149][145]

Descentralización y reformas políticas

Una de las principales transformaciones institucionales del segundo gobierno fue el inicio efectivo de la descentralización política. Las reformas habían sido preparadas desde mediados de la década de 1980 por la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre), pero encontraron resistencia entre sectores de los partidos tradicionales que temían perder el control ejercido desde el poder central sobre las administraciones regionales y municipales.^[150]

Hasta entonces, los gobernadores de los estados eran designados y removidos por el presidente de la República. La Ley sobre Elección y Remoción de los Gobernadores de Estado, promulgada el 14 de abril de 1989, estableció su elección mediante votación universal, directa y secreta. Una ley complementaria fijó en tres años el período de los poderes públicos estadales.^[151][152]

La nueva Ley Orgánica de Régimen Municipal separó las funciones ejecutivas y deliberativas que anteriormente se concentraban en los concejos municipales. La administración local pasó a ser ejercida por alcaldes elegidos directamente, mientras los concejales conservaron las funciones normativas y de control. La ley reafirmó además al municipio como unidad política primaria y autónoma dentro de la organización nacional.^[153]

El 3 de diciembre de 1989 se celebraron las primeras elecciones directas de gobernadores y alcaldes de la historia venezolana. Fueron escogidos 20 gobernadores, 269 alcaldes y 1963 concejales para períodos de tres años. Acción Democrática ganó la mayoría de las gobernaciones, pero la reforma permitió que Copei y organizaciones de izquierda accedieran por primera vez al gobierno de varios estados y municipios mediante el voto popular.^[154][150]

Entre los resultados más significativos estuvieron las victorias de Carlos Tablante en Aragua, postulado por el Movimiento al Socialismo, y de Andrés Velásquez en Bolívar, candidato de La Causa R. La aparición de gobernadores y alcaldes con bases electorales propias redujo el monopolio de las direcciones nacionales de Acción Democrática y Copei sobre la selección de los liderazgos territoriales.^[150][155]

La participación fue considerablemente menor que en las elecciones presidenciales del año anterior. De los aproximadamente 9,2 millones de electores inscritos, votaron cerca de 4,1 millones y la abstención alcanzó el 55 %. Pese a ello, los comicios modificaron la distribución territorial del poder y facilitaron el surgimiento de figuras regionales con capacidad para disputar posteriormente posiciones nacionales.^[154]

La descentralización también contempló la transferencia gradual de competencias, servicios y recursos desde la administración central hacia los estados. La Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, aprobada a finales de 1989, abrió la posibilidad de transferir materias relacionadas con vialidad, puertos, aeropuertos, salud, educación y otros servicios, mediante acuerdos entre el Ejecutivo nacional y los gobiernos regionales.^[156]

El proceso avanzó de forma desigual debido a las diferencias administrativas y financieras entre los estados, la dependencia de las transferencias nacionales y la resistencia de ministerios y organismos centrales a entregar atribuciones. No obstante, la elección directa de autoridades regionales y municipales fue una de las reformas políticas más duraderas del período y modificó la estructura centralizada que había caracterizado al sistema democrático desde 1958.^[150][156]

Deterioro de la relación con Acción Democrática

Desde el comienzo del mandato, la relación de Pérez con Acción Democrática estuvo marcada por diferencias sobre la composición del gabinete, la orientación económica y el papel que debía desempeñar el partido en la administración. Aunque AD respaldó inicialmente en el Congreso los principales compromisos financieros del Gobierno, una parte de su dirección consideraba que el presidente gobernaba con un equipo de técnicos e independientes que no respondía a la estructura partidista.^[157][158]

Las reformas económicas también alteraron las relaciones tradicionales entre el Gobierno, la Confederación de Trabajadores de Venezuela y el sector sindical de AD. La liberación de precios, la reducción de subsidios y la pérdida inicial del salario real provocaron protestas laborales, mientras dirigentes sindicales exigieron compensaciones y una mayor participación en la formulación de las políticas. El programa careció así del consenso entre el Estado, los empresarios y los trabajadores que había sostenido anteriores gobiernos adecos.^[159]

Los resultados de las elecciones regionales y municipales de diciembre de 1989 profundizaron las diferencias. Acción Democrática obtuvo once de las veinte gobernaciones, pero perdió cinco de los estados de mayor importancia política y económica: Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Miranda y Zulia. Sectores de la dirección atribuyeron el retroceso al costo electoral del programa económico y a una descentralización que había facilitado el surgimiento de liderazgos pertenecientes a otros partidos.^[160]

Las tensiones se reflejaron también en el Congreso. El Ejecutivo consiguió aprobar algunas medidas esenciales, pero encontró resistencia para completar las reformas tributarias, financieras y administrativas. El proyecto destinado a ampliar la base impositiva y crear un impuesto general al consumo fue postergado en varias ocasiones por la oposición y por parlamentarios del propio partido de gobierno, lo que mantuvo la dependencia fiscal respecto de los ingresos petroleros.^[161][157]

En 1991, la disputa se trasladó a la elección de las autoridades nacionales de Acción Democrática. Una corriente denominada «renovadora», integrada entre otros por Claudio Fermín, Antonio Ledezma y Héctor Alonso López, buscó desplazar a los sectores tradicionales y aproximar la conducción del partido al proyecto de reformas. Pérez simpatizaba con varios de sus integrantes, pero evitó intervenir abiertamente en la contienda para no provocar una ruptura interna.^[162]

La convención partidista confirmó, sin embargo, el predominio del aparato tradicional encabezado por Luis Alfaro Ucero, elegido secretario general. Desde esa posición, Alfaro mantuvo una relación de cooperación condicionada con el Ejecutivo: defendió la continuidad constitucional del presidente, pero cuestionó distintas medidas económicas y procuró preservar la autonomía de AD frente al Gobierno.^[162]

Paralelamente aumentó la conflictividad social. Entre 1989 y 1991 se multiplicaron las manifestaciones por salarios, servicios públicos, transporte, educación y condiciones de vida. Muchas protestas no estaban dirigidas por los partidos tradicionales, lo que evidenció la pérdida de capacidad de estas organizaciones para representar y canalizar el descontento social.^[163]

A finales de 1991, el Gobierno podía exhibir crecimiento económico, recuperación de las reservas y avances en la descentralización, pero permanecía políticamente debilitado. Pérez dependía de un partido cuya dirección no controlaba, de un Congreso en el que AD carecía de mayoría absoluta y de unas Fuerzas Armadas dentro de las cuales operaban desde años anteriores grupos conspirativos. Este aislamiento limitó la capacidad del Ejecutivo para responder a la crisis institucional que se manifestó abiertamente en febrero de 1992.^[157][161]

Intento de golpe de Estado de febrero de 1992

En la madrugada del 4 de febrero de 1992, unidades del Ejército intentaron derrocar a Pérez mediante una operación coordinada en Caracas, Maracay, Valencia y Maracaibo. Los sublevados pertenecían principalmente al Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), una organización clandestina formada por oficiales de graduación media y encabezada por los tenientes coroneles Hugo Chávez, Francisco Arias Cárdenas, Jesús Urdaneta Hernández y Yoel Acosta Chirinos.^[164][165]

Pérez regresaba esa noche de participar en el Foro Económico Mundial de Davos. Después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía se trasladó al Palacio de Miraflores, mientras grupos insurgentes atacaban simultáneamente la residencia presidencial de La Casona, instalaciones militares, aeropuertos, medios de comunicación y otras posiciones estratégicas. La familia del presidente permaneció dentro de La Casona durante varias horas de enfrentamientos.^[166][165]

En Caracas, Chávez estableció su centro de operaciones en el Museo Histórico Militar de La Planicie y procuró tomar Miraflores, La Casona y los principales canales de televisión. Sin embargo, los insurgentes no consiguieron capturar al presidente, controlar los medios nacionales ni coordinar adecuadamente las unidades comprometidas. Parte del alto mando y de las principales guarniciones permaneció leal al Gobierno.^[164][167]

Pérez abandonó Miraflores antes de que los rebeldes pudieran cerrar sus accesos y se dirigió a la sede de Venevisión. Aproximadamente a la 1:30 de la madrugada apareció en televisión para informar que continuaba ejerciendo la Presidencia, denunciar el levantamiento como un intento de ruptura constitucional y afirmar que la mayor parte de las Fuerzas Armadas permanecía subordinada al poder civil.^[166][168]

Las fuerzas leales recuperaron el Palacio de Miraflores hacia las cuatro de la mañana. Al no poder establecer comunicación con otras unidades ni cumplir los objetivos asignados en Caracas, Chávez aceptó rendirse. Antes de ser detenido, recibió autorización para dirigirse brevemente por televisión a los demás sublevados y ordenarles que depusieran las armas. En su mensaje afirmó que los objetivos del movimiento no habían sido alcanzados «por ahora», expresión que posteriormente contribuyó a proyectarlo como figura política nacional.^[165][169]

La resistencia insurgente fue mayor en el estado Zulia, donde las fuerzas dirigidas por Arias Cárdenas ocuparon la residencia del gobernador Oswaldo Álvarez Paz, instalaciones militares, el aeropuerto de La Chinita, el puente sobre el lago de Maracaibo y varios medios de comunicación. Arias Cárdenas se proclamó autoridad militar de la entidad, pero ordenó la rendición después de conocerse el fracaso de la operación en Caracas. Hacia primeras horas de la tarde el Gobierno había recuperado el control de las principales guarniciones comprometidas.^[165]

Los enfrentamientos y las operaciones posteriores produjeron decenas de muertos y heridos, aunque las fuentes ofrecen cifras diferentes. También se denunciaron detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones de militares y civiles después de la rendición de algunas unidades, particularmente en Valencia. Los oficiales participantes fueron recluidos inicialmente en distintos establecimientos militares y posteriormente concentrados en la prisión de Yare.^[170][171]

El Congreso se reunió de emergencia y aprobó un acuerdo de condena al levantamiento y respaldo a la continuidad constitucional. Durante el debate, el expresidente Rafael Caldera rechazó el golpe, pero afirmó que no podía pedirse a la población que defendiera la democracia cuando esta no resolvía sus necesidades básicas. Su intervención contrastó con la defensa más directa del Gobierno formulada por Acción Democrática, Copei y otras fuerzas, y aumentó su proyección política fuera de la dirección copeyana.^[169][168]

Aunque la derrota militar confirmó inicialmente la subordinación de la mayoría de las Fuerzas Armadas al orden constitucional, el intento de golpe reveló la existencia de redes conspirativas que habían operado durante años sin ser desarticuladas. También convirtió a los oficiales sublevados en símbolos del rechazo al sistema político para una parte de la población y agravó el aislamiento de Pérez. En las semanas siguientes, el presidente reorganizó el gabinete, creó un consejo consultivo e intentó ampliar el respaldo político del Ejecutivo, pero mantuvo las líneas generales de su programa económico.^[164][172]

Reorganización del Gobierno y segundo intento de golpe de Estado

Después del intento de golpe del 4 de febrero, Pérez procuró ampliar la base política de su gobierno y reducir el aislamiento del equipo económico. Creó un Consejo Consultivo integrado por personalidades de distintos sectores y reorganizó el gabinete, incorporando a dirigentes de Copei y de Acción Democrática. También trasladó a Miguel Rodríguez Fandeo desde Cordiplan a la presidencia del Banco Central de Venezuela y moderó o suspendió algunas de las medidas más controvertidas del programa económico.^[173][174]

La reorganización no eliminó las divisiones dentro de la coalición gobernante. Algunos dirigentes de Acción Democrática plantearon la posibilidad de solicitar la renuncia del presidente, aunque la dirección nacional del partido continuó defendiendo su permanencia constitucional. Paralelamente, intelectuales y figuras públicas agrupados informalmente como «Los Notables» reclamaron reformas institucionales, cambios en la política económica y una renovación de la dirigencia política.^[173][168]

Pérez mantuvo las líneas generales del Gran Viraje, pero aplazó nuevos aumentos de la gasolina, frenó algunos proyectos de privatización y buscó una mayor concertación con los partidos. Estas concesiones no lograron restablecer plenamente la autoridad del Ejecutivo ni desarticular las redes militares que continuaban conspirando dentro de las Fuerzas Armadas.^[174]

El 27 de noviembre de 1992 se produjo un segundo intento de golpe de Estado, organizado por el denominado Movimiento Cívico-Militar 5 de Julio. A diferencia del levantamiento de febrero, estuvo dirigido por oficiales de mayor graduación y contó con participación de unidades de la Aviación, la Armada, el Ejército y la Guardia Nacional, además de militantes de organizaciones civiles de izquierda. Sus principales dirigentes fueron los contralmirantes Hernán Grüber Odremán y Luis Enrique Cabrera Aguirre y el general de brigada Francisco Visconti Osorio.^[175]

Los insurgentes ocuparon instalaciones militares y tomaron la sede de Venezolana de Televisión, desde donde transmitieron mensajes previamente grabados, entre ellos una intervención de Hugo Chávez, quien permanecía detenido por el alzamiento de febrero. También controlaron temporalmente los transmisores de otros canales y llamaron a la población y a las Fuerzas Armadas a sumarse al movimiento.^[175]

Las principales acciones militares ocurrieron en Caracas, Maracay y Valencia. Aviones rebeldes despegaron de las bases Libertador y Sucre y atacaron el Palacio de Miraflores, la base aérea de La Carlota y otras instalaciones gubernamentales. Las fuerzas leales utilizaron unidades blindadas, baterías antiaéreas y aviones F-16 para recuperar las bases ocupadas y neutralizar a las aeronaves insurgentes.^[175][176]

En algunos sectores del oeste de Caracas se produjeron manifestaciones, enfrentamientos, saqueos y acciones de grupos armados civiles. También ocurrió un motín en el retén de Catia, durante el cual murieron decenas de reclusos y numerosos detenidos lograron escapar. En la noche del 27 de noviembre, efectivos de la Guardia Nacional allanaron la Universidad Central de Venezuela, donde las autoridades militares afirmaron haber encontrado armas y material vinculado con la insurrección.^[175]

El Gobierno decretó nuevamente la suspensión parcial de garantías constitucionales. Al fracasar el levantamiento en Caracas y perder el control de las principales bases aéreas, una parte de los insurgentes se rindió. Visconti y otros 92 militares huyeron en un avión Hércules C-130 hacia Perú, cuyo gobierno les concedió asilo territorial.^[175]

El balance de víctimas fue objeto de versiones contradictorias. Las cifras oficiales registraron decenas de fallecidos entre militares, civiles y reclusos, mientras fuentes periodísticas y organizaciones no gubernamentales estimaron un número mayor. La falta de un registro unificado, los enfrentamientos en varias ciudades y las muertes ocurridas durante el motín de Catia dificultaron establecer una cifra definitiva.^[175][177]

El fracaso del segundo golpe confirmó el control inmediato del Gobierno sobre las Fuerzas Armadas, pero agravó la crisis de legitimidad del sistema político. En diciembre, Acción Democrática y Copei conservaron una presencia electoral significativa en los comicios regionales, aunque aumentaron la abstención y el apoyo a candidatos y organizaciones ajenos al bipartidismo tradicional.^[174][178]

Los dos levantamientos de 1992 dejaron al presidente políticamente debilitado, intensificaron las exigencias de renuncia o sustitución y facilitaron la convergencia entre dirigentes partidistas, organizaciones sociales y figuras públicas contrarias a su continuidad. En los meses siguientes, la discusión dejó de concentrarse únicamente en el programa económico y pasó a girar alrededor de la permanencia de Pérez en el cargo y de las denuncias sobre el manejo de fondos reservados.^[173][174]

Antejuicio de mérito y separación de la Presidencia

El proceso que culminó con la separación de Pérez se desarrolló en el contexto de la crisis política agravada por los dos intentos de golpe de Estado de 1992. A pesar de haber conservado el control institucional, el presidente afrontaba una creciente oposición en el Congreso, divisiones dentro de Acción Democrática y cuestionamientos provenientes de dirigentes políticos, medios de comunicación y figuras públicas conocidas como «Los Notables». En ese ambiente comenzaron a investigarse diversas denuncias sobre el manejo de fondos reservados por el Ejecutivo.^[179][180]

El caso se refería a una rectificación presupuestaria por 250 millones de bolívares aprobada el 22 de febrero de 1989 para la partida de gastos de seguridad y defensa del Ministerio de Relaciones Interiores. Los fondos fueron posteriormente convertidos en aproximadamente 17 millones de dólares mediante el tipo de cambio preferencial administrado por RECADI. Por tratarse de una partida secreta, su utilización no estaba sujeta a la presentación pública de comprobantes y los funcionarios responsables alegaban estar obligados a mantener la confidencialidad sobre su destino.^[179][181]

El 8 de noviembre de 1992, los periodistas José Vicente Rangel y Andrés Galdo denunciaron presuntas irregularidades en la movilización de esos recursos. Parlamentarios de La Causa R promovieron posteriormente una investigación en la Cámara de Diputados, cuya Comisión de Contraloría buscó determinar si el dinero había sido utilizado para una finalidad distinta de la autorizada y por qué algunas operaciones habían sido tramitadas desde el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia.^[179][182]

Durante las primeras semanas circularon versiones según las cuales los fondos habían costeado gastos personales o la ceremonia de toma de posesión de 1989. Posteriormente se conoció que una parte había sido utilizada en operaciones de seguridad exterior vinculadas con Nicaragua. Entre ellas estuvo la denominada «Operación Orquídea», mediante la cual funcionarios policiales venezolanos fueron enviados a proteger a Violeta Chamorro durante la transición política que siguió a su victoria electoral sobre el Frente Sandinista de Liberación Nacional.^[179][181]

El Gobierno justificó la operación como una contribución a la estabilidad y al proceso de pacificación centroamericano. Pérez había participado durante años en iniciativas diplomáticas relacionadas con los conflictos de la región y sostenía que revelar anticipadamente la misión habría puesto en peligro a sus participantes y comprometido las relaciones internacionales del Estado. La acusación no afirmó finalmente que el presidente hubiera incorporado el dinero a su patrimonio personal, sino que los recursos habían sido desviados del destino presupuestario formal y manejados mediante procedimientos irregulares.^[179][181]

Pérez rechazó responder personalmente el cuestionario remitido por la comisión parlamentaria, al considerar que el presidente de la República no podía ser interpelado y que el responsable administrativo de la partida era el ministro de Relaciones Interiores. Esta negativa fue interpretada por sus adversarios como falta de colaboración, mientras el Ejecutivo insistió en que la naturaleza secreta de los gastos impedía divulgar información detallada sin infringir las normas sobre seguridad del Estado.^[179]

En febrero de 1993, el exministro Alejandro Izaguirre declaró públicamente que los fondos habían sido empleados durante su gestión en operaciones de seguridad en el exterior. El 9 de marzo, Pérez confirmó en una alocución nacional que los 250 millones de bolívares habían sido convertidos en divisas y utilizados por el Ministerio de Relaciones Interiores para gastos de seguridad y defensa. Negó haber obtenido beneficio personal y afirmó que los detalles no podían hacerse públicos por tratarse de operaciones reservadas.^[179]

El 11 de enero, Rangel había presentado la denuncia ante el fiscal general de la República, Ramón Escovar Salom, quien el 11 de marzo solicitó a la Corte Suprema de Justicia la apertura de un antejuicio de mérito contra Pérez, Izaguirre y el exministro de la Secretaría Reinaldo Figueredo Planchart. La Fiscalía sostuvo que podían haberse cometido los delitos de peculado doloso y malversación genérica al convertir y emplear los recursos mediante un procedimiento distinto del establecido en la rectificación presupuestaria.^[181][183]

El procedimiento fue objeto de críticas desde antes de la decisión judicial. El procurador general de la República, Ricardo Contreras, sostuvo que podía estar viciado de nulidad porque los acusados no habían recibido una copia íntegra de la querella y de sus anexos, como exigía el Código de Enjuiciamiento Criminal. También cuestionó la divulgación anticipada de la ponencia elaborada por el presidente de la Corte, Gonzalo Rodríguez Corro, antes de que el pleno adoptara una decisión.^[184]

Los abogados de Pérez alegaron además que no tuvieron acceso suficiente a las actuaciones sumariales ni una oportunidad equivalente para controvertir las pruebas durante el antejuicio. También objetaron la doble condición del fiscal general, quien actuaba como acusador y al mismo tiempo como representante del Ministerio Público encargado de velar por la legalidad del proceso. Estas críticas fueron posteriormente desarrolladas por el penalista Alberto Arteaga Sánchez, integrante de la defensa, quien calificó el procedimiento como un juicio de naturaleza predominantemente política.^[185][182]

Los defensores también argumentaron que la confidencialidad legal de la partida colocaba a los acusados en una situación contradictoria: debían demostrar el destino legítimo de los fondos, pero no podían revelar públicamente las operaciones sin exponerse a infringir las disposiciones penales sobre secretos políticos y militares. Los partidarios del proceso respondieron que el carácter reservado de los gastos no eximía a los funcionarios de cumplir las normas presupuestarias ni impedía que la Corte examinara la documentación bajo condiciones de confidencialidad.^[185][182]

El 20 de mayo de 1993, la Corte Suprema resolvió por nueve votos contra seis que existían méritos suficientes para abrir el juicio. Los magistrados Cecilia Sosa Gómez, Héctor Grisanti Luciani, Aníbal Rueda, Carlos Trejo Padilla, Luis Henrique Farías Mata y Alfredo Ducharne salvaron sus votos. La decisión no establecía la culpabilidad de Pérez, sino la existencia de elementos que justificaban someterlo a un proceso penal.^[186][187]

Esa noche, Pérez pronunció su última alocución como jefe de Estado. Rechazó las acusaciones, reafirmó que no se había apropiado de recursos públicos y atribuyó su procesamiento a una convergencia entre adversarios políticos, sectores desplazados de Acción Democrática, antiguos dirigentes de la izquierda y figuras relacionadas con los levantamientos militares de 1992. Denominó a esa convergencia «la rebelión de los náufragos», expresión que posteriormente fue utilizada para describir la coalición informal que favoreció su salida.^[179][181]

El 21 de mayo, el Senado autorizó por unanimidad el enjuiciamiento y Pérez quedó suspendido del ejercicio de la Presidencia. El presidente del Congreso, Octavio Lepage, asumió temporalmente como jefe del Estado. La rapidez de la votación también fue cuestionada por la defensa, que sostuvo que la Cámara no debatió suficientemente el oficio judicial ni concedió al presidente una audiencia antes de separarlo del cargo.^[186][185]

La dirección de Acción Democrática decidió no impedir el procesamiento. En una votación interna, la mayoría del Comité Ejecutivo Nacional respaldó la autorización del juicio, con lo que Pérez perdió el último apoyo político capaz de bloquearla en el Senado. Aunque algunos dirigentes defendieron su permanencia constitucional, el partido consideró que oponerse a la Corte podía agravar la crisis institucional y asociar a la organización con las acusaciones de corrupción.^[179][180]

El 5 de junio, el Congreso eligió al senador e historiador Ramón José Velásquez para ejercer la Presidencia durante la suspensión. Cuando transcurrieron los noventa días previstos constitucionalmente para las faltas temporales, las cámaras declararon el 31 de agosto la falta absoluta de Pérez y ratificaron a Velásquez para concluir el período hasta febrero de 1994.^[188][181]

La declaración de falta absoluta fue igualmente controvertida. Sus críticos afirmaron que la Constitución solo permitía declarar esa situación por muerte, renuncia, incapacidad, abandono del cargo o condena definitiva, ninguna de las cuales se había producido. Según esta interpretación, Pérez debía permanecer suspendido hasta que concluyera el juicio, pues seguía amparado por la presunción de inocencia. Sus defensores institucionales argumentaron, en cambio, que prolongar indefinidamente la provisionalidad habría dejado al Ejecutivo en una situación de inestabilidad incompatible con la cercanía de las elecciones presidenciales.^[185][188]

Pérez denunció posteriormente su separación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando violaciones al derecho a la defensa y al debido proceso durante el antejuicio y la actuación del Senado. La petición no produjo una decisión sobre el fondo y fue archivada años después por falta de información adicional aportada por los representantes del exmandatario.^[189]

La separación puso fin a su segundo gobierno alrededor de ocho meses antes de la conclusión prevista del mandato. El proceso fue presentado por sus partidarios como una demostración de que las instituciones podían investigar a un presidente en ejercicio, mientras sus críticos lo interpretaron como un juicio penal instrumentalizado para resolver una confrontación política. Esa controversia continuó durante el proceso judicial posterior y en las valoraciones históricas sobre la caída de Pérez.^[180][185]

Armas

Armas del Excmo. Sr. don Carlos Andrés Pérez Rodríguez (1978-2010).